⇒ Parte II: Hidroeléctrica privada viola derecho a la consulta
Parte III: La red empresarial
El proyecto hidroeléctrico privado El Naranjal violó el derecho a la consulta de las comunidades de seis municipios veracruzanos, considera el Tribunal Permanente de los Pueblos. Además, las empresas de Guillermo González Guajardo –hijo del empresario Claudio X González– habrían efectuado prácticas coercitivas para hacerse de algunos terrenos, denuncia el Tribunal
Nancy Flores, @nancy_contra/ Monserrat Rojas*, fotografías/ enviadas
Amatlán de los Reyes, Veracruz. En la comunidad Congregación Guadalupe La Patrona no se sabe con exactitud cuántos afectados habrá por la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal. El ejidatario Leonardo García sospecha que será uno, pero no tiene certeza de ello: sus vecinos empezaron a recibir las “visitas” de los representantes de Hidroeléctrica Naranjal, SAPI de CV; pero él, a pesar de tener su tierra en la misma zona, no.
“En realidad, a mí no me han buscado para nada los de la empresa; pero a muchos de los que están por ahí donde yo tengo mi terreno sí los anduvieron viendo los de la hidroeléctrica. Nadie ha vendido”, dice en entrevista para Contralínea.
Amatlán de los Reyes no es el único municipio que será afectado por la hidroeléctrica El Naranjal; también Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Cuichapa y Yanga. El proyecto privado que impulsa el empresario Guillermo González Guajardo (hijo de Claudio X González) –a través de Hidroeléctrica Naranjal, SAPI de CV; Protama, SA de CV, y Agroetanol de Veracruz, S de RL de CV– abarcará una superficie de 93.31 hectáreas.
Contrario a lo que marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo respecto del derecho fundamental de los pueblos a la consulta previa, lo que aquí se sabe de la hidroeléctrica ha sido por investigación propia y de activistas ambientales.
Don Leonardo narra incluso que algunos trabajadores de la compañía privada han hecho estudios y mediciones en los terrenos sin pedir permiso a los ejidatarios. Luego, cuando son descubiertos por los dueños, han mentido sobre sus propósitos reales.
Con engaños y amenazas, desde 2007 los representantes de tres empresas de González Guajardo involucradas en este proyecto –Hidroeléctrica Naranjal, SAPI de CV; Agroetanol de Veracruz, S de RL de CV, y Protama, SA de CV– empezaron a comprar terrenos. Actualmente, la Unión de Propietarios y Comuneros del Valle de Tuxpango calcula que ya fue vendido el 50 por ciento del territorio que requiere la obra.
“Hemos platicado con algunas personas que van a ser afectadas en caso de que este proyecto se lleve a cabo. La principal inconformidad es que no les informaron nada. Ellos se enteran porque ven a personas haciendo estudios; no saben de qué se trata; preguntan, pero no les dicen. Después, gente que representa a la empresa se acerca a varias comunidades a querer comprar tierras, pero no dicen para qué”, explica el defensor de derechos humanos Hugo Guzmán Cuevas, integrante del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo.
Las denuncias que ha recibido el Centro indican que el ingeniero Javier Tobías de la Rosa es quien directamente habló con varias comunidades de proyectos distintos a la hidroeléctrica, para convencer a los ejidatarios de vender sus tierras. La construcción de una cabaña ecológica, una planta trituradora de piedras, un vivero de lirios, una casa de retiro para ancianos son sólo algunos de los falsos proyectos que ofreció.
“La gente se empieza a dar cuenta de que es una persona que está mintiendo, y aumenta la desconfianza. Lo último que nos comentan es que, como ya se sabe para quién trabaja, ahora lo que hace es ofrecer más dinero. Hay gente que tiene mucha necesidad y, me imagino, que nunca ha visto cierta cantidad de dinero junta y pues acepta ceder sus derechos de posesión”, detalla Guzmán Cuevas.
Para don Leonardo, de 66 años de edad, la venta de la tierra es impensable. “El problema es que nos vamos a morir de sed, como ya ha pasado en otros lados con las hidroeléctricas. Una vez que empiecen a hacer sus cortinas, sus desviaciones del Río Blanco, el primer problema durísimo es que nos van a contaminar el agua y ya no vamos a tener nacimiento. Tenemos un río [el Metlac] muy bonito”.
