Sexta y última parte / quinta parte / cuarta parte / tercera parte / → segunda parte / primera parte /
Un número indeterminado de ciudadanos mexicanos es considerado, por sí mismo o por las organizaciones en que participa, actor de una de las “amenazas” a la seguridad del Estado mexicano. Sin saberlo –a veces sin siquiera sospecharlo– activistas, campesinos, colonos, trabajadores, estudiantes, amas de casa, profesionistas, maestros, periodistas, políticos… son objeto de espionaje y acoso por parte de los organismos de inteligencia –civil y militar– del Estado mexicano.
Un presupuesto anual de 73 mil millones de pesos y recursos humanos y materiales de, al menos, tres secretarías de Estado hacen posible un seguimiento puntual de quiénes son considerados por los estrategas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) participantes de las “amenazas” a la seguridad nacional de la República.
Y es que son las propias entidades de seguridad nacional las que determinan cuáles son los intereses, objetivos y aspiraciones nacionales y cuáles las actividades que implican amenazas y riesgos para la nación. El Plan Militar de Defensa Nacional (a cargo de la Sedena) y la Agenda Nacional de Riesgos (a cargo del Cisen) son documentos que se guardan celosamente –“en caja fuerte”, en el caso de la Defensa Nacional–, lejos de la mirada del Congreso de la Unión y más aún, de los medios de comunicación y la sociedad.
Con recursos públicos –que no son auditados– se investiga y se “contienen, neutralizan o desactivan” a los enemigos de la nación, que pueden ser organizaciones estudiantiles, grupos de campesinos que se oponen a una minera, activistas, disidentes políticos e ideológicos del grupo en el poder. Todo, en nombre de la “seguridad nacional”.
En la investigación realizada por Contralínea –que se publica por entregas y de la cual el presente texto es la segunda parte– se da cuenta de la acción de las instituciones del Estado mexicano contra estudiantes del movimiento #Yosoy132, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (de San Salvador Atenco), simpatizantes de la Otra Campaña o la Sexta (movimiento aglutinado en torno a la Sexta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional) y políticos de oposición al régimen en turno.
“Todas esas prácticas de espionaje y acciones contra los ciudadanos no están dentro del marco de la ley”, dice la diputada Lizbeth Rosas Montero, consultada al respecto. La integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional agrega: “la Ley de Seguridad Nacional no autoriza la utilización de las instituciones de seguridad nacional contra los ciudadanos; de hecho, la ley lo prohíbe”.
La también secretaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados reconoce que hoy en día los servicios de inteligencia siguen respondiendo a los intereses del grupo en el poder y no a los de la nación.
“Desafortunadamente las instituciones de inteligencia siguen combatiendo a los grupos que cuestionan al gobierno. Es claro para nosotros que en el momento en el que algún grupo cuestiona las actividades del gobierno se convierte en sujeto de investigaciones por parte de las agencias de seguridad nacional. Y esto es totalmente inaceptable. Al contrario, es totalmente condenable.”
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, sentencia: “las violaciones a los derechos humanos no pueden fundarse de ninguna manera en función de que debe prevalecer como un interés superior la seguridad nacional”.
—La preservación de la seguridad de la nación necesita de servicios de inteligencia secretos –se le advierte.
—No se puede justificar la intromisión a la vida privada de las personas ni la violación a sus derechos humanos bajo el discurso de la seguridad nacional –expone.
“Simple y sencillamente quien utiliza a los aparatos de inteligencia para socavar el derecho a la organización, a disentir, a protestar está actuando fuera de la ley”, considera.
La falta de controles legales sobre los organismos de inteligencia y la ausencia de mecanismos reales de rendición de cuentas han impedido la profesionalización de los servicios de seguridad nacional. Y una condición que debe cumplir todo servicio secreto para que sus actividades no violenten los derechos humanos es, precisamente, el de la profesionalización, a decir de especialistas en seguridad y Fuerzas Armadas.
