Guerrero sigue en llamas. Igual ocurrió en el Estado de México con la masacre de Tlatlaya, en donde militares ejecutaron a supuestos narcotraficantes que ya se habían entregado; o en Michoacán, en donde el crimen organizado se apoderó del estado; o San Fernando, Tamaulipas, en donde por lo menos 193 migrantes fueron secuestrados y ejecutados; o en Hermosillo, Sonora, en donde murieron calcinados 49 niños de la Guardería ABC.

Por desgracia para México, la descomposición social no acaba ahí: hay otros estados de la República que están igual o peor en cuanto a inseguridad e impunidad se refiere. La incógnita es cuál será el próximo poblado en donde se prenda la mecha, porque todo apunta a que veremos más estallidos sociales.

En prácticamente todos los estados de la República hay presencia del crimen organizado; sin embargo, en algunos es más evidente porque están totalmente controlados por el narcotráfico; y en otros, los gobiernos locales son copartícipes o cómplices de los cárteles de la droga. Por uno u otro motivo, ni los munícipes ni los gobernadores controlan sus estados y municipios, y la población debe convivir y padecer las actividades de la delincuencia organizada, la corrupción y las injusticias.

Por mencionar sólo algunas de las entidades con fuerte presencia de bandas delincuenciales y en donde podrían aparecer los próximos conflictos: Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, Durango, Coahuila, Quintana Roo y Jalisco. Por supuesto en esta lista están incluidas también Guerrero y Michoacán.

Ante esta conflictiva situación social que enfrenta el país y que es noticia de primera plana en todo el mundo, el gobierno mexicano ha respondido con la misma estrategia que trazó su antecesor Felipe Calderón Hinojosa, quien pretendió mediante las armas y la violencia frenar una de las industrias más boyantes en todo el orbe, como es el negocio de las drogas y los delitos subsecuentes que éstas generan. Es tan importante para las economías de todos los países el negocio del crimen organizado, que en Europa ya se ordenó considerar en el PIB (producto interno bruto) los ingresos que generan el narcotráfico y la explotación sexual, entre otros delitos.

Desde el sexenio pasado, voces de especialistas alertaron del fracaso al que estaba destinada esa guerra sin cuartel que abrió Calderón. El resultado negativo es lo que ahora padecemos: una violencia sin control ni freno en todo el país. Sin embargo, el actual gobierno continúa con la misma línea de utilizar sólo las armas para contrarrestar la fuerza de los grupos criminales, los cuales únicamente responden al negocio multimillonario que genera ganancias en toda su estructura y éstas son repartidas entre los líderes de los cárteles y sus protectores (jefes de la mafia, políticos, gobernadores, alcaldes, militares, policías, jueces, empresarios y financieros que lavan el dinero) y los niveles inferiores que involucra hasta a campesinos y jornaleros.

Esos cientos de miles de millones de dólares que representan la industria del tráfico de drogas, la trata de personas (que involucra el comercio de seres humanos con propósitos de esclavitud, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos), el secuestro y el asesinato no van a desaparecer por medio de la confrontación violenta, pues la estructura social en México está fracturada y la pobreza y la desigualdad social son caldo cultivo para la delincuencia, por lo que el gobierno debe trabajar en una estrategia distinta que permita recomponer la base social dañada.

Por lo tanto no será en este sexenio cuando se resuelva el problema, pues, al contrario, si no modifican los planes de combate al crimen organizado, sustentados en balas, asesinatos y detenciones, el futuro del país seguirá en alto riesgo y la violencia y el terror aumentarán.

También veremos más alcaldes, gobernadores, jefes policiales, generales del Ejército, legisladores y políticos enfrentar a la justicia por su involucramiento con los cárteles del narcotráfico, y aunque la delincuencia organizada sea un delito federal, los culpables siempre serán sólo los mismos, aquellos que están en las estructuras medianas e inferiores.

En información oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) se revela que en México existen, al menos, 88 cárteles, células y pandillas del narcotráfico, de acuerdo con una investigación de la reportera Nancy Flores, publicada en 2013 en la revista Contralínea.

Del informe Células delictivas con presencia en el país, fechado el 25 de marzo de 2013, se desprende que cuatro entidades federativas concentran la presencia del 85 por ciento de los medianos y pequeños cárteles, células y pandillas.

Se trata precisamente de Guerrero, hasta la semana pasada gobernado aún por el perredista Ángel Aguirre; Morelos, encabezado por otro perredista, Graco Ramírez; Baja California, que administra el panista Francisco Vega, y el Estado de México, en manos del priísta Eruviel Ávila.

Según la información de la PGR, Guerrero es donde hay una mayor presencia de organizaciones del narcotráfico. Se trata de cinco grandes cárteles y 21 de menor tamaño. De estos últimos, dos están vinculados al Cártel del Pacífico; uno, al de La Familia Michoacana; 12, al de la Barbie; y seis se escindieron de los Beltrán Leyva.

Las líneas de investigación en Guerrero

De acuerdo con informes de inteligencia del gobierno federal, son varias las líneas de investigación que sigue el Ministerio Público Federal para esclarecer el secuestro de 43 normalistas rurales y el asesinato de otras seis personas, tres de ellos estudiantes.

1. Después de confirmar que ninguno de los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Iguala pertenece a algún estudiante normalista, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la PGR e Inteligencia Militar indagan si los 43 jóvenes desaparecidos están secuestrados en algún rancho de Iguala por parte del grupo del narcotráfico conocido como Guerreros Unidos.

2. Otra línea que indagan esos órganos de inteligencia es si los 43 normalistas huyeron o fueron liberados en la sierra y se encuentran escondidos en las montañas.

3. Una tercera hipótesis que mantienen abierta las autoridades federales es determinar si existe alguna relación de los normalistas con grupos insurgentes, como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el cual es una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

4. Una cuarta línea de investigación y que ha sido considerada por algunos columnistas, es que los asesinatos y desapariciones de los normalistas responde al enfrentamiento de dos grupos delincuenciales: Los Rojos y Guerreros Unidos.

5. Esta hipótesis se relaciona con los conflictos políticos locales, las próximas elecciones estatales para elegir gobernador en 2015 y la creación de conflictos para que el PRD deje la gubernatura.

6. En esta línea se investiga la intromisión de Rubén Figueroa, aquel político priísta que tuvo que dejar la gubernatura por la matanza de campesinos en la zona de Aguas Blancas.

7. Otra línea de trabajo de las autoridades es determinar si además de los policías corruptos que secuestraron a los estudiantes también participaron militares en la desaparición de los normalistas o en la entrega de éstos al crimen organizado.

8. La última hipótesis es el asesinato de los jóvenes estudiantes.

Miguel Badillo*

*Periodista

 Contralínea 408 / del 20 al 26 de Octubre 2014