El reproche y la crítica por su incapacidad para gobernar desde la silla presidencial que hizo el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, corresponde a los dos últimos jefes máximos de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por una sencilla razón: ambos, como presidentes, fueron incapaces de que las corporaciones policiales y órganos de inteligencia civiles cumplieran con su trabajo para hacerle frente al crimen organizado y, en contrario, policías y civiles se aliaron al narcotráfico a cambio de millonarios sobornos que los supeditaron a la estructura de mando de los distintos cárteles de la droga. Se convirtieron en “socios”.
Por esa terrible realidad enmarcada en la corrupción de jefes policiacos, mandos de órganos de inteligencia y hasta procuradores, Peña y Calderón echaron mano indiscriminada de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) sin importar que, con ello, violaran la Constitución Política y todas las leyes y reglamentos que impiden a militares hacer trabajo de policías y mucho menos de investigadores y ministerios públicos (como lo aceptó el presidente Peña Nieto en su discurso de defensa al Ejército), a fin de hacerle frente a lo que se ha convertido en la principal amenaza a la seguridad nacional del país, según revela el último informe de la Agenda Nacional de Riesgos, revelado por Contralínea hace varios meses.
Pero el problema no es solamente que se corrompieran mandos y cuerpos policiales completos para aliarse con el narcotráfico, sino la gravedad mayor son los miles de millones de pesos de recursos públicos que tanto el gobierno de Calderón –a través de su “superpolicía” Genaro García Luna– como el de Peña Nieto destinaron durante los últimos 10 años a “modernizar las fuerzas de seguridad pública”. Al no dar resultado alguno esto es un delito de peculado (desvío de recursos públicos). A ello se suman los onerosos sueldos de mandos superiores policiacos, más las prestaciones, seguros y cuantiosos bonos.
Todo ese dinero que tanta falta le hace al país se fue a la basura, porque todas esas corporaciones responsables de combatir al narcotráfico no hicieron su trabajo y sólo son cómplices de él, por lo que con tantos recursos debieron ser renovadas y si no funcionan hay que desaparecerlas. El Ejecutivo sigue ejerciendo grandes fortunas del erario para el sostenimiento de las policías federales sin justificación alguna, porque ahora son el Ejército y la Marina las que hacen esa tarea.
Así que cuando el general Cienfuegos se queja del trabajo de policía que le han obligado a hacer desde la Presidencia de la República es porque éste conlleva tres problemas: que la corrupción alcance a mandos y penetre la estructura militar, como ya ocurre; que los soldados violen constantemente la Constitución y otras leyes por realizar un trabajo que no les corresponde y para el cual no han sido entrenados, lo que los enfrenta constantemente a violaciones de derechos humanos; y que toda la crítica y enojo del general Cienfuegos es en contra de su jefe que despacha en Los Pinos, porque es allí en donde se ha decidido continuar con la misma política de violar las leyes al mantener a los soldados en las calles para convertir al país en una guerra sin fin, con afectación para toda la población.
Lo peor del caso es que ni policías ni militares lograron en 10 años disminuir la violencia en el país, la cual ya suma más de 100 mil asesinatos y más de 30 mil desaparecidos, de acuerdo con cifras oficiales, y según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) el crimen organizado se mantiene en primer lugar como el principal riesgo a la nación, entonces de qué han servido tantos recursos financieros despilfarrados y tantas víctimas si el problema no sólo no ha sido disminuido sino que se ha incrementado en la actual administración.
Ha llegado el momento de dar marcha atrás a esta política militarista de la seguridad interna que privilegia las armas y pensar en nuevas estrategias que permitan una solución real que los últimos dos gobiernos no han logrado.
Cuando veo a Cienfuegos pidiendo clemencia con las manos apuntando al cielo para que su jefe Peña Nieto deje que los militares regresen a los cuarteles, me parece pertinente que el primer mandatario le tome la palabra y al mismo tiempo reduzca el presupuesto destinado a la compra de armas, equipo y tecnología, y ese dinero sea destinado a crear más empleos y a los distintos programas sociales en beneficio de la población.
Por el contrario, el general Cienfuegos exigió al Congreso que apruebe un nuevo reglamento que saque a las Fuerzas Armadas de la ilegalidad y les permita actuar en su papel improvisado de policías y los convierta en guardianes de la seguridad interna con todos los derechos. Esto conlleva el riesgo de que se sigan atropellando los derechos humanos de los ciudadanos, porque quién puede asegurar que sólo con un marco legal los militares modificarán su conducta y podrán realizar una labor eficaz cuando nunca han sido entrenados ni capacitados para ello, como bien lo reconoce el secretario de la Defensa.
El alegato del general Cienfuegos busca primero proteger a su tropa para evitar que enfrente más acusaciones por violaciones a los derechos fundamentales y pide legalizar la militarización del país, como si esto fuera la solución a la grave situación de violencia en el país, pues en lugar de ello se corre el riesgo de que estas decenas de miles de soldados ya no vuelvan jamás a sus cuarteles y se recrudezca la violación de las garantías constitucionales de los mexicanos.
Con la orden que dio Peña Nieto a los grupos parlamentarios que responden a las órdenes de Los Pinos, de inmediato armarán sesiones extraordinarias para la nueva reglamentación que le dé rienda suelta a los militares para allanar domicilios, intervenir llamadas y detener a sospechosos que crucen la calle.
Ahora resulta que ante la incapacidad del gobierno federal por eliminar la corrupción de cuerpos policiales y de obligarlos a que hagan su trabajo, se torcerán la Constitución y las leyes en la materia para darles verdadera impunidad a los soldados en las calles.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
Contralínea 520 / del 01 al 07 de Enero 2017
