Los conflictos en las normales rurales y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), así como la manera en que han sido oficialmente enfrentados –bestialmente en el primer caso por un gobernador troglodita y negligentemente en el segundo caso por una jefatura que se dice de “izquierda”–; la arrogante reelección de la analfabeta cacique Elba Esther Gordillo como “suprema” y sempiterna líder del corporativismo magisterial; los pésimos resultados arrojados en la calidad de la enseñanza nacional y en la evaluación de los docentes; el creciente número de niños y jóvenes excluidos de las escuelas, que no pueden concluir sus estudios o lo hacen deficientemente; o el deterioro de la infraestructura, no son más que algunas manifestaciones desastrosas de la política educativa impuesta por la derecha neoliberal.
Más que considerarlas como evidencias de su fracaso, en realidad son algunos de los resultados lógicamente esperados por la “modernizante reforma” educativa que, en los hechos, es una contrarreforma neoliberal, y cuyo propósito fundamental ha sido desmantelar la instrucción pública, emascularle su sentido social contenido en el Artículo 3 constitucional. La pretensión de la derecha priísta-panista, el clero y demás grupos conservadores, es antigua: reducir la educación gratuita, universal, laica, humanista, crítica y democrática a su mínima expresión, con el objeto de convertirla en un negocio privado, confesional y permeada por los valores
carnívoros del individualismo, el egoísmo, la “competitividad”, el sometimiento acrítico, funcionales a las necesidades de la reproducción del capitalismo. La modelación del sistema de enseñanza ha creado dos niveles nítidamente diferenciados: el público para la chusma, orientada a la formación de técnicos; y la particular. El primero representa un segmento, a menudo de baja calidad, destinado para los pobres excluidos de las escuelas estatales y los sectores medios que recelan de la pública. El otro es oneroso, exclusivo, clasista, destinado a la formación de las elites y la reproducción de sus valores.
En ese proceso se ha avanzado sustancialmente con el acuerdo para la modernización de la educación básica de 1992, la Ley General de Educación de 1993, que modifica los artículos 3 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el injerto al Artículo 3 en 2002, que permite a “los particulares impartir educación en todos sus tipos y modalidades” o la creación de becas-créditos bancarios, causantes del descontento estudiantil en Chile, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, por la voracidad de los intereses cobrados que cercenan a largo plazo los ingresos de quienes tuvieron la desgracia de contratarlos. Así, se lleva a cabo la descentralización administrativa, la federalización centralizada en su supuesta calidad (contenidos, currículo, capacitación de docentes, programas del burro y la zanahoria, es decir, los programas compensatorios y de incentivos), y se impulsa a la reprivatización confesional, al igual que su evaluación.
Tales reformas están en sincronía con los cánones de los ajustes estructurales neoliberales (cambios políticos, institucionales y económicos), impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desde la década de 1980 (Banco Mundial. Prioridades y estrategias para la educación, DC, 1996), condicionados a los paquetes de apoyo financiero. En realidad la intervención del Banco Mundial en la educación en todo el planeta data desde 1963, con sus préstamos para este ramo, reforzada en 1980, con la crisis fiscal de los Estados, y en 1990, cuando los ajustes se convirtieron en una estrategia global de largo plazo. A cambio de créditos y apoyos en la infraestructura educativa, el fortalecimiento vocacional, la educación técnica, la capacitación de maestros, programas de evaluación, supervisión, funcionamiento y resultados, entre otros aspectos, el Banco Mundial aseguró su intervención en las políticas educativas, dedicadas a la fabricación del “capital humano” –palabra desodorizada para despersonalizar a los individuos y convertirlos en objetos– y la “acumulación de conocimiento y aptitudes de las personas”, orientadas a las necesidades de la productividad y competitividad de la acumulación capitalista global, que requiere básicamente de la formación técnica, con un mínimo aprendizaje.
Al masificar la escasa preparación de los educandos, reforzada por el estrangulamiento financiero de la educación media y superior pública no técnica, se les condena a un futuro de bajos salarios, la pobreza y la exclusión. Ello, junto al alto desempleo, cíclico y estructural –cambios tecnológicos y bajo crecimiento– y la “flexibilidad” laboral, condenan a los trabajadores de baja calificación (la mayoría en México y el mundo subdesarrollado) y a los próximos en condiciones similares, a la humillante competencia por mendigar un empleo escaso, precario, flexible e intermitente, en beneficio de la productividad y competitividad, por medio de la cual reducen los costos de producción y perpetúa la servidumbre de la fuerza de trabajo y reproduce las formas de dominación, de sobreexplotación y acumulación de capital.
