Sin salidas de emergencia para evadir el tema del  capítulo  laboral que exigen poner sobre la mesa de renegociación los socios comerciales del TLCAN, la comisión de nuestro país sigue negando lo rotundamente cierto: en México los trabajadores devengan uno de los peores salarios del mundo, motivo por el cual millones de mexicanos vieron pulverizarse, desde hace tres décadas, su poder adquisitivo, cayendo al rango de la marginación, muy alejados de los estándares de vida de obreros y agricultores de Canadá y Estados Unidos.

En uno de los escenarios más aberrantes e inauditos, funcionarios, dirigentes empresariales y líderes del decadente corporativismo, evaden abordar un asunto que no puede ser ocultado bajo la alfombra, pues a la vista del mundo entero se asoma el innegable fracaso del modelo económico neoliberal que ha conducido a  nuestro país a la categoría de un “paraíso laboral” o un “dumping humano”.

A 23 años de la entrada en vigor del acuerdo comercial, la tecnocracia se empecina en no escuchar las voces de quienes por generaciones han visto cancelados su futuro y proyecto de vida; 5 millones de trabajadores del campo fueron expulsados a Estados Unidos por la quiebra del agro y millones más han heredado a sus hijos y nietos una vida de carencias y miserias por la tesis de la contención salarial empleada desde el sexenio de Miguel de la Madrid para pretextar el combate a la inflación.

Todo este capital humano echado al vacío no cuenta para los negociadores que están dispuestos a entregar el futuro de las generaciones venideras a cambio de que el gobierno norteamericano de Trump les otorgue su aval para ganar en las elecciones del próximo año y continuar en el poder con su modelo de desmantelamiento nacional, a través de las reformas estructurales.

Organizaciones sociales y campesinas, catedráticos y sindicatos independientes han exigido al gobierno escuchar sus puntos de vista para rectificar los fracasos, pero como en el pasado ha sido un diálogo de sordos que ahora se ha hecho extensivo a los representantes comerciales de los países socios, lo que ha motivado diplomáticas y firmes reconvenciones, colocando  en penosas e incómodas evidencias a funcionarios del más alto nivel que se han salido por la tangente ante la imposibilidad de explicar cómo es que México siendo un país de aparente desarrollo económico tiene una posición  interna contraria al desarrollo social.

No solo Donald Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau han resaltado el tema de los bajos sueldos en México; líderes como Jerry Dias, representante de la organización gremial más importante de Canadá, han  cuestionado sin ambages a los gobiernos mexicanos por la contención de los aumentos salariales, asunto toral en las negociaciones.

Las palabras del dirigente seguramente causaron escozor en la clase política mexicana cuando señaló al diario El País sobre la posición gubernamental en materia de salarios: “De alguna manera tiene que mantener a sus ciudadanos en la pobreza para generar empleos. Es un sinsentido y es indignante. No entiendo el argumento de que tenga que oprimir a sus ciudadanos para estar mejor”.

Permanecer en el TLCAN le ha generado a México una clase trabajadora empobrecida que ha beneficiado únicamente a empresarios extranjeros y nacionales por la vía de los ahorros obtenidos en el pago de exiguos salarios.

Ante la falta de argumentos para defender un acuerdo que en nada ha beneficiado a las mayorías, los negociadores mexicanos no tienen otra opción que tratar de ignorar el problema. En todos estos años nuestro país no ha logrado consolidar una economía realmente competitiva con sus socios comerciales, conformándose con migajas y hasta la cesión de su soberanía alimentaria.

De nada ha valido a los negociadores adoptar una posición de franca docilidad  ante el gobierno de Trump; la comisión norteamericana ha terminado por aprovechar tal situación para imponer sus propias condiciones con la idea de  una renegociación periódica cada cuatro años y la obligación de nuestro país a aumentar sus importaciones de bienes y servicios con Estados Unidos y la eliminación del capítulo 19 para violar el acuerdo de manera unilateral cuando así convenga a los intereses del país vecino.

Bajo cualquier ángulo, México lleva todas las de perder con la aparente “modernización” del tratado. Preocupante además que en el Congreso la partidocracia esté más preocupada por defender los recursos para sus campañas electorales del próximo año que en exigir a las autoridades una posición más firmes en la defensa de los intereses nacionales en la mesa de las negociaciones del TLCAN.

Los diversos sectores de la economía, afectados por los saldos negativos del tratado, deben unirse con los trabajadores y los campesinos para emplazar a las autoridades a que el acuerdo comercial no se firme sino hasta después de las elecciones del próximo año.

No puede cancelarse en definitiva la posibilidad de acceder a un nuevo modelo de desarrollo económico que incluya el fortalecimiento de los sectores agropecuario e industrial para crear condiciones que mejoren los salarios y fortalezcan el mercado interno como una vía para resolver la pobreza y la desigualdad que se han arraigado por más de tres décadas en México.

Los mexicanos deben preguntar a nuestros gobernantes: ¿De qué nos sirve un acuerdo que sólo ha generado pobreza y estancamiento económico? Los beneficios directos y tangibles se reflejan en el interés, por ejemplo, de las armadoras estadounidenses para que todo siga igual; es decir, que el “paraíso laboral” de México se mantenga con salarios miserables para obtener ahorros en sus costos de producción por miles de millones de dólares. Y de paso, zanjar el camino a un empresariado nacional empecinado, al igual que los tecnócratas, en mantener la cultura de los magros salarios que ni siquiera son de rango mínimo, sino ínfimo, comparados con los de nuestros socios comerciales.

La dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alardea con plantear a las autoridades, vía la inservible Comisión Nacional de Salarios Mínimos, un aumento a los salarios de 15.20 pesos diarios, para que el mínimo pase de 80.04 a 95.24, como si con ello se resarciera el poder adquisitivo menguado en décadas. De acuerdo con la benevolencia empresarial y en el marco de la negociación del TLCAN, tal mini incremento permitirá a México ya no tener los peores estipendios entre los miembros de la OCDE. Esto, por supuesto, suena a una broma de muy mal gusto.

En tal sentido, no debe perderse de vista en el cercano contexto político, el papel que muchos de los aspirantes y partidos han jugado en el proceso de la desventajosa renegociación, para que a la hora de lanzarse, como ya es costumbre, a la búsqueda del voto con su demagogia a cuestas, no le salgan a los agraviados electores con sus  reciclados y huecos discursos nacionalistas, porque lo que menos les ha importado en estos años ha sido la defensa de los intereses de la nación y de las mayorías. Deberán aceptar el costo de su irresponsabilidad en las urnas.

Martín Esparza Flores