En el primer bimestre del año (enero y febrero), Petróleos Mexicanos (Pemex) dispuso de 32 mil millones de pesos para pagar viejas cuentas a proveedores que les adeuda de gobiernos anteriores (Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón) y también correspondientes a los últimos dos años de la actual administración. Según algunos empresarios, para poder cobrar esos trabajos realizados les piden comisiones (sobornos) que en algunos casos alcanzan hasta el 30 por ciento del adeudo total. De confirmarse, estaríamos ante un grave caso de corrupción –como sucedía en administraciones panistas y priístas– en la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, ahora a cargo de Marcos Manuel Herrería Alamina, el hombre de confianza del director general Octavio Romero Oropeza.

Más delicado aún es este problema para la administración de la empresa petrolera del Estado, en donde el propio director general ha recibido algunas de las quejas por el cobro de comisiones que se harían en la propia Torre de Pemex, y como esa vieja práctica de corrupción y abuso no tiene freno, deberían intervenir las secretarias de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de Energía, Rocío Nahle.

En esos pagos atrasados de Pemex que se controlan y autorizan desde la Dirección Corporativa de Administración y Servicios acusan a Carlos del Ángel Pérez como quien solicita dichas comisiones y supuestamente es enviado por Marcos Herrería. Varias notas y columnas de diversos medios también aseguran que Del Ángel Pérez es el “negociador” del director corporativo y que se le ve seguido en las oficinas centrales.

Este problema ha aumentado la tensión y distanciamiento que existe desde el primer año de gobierno entre la secretaria de Energía y el director general de Pemex, quienes al estar confrontados, lejos de ayudar, representan un obstáculo en el cumplimiento de las metas que se ha propuesto en materia petrolera el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca alcanzar una producción diaria de 2 millones de barriles de crudo, a fin de poder aumentar también la refinación de petróleo y dejar de gastar miles de millones de pesos en la importación de gasolinas para el abasto nacional.

Esas diferencias entre ambos funcionarios pertenecientes al primer círculo del gabinete presidencial aumentó cuando desde la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex se pretende responsabilizar al subdirector de Producción de Petrolíferos de la Secretaría de Energía, José Manuel Rocha Vallejo, y a los seis gerentes de las refinerías que hay en el país de permitir y hasta promover el huachicol de combustibles, y la razón de estas acusaciones es porque la responsable de aumentar la producción de refinación del país es la secretaria Rocío Nahle, a quien Octavio Romero y Marcos Herrería le ponen cuanto obstáculo pueden para que fracase y quede mal en Palacio Nacional.

Los oficios de Rocío Nahle a Octavio Oropeza

A finales del año pasado informamos en esta columna sobre las gestiones realizadas por decenas de empresarios proveedores de Pemex para que les liquiden viejos adeudos y que hasta la propia secretaria Rocío Nahle ha enviado oficios al director general de Pemex, Octavio Romero, para que se atienda el problema del cual también se han quejado en la Presidencia de la República.

El director de Pemex ordenó a Marcos Herrería que se encargue del asunto y es allí en donde según los acreedores les piden comisiones para lograr que les liquiden sus pagos millonarios que, dicen ellos, están más que justificados.

Comentamos que en medio de esa larga lista de peticiones de pago que se acumulan en la oficina de la Dirección General del piso 44 de la Torre Ejecutiva de Pemex destacan varios escritos remitidos por la propia titular de Energía, Norma Rocío Nahle García, como el que tiene el número de recepción 1901926 y que está dirigido al ingeniero Romero Oropeza, en donde la secretaria le dice lo siguiente:

“Por medio de la presente envío para su consideración copia de escrito que remiten representantes legales de nueve empresas, y por el cual solicitan formalización y pago de trabajos realizados a Pemex Refinación durante los años 2014, 2015, 2016, 2017”, estos cuatro años correspondientes al gobierno de Enrique Peña Nieto.