Ante la falta de información y los crecientes rumores del despojo, casi de forma clandestina ejidatarios de varias comunidades que posiblemente serán afectadas formaron un frente de resistencia pacífico al que han llamado el Colectivo. Sus reuniones son para discutir los alcances de la obra, informarse y acordar las acciones que llevarán a cabo en defensa de sus tierras.
“Somos gente humilde, pero cuando ellos se quisieran poner así como rudamente, pienso que no nos vamos a dejar. Con garrotes, con piedras y con lo que sea nos podemos defender. Y de que los correteamos, los correteamos. Yo siempre pienso que mientras se pueda ir caminando noblemente podemos seguir, pero cuando veamos la definitiva, de que ellos se van a poner en un plan muy rudo, pues no los vamos a dejar. Eso es lo que yo he pensado. Quién sabe los demás compañeros”, dice don Leonardo.
—¿A dónde se iría con su familia si se hace lo de la hidroeléctrica?
—Cuando esto sucediera, le digo que a lo que nos iríamos es al pleito, porque aquí la ganamos o la perdemos, pero en la raya.
Exigen frenar proyecto
Las afectaciones que causará la hidroeléctrica privada El Naranjal son de tal magnitud que, a finales de enero pasado, el Tribunal Permanente de los Pueblos exigió la cancelación definitiva del proyecto. Esta institución –de carácter ético, internacional y no gubernamental– examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si han sido violados tales derechos y denuncia públicamente a los autores de dichas violaciones.
En su resolución, apunta que el proyecto El Naranjal se debe frenar “por los altos costos sociales y ambientales que generaría en un territorio indígena y campesino”. También, solicita “sancionar las prácticas de ocultamiento de información, coerción para la venta de tierras y violación al derecho de consulta de una empresa que pretende imponer el interés privado sobre los derechos individuales y colectivos de la población indígena y campesina, con el fin de generar energía eléctrica con fines de lucro”.
El Tribunal exige castigar “el comportamiento al margen de la ley y violaciones a los derechos en los que han incurrido las instituciones del Estado, como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En particular esta última, por la aprobación de la manifestación de impacto ambiental cargada de ambigüedades y omisiones para favorecer la construcción y operación de presas hidroeléctricas por la iniciativa privada, sin que cumplan con la legislación ambiental y agraria ni tengan la anuencia y consenso social”.
Para el activista ambiental Francisco Rojas Palacios, integrante del Grupo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, “los grandes capitales entienden el desarrollo a su modo. Sin embargo, los pueblos entendemos el desarrollo desde otro punto de vista: para nosotros, nuestro crecimiento como pueblo y el tener un sustento económico no necesita de desgastar a los árboles ni contaminar nuestras fuentes de agua; no necesitamos separarnos, marcar una línea de separación entre la humanidad y la naturaleza”.
De construirse, la hidroeléctrica El Naranjal se sumaría a otros proyectos contaminantes de generación de energía que operan en la zona. En Veracruz, hay al menos 10 centrales generadoras (seis hidroeléctricas y cuatro termoeléctricas) y 34 unidades de generación de energía eléctrica (16 hidroeléctricas y 18 termoeléctricas), refieren los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, correspondientes a 2010.
La probabilidad de que el proyecto privado El Naranjal afecte a los 5 mil habitantes de la comunidad Congregación Guadalupe La Patrona es muy alta, indica doña Juanita (como la conocen en la comunidad). Sin embargo, no se tiene certeza de ello porque nadie les consultó ni les informó de los objetivos y afectaciones reales.
“Cuando se empezó a hablar de la hidroeléctrica se hablaba de [la empresa] Agroetanol de Veracruz, que era quien los mandaba. Los compañeros han investigado y la cara nadie la da. Entonces, en quién va uno a confiar. Mandan a gente que se quiere beneficiar de nosotros: ya sabemos que nos quieren hacer una compra por cuartos y las van a vender enteras. Cuánto nos ha costado a nosotros tener esas tierras para nuestros hijos y muy fácil vienen ellos a reposar”.
—¿Y si les ofrecieran más dinero?
—Pues a mí aunque me ofrecieran más dinero no cedería nada, porque tengo seis hijos y 15 nietos; lo que tiene él [su esposo] no alcanza para nada. Dónde los voy a meter. Está bien que cada quien trabaje y todo, pero no hay. Todos trabajamos para nuestros hijos.
(*Integrante de Regeneración Radio)
Infografía:
⇒ Parte II: Hidroeléctrica privada viola derecho a la consulta
Parte III: La red empresarial
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Fuente: Contralínea 327 / marzo 2013