Para el investigador mexicano Iñigo Guevara y Moyano, maestro en seguridad nacional por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y miembro del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia, “mientras menos política sea una institución [de seguridad nacional], mejor estará estructurada para responder a la protección de los intereses nacionales”.
Sin embargo, a decir del especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, en materia de profesionalización los servicios de inteligencia mexicanos han avanzado muy poco, “y se corre el riesgo de que se retroceda”, porque sigue imperando una “cultura de cadena de favores”.
De acuerdo con el también experto en Fuerzas Armadas y seguridad nacional Jorge Luis Sierra Guzmán, México no ha conseguido transitar “hacia la formación profesional de inteligencia al margen de los cambios sexenales que ocurren en el poder”.
El egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, DC, Estados Unidos, señala que “hay algunas evidencias de que en algunos casos y servicios de inteligencia no se ha actuado conforme a un interés de Estado o de nación, sino a intereses particulares, de fracciones que están en el poder”.
Sierra Guzmán ejemplifica con el caso de los videos dados a conocer públicamente en Televisa sobre el dinero recibido por el político René Bejarano de parte del empresario Carlos Ahumada. Entonces, marzo de 2004, Bejarano era coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y uno de los políticos más cercanos al jefe de gobierno de aquel año, Andrés Manuel López Obrador.
“Te podría hablar, por ejemplo, de cómo funcionarios del Cisen estuvieron presentes en el interrogatorio a Carlos Ahumada, empresario argentino que aparentemente desarrolló un sistema de corrupción de funcionarios locales del PRD en el Distrito Federal con el fin de obtener contratos gubernamentales.
“Y en ese interrogatorio [en el que se diseñó la estrategia de difusión del video] había personal del Cisen y abogados particulares. Al parecer estaba presente un funcionario importante del Partido Acción Nacional [PAN]. Era muy evidente que había detrás un interés político partidista de fracción en el poder.”
Para el especialista, existen claras evidencias de que “aún nos falta mucho por alcanzar en el camino de la profesionalización” de los servicios de inteligencia.
Jorge Luis Sierra explica que la actual situación de las instituciones de seguridad nacional es un problema de sexenios atrás. De hecho, nunca se ha concretado el proceso de profesionalización de los servicios. Entre las causas que el investigador identifica se encuentra la falta de continuidad programática institucional.
“Los cuerpos de inteligencia no han seguido un camino constante. Más bien, ha sido errático y ha dependido de la voluntad de los gobiernos en turno. Una evidencia de eso es que durante el gobierno de Felipe Calderón y, antes, durante el de Vicente Fox, los servicios de inteligencia fueron profundamente transformados. Los líderes de estos servicios eran personas que provenían de otros ramos de la actividad del gobierno o empresarial privada y que no contaban con antecedentes ni preparación suficiente como para poder ejercer un cargo tan importante, con tanta responsabilidad.”
Agrega que, incluso, el actual gobierno de Peña Nieto encontró con que en materia de inteligencia el país estaba “prácticamente en el desastre”. Entre las irregularidades, Sierra Guzmán destaca: “expedientes que no estaban integrados, pistas que habían sido sueltas, personal que no estaba debidamente capacitado… Se encontraron con una especie de desintegración, en la práctica, de los servicios de inteligencia”.
—¿Cómo pueden justificar su existencia servicios de inteligencia que no rinden cuentas, que son ineficaces en la protección del Estado y que se utilizan frecuentemente contra la población?
—Todo Estado requiere de servicios que garanticen su integridad y seguridad. No es que no deban existir en México, sino que deben recorrer un camino hacia su profesionalización. Un camino profesional pudiera ser aquel que va dirigido hacia el cumplimiento de los objetivos nacionales y hacia la formación integral de inteligencia al margen de los cambios sexenales. Eso implicaría tener un plan nacional de décadas en materia de inteligencia, de 30 o 40 años.
