Policía Comunitaria, desgarrada desde su interior

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), tiene sus orígenes en la Costa Chica-Montaña de Guerrero, como una expresión genuina de la organización de los pueblos indígenas en el sistema de seguridad, justicia y reeducación comunitaria distante del poder fáctico y electoral que pondera en México.  Es en la década de 1990 cuando el movimiento indígena tiene un despertar en toda América Latina. En este marco surge esta institución comunitaria.

Entre 2012-2013, la Casa de Justicia del Paraíso asentada en el municipio de Ayutla, Guerrero, comienza un avance territorial enorme abarcando la Montaña, en Olinalá y Huamuxtitlán, la Costa Chica en Ayutla y Tecoanapa, y la Zona Centro del estado en Tixtla de Guerrero, en la histórica base del Fortín un barrio con tradición de lucha, pues en este lugar operaba la base militar del insurgente Vicente Guerrero en la guerra de guerrillas en contra de Imperio Español.

Es este avance rápido, conciso y fuerte por parte de la CRAC-PC, lo que provoca el hostigamiento y ataque del gobierno estatal entonces encabezado Ángel Heladio Aguirre Rivero, en colusión con el excoordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán (casa matriz), Eliseo del Villar quien fue  detenido en diciembre del 2014 por cargos de secuestro, daños, lesiones y por el homicidio del director de Seguridad Publica de Tlacoachistlahuaca, Miguel Gutiérrez Carbajal, en enero dese mismo año, entre otras 30 averiguaciones previas.

Gonzalo Molina González, Promotor de la CRAC-PC, expreso político y defensor de derechos humanos, declara lo sucedido y la situación en la que se encuentra el sistema de justicia y seguridad comunitario.

“Cuando iniciamos la conformación de la Casa de Justicia del Paraíso, municipio de Ayutla, Guerrero, iniciamos bien, la gente lo aceptaba porque aplicamos estrictamente el reglamento interno, sus principios y normas de la CRAC. Todo se estaba llevando conforme al reglamento, la gente lo aceptaba como un servicio a la comunidad, ningún policía tenía por qué cobrar.”

El servicio de seguridad y justicia comunitario tiene su máxima autoridad en las asambleas regionales, en las cuales se elige a los coordinadores, promotores y policías y ninguno de ellos percibiría ningún salario; era un honor poder servirle al pueblo, se aplicaba la máxima zapatista de servir y no servirse.

El 21 de agosto del 2013, se perpetró el golpe inicial en contra de la institución comunitaria con la toma por asalto a la Casa de Justicia del Paraíso por el Ejército, la Armada, la Policía estatal y ministerial, como si se tratara de una amenaza a la seguridad nacional, más terrible que el narcotráfico que asola al país. En este allanamiento a la seguridad y justicia comunitaria fueron detenidos seis policías comunitarios y trasladados al penal de las Cruces en Acapulco, quienes sufrieron tortura, entre ellos Bernardino García Francisco, indígena na’saavi (o mixteco), sobreviviente en 1997 de la Masacre de El Charco.

Molina González recalca que esta acción fue el principio de una represión sistemática en contra de la CRAC-PC, en específico contra la del Paraíso y la base del Barrio del Fortín en Tixtla, de la cual él era el promotor y vocero. Esta represión desencadenaría en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

“La base del Fortín, como Policía Comunitaria, defendía y trabajaba en equipo con la Escuela Normal de Ayotzinapa, existía una estrecha relación. Se protegía a la Normal en todo momento de la delincuencia organizada y la Normal defendía a la CRAC de los embates del gobierno.”

La segunda fase de la represión fue encarcelar a los lideres más visibles de la Casa de Justicia del Paraíso, todos detenidos en 2013 y llevados a reclusorios de máxima seguridad como el del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

El último golpe fatal fue en contra de la entonces Casa de Justicia La Patria es Primero, en el barrio del Fortín, en Tixtla de Guerrero. Se perpetró el 26 de noviembre del 2015 con la emboscada y muerte a cuatro policías comunitarios.