Bajo el neoliberalismo la educación dejó de ser un instrumento de equidad, movilidad, justicia y democracia. De aspiración a una mejoría en el bienestar, a costa de la carencia de otros. Las mayorías son homologadas en el abismo. La hegemonía del pensamiento único neoliberal, avasalla asimismo al pensamiento crítico, potencialmente subversivo.
La contra educativa, impuesta de fuera hacia dentro y de arriba abajo, sin el consenso social, sólo puede ser aplicada autoritariamente. En el nivel básico ha contado con el apoyo de Doña Perpetua, como se conoce a Elba Esther, corresponsable de la degradación educativa, que somete a sangre y fuego al sindicato de maestros. A cambio de sus servicios, los gobiernos priístas-panistas le han dado cuotas de poder: la convirtieron en una pieza clave, temible e intocable dentro del engranaje del sistema político; le toleran sus desplantes o que convirtiera a la educación en su fuente obscena de poder, en su negocio personal y familiar, de corrupción y riqueza mal habida, compartido con los capos que la acompañan. Por esa misma razón, su cacicazgo es endeble. Como a Carlos Jonguitud, se le puede aparecer su Carlos Salinas que desempolve sus expedientes de crímenes o de enriquecimiento inexplicable con las dos plazas que dispone, y que le aportan 31.4 mil pesos mensuales, pero explicable por los 6.5 millones de pesos diarios que recibe por concepto de cuotas sindicales de 1.4 millones de docentes, y otras exquisiteces corrompidas.
En el nivel medio y superior, las instituciones públicas, asfixiadas financieramente, han optado por inmolarse a sí mismas. Se someten a las exigencias del “mercado”; se aplican sus propias terapias de “calidad” para competir con las privadas en el negocio de títulos nobiliarios, a menudo inútiles (maestrías, doctorados, diplomas para cursos de especialización o actualización al vapor), rentables para los académicos que se suman a la simulación. Una y otras eyectan a sus consumidores con montones de papeles de dudosa calidad que no logran ocultar su analfabetismo funcional. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y, obviamente, Doña Perpetua, son ejemplos de los especímenes de déspotas iletrados y del envilecimiento educativo, sin desdeñar a doctos fundamentalistas, como Agustín Carstens, Ernesto Cordero o el hilarante Salomón Chertorivski, el que supone que las expectativas de vida de los mexicanos podrían llegar a 150-200 años en 2040.
Ni siquiera la UACM, creada por un gobierno que se dice de izquierda y regenteada por la insoportable señora Esther Orozco, docta en arbitrariedades, escapa a la esquizofrenia neoliberal de la “calidad” y la “competitividad”. La doña, que recurre a los oficios de los capos elbistas, quiere destruir a golpes de ilegalidades ese novedoso experimento disonante del consenso, el cual trata de recuperar la opción de la libre cátedra para los excluidos de la educación pública y privada. La ñora me recuerda al social-neoliberal Ricardo Lagos, expresidente chileno, quien dijo en 2001: “a lo mejor ser socialista hoy es garantizar que usted puede llegar a ser Bill Gates porque tiene un sistema de educación que le permite desarrollar determinadas habilidades. El conocimiento y la educación pasan a ser más importantes que los medios de producción de los que hablaba Marx, o que la propiedad de la tierra, que establecía la diferencia entre ricos y pobres hace 300 años”.
Toda cambio en el orden establecido genera descontentos. Un régimen democrático resuelve los conflictos a través de la negociación. Uno despótico, los aplasta para imponer sus contrarreformas. En nuestra “democracia” bárbara, con la policía militarizada, el rector Juan Ramón de la Fuente solucionó el conflicto estudiantil que se oponía al principio del fin de la gratuidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, fallido intento iniciado por Francisco Barnés de Castro. Fausto Vallejo, el cacique gobernador priísta de Michoacán, acudió al diazordacismo y soltó a la jauría estatal y federal en contra de los normalistas de la entidad. Los peñanietistas buscan amedrentar al movimiento Yo Soy 132. Doña Perpetua mantiene a raya a la disidencia magisterial. La doña de la UACM no escatima en sus abusos, solapada por Marcelo Ebrard.