Aunque la Ley sí se refiere a las acciones y hechos que se consideran amenazas a la seguridad nacional, no define cuáles son los objetivos nacionales ni las aspiraciones nacionales. Así, cada grupo en el poder, cada sexenio, redefine de manera unilateral cuáles son esos objetivos y esas aspiraciones supuestamente de la nación.
El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional determina que existen 12 tipos de actos que son amenazas a la seguridad nacional. De los objetivos y aspiraciones nacionales, conceptos abundantes en la literatura de seguridad nacional pero escasamente definidos, sólo de manera genérica se dice que derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Contralínea preguntó al Cisen, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (solicitud 0410000016912) cuáles son los ideales que ese órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano considera las aspiraciones nacionales.
Así, el organismo “cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer el estado de derecho” no sabe cuáles son las aspiraciones nacionales.
También se le preguntó cuáles son los intereses nacionales que tutela como dependencia integrante del Sistema de Seguridad Nacional (solicitud 0410000 017012). La respuesta es idéntica: “la solicitud no corresponde al marco de la Ley”. La justificación tampoco cambia una coma.
Sobre cuáles son los objetivos nacionales que identifica (solicitud 0410000017112), el Cisen responde que la información se conoce públicamente y remite al Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012. En el documento no se aclara si los objetivos del programa son los mismos que los objetivos nacionales.
El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el apartado “México en paz”, cita “una serie de objetivos e intereses estratégicos nacionales, tales como la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; la preservación de la unidad de las partes integrantes de la federación; la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y el desarrollo económico, social y político del país como ejes en la preservación de la democracia”.
Contralínea también preguntó a la Sedena cuáles son las aspiraciones nacionales que tutela (solicitud 0000700099812). En su respuesta, la Secretaría de Estado asienta: “son los ideales comunes a todo el pueblo mexicano, que expresan deseos o pretensiones y finalidades a que él mismo aspira y que se van formando paulatinamente en sus habitantes a través de su historia, tradiciones morales y religiosas, composición étnica y social, corrientes ideológicas y problemas económicos. Las aspiraciones son, por lo general, ideales de carácter noble, basados en la moral y que con frecuencia pueden pregonarse, darse a conocer abiertamente”.
En el mismo documento de respuesta, entregado a Contralínea por la Sedena, se enlistan “algunas de las aspiraciones nacionales”: paz, seguridad, libertad, independencia, soberanía, mejoría económica, justicia e igualdad social.
También explica que las aspiraciones nacionales pueden traducirse en los siguientes objetivos nacionales:
“1. Convicción de que la solución pacífica de los conflictos entre las naciones es la única forma legal y aceptable de dirimir querellas, de acuerdo con la moral y prácticas legales internacionales.
“2. Que se observe en la teoría y en la práctica el derecho irrestricto de los pueblos a darse la forma de gobierno que deseen.
“3. La observancia mundial al principio de no intervención en los asuntos internos de un país por otro u otros.
“4. Buscar la elevación del nivel del vida del pueblo sin menoscabo de sus libertades, costumbres, tradiciones y soberanía.”
En respuesta a Contralínea, la Sedena informa también cuáles son los intereses nacionales que identifica. En un documento generado a partir de la solicitud de información 0000700099912, la dependencia que organiza y administra al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana señala:
“Los intereses nacionales son deseos o pretensiones pero no del pueblo en su conjunto sino del gobierno o de ciertos sectores políticos, económicos, religiosos o culturales. Por lo regular se refieren a actividades o inversiones de las que se espera obtener provecho, utilidad o beneficio. Entre los intereses más extendidos por el mundo figuran los mercados de consumo, las fuentes de materias primas, las zonas de seguridad estratégica, protectorados y dominios, las áreas de influencia o hegemonía, etcétera.”
