Si se tratara de las solicitudes para convalidar o exigir más concesiones de los Azcárraga y Salinas Pliego con sus ramales familiares y socios en la complicidad golpista para adueñarse de canales de televisión y frecuencias de la radio, entonces los gobiernos foxista y calderonista, a través de sus secretarios del despacho de Gobernación (Creel, Abascal, Ramírez Acuña, Mouriño y Gómez Mont), de inmediato favorecen esos intereses al borde de monopolios.
Éstos representan y defienden idénticos intereses, sin competencia y amafiados, para amenazar con el golpe mediático, variante del golpe de Estado, al estilo del Mussolini contemporáneo y del magnate futbolero y de los medios de comunicación, Berlusconi.
En cambio, si se trata de peticiones, con la documentación y todos los requisitos para convalidar la operación de radios comunitarias, entonces desde Los Pinos el señor Calderón ordena, en acuerdo con los titulares de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, por ningún motivo darles trámite y decomisarles, pisoteando la libertad de expresión, instalaciones y equipo, como ha sucedido en Sonora, Oaxaca (donde sigue impune el doble homicidio de las periodistas indígenas Felícitas Martínez y Teresa Bautista, entre otros crímenes imputables a los gobernadores), etcétera.
Contra el periodismo de las radios comunitarias, en los últimos dos sexenios existe una abierta, agresiva y represiva serie de actos, apoyados policiacamente, para imponer inquisiciones judiciales y administrativas; para silenciar, como censura previa y sobre la marcha, los únicos medios de comunicación en las comunidades indígenas.
Éstas, a pesar del largo artículo 2 de la ley fundamental, son tratadas como judíos por un gobierno federal en complicidad con los estatales y municipales, muy semejante al nazi, en vías de exterminar a los pueblos indígenas, empezando por impedirles el ejercicio de sus mínimos derechos humanos y garantías.
En el cierre de radios comunitarias ha participado la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) –Osuna, Gil Elorduy, etcétera– y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entonces con Luis Téllez y ahora con Molinar Horcasitas, apadrinados por Gómez Mont (señalado como quien mantiene “secuestrados” los expedientes de solicitantes de una autorización, para impedirles ejercer la libertad de expresión a través de sus frecuencias radiofónicas).
En Monterrey, informa la reportera Andrea Becerril (La Jornada, 15 de marzo de 2009), asaltaron la radio comunitaria Tierra y Libertad cuando transmitía un programa infantil, para, violentamente, cerrar sus instalaciones, fincando responsabilidades penales a sus operadores. En Guerrero, Chiapas y Oaxaca Cofetel-SCT-Gobernación, con brutalidad policiaca, cerraron radios de varias comunidades.
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Carlos Sotelo, declaró que el “gobierno federal ha lanzado una embestida contra radios comunitarias y sociales, muchas de ellas indígenas, que no sólo incluye la clausura violenta de las instalaciones y el decomiso del equipo, sino el ejercicio de la acción penal contra sus representantes”.
La cuestión es el ataque violento del gobierno calderonista contra la libertad de expresión; pues sólo las radios comunitarias mantienen informada a la población que carece de medios de comunicación al servicio de sus intereses. Y ese periodismo oral les permite contar con una comunicación informativa, cultural y de muchos otros servicios. Pero el gobierno federal insiste en impedir que la libertad de expresión sea un ejercicio pleno de los pueblos indígenas.
