En México, la gestoría, el coyotaje, la intermediación o los brokers son un lucrativo negocio para empresarios y funcionarios corruptos, mientras que para productores, gobierno, empresas y consumidores finales, esas prácticas viciosas sólo encarecen la producción y los bienes y servicios, traduciéndose en millonarias pérdidas.
Un claro ejemplo es lo que ocurre en Petróleos Mexicanos (Pemex), la principal empresa del Estado que ha sido convertida en un verdadero botín por gobiernos priistas y ahora panistas, sobre todo a finales de sexenio.
Tan sólo hace unas semanas, fue declarada desierta la licitación pública internacional ROLP906001 para la adquisición de cinco buquetanques de doble casco, que se tenía presupuestado adquirir por debajo de los 200 millones de dólares, pero que gracias a la intermediación de empresarios voraces y a la corrupción interna de Pemex, el costo se elevaría hasta los 250 millones de dólares, es decir 50 millones más, que seguramente serían las ganancias de esos brokers.
En esas negociaciones estaba la Dirección General de Pemex, a cargo del cuestionado Juan José Suárez Coppel cuando el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, frenó de tajo la licitación y la declaró desierta para impedir el cuantioso desfalco de las arcas públicas a cargo de los brokers.
¿Por qué Pemex no compra los buquetanques a las armadoras y evita el intermediarismo que sólo sangra las finanzas públicas de la paraestatal? ¿Será que también representa un negocio de comisiones para funcionarios petroleros? Hay que revisar el pasado de las empresas privadas interesadas en dichos contratos para entender su permanente intervención en negocios con la empresa petrolera mexicana.
El 13 de octubre pasado, la Dirección General de Pemex solicitó a su filial PMI Comercio Internacional que procediera a través de sus brokers a la búsqueda y localización de buques que atendieran los requerimientos técnicos establecidos en la licitación, a efecto de proceder a la compra de los navíos correspondientes. PMI proporcionó a la Subdirección de Distribución un listado de ocho buquetanques ofertados por su broker RS Platou, empresa que, coincidentemente, el 4 de octubre de 2010, presentó una carta a Pemex Refinación donde manifiesta su inconformidad respecto del proceso licitatorio para la compra de los cinco buquetanques.
La participación de empresas intermediarias sólo incrementa el precio de los buquetanques. En esta licitación, Pemex recibió ofertas con 33 por ciento por encima del precio del mercado internacional.
Extrañamente ha habido una reiterada insistencia de PMI y de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria (GOMP) de Pemex por invitar a brokers a participar en la compraventa de todo tipo de embarcaciones, plataformas y artefactos flotantes, lo cual no sólo evita obtener los mejores resultados y precios para la paraestatal, sino que, adicionalmente, distorsiona el mercado al generar artificialmente una demanda extraordinaria de buquetanques de porte mediano. Además de mandar señales equivocadas y confundir a las empresas armadoras de buquetanques, se impulsa los precios de dichos navíos al alza, al ser solicitados por diferentes brokers para satisfacer una misma demanda. Es decir, los coyotes se pelean por la presa y sólo calientan la plaza, lo cual ya causó molestia a las armadoras extranjeras que ahora se quejan de esta práctica viciosa del coyotaje mexicano.
Lo anterior está plenamente probado en la lista presentada por la GOMP, donde un mismo buquetanque es ofrecido hasta por cuatro brokers, situación que genera incertidumbre jurídica a Pemex Refinación, toda vez que ninguno de ellos tiene la propiedad del bien y el precio de venta siempre será mayor al que pueda obtenerse al comprarse en forma directa.
Por ejemplo, el precio de venta formulado por un broker financiero ascendió a 44 millones de dólares por cada buquetanque. Si bien es cierto que este precio se encuentra por debajo del precio recibido en la licitación pública de referencia, también es cierto que este hecho refuerza el procedimiento de establecer una negociación directa con el armador, en virtud de que Pemex Refinación puede obtener un precio menor si compra en forma directa al propietario, en el caso por 40 millones de dólares para cada buquetanque, lo que significaría un ahorro global de las cinco naves por 20 millones de dólares, pero que podría ser un ahorro mayor si se aplica una economía de escala y los cinco barcos se compran a la misma armadora.
De acuerdo con expertos en este negocio, Pemex Refinación podría alcanzar ahorros hasta de 11 millones por cada buquetanque si negociara directamente con las empresas armadoras, y representaría para la paraestatal una economía de 55 millones de dólares.
Entonces Pemex Refinación, por conducto de la Subdirección de Distribución, debe proceder a invitar de forma directa a los armadores. Y si por alguna razón Suárez Coppel desconoce quiénes son esos dueños-propietarios de los buquetanques, aquí le va una lista y, si necesita, podría incluir sus teléfonos: Eletzon Corporation; Daelim Corporation; Interorient Navigation; OSG; Dunya Denizcilik; Yasa Holding, entre otras.
Pero el tiempo apremia: la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación tiene que enviar las invitaciones a los armadores a la brevedad para iniciar las negociaciones antes de concluir el año, y así obtener los precios más competitivos del mercado y ejercer el presupuesto autorizado para ese rubro en las mejores condiciones de tiempo, precio, calidad, oportunidad y transparencia.
Si Pemex sigue negociando con brokers, coyotes, gestores e intermediarios sus adquisiciones, habrá que dudar de la capacidad de los directores para cuidar el patrimonio público que significa el petróleo mexicano.
Los funcionarios responsables directos de este proceso de adquisición son el subdirector de Distribución de Pemex, Francisco Fernández Lagos; el gerente de Marina y Operación Portuaria, Arturo Cors, y el subdirector de Administración y Finanzas de Pemex, José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, quienes han recibido asesoría y apoyo de PMI Comercio Internacional y de Carlos Ayón, nombrado por el director general, Suárez Coppel, para supervisar el proceso. Otro funcionario petrolero que ha entorpecido las negociaciones directas con las armadoras es el director de Fletamentos de PMI, el capitán Hernández Abdala.
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