Torcer la ley en favor de los ricos

Algo está mal en materia de justicia cuando las prisiones están llenas de gente pobre. Los ricos podrán decir que por su condición económica no tienen necesidad de robar, defraudar o desviar recursos públicos, lo cual nadie les cree, pues muchas de esas fortunas las han acumulado de manera ilícita y viven impunemente. Algunos otros consideran que quien tiene dinero puede pagar costosos despachos de abogados que siempre encuentran alguna razón legal o algún juez o magistrado corrupto dispuesto a vender la justicia al mejor postor. Esta versión es la más real y verificada por todos aquellos que hayan tenido que enfrentar algún proceso legal.

Sea una u otra cosa, dónde están entonces los defraudadores financieros, los lavadores de dinero, los que se han enriquecido ilícitamente a costa del erario, los grandes evasores fiscales, los que obtienen contratos de gobierno a cambio de sobornos, los especuladores, los que desvían o roban recursos del Estado. Todos éstos que han saqueado al país y han robado las arcas públicas están libres y, como si fueran fantasmas, nadie se atreve a tocarlos y hasta sirven de ejemplo para muchos que quieren ser como ellos.

Toda esa corrupción montada en la impunidad y en la injusticia (de cada 100 delitos sólo se investiga y resuelve menos del 10 por ciento) parece no importarle al Poder Judicial, en donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, nada hace para evitar que en cada juzgado, en cada tribunal y en cada sala donde debe impartirse justicia, lo que menos haya sea eso y si vendan desde 500 o 1 mil pesos las copias de expedientes, hasta 1 millón de dólares o más para torcer la ley y obtener un fallo judicial favorable a los hombres del dinero. Hasta ahora no conozco a alguna persona que tuviera que padecer algún juicio y no le hayan pedido dinero para algún miembro del Poder Judicial.

Además, el ministro Aguilar Morales también es presidente del Consejo de la Judicatura Federal, es decir es juez y parte y de esto nadie dice algo, y por lo tanto responsable de que haya una buena impartición de justicia y de vigilar y sancionar a quienes se involucren en actos de corrupción por vender la ley. No hay juzgado en donde las anomalías no estén presentes y la impunidad sea la moneda de cambio.

Por esas razones las cárceles sólo están llenas de pobres, y cuando por excepción algún hombre del dinero tiene que pisar la prisión –más por una presión social que por la impartición de una justicia pronta y expedita–, de inmediato se echa a andar la maquinaria de la corrupción e impunidad para ponerlo en la calle. Esto es lo que en los últimos días ha sucedido con el caso Oceanografía y del cual la prensa ha difundido profusamente. Resulta que el empresario Amado Yáñez, dueño de esa empresa dedicada a dar servicio a la quebrada Petróleos Mexicanos, es procesado por diversos delitos como fraude y evasión fiscal entre otros, lo que lo llevó a prisión desde hace poco más de 1 año, y desde allí ha empezado a ganar amparos y procesos que podrían permitirle muy pronto evadir la cárcel y quedar en la calle, a pesar de las muchas anomalías que confirman cómo este empresario se enriqueció brutalmente corrompiendo todo lo que tocaba, incluidos por supuestos funcionarios de Pemex y miembros del Poder Judicial.

Lo mismo sucede con el socio principal de Yáñez, Martín Díaz Álvarez –pariente de quien fuera secretario de Hacienda en el sexenio panista de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz–, quien además de andar prófugo para evitar ser detenido por las autoridades mexicanas, desde su escondite ha empezado a ganar amparos gracias a los “buenos oficios” de miembros de un tribunal federal con sede en la Ciudad de México, el cual en los últimos días concedió dos amparos para accionistas de Oceanografía.

Uno de esos amparos otorgado la semana pasada fue en favor de Martín Díaz y es tan importante para él que cancela definitivamente la orden de aprehensión en su contra por el desfalco de más de 5 mil millones de pesos que cometió Oceanografía en perjuicio de Banamex, al utilizar documentos apócrifos de Pemex para obtener créditos que nunca pagó.

Otro amparo que los principales socios de la corrupta naviera Oceanografía han empezado a ganar fue en favor de los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, mediante el cual recuperan el control de un fideicomiso de varios millones de dólares abierto en el banco alemán Deutsche Bank, como bien reportó en el periódico La Jornada el reportero Alfredo Méndez.

La nota en cuestión añade que con ese amparo el Poder Judicial ordena a la Procuraduría General de la República “descongelar varias cuentas bancarias aseguradas en julio de 2014 a los hermanos Rodríguez Borgio, quienes son investigados junto con Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, por presunto lavado de dinero”, escribió el reportero.

Antes, en marzo, otro tribunal federal diligente había resuelto que el Servicio de Administración Tributaria quedaba imposibilitado para cobrar la deuda fiscal más cuantiosa hasta ahora exigida por el fisco de casi 18 mil millones de pesos en contra de Oceanografía.

Y así paso a paso la naviera que sustentó su fortuna en negocios irregulares con Pemex y en financiamientos obtenidos de manera ilegal con bancos privados y de gobierno –como Interacciones, Banamex y Bancomext, entre muchos otros– está logrando eludir la acciones de una justicia mexicana cómplice e ineficaz que cada día aparece más desgastada, vacilante y dispuesta a obtener cualquier prebenda para dejarse comprar por el mejor postor, sin que autoridad alguna pueda hacer algo para cambiarla.