A Aurelio Nuño Mayer se le recordará como el secretario que –al desconocer la realidad de las mayorías y negarse sistemáticamente al diálogo con los disidentes a la reforma educativa– generó uno de los peores conflictos magisteriales, y no como el reformador que ha creído ser, en su corto paso por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Quien está al frente del sistema educativo debería saber que la política en esta materia debe privilegiar a los más necesitados. Lejos de ello, Nuño Mayer ha contribuido a que esa política se siga fincando en principios neoliberales a favor de los intereses del sector empresarial y, por tanto, en contra del derecho humano a la educación.
El maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford, Inglaterra, parece desconocer incluso que el problema del analfabetismo en México afecta a 30 millones de personas mayores de 15 años de edad. De éstas, 4.4 millones no saben leer ni escribir, 9.5 millones no han terminado la educación primaria y 16 millones no concluyeron la secundaria.
Quizá también ignora que el 37 por ciento de la población de 3 a 5 años de edad no asiste a la escuela, según refiere la Encuesta intercensal 2015 del cuestionado Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Otro dato alarmante es que el 4 por ciento de mexicanos de 6 a 14 años tampoco van al colegio y, por ello, estarán condenados a engrosar las filas de analfabetas.
Respecto de esa última población, la Encuesta indica que el peor rezago se localiza en Chiapas, donde siete de cada 100 niños y niñas no reciben educación; le siguen Chihuahua, donde seis de cada 100 no van a la escuela; y Oaxaca, donde 5.4 de cada 100 están excluidos del sistema educativo.
Pero Nuño Mayer parece preocuparse más por lo que piensan de él los empresarios que por iniciar una campaña para erradicar el analfabetismo en el país. Por ello se conduce como policía –amenazando a los maestros y maestras que luchan por la gratuidad de la educación y el respeto a sus derechos laborales– y no como secretario de Educación.
Alguno de sus asesores debería decirle que el analfabetismo es el verdadero problema del sistema educativo, y no cuántos maestros y maestras pueden ser corridos de sus puestos de trabajo y cómo generar economías en la SEP con esta política de terrorismo laboral.
En este contexto de represión, las autoridades no sólo han olvidado atender a esa población vulnerable que no tiene acceso a la educación, sino que incluso generan carencias para quienes sí asisten a las escuelas públicas.
Muestra de ello son los reiterados subejercicios del erario en los que incurre la dependencia. Tan sólo en el primer trimestre de 2016, éstos ascendían a 56 millones de pesos, indica el reporte “Saldos de los subejercicios presupuestarios”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lamentablemente, los subejercicios no son nuevos. La Auditoría Superior de la Federación revela que, en 2014, la SEP devolvió a la Tesorería federal más de 3 mil 200 millones de pesos que, irresponsablemente, dejó de ejercer.
El monto se contabilizó como “reintegros presupuestarios del Ramo 11”, con base en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece: “Los poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias y entidades […] que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos […], deberán reintegrarlos a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio”.
De acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento 14-0-11100-02-0090, los reintegros presupuestarios efectuados por la SEP en 2014 ascendieron a 3 mil 206 millones 846.6 mil pesos. Aunque esta cifra fue disminuida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda en 8 millones 318.6 mil pesos, apunta el informe de fiscalización.
Ello evidencia que los subejercicios superaron los 3 mil 200 millones, aunque el monto podría ser mayor. Y es que del mismo reporte de auditoría se desprende que “en su balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014, la SEP reportó un saldo de reintegros presupuestarios de 4 mil 62 millones 445.6 mil pesos, monto confirmado y validado por la Unidad de Contabilidad Gubernamental mediante el acta del 13 de marzo de 2015”.
Además, señala: “Es conveniente comentar que, en 2014, el Ramo 11 Educación Pública realizó reintegros presupuestarios de años anteriores en el sistema de REFAS [reintegros de ejercicios fiscales anteriores], sin referencia de las CLC [cuentas por liquidar certificadas] que dieron origen a los reintegros por 1 mil 915 millones 971 mil pesos, lo cual impidió conocer el objeto del gasto e identificarlo para su regularización, en incumplimiento de las disposiciones legales”.
El desaseo en el registro de estos montos es tal, que ninguno de los tres involucrados (la SEP, Hacienda y la Tesorería) parece saber con exactitud cuánto dinero devolvió la Educación Pública, cuánto recurso dejó de ejercer y en qué áreas.
Cuestionada por la Auditoría Superior, la Subtesorería de Operación –de la Tesorería de la Federación– informó que durante 2014 el Ramo 11 reintegró 3 mil 306 millones 688.6 mil pesos, que se compararon con los registrados por la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo, por 3 mil 296 millones 165.6 mil pesos, y se determinó una diferencia de 10 millones 523 mil pesos.
En cualquier caso, queda claro que los subejercicios ascendieron a más de 3 mil 200 millones de pesos, que se pudieron haber empleado en mejorar la educación pública nacional.
Así, de nada sirve que las autoridades gasten millones de pesos en publicidad para decir que están moviendo a México al reparar 30 mil escuelas a lo largo del país (“30 cada 24 horas”, según afirma el actor contratado por la SEP), cuando por estas negligencias en el ejercicio del gasto, miles de niños y adolescentes –en su mayoría marginados– son afectados cada año.
Nancy Flores
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
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