Para quien no conozca la triste realidad que vive el periodismo latinoamericano, debe resultar sorprendente el silencio de los medios sobre el atentado terrorista en Caracas. CNN en español interrumpió el 7 de agosto la transmisión del discurso del presidente Nicolás Maduro cuando este comenzó a mostrar videos, grabaciones telefónicas, fotos, confesiones, nombres de los detenidos y prófugos, etcétera. CNN daba así la pauta a la conducta que observan los medios del continente. El Mercurio de Chile, que habitualmente derrocha espacio para atacar a Venezuela, publicó un parrafito de una columna. Los medios que hasta ayer exigían evidencias sobre el atentado al que aún califican de “presunto”, ignoraron las revelaciones de Maduro. Sin embargo, la investigación que adelanta la Fiscalía Nacional de Venezuela está descubriendo elementos para un “plato fuerte” de un periodismo que se respete a sí mismo. Es un bocado apetitoso incluso para la literatura y el cine. Sin embargo, ha caído en un silencio que resulta vergonzante para la profesión del periodismo.
Los terroristas apresados y a disposición de los tribunales implican a gobiernos, partidos políticos y conspiradores de todo pelaje. Las autoridades han pedido al gobierno norteamericano la extradición de Osman Delgado Tabosky, financista y “piloto” -desde Miami- de los drones cargados con C4, un explosivo plástico que los ejércitos usan en demoliciones de fortificaciones. Se han iniciado también gestiones para extraditar a implicados que se refugian en Colombia, en cuyo territorio se preparó el atentado con colaboración del expresidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz (¡sic!).
Lo ocurrido solo tiene precedente en Venezuela, en el atentado con un coche bomba contra el presidente Rómulo Betancourt en junio de 1960. Lo efectuaron sicarios del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En ese atentado el presidente Betancourt resultó con graves quemaduras en las manos y el rostro, y murió el jefe de la Casa Militar.
Esta vez no solo se intentó asesinar al presidente de la República, sino a todas las autoridades civiles y militares que lo acompañaban en la tribuna presidencial; a los embajadores, agregados militares y familiares de los soldados de la Guardia Nacional Bolivariana, y a espectadores del desfile militar. De haber tenido éxito, el atentado habría desatado una conmoción social y política cuyas dimensiones son inimaginables.
El silencio de los medios periodísticos latinoamericanos ante las evidencias presentadas por el gobierno venezolano constituye una vergüenza para lo que Gabriel García Márquez definió como “el mejor oficio del mundo”. Los responsables, sin embargo, no son los periodistas, sino quienes han prostituido la naturaleza noble del periodismo: los amos de la prensa. Los empresarios de la “industria” de la información han convertido a los medios en instrumentos de desinformación y de la ignorancia que sufren nuestros pueblos. La función social del periodismo ha sido suplantada por los intereses de quienes manipulan los medios desde las sombras. Esta verdadera dictadura mediática es la punta de lanza ideológica de conglomerados financieros. Cumple la función de modelar conciencias y someterlas al pensamiento hegemónico del capitalismo. Los periodistas, en definitiva, son trabajadores asalariados de empresas en las que rigen las leyes de hierro de la propiedad privada.
Los amos de la prensa son temidos y reverenciados por los políticos y los gobiernos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que los agrupa, fue creada durante la guerra fría. Representa a 1 mil 300 publicaciones que editan 43 millones de ejemplares en papel y controlan numerosos diarios electrónicos. El denominador común de la SIP es el anticomunismo y trabaja en estrecha colaboración con los servicios de inteligencia norteamericanos.
Los 11 diarios de mayor circulación en América Latina se articulan también en el Grupo de Diarios América (GDA). Sus miembros son El Mercurio de Chile (en realidad una cadena de 24 diarios), O Globo de Brasil, La Nación de Argentina, El Universal de México, El Nacional de Venezuela, etcétera. Son multimedios que controlan revistas, canales de TV, radios, periódicos electrónicos. Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, el GDA resolvió destinar una página diaria para calumniar a la revolución bolivariana. Se sumaba así a la campaña de Washington que desde hace casi dos décadas intenta desestabilizar al gobierno venezolano.
El bloqueo impuesto ahora a la difusión de noticias derivadas de la investigación del terrorismo, es un atentado al derecho de los pueblos a la información, pero a la vez constituye una afrenta al periodismo y su código de ética que rechaza toda forma de censura y defiende el derecho a informar y ser informado.
Salvo la honrosa excepción de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), que condenó el atentado en Caracas, las organizaciones profesionales de periodistas guardan silencio vergonzoso. Ellas tienen el deber de denunciar la censura empresarial. Junto a estudiantes y académicos universitarios, los periodistas deberíamos convocar a asambleas para discutir la penosa situación de un periodismo sometido a la dictadura de los amos de la prensa. El silencio en este caso es complicidad con el terrorismo. Tiene que quedar claro quiénes imponen esta censura.
Manuel Cabieses Donoso/Telesur
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