México vivió en 2017 uno de los años más violentos con el mayor número de homicidios en las últimas dos décadas, y en la mayoría de estas muertes se dispararon armas fabricadas en Estados Unidos o provenientes de ese país.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) reflejan que el asesinato con arma de fuego creció de forma preocupante.

Si el promedio de comisión de homicidios con armas de fuego en 1997 fue de 15 por ciento, en 2007 el porcentaje subió a 39 por ciento. Sin embargo, el promedio en 2016 fue de 61 por ciento y en 2017 superó el 66 por ciento.

Según estadísticas oficiales, el uso de armas de fuego durante los robos violentos también creció en México. En 2005, el 58 por ciento de los robos se cometieron con armas de fuego, pero en 2017 esa cifra aumentó a 68 por ciento.

El candidato presidencial José Antonio Meade, abanderado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI, en el gobierno), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, subrayó que detrás de los altos índices de violencia está también el tráfico de armas que llega a manos de los grupos criminales.

En reciente encuentro con corresponsales extranjeros acreditados aquí, Meade dijo que en el país hay entre un millón y 500 mil armas de fuego. Buena parte integra el arsenal de los cárteles de la droga que se disputan los mercados y rutas de suministro a tiro limpio.

Para el candidato de gobierno a los comicios del 1 de julio, se ha hecho mucho énfasis y destinado incontables recursos al combate del narcotráfico, pero subrayó la necesidad de blindar las aduanas ante el ingreso de armamento desde el vecino norteño, el principal productor mundial, en un trasiego que algunos sitúan en unas 200 mil armas anualmente.

Para el Center for American Progress (CAP), centro de estudios estadunidense, las consecuencias del tráfico de armamentos desde Estados Unidos a México han sido “devastadoras”.

De acuerdo con un informe del CAP, de las 106 mil armas de fuego recuperadas en investigaciones criminales en México entre 2011 y 2016, el 70 por ciento habían sido originalmente compradas legalmente en Estados Unidos.

Resultan datos del buró estadunidense de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), pero solo representan una fracción del total de armamentos que ingresan por la frontera norte mexicana.

“Las organizaciones criminales en México usan armas de fuego para las brutales guerras contra grupos criminales rivales y agencias del gobierno, así como para extorsionar a la población civil. Muchas de las armas usadas por estos grupos tienen su origen en Estados Unidos”, señala el CAP.

Los cárteles de la droga prefieren los rifles tipo AK-47 o AR-17, de gran versatilidad y poder de fuego que son convertidos fácilmente en armas automáticas de asalto.

La mayoría de ese tipo de armamento incautado en México tenía origen en tres estados fronterizos de Estados Unidos: Texas, California y Arizona.

En ello inciden las laxas leyes sobre el control y venta de armas en territorio estadunidense, que contrastan con legislaciones mexicanas más restrictivas, pero socavadas por la porosidad en la frontera y las ganancias que depara el contrabando ilegal.

“Los traficantes se aprovechan de la compra de armas en Estados Unidos, a un costo relativamente bajo, antes de traficar estas armas a países vecinos para una reventa con un beneficio sustancial, creando un riesgo significativo para la seguridad pública de estos países en el proceso”.

Así lo suscribe el informe del CAP titulado “Más allá de nuestras fronteras: cuánto contribuyen las débiles leyes de EE.UU. a la violencia en el extranjero”.

“Estados Unidos tiene la obligación moral de mitigar su participación en el incremento de la violencia letal en el extranjero”, comentó al respecto Chelsea Parsons, coautora del reporte.

“Aunque existen muchos factores exclusivos de cada nación que afectan las tasas de delitos violentos, Estados Unidos podría hacer más para reducir los riesgos que plantean las armas de fuego estadunidenses que cruzan la frontera y se usan para perpetrar delitos en los países cercanos”, sostuvo el diario El Universal.

Pero de ello no habla el presidente Donald Trump, quien desde su campaña electoral advertía de las amenazas contra Estados Unidos, sobre todo reservando la responsabilidad hacia terceros países, en particular México.

Son recurrentes las declaraciones y mensajes en las redes sociales de Trump al respecto. Entre los más recientes suscribió que el gobierno mexicano no hace lo que debe para impedir el ingreso de drogas a su país. Y sentenció: “millones de adictos y muriendo”.

Ello mereció una riposta del canciller mexicano, Luis Videgaray, quien a su vez suscribió: el tráfico ilegal de drogas es una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos, y nuestra cooperación se guía por este principio. Sólo trabajando juntos sobre la oferta y la demanda podemos terminar con el flujo ilegal de drogas, dinero y armas entre nuestros países.

Orlando Oramas León/Prensa Latina

[OPINIÓN]