La importancia de las elecciones intermedias del próximo año en México no debe ceñirse al ámbito nacional, sino situarse en un contexto más amplio del continente, donde los intereses de Estados Unidos apoyan a personajes de la ultraderecha para fortalecer su nueva estrategia geopolítica.

Ahora, los gobiernos títeres ya no se imponen mediante golpes de Estado, sino a través de presiones económicas y mediáticas utilizadas como instrumentos para debilitar electoralmente a los gobiernos progresistas.

Si bien se ha llegado al extremo del intervencionismo militar abierto, como en el caso de Venezuela, donde fue derrocado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ahora desde Washington se arman nuevas estrategias para justificar las agresiones, como acusar a Cuba de ejercer “terrorismo político”.

Una etiqueta similar se ha impuesto a varios cárteles para tener el pretexto de amenazar con invadir fronteras y aplicar sanciones económicas a distintos países de América Latina; entre ellos, México.

El 6 de junio de 2027, poco más de 100 millones de mexicanos con derecho a votar, de acuerdo con el último reporte de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), elegirán 17 nuevas gubernaturas; 500 diputados federales, 300 de mayoría y 200 plurinominales; diputaciones locales en 31 estados; alcaldías en 30 entidades, 16 de ellas en la Ciudad de México, hasta sumar un universo cercano a los 20 mil cargos de elección popular.

Será una de las elecciones más grandes en la historia del país y, sin duda, representará para el actual gobierno la necesidad de conservar la mayoría en la Cámara de Diputados, a fin de evitar que la oposición imponga diques legislativos a su proyecto político. También deberá mantener el mayor número de gobiernos estatales e intentar arrebatar Chihuahua y Nuevo León al PAN y a Movimiento Ciudadano, sin perder entidades en riesgo, como Sinaloa y Michoacán.

Pero, más allá de las implicaciones locales, lo que los mexicanos determinen en las urnas en 2027 tendrá un impacto en la composición geopolítica del continente, ante el retorno y avance de la ultraderecha en muchos países de América Latina. Los gobiernos progresistas han perdido terreno tras las derrotas de la izquierda en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Honduras y, en junio pasado, Colombia.

El problema de fondo, que debe motivar la reflexión de millones de electores mexicanos, es determinar hasta qué punto podría beneficiarlos o, mejor dicho, perjudicarlos dar su sufragio a la derecha neoliberal de un prianismo que, en seis sexenios, hizo trizas el nivel de vida de generaciones enteras; aniquiló fundamentos de la seguridad social, como la atención médica y el derecho a una pensión digna; y amenazó con entregar la soberanía energética a empresas extranjeras, entre otros muchos daños visibles.

El retorno de la derecha neoliberal muestra un claro retroceso en las conquistas sociales y laborales alcanzadas en muchas naciones y pone de relieve que estos políticos, alineados al 100 por ciento con los dictados de los organismos financieros internacionales y de Washington, no son garantía de bienestar para la clase trabajadora.

El informe de 2026, presentado ante la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, por la Confederación Sindical Internacional (CSI), refiere que América Latina se ha transformado en una región donde se vulneran masivamente las libertades colectivas y se alientan reformas que debilitan la protección laboral.

El informe sitúa como claros ejemplos de estos retrocesos a tres naciones donde políticos de ultraderecha han regresado al poder: Argentina, Panamá y Ecuador. Estos países se ubican entre los 10 con las peores condiciones para sus trabajadores en el ámbito mundial.

En Argentina, Javier Milei ha aprobado una reforma laboral que ha derivado en despidos masivos y ha limitado la capacidad de acción de los sindicatos al anular el derecho a huelga, reducir la asignación de recursos para la seguridad social y la educación, y cercenar las ya magras pensiones, entre otras tantas involuciones. Sin dejar de mencionar que las menguadas indemnizaciones son un traje a la medida de los patrones, lo mismo que la imposición de jornadas de hasta 12 horas sin el pago de tiempo extra.

En Panamá, José Raúl Mulino ha reprimido las huelgas de los sectores educativo y agrícola, castigado el ejercicio del derecho de reunión y negado el diálogo social con amplios sectores.

De acuerdo con el reporte de la CSI, desde que el derechista Daniel Noboa llegó al poder, “ha emprendido una sistemática ofensiva contra los sindicatos y la sociedad civil”, que incluye tanto la criminalización de líderes sindicales como la aprobación de una legislación regresiva y la injerencia en los asuntos sindicales, en clara violación de los derechos a la autonomía y a la libre sindicación reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En otros países, como Costa Rica, se ha impedido el registro de nuevos sindicatos en el sector privado y, en Honduras, las empresas transnacionales se niegan a firmar contratos colectivos sin que el gobierno haga algo para obligarlas a respetar los derechos de los trabajadores.

Otro de los casos más notorios es el de Abelardo de la Espriella, recién electo en Colombia, quien desde su campaña planteó retomar los bombardeos contra grupos armados, construir megacárceles al estilo de Nayib Bukele y afianzar una colaboración abierta con Estados Unidos.

De la Espriella ha dirigido mensajes hostiles, verdaderas amenazas, contra las comunidades indígenas, a las que ha acusado de poseer una importante extensión de las tierras colombianas. Asimismo, les ha advertido que, con él, tendrían que “volverse ciudadanos de verdad” o conocer “lo duro que muerde el tigre”.

El nuevo mandatario se ha declarado simpatizante de las acciones bélicas del gobierno israelí contra Gaza, donde se ha cometido uno de los peores genocidios del mundo y se continúa asesinando a mujeres y niños. Además, ha aplaudido a Benjamín Netanyahu por “hacer lo que debe hacer” para defender a su pueblo. De la Espriella ha dicho que se sumará al llamado “Escudo de las Américas” de Trump contra el crimen organizado.

En octubre serán las elecciones presidenciales de Brasil, donde competirá el actual mandatario de izquierda de esa nación, Luiz Inácio Lula da Silva. No debe olvidarse que Brasil, junto con Uruguay y México, conforma los tres únicos bastiones progresistas que permanecen de pie en el continente.

Tampoco debe pasarse por alto que Estados Unidos ha sido un actor clave en el apoyo abierto a estos gobiernos de ultraderecha que están retornando al poder y que aparecen como piezas a su disposición en el nuevo orden geopolítico que Washington está imponiendo en América Latina.

La clase trabajadora y los sectores populares, indígenas y campesinos de México deben analizar con lupa lo que está ocurriendo en el resto del continente, porque dar un voto a la derecha en 2027 será comenzar a abrir las puertas al retorno de un neoliberalismo que, ahora apoyado por Estados Unidos, está arrasando con todo lo que huela a conquistas sociales y laborales o que, en su caso, estorbe al libre mercado y al enriquecimiento de los voraces capitales locales e internacionales.

Martín Esparza*

* Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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