No es sorpresivo que el perfil de la contrarreforma agravara la crisis educativa y la barbarización social, proceso acelerado por el analfabetismo de los medios de telecomunicación y el oscurantismo religioso. La elección de sus operadores panistas garantizaba el desastre. José Ángel Córdova, Alonso Lujambio, Josefina Vázquez y Reyes Tamez eran expertos en otros negocios. Ana Aceves, directora de evaluación de políticas de la Secretaría de Educación Pública, lo es en la venta de joyas.
Pese a ello, reportan resultados alentadores según las metas esperadas. La privatización educativa avanza significativamente. En 1980 el gasto público representaba el 93 por ciento del gasto nacional en educación (del nivel preescolar a los posgrados) y cubría al 89 por ciento de la matrícula total. El privado, que incluye la presencia clerical, el 6.8 y 11 por ciento en cada caso. Para 2012, el público pasa a 78 y 86 por ciento, y el privado a 22 y 13 por ciento. Lo anterior en parte se explica por el castigo presupuestario de la educación oficial, sobre todo en la década de 1980. Entre 1980 y 2012, el gasto estatal real total aumentó 193 por ciento y el privado en 1 mil 005 por ciento. Por educando, el primero sube de 12 mil 525 pesos por año a 23 mil 146, en 85 por ciento. En las escuelas particulares, de 8 mil 27 a 42 mil 561 pesos, en 430 por ciento. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que, “en términos absolutos, la inversión anual por estudiante para todos los niveles educativos [de México] asciende a 2 mil 284 dólares, [equivalente a] una cuarta parte de la media de la OCDE, [que es] de 8 mil 169 dólares. Este nivel es similar al encontrado en otros países de América. El gasto público pasa de 4.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) a 5 por ciento. El privado, de 0.3 por ciento a 1.4 por ciento.
El gasto total educativo pasó de 4.4 por ciento del PIB a 6.4 por ciento, comparable a la media de la OCDE (6.4 por ciento). En Argentina equivale al 7 por ciento y en Estados Unidos al 7.3 por ciento. A Islandia le corresponde la tasa más alta: 7.9 por ciento.
Pero en México hay al menos un par de defectos: 1) el 95 por ciento se destina a sueldos, salarios y prebendas, contra el 80 por ciento de la media de los países más desarrollados del mundo. El resto, en ambos casos se emplea en otras necesidades (infraestructura: edificios, laboratorios, bibliotecas); 2) “los niveles de logro están entre los más bajos en los países de la OCDE”, según ese organismo.
Los resultados son un desastre: del total de los alumnos inscritos en la primaria (más de 14 millones), sólo el 42 por ciento (poco más de 6 millones) llega a la secundaria; el 30 por ciento (poco más de 4 millones) a media superior; el 21 por ciento (3 millones) a la licenciatura, y el 4 por ciento al posgrado (243 mil). Anualmente, decenas de miles son rechazados de la educación media superior y de la licenciatura. La infraestructura pública es ruinosa. Los programas de evaluación (Enlace-Pisa), que comprenden áreas de lectura, matemáticas y ciencias, ubican a México en los peores lugares: el último de la OCDE, que abarca 33 países; y el número 48 entre 65 naciones. De 264 mil 379 docentes que participaron en la reciente primera evaluación universal, 165 mil 566 (62.6 por ciento) requieren una “atención a corto plazo”; 98 mil 836 (37.4 por ciento) la requieren inmediatamente: ¿éstos incluirán a doña Elba y sus secuaces?
La educación ya no asegura bienestar. El 32 por ciento de los desocupados tienen un nivel de educación media y superior, al igual que el 20 por ciento de los subocupados. De los ocupados, el 8 por ciento gana más de 9 mil pesos mensuales.
No obstante, existen analfabetas funcionales con suerte. Por ejemplo, Calderón percibe 147.7 mil pesos mensuales. Peña Nieto ganará un poco más.
La contrarrevolución neoliberal mexicana también hace justicia… A unos cuantos.
*Economista
Fuente: Contralínea 309 / Noviembre 2012
