De los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo, 53 son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); 37 de éstos en coalición con el Partido Nueva Alianza (Panal). En el palacio de gobierno de la capital despacha el priista Francisco Olvera Ruiz.
Nada cambiará. El próximo 3 de julio los hidalguenses elegirán a sus nuevos presidentes municipales, síndicos y regidores. La hegemonía priista se consolidará en el estado que debe su nombre a Miguel Hidalgo y Costilla, vaticinan especialistas.
En la contienda electoral de 2005, la oposición se apoderó de 46 ayuntamientos: 24, el Partido de la Revolución Democrática (PRD); 18, el Partido Acción Nacional (PAN); dos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y dos, el Partido del Trabajo (PT). En los comicios por la gubernatura estatal, celebrados en 2010, la diferencia entre las fórmulas Alianza Unidos Contigo (PRI-Panal-PVEM) e Hidalgo Nos Une (PAN-PRD-Convergencia) fue de apenas el 5.29 por ciento del total de los votos validados.
Hoy sólo 31 de los municipios están en manos de la oposición: 14, del PRD; nueve, del PAN; seis, del PVEM (que ganó sin aliarse con el PRI); uno, del PT, y uno, de Convergencia.
Además, para el proceso electoral en curso, el PRI registró planillas en los 84 municipios; en 23 de éstos en coalición con el Panal y el PVEM. En cambio, el PRD y el PAN sólo registraron 32 y 30 planillas, respectivamente; a través de la fórmula Hidalgo Nos Une, ambos partidos obtuvieron 49 registros más. Por su parte, Convergencia carece de representación en 38 ayuntamientos, el PVEM y el PT en 36, y el Panal en 15.
La clave del priismo es su histórica pero vigente maquinaria clientelar, corporativa y populista, aseguran Aidé Hernández García y Josefina Hernández Téllez, profesoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tal maquinaria, explican, moviliza desde los sectores gubernamentales hasta los medios de comunicación, con “sus formas sutiles de imposición”.
De las entrevistas a 400 ciudadanos, previo las elecciones de julio de 2010, las investigadoras concluyen que votar por el PRI en Hidalgo “no es opcional”. La tradición, las despensas o apoyos económicos y la necesidad de conservar su empleo llevan a los hidalguense a optar por el partido más longevo del país.
Funcionarios que se sirven de líderes locales para repartir despensas; doctores que dan consultas gratis o las presentaciones de la cantante Gloria Trevi en las explanadas de las colonias populares son escenas preelectorales comunes en Hidalgo. “Ya no creo en los partidos políticos; prefiero votar por quien me ofrece más”, es también afirmación común, principalmente entre los electores de los sectores marginados.
En la antesala de las elecciones presidenciales de 2012, el PRI hace todo por conservar Hidalgo como bastión. Además, las condiciones le favorecen: tiene las instituciones, los recursos e incluso los medios de comunicación, asegura Hernández García, maestra en ciencia política y autora de los artículos “Elecciones municipales, un estudio de caso: Pachuca de Soto”; “Las elecciones 2010 en Hidalgo y la cobertura de los medios en el proceso electoral”; y “La cultura política de los hidalguenses”.
Asimismo, los partidos de oposición fuertes tampoco representan “tanta competencia”. El PRD, invisible y fragmentado; el PAN, con una división interna que le impide consolidarse. En este panorama, la mayor contienda del tricolor es con el abstencionismo, que en los comicios electorales de 2008 y 2010 alcanzó el 62.6 y el 51.8 por ciento, respectivamente.
Hernández García y Hernández Téllez refieren la improbable reducción de este fenómeno. Para la primera, síntoma de desilusión y enojo; para la segunda, del desencanto pero también de la ignorancia de la población: “Sentir que no importa lo que hagamos como sociedad, si al final de cuentas las cosas no cambian”.
De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) –con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENEO)–, de 2009 al primer trimestre de 2011, en promedio, para 11 de cada 100 hidalguenses resultó imposible comprar su canasta alimentaria únicamente con su ingreso laboral.
El Coneval muestra asimismo, basado en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que en 2010 Hidalgo osciló entre los lugares nueve y 13 en pobreza, respecto de las 32 entidades federativas que integran el país.
El estado cuya capital es Pachuca ocupó el noveno lugar en carencias de servicios básicos en la vivienda (agua entubada, drenaje y/o energía eléctrica); el 11 en rezago educativo (personas que no cumplen con la obligatoriedad de la educación básica); el 12 en carencias por acceso a los servicios de salud (gente sin adscripción o “derecho” a recibir servicios médicos de alguna institución de seguridad social); y el 13 en carencias en la calidad y espacios de la vivienda (residentes hacinados; pisos de tierra; techos de lámina o de cartón, y/o los muros de barro, bajareque, carrizo, bambú, palma, lámina, asbesto o material de desecho).
A decir de Aidé Hernández, también doctora en ciencias sociales, las plataformas de los candidatos adolecen de propuestas para combatir dichas problemáticas. Mientras los partidos de la oposición se desgastan enfrentándose a un “poderoso”, el PRI se vale de la pobreza para echar a andar su maquinaria. “En un estado tan pobre como Hidalgo, la gente sí se aterra si no ve llegar su kilo de frijol o de arroz”.