Los responsables de esta acción fueron paramilitares guiados por el grupo delictivo Los Ardillos, con cobijo del gobierno del estado, pues el retén que mantenía la Policía estatal en la Presa del Molino en la carretera Chilpancingo-Tixtla fue retirado una hora antes de la ejecución de los policías comunitarios, facilitando entrada y salida de los perpetradores, como declaran sus compañeros.

Es importante exponer que es en este contexto que Eliseo del Villar funge como un aliado del gobierno del estado y federal, abriéndole las puertas de la CRAC y entregando hasta entonces 17 años de lucha de los pueblos dignos de este estado, además de desconocer públicamente a los presos políticos de la CRAC y realizar la “expulsión” de la Casa de Justicia del Paraíso.

También con Del Villar llega la credencialización de la Policía Comunitaria. El gobierno del estado, el 21 de agosto de 2013, entrega 923 credenciales a integrantes de la CRAC. Este acto se lleva a cabo en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán a cargo del Ejercito Mexicano, esto para tener una radiografía y control sobre la CRAC. Le siguió la entrega de 8 millones de pesos (como si se tratara de un premio por desconocer a sus compañeros y entregar la Institución Comunitaria).

Es por ello, que al Promotor comunitario Gonzalo Molina, le parece indignante e inexplicable que organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, hoy pretendan mostrar a Eliseo del Villar como un preso político.

“Algunas organizaciones lo están defendiendo como preso político. Yo no sé si estas organizaciones desconocen que él fue el causante de que se volteara la CRAC y de que hubiera toda esta situación, incluso, de que emboscaran a compañeros que murieron. la CRAC no se ha podido recuperar, a la fecha, de ese duro golpe. Actualmente se vive una situación de desvió total del proyecto inicial.”

Molina González estuvo preso 6 años acusado de terrorismo, secuestro, entre otros cargos, en las cárceles de exterminio más corrosivas del país; primero en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, posteriormente en la del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México y luego en el Centro estatal de Readaptación Social de Chilpancingo, Guerrero, y salió con libertad absolutoria de todas las causas que se le fabricaron. Cuando salió, encontró al proyecto comunitario golpeado, además de un fuerte hostigamiento hacia su persona.

“Cuando llego a la Montaña, poco a poco voy ingresando a comunidades que no son CRAC, otras que sí son, y entonces me empiezo a percatar que la delincuencia organizada está ya ingresada en las comunidades: autoridades coludidas con la delincuencia organizada, la CRAC ya infiltrada por la delincuencia organizada de tal manera que se ha desviado. La CRAC se ha desviado de los principios que rigen nuestra institución”.

El grupo delictivo Los Ardillos escaló hasta la Montaña Alta e hizo simbiosis con parte de la Policía Comunitaria de la región. La infiltración está en la médula del sistema comunitario. Los coordinadores son los que juzgan a los procesados y determinan la cantidad de multa que pagarán. El equipo de Molina González declara que las cantidades son exorbitantes para el nivel económico de los pobladores y que las autoridades han encontrado una forma de vida haciendo esto.

“Incluso hemos detectado que no se están llevando a cabo las Asambleas Regionales para sentenciar a los detenidos. Son los mismos coordinadores los que han usurpado las funciones que corresponden a la asamblea regional, nuestra máxima autoridad. Y hemos detectado que se están cobrando las libertades. No tiene que haber multa en la CRAC. Todo es a través de un servicio a la comunidad. Ni los coordinadores, ni los consejeros, ni los policías tienen que cobrar un cinco, mucho menos se tienen que cobrar las libertades. eso ya es una falta al reglamento interno de la CRAC, yo no sé si no lo conozcan.”

Es esta la situación que le preocupa e indigna a Gonzalo, pues por acciones como las del 2013, el proyecto comunitario se fracturó y ahora la reconstrucción es muy complicada. El Estado consiguió su objetivo.

Al salir de la cárcel, el hostigamiento lo cercó y lo hizo dirigirse a la Montaña, para salvaguardar su integridad física y continuar con la lucha desde esa trinchera. Al llegar a los pueblos de esta región, comenzó un trabajo que no sólo se refiere a la seguridad sino a la producción de diferentes productos para que la población pueda solucionar sus necesidades y tenga la posibilidad de generar un ingreso.