El escrito remitido por la secretaria Nahle y que está dirigido al presidente López Obrador, lo firman los representantes legales o administradores de nueve empresas: Consultoría Ambiental, Estudios y Proyectos, Juan Carlos Vargas Mellado; BMV Ingeniería del Medio Ambiente, Oscar Maro Barrón Luna; MC Consultoría y Estudios Ambientales, Ma. Laura Cano Valdés; Biósfera Tecnológica Integral, Donato Olán Castro; Grupo Ancuri, Juan Manuel Orozco; Techno Saneamientos, Edmundo Reyes Hernández; Constin, Jorge Raymundo Cuevas; Ecología 2000, José Martín Sánchez Hernández; y Cultura Ecológica Industrial, Agustín Hipólito Abad.

En la carta los empresarios piden el apoyo del presidente López Obrador y de la secretaria Rocío Nahle para que les paguen los trabajos que dicen haber realizado en Pemex Logística, antes Pemex Refinación.

Dicen en la misiva: “…la situación generada por la falta de pago de los servicios realizados a Pemex Logística ha llevado a nuestras empresas a la quiebra y estamos en una situación personal muy crítica, ya que debido a las deudas contraídas con bancos, acreedores y proveedores nos encontramos en riesgo de perder nuestro patrimonio, además de estar enfrentando gastos jurídicos y pago de intereses por reclamos y demandas.

“También y debido a la misma situación nos hemos visto en la necesidad de despedir a la mayor parte de nuestro personal y tenido que vender los activos (maquinaria y equipo de trabajo) con que contábamos, lo que nos deja en total indefensión puesto que somos empresas pequeñas y aún así cuando nos pidieron apoyo no dudamos en contraer deudas para sacar adelante nuestro trabajo.

“Por lo anteriormente expuesto a usted, Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con el debido respeto, le dejamos esta solicitud, con la confianza de que nos apoyará en este reclamo justo que hacemos y que pese a múltiples solicitudes que hemos realizado no se nos ha tomado en cuenta” [sic].

Según los representantes de este grupo de empresas, la respuesta de Pemex ha sido que “derivado de las restricciones presupuestales por las que pasa la empresa, y la priorización de asignar los pocos recursos disponibles a las necesidades operativas. No se cuenta con solvencia económica para efectuar los pagos correspondientes de los trabajos de atención a emergencias”.

En otros dos escritos enviados por la secretaria de Energía al director general Octavio Romero Oropeza, le informa para su “consideración” copias de los mensajes que los representantes legales del Grupo GFB, Gerardo Fuentes Bates, y de Construcción y Desarrollo Industrial, Carlos Jiménez Flores, enviaron también al presidente López Obrador, en donde de igual manera le solicitan la liquidación de estudios realizados por el derrame de hidrocarburos y el segundo por la rehabilitación y puesta en operación de la planta hidrodesulfuradora nafta de coque U-12000, sólo esta última con un adeudo por 63.9 millones de pesos.

Puntos suspensivos… Piden investigar venta de crudo barato en mercado internacional. Éste es otro tema que deberían revisar el órgano Comité de Auditoría de Pemex y hasta la propia oficina central de la Secretaría de la Función Pública, relativo al factoraje que se hace en PMI Comercio Internacional, pues hay señalamientos de trabajadores petroleros de que se está vendiendo petróleo crudo mexicano mucho más barato de lo que cuesta en el mercado internacional. Según empleados de la paraestatal, esta materia prima que se vende barata al exterior y que sería el “huachicol más grande en la industria”, es porque se trata de “sobrantes”; sin embargo, de ser cierto eso, no se justifica que el precio del barril se ofrezca en un 40 por ciento menos de lo que está en el mercado internacional. La razón que dan algunos es porque empresas extranjeras que adquieren el crudo estarían pagando cuantiosas comisiones (sobornos) a algunos directivos de PMI (Petróleos Mexicanos Internacional) y para evitar especulaciones es un asunto que debe revisarse, pues todos sabemos que en gobiernos anteriores se hacían negocios ilícitos con todo lo que envolvía a la industria petrolera, y ahora esa corrupción no debe continuar.

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