Igual que en la política, en la administración pública es común la práctica de que los funcionarios en desgracia, o que simplemente tienen que dejar su encargo, pasan de inmediato al olvido, y con ellos, todos los negocios y empresas privadas que fueron privilegiados durante su gestión. Esto sucede en cada cambio de gobierno, y más aún cuando el gobierno que sustituye pertenece a otro partido político.
Lo anterior viene a cuento porque en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha iniciado una limpia de todas aquellas empresas que
huelen a la administración anterior y a su extitular, el general Guillermo Galván Galván. Es más, nos aseguran personas bien informadas de lo que sucede al interior de esa institución castrense que se ha iniciado una profunda investigación de posibles actos de corrupción, ordenada por el actual secretario, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y que apunta a varios militares de alto rango.
En las revisiones que hace la actual administración de la Sedena en coordinación con su Órgano de Control, Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, destacan posibles contratos irregulares en donde equipos y servicios no se hayan entregado y realizado; en otros, habría fallas en su operación, y en unos más se habría pagado el diezmo, es decir, un porcentaje de entre el 10 y 20 por ciento del monto total del contrato para los militares que lo asignaron a empresas privadas nacionales y extranjeras. También se investiga si las compañías beneficiadas tienen alguna relación con generales o coroneles, pues es una costumbre en la Defensa que los militares recomienden empresas o, a través de prestanombres, sean los dueños de las mismas.
En ese sentido, la actual administración de la Defensa, por instrucciones del general Cienfuegos, ha iniciado una revisión exhaustiva de las empresas que durante todo el sexenio fueron proveedores de bienes y servicios, con el propósito de que nunca más, o por lo menos durante este sexenio, vuelvan a recibir contratos directos ordenados desde los más altos cargos de esa institución militar.
Por lo pronto hay varias empresas en la mira: Disur, Begam, Zaken y Yanbar, entre otras relacionadas con los servicios de Salud y equipo médico, de laboratorio y ortopedia, a las cuales aseguran fuentes bien informadas, quedarían fuera de alguna posible asignación de contratos.
Disur, por ejemplo, es una empresa que proporciona el servicio integral de administración de farmacias para la Defensa, que incluye compra, almacenamiento, distribución, administración y control de red fría, así como el control de los procesos administrativos, como son recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y el acceso a la información.
Pues Disur ha sido sancionada en varias ocasiones por la Sedena debido al incumplimiento del contrato y el desabasto de medicinas que esto ha generado, con el consecuente problema que ello ocasiona para los militares que deben ser atendidos.
Al respecto, el gerente comercial de Disur, Eliseo Ramírez, reconoce que sí han tenido que pagar multas, pero dice que son mínimas. Según el directivo, esa empresa de servicios farmacéuticos tiene una efectividad del 99 por ciento, y el desabasto no alcanza ni siquiera el 1 por ciento. Como todo contrato con el gobierno federal, tiene cláusulas que cubren cualquier contingencia y en el caso de Disur las multas mensuales son de los 30 mil a los 200 mil pesos, no más, lo cual, asegura, es considerado como normal.
Actualmente Disur arrastra contratos asignados desde la Secretaría de la Defensa durante los últimos 4 años, cuando su titular era el general Galván Galván, y sólo en 2012 ascendieron a unos 300 millones de pesos. Eliseo Ramírez informa que para 2013 tienen una extensión de contrato por otros 120 millones de pesos y esperan que la actual administración les extienda aún más dichos servicios. Sin embargo, al interior de la Defensa sostienen que ni un contrato más se le asignará de manera directa a esta empresa beneficiada en la administración anterior por intereses que ahora son investigados.
Este proveedor que extrañamente fue muy beneficiado, sostiene que la Secretaría de la Defensa consume millones de productos médicos al año por miles de millones de pesos, por lo que ha sido un buen negocio para Disur. Pero esta empresa no sólo tiene contratos millonarios con la Defensa, también le da servicio de farmacia a instituciones de salud pública, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, principal consumidora de medicamentos. De la investigación en contra de Disur, Eliseo Ramírez sostiene que es normal que se hagan revisiones periódicas para confirmar que se cumplen los contratos, pero esto no sólo se hace a Disur, sino a todos los proveedores.
Contratos multimillonarios
Hace varios meses dimos cuenta de la auditoría que llevaba a cabo la Auditoría Superior de la Federación sobre el otorgamiento de 18 contratos multimillonarios, mediante asignación directa, a empresas extranjeras que hizo la Sedena para la adquisición de equipos y servicios sofisticados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica. Este caso es revisado por el nuevo titular del Órgano Interno de Control de la Defensa.
En columnas anteriores explicamos cómo los órganos de fiscalización del gobierno federal y del Congreso de la Unión se centraron en auditar ocho contratos y seis convenios modificatorios relacionados con la compra de equipo y contratación de servicios de comunicación e inteligencia, por un monto cercano a los 6 mil millones de pesos, para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Sedena, cuyo jefe era el general de división Diplomado de Estado Mayor Luis Arturo Oliver Cen, actual oficial mayor. La Sección Segunda es la encargada de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Mexicano. La Séptima, de las operaciones contra el narcotráfico.
Los primeros ocho contratos auditados se celebraron con Security Tracking, SA de CV. Los otros 10 contratos fueron signados también con esta compañía y con AV y D Solutions, SA de CV. Ambas son representantes en México de corporativos estadunidenses especializados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, respectivamente.
El objetivo de los ocho primeros contratos fiscalizados fue incrementar las capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia de la Sedena. De acuerdo con las copias de los contratos, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un Sistema de Inteligencia Regional para modernizar el Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos, y construir la Plataforma Pegasus.
El equipo adquirido es de tal capacidad, que la empresa estadunidense debió contar con la autorización de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para poder venderlo a la Sedena. Según la descripción de los contratos, la Sección Segunda cuenta ahora con la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica, de manipular a distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono inteligente o smartphone.
*Periodista
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Fuente: Contralínea 320 / febrero 2013