Los talleres van desde la preparación de champú, jabón, cloro, hasta la realización de hornos de pan. En esta pandemia estos oficios han dado de comer a muchas comunidades y la posibilidad de protegerse de la enfermedad Covid-19, en una de las regiones más pobres de México, pero no todo esto ha sido fácil, pues las autoridades comunitarias coludidas con el narcotráfico buscan cercar esa labor.

Con voz tranquila dice que “aunque es difícil y peligroso el desplazamiento para mí y mi equipo, los pueblos me apoyan y son ellos los que me ayudan a cruzar por la zona”. Comenta que es en estos recorridos donde ha tenido acercamiento con pueblos, como los desplazados de la Laguna a través del luchador social Oguer Morales, asentados ahora en Ayutla, y que recientemente lo han nombrado vocero para ayudarles a buscar los canales reales de apoyo, pero jamás representar ni decidir por ellos.

Al escuchar varios testimonios de los pobladores, Gonzalo Molina encuentra nuevamente corrupción en las organizaciones sociales y no gubernamnetales, pues los pobladores acusan al Centro de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de haber recibido recursos a nombre de ellos y no habérselos entregado. El vocero dice que no pueden permanecer callados y permitirlo porque eso los haría cómplices de tal injusticia.

En estos mismos asentamientos de los desplazados, no tienen tierras de cultivo, hay niños que desde hace tres años no acuden a la escuela porque viven con la zozobra de ser hostigados por las comunidades vecinas que no los ven con buenos ojos. Además, que su condición no les permite tener ingresos fijos, pasando una crisis de educación, de salud y alimentaria, a esto se suma que uno de los asentamientos no cuenta con luz eléctrica, donde se refugian alrededor de 20 familias, que sufren el delito de ser exiliados en su propia tierra.

También en la comunidad de Santiago Yolotepec, comunidad de Ayutla, 40 familias desplazadas sufren el mismo padecimiento, fueron expulsadas por no poder pagar una cuota económica a las autoridades de sus comunidades pues éstas están coludidas con la delincuencia organizada.

Presos políticos

Como expreso político, Gonzalo muestra preocupación y empatía por los que permanecen en las salas de la injusticia, víctimas de un sistema judicial que los juzga por su lucha y por su forma de pensar.

Gonzalo ha retomado como vocero el caso de 41 presos políticos en el estado, a pesar de que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, ha afirmado en diversas ocasiones que en la entidad a nadie se le persigue por su ideología política.

La pandemia ha agudizado la preocupación por la salud y vida de los 41 presos políticos, pues varios sufren de enfermedades crónico-degenerativas. En el penal de Ayutla ya se han registrado los fallecimientos de tres reos a causa de Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha declarado que los centros penitenciarios tienen que reducir el número de internos debido a que están en riesgo“la salud, la seguridad y la dignidad humana […]. El hacinamiento supone un obstáculo infranqueable a la prevención, preparación y respuesta ante esta enfermedad. Deberían cerrarse los centros de detención y rehabilitación obligatoria en los que se detiene a personas sospechosas”.

Es bajo estos lineamientos que Gonzalo Molina exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a liberar a los presos políticos; de no ser así, ellos procederán contra el Estado Mexicano por delitos de lesa humanidad.

También han detectado que varios Centros de Derechos Humanos que dicen defender a los presos políticos y buscar su libertad muestran irregularidades, pues varios de los presos habrían podido ser liberados bajo libertad anticipada por ser acusados de delitos menores y tener más de 19 años recluidos.

 

“De repente parece que se ha negociado no para la libertad de los presos, sino para que permanezcan ahí. Yo no puedo concibir que si estás llevando un caso, y hayas estudiado para abogado, no puedas detectar que los compañeros ya pueden salir jurídicamente bajo una libertad anticipada por derecho, el Código así lo marca.”

Bajo estas palabras encontramos la amalgama de circunstancias en las que se encuentra la lucha de los pueblos y las organizaciones en Guerrero. Nuevamente el estado mira a los pueblos indígenas como la gran amenaza para su política extractivista, pues las defensas del territorio de los pueblos organizados frenan los intereses mercantiles del capital privado para el saqueo de materias primas y rutas de trasiego de opioides en el estado.

Amílcar Juárez*

* Sociólogo por la Universidad Autónoma de Guerrero