La intervención de comunicaciones es cada vez más recurrida por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR), para la supuesta investigación de delitos relacionados con la delincuencia organizada y las “amenazas” a la seguridad nacional.

Esta intervención no sólo se reduce al espionaje telefónico, sino que abarca todo tipo de comunicaciones, incluso aquellas que están cifradas: correos electrónicos, mensajes de texto, chats tanto de correos como de redes sociales (Facebook, Twitter), conversaciones establecidas por medio de aplicaciones (Skype, Whatsapp, BBM, Facetime, Tango, Fring, Telegram), etcétera.

Para ejercer en forma legal este recurso, que es altamente invasivo y violador del derecho a la privacidad, los agentes del Cisen y la PGR requieren, además de la sospecha, una autorización judicial.

En 2015, los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones recibieron 1 mil 582 solicitudes de intervención de comunicaciones, revela el Informe anual de labores 2015 del Consejo de la Judicatura Federal, sin especificar la autoridad a la que corresponden.

Las escuchas telefónicas y demás intervenciones no fueron los únicos recursos que los “espías” del gobierno mexicano tuvieron a la mano para investigar a los supuestos delincuentes y a quienes –según ellos­– amenazan la seguridad nacional. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, esos juzgados especializados recibieron 27 peticiones “relativas a la autorización para solicitar información a las empresas de telecomunicaciones”.

Estas solicitudes se refieren al momento en que, por orden judicial, las compañías privadas como Telmex, Maxcom, Axtel, Telcel, Izzi, AT&T, etcétera, se ven obligadas a colaborar con las investigaciones; es decir, a entregar toda la información que posean sobre sus clientes que son investigados.

El “Anexo documental” del Informe, en su apartado “Acceso a sistemas electrónicos para el trámite de los asuntos”, detalla que las “autoridades investigadoras” ingresaron, en total, 3 mil 712 solicitudes de medidas cautelares a los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. De éstas, 2 mil 27 estuvieron relacionadas con cateos y 76 con arraigos.

Los Juzgados Federales Penales Especializados se crearon con base en el Acuerdo A/75/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2008. Su objetivo es dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativos a las solicitudes de autorización de órdenes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones.

Intervenciones autorizadas

Respecto al espionaje, las estadísticas de la PGR revelan que la mayoría de las solicitudes para intervenir comunicaciones le son autorizadas. Por ejemplo, en la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0001700132715, la Procuraduría indica que de enero a marzo de 2015 realizó 120 solicitudes de este tipo, de las cuales le fueron concedidas 117.

El documento oficial detalla que, en 2014, la PGR pidió 717 autorizaciones para intervenir comunicaciones, de las cuales le concedieron 686. Esto es el 95.6 por ciento del total.

En el caso del Cisen, de enero a julio de 2015 ejecutó 225 acciones de intervención legal de comunicaciones para investigaciones de inteligencia relacionadas con amenazas a la seguridad nacional, reconoció en respuesta a la solicitud ciudadana de información 0410000017215 (El Economista, 27 de julio de 2015).

Geolocalización de “delincuentes”

Además del espionaje de las comunicaciones, los agentes del Cisen y la PGR recurren a la llamada geolocalización en contra de las personas que consideran sospechosas de estar relacionadas con el crimen organizado y con las amenazas a la seguridad nacional.

En este caso se trata de la localización geográfica de los sospechosos en tiempo real por medio de sus dispositivos electrónicos, aprobada en marzo de 2012 por el Congreso.

Al respecto, la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0001700358215 descubre que, de enero a octubre de 2015, la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, ha operado en coordinación con las concesionarias de redes públicas de telecomunicaciones 1 mil 547 solicitudes de localización geográfica en tiempo real.

Abril fue el mes en el que se realizaron más geolocalizaciones: 223. Seguido por marzo, con 213; julio, con 199; junio, con 192; octubre, con 151; febrero, con 133; septiembre, con 129; mayo, con 117; agosto, con 114; y finalmente enero, con 76.

Con el fin de “evitar” su abuso, estos recursos deben contar con la venia del Poder Judicial. No obstante, para solicitar la autorización basta con que los agentes del Cisen y la PGR –aun sin pruebas– sospechen de alguien. Por tanto, todos podríamos estar alguna vez en la mira de estos espías.

Nancy Flores, @nancy_contra

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 474 / del 08 al 13 de Febrero 2016