Próximamente, la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo presentará el libro La reconfiguración priista en el estado de Hidalgo, que ella coordina. En éste demuestra que no sólo los pobres votan por el partido que este año celebra su 82 aniversario.
Durante su gestión, Miguel Ángel Osorio Chong, gobernador de Hidalgo de abril de 2005 a marzo de 2011, consiguió legitimidad también entre las clases media y alta. “Sí trabajó: hizo un montón de puentes, un montón de construcciones”, fue la impresión que el “hábil” político priista dejó en muchos hidalguenses, asegura Hernández García.
En las campañas electorales se han hecho las mismas promesas de siempre, entre las que destaca el combate a la pobreza. Los partidos políticos no aclararon por qué han fracasado hasta ahora en ese rubro; menos aún, cómo gastan los recursos públicos cuando ejercen el poder.
Ello, quizá, porque no siempre lo hacen legalmente. Respecto del ejercicio fiscal 2009, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo acusa que los gobiernos de los 84 municipios hidalguenses no solventaron un total de 377 millones 940 mil 223 pesos provenientes de sus ingresos propios, del Fondo Único de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Compensación y del Fondo de Fiscalización.
De acuerdo con el Informe de la revisión de la Cuenta Pública 2009, elaborado por esa institución, el 42.93 por ciento de estos recursos corresponden a las administraciones del PRI-Panal; el 21.5 a las del PRI; el 15.2 a las del PAN; el 14.8 a las del PRD; el 2.94 a las del PVEM; el 1.8 a la del PT, y el 0.8 a la de Convergencia.
Tres de los cinco municipios que más recursos deberán solventar están gobernados por el PRI (uno de éstos en coalición con el Panal); uno por el PVEM y otro por el PAN. Huejutla de Reyes, a cargo del panista Alejandro Nava Soto, es el municipio con el mayor monto por comprobar: 40 millones 575 mil 807 pesos.
El Informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, también muestra irregularidades en el manejo de recursos federales otorgados a tres municipios de Hidalgo, por concepto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
Uno de ellos es Huejutla de Reyes, que reprobó la auditoría del máximo órgano de fiscalización del país. De los 97 millones 534 mil 600 pesos que recibió, 5 millones 588 mil 100 pesos terminaron en convenios formalizados inadecuadamente; 5 millones 976 mil 300 pesos en “obras o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema”; 4 millones 686 mil 600 pesos en acciones que no corresponden al rubro de desarrollo institucional; y 2 millones 807 mil 700 pesos en gastos con “facturas no vigentes”.
La Auditoría Superior de la Federación también falló negativamente respecto de las auditorías que realizó a los municipios de San Felipe Orizatlán, gobernado por el priista Manuel de Jesús Morales Palacios, y de Yahualica a cargo de César Herrera Lara, quien en las elecciones municipales de 2008 representó a la coalición PRI-Panal.
En la primera, el 48.26 por ciento (17 millones 494 mil 900 pesos, de un total de 36 millones 250 mil) se destinó a la expedición de 24 cheques que no fueron contabilizados por el municipio; 3 millones 643 mil 200 pesos a acciones que no beneficiaron los objetivos de este Fondo; 768 mil 700 pesos a “pagos improcedentes o en exceso”. Además, 1 millón 636 mil 900 pesos corresponde a “falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales”.
En la segunda, se presume un subejercicio del 42.8 por ciento del total de los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: 27 millones 702 mil 700 pesos. Incluso, un probable daño o perjuicio a la hacienda pública que, sumado, alcanza los 4 millones 94 mil 671 pesos.
Aún con el cambio de administración, los gobiernos municipales deberán aclarar a los órganos de fiscalización, uno dependiente del Congreso estatal y el otro de la Cámara de Diputados, el destino de estos recursos.
Y sólo 32, de los 329 actuales candidatos a las presidencias municipales, son mujeres (cinco de la coalición PAN-PRD; tres del PT-Convergencia; una del PRI-Panal-PVEM; dos del PT; ocho del Panal; siete del PRI; una del PAN; dos del PRD; una de Convergencia; y dos del PVEM).
Esto, a pesar de que el artículo 5 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo establece que es derecho de los ciudadanos y obligación de los partidos políticos “la igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular”.
Hidalgo, como el resto del país, está lejos de alcanzar la cuota de género, según la cual estas listas deben incluir, por lo menos, un 40 por ciento de mujeres, apunta Josefina Hernández Téllez, doctora en ciencias políticas y sociales y especialista en estudios de la mujer por el Colegio de México.
—En todo el país existe una subrrepresentación de las mujeres en el poder. Hacemos mucho pero estamos en la base; ellos en la cumbre. Hidalgo no es la excepción. La situación de las mujeres sigue siendo menor, sigue siendo minimizada en relación al discurso.
¿Por qué hay pocas mujeres en la política? es el punto de partida de la investigación que Aidé Hernández García –especialista en temas de ciudadanía, cultura política y comportamiento electoral– desarrolla actualmente. La división del trabajo en casa llega también a la política, lo que en muchas ocasiones es asumido también por la propia mujer, considera.
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