Los avances en la gobernabilidad pasan por reformular y democratizar la relación entre el gobierno y la sociedad, y por propiciar medidas tendientes a instrumentar o formalizar diversas mediaciones y procesos de interlocución a través de: 1) mecanismos abiertos de relación con los distintos sectores de la sociedad; 2) mecanismos innovadores para la gestión de las demandas sociales; 3) una política de inclusión e interlocución con los actores sociales en los procesos de decisión pública; y 4) el diseño e impulso de distintas formas de representación de la sociedad civil.

 

Como explicaron las analistas Lucía Álvarez y Laura Becerra en su ponencia “Participación ciudadana en México” (2010), la participación ciudadana es componente esencial de la construcción democrática porque: 1) fortalece, legitima al gobierno y contribuye a la eficacia de su desempeño; 2) interviene en la funcionalidad de la gestión pública y otorga mayor legitimidad a las políticas públicas; 3) amplía el espectro de la representación de la pluralidad social; 4) es una vía que propicia la inclusión de los intereses sociales en la agenda pública; 5) involucra a la ciudadanía en los procesos decisorios y en la regulación de la vida pública; y 6) valida la función de la sociedad civil y contribuye a su fortalecimiento.

Gracias a la lucha por la exigibilidad y reconocimiento de los derechos humanos en México, en las últimas décadas hemos observado un relativo avance cuando se habla de participación ciudadana y democracia. Sin embargo, aún persisten sectores en los que la visión de la democracia se identifica exclusivamente con los procesos electorales y acciones específicas directas o indirectas de representación en el gobierno, como la elección libre de representantes y gobernantes, el derecho a votar y ser votado o tener acceso a los cargos públicos. Esto se debe a que durante muchos años las estructuras gubernamentales han promovido la participación ciudadana como algo meramente electoral y procedimental.

 

Empero, la sociedad civil ha pugnado por un proceso social y político encaminado a transformar las condiciones en las que se ejercen sus derechos. Y los espacios de participación ganados, incluso en la legislación, provienen generalmente de una exigencia social y no de la voluntad política de los gobernantes; ni de un dispositivo institucional que los propicie, los cuales, cuando ya están formalmente establecidos, como es el caso del Distrito Federal, poseen un carácter meramente consultivo, y su eficacia y funcionamiento está a merced de la buena voluntad de los funcionarios. Por ello es necesario que se establezcan mecanismos orientados a garantizar a los ciudadanos su participación permanente en los procesos decisorios y en la regulación de la vida pública.

 

Como lo comenté en el Foro sobre Gobernabilidad, Seguridad y Participación Ciudadana, de la Consulta sobre el Plan General de Desarrollo del Distrito Federal (2013-2018), en la Ciudad de México es posible mencionar algunos esfuerzos en los que la participación ciudadana y social incide en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Las reformas constitucionales de 1993, así como aquellas introducidas en el diseño del gobierno a partir de 1994, marcaron una etapa en la organización política y jurídica de la capital. Las elecciones de 1997 fueron la muestra, pues por primera vez los habitantes de la capital pudieron elegir libremente a sus autoridades locales. Más adelante, con la realización del plebiscito, se puso de manifiesto el reclamo ciudadano de democratizar el gobierno en la Ciudad de México. Posteriormente, la elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal marcó una etapa fundamental de este proceso, al articular a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil en la elaboración, ejecución, institucionalización legal, seguimiento y evaluación de una política pública.

La participación ciudadana en la elaboración de los planes generales de desarrollo representa una oportunidad para avanzar en un nuevo sentido de la gobernanza, a condición de que los encargados de elaborarlos tomen en cuenta las propuestas de los distintos sectores de la población involucrados y las conviertan en objetivos, metas y acciones institucionales. En México, los movimientos sociales han promovido la participación activa de la sociedad como un derecho a participar en el ejercicio de la toma de decisiones, han ayudado a generar mecanismos de exigibilidad de sus derechos y han logrado demandar y construir una vida digna para todas y todos. En el caso de la Ciudad de México han conseguido abrir formalmente espacios de participación en los que la ciudadanía tiene voz e incluso algún peso en la toma de decisiones.

 

Ello no obstante, aún se identifican varios retos y desafíos. El principal es que con dicho proceso no sólo se busque una mera pantalla para legitimar a las autoridades, sino que sus resultados y ejecución contribuyan de hecho a la eficacia del desempeño del gobierno. Otro de los retos será lograr la construcción de una metodología que permita dar seguimiento y evaluar las fases de ejecución. En tal sentido, es también necesario garantizar a la sociedad un sistema eficaz de acceso a la información y de rendición de cuentas, ya que una sociedad mejor informada tiene más herramientas para fundamentar sus exigencias, y que éstas ejerzan un contrapeso indispensable frente al gobierno, puesto que una verdadera democracia busca que exista un mejor equilibrio de poder en la toma de decisiones en beneficio de toda ciudadanía respecto a las acciones gubernamentales.

 

*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

 

 

Fuente: Contralínea 336 / mayo 2013