Por su parte, la Semar remite al Programa Sectorial de Marina 2007-2012 para señalar cuáles son los objetivos nacionales. Así, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información presentada por Contralínea (folio 0001300044612), los objetivos de la nación mexicana son:
Desarrollar la capacidad operativa de los buques, aeronaves y unidades terrestres de la Armada de México, para mantener el control y dominio de los mares nacionales; reestructurar el despliegue operativo de los mandos de las regiones, zonas y sectores navales; reorganizar las unidades de Infantería de Marina para aumentar la presencia del personal naval en funciones de policía marítima en la franja costera del país; optimizar las operaciones para la salvaguarda de la vida humana en la mar; optimizar las operaciones para proporcionar auxilio a la población en casos y zonas de desastres, y fortalecer la moral, el profesionalismo y la capacitación del personal naval.
Sobre cuáles son los intereses nacionales, la Semar remite al mismo documento, pero al apartado “Vinculación del Programa Sectorial de Marina 2007-2012 a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y las metas de la Visión 2030”. Es decir, los intereses nacionales serían: proteger los intereses marítimos nacionales; aplicar el estado de derecho en los mares y litorales mexicanos; garantizar la seguridad física de las personas; incrementar la confianza de la población hacia la Semar…
Para responder a la solicitud de información 00 01300045112, en la que Contralínea le solicitó conocer cuáles son los riesgos a la seguridad nacional, la Semar de nueva cuenta remite a un apartado del Programa Sectorial de Marina 2007-2012, “Amenazas en el entorno marítimo”.
Así, los riesgos a la seguridad nacional que observa la Semar son: “el tráfico ilegal de drogas, de indocumentados y de armas; actos de sabotaje de grupos subversivos y la piratería. Además, los que afectan el desarrollo del país, la explotación irracional de los recursos renovables y no renovables, la contaminación del medio ambiente marino y los daños causados por los fenómenos naturales”.
Como puede observarse, en lo único que están de acuerdo las tres dependencias encargadas de la seguridad del Estado mexicano es en el caso de las amenazas a la seguridad nacional, que están definidas en la Ley de Seguridad Nacional. Los riesgos a la seguridad nacional parecen estar definidos por el gobierno en turno. Y los objetivos, intereses y aspiraciones “nacionales” son definidos unilateralmente por cada una de las instituciones. Así diseñan sus políticas y así identifican a los enemigos del Estado mexicano.
En 2007 Contralínea solicitó copia de la Agenda Nacional de Riesgos, que elabora el Cisen. En vez de lo solicitado, el Centro entregó un documento de cinco páginas titulado Nota metodológica para construir agendas de riesgos, en el que se revela que las “reformas estructurales” constituyen uno de sus cuatro “valores tutelados”; además, que entre sus objetivos se encuentra “facilitar” la aprobación de esas reformas.
También revela que entre los “temas” que rigen sus actividades desde el “último lustro” se encuentra la promoción de “cambios en las estructuras organizativas y jurídicas de diversos sectores estratégicos”.
Las “reformas estructurales” promovidas por los gobiernos de Ernesto Zedillo, Fox, Calderón y Peña han sido, principalmente, la energética, laboral, hacendaria o fiscal, de seguridad social y pensiones y educativa.
—¿Entonces la acción de las instituciones de seguridad nacional se realiza contra quienes se oponen a este tipo de reformas? –se le pregunta al antropólogo Gilberto López y Rivas, especialista en seguridad nacional y autonomías de los pueblos indígenas.
—Los servicios de inteligencia en México nunca han funcionado como servicios del Estado. Nunca han defendido los intereses de la nación y del pueblo. Siempre han estado al servicio de los grupos poderosos, incluso de facciones dentro de esos grupos. Y siempre han servido al grupo gobernante para establecer estrecha vigilancia sobre quienes considera subversivos o enemigos del Estado.
El doctor en antropología por la Universidad de Utah, Estados Unidos, y maestro en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, agrega que, incluso, las instituciones de seguridad nacional vigilan a los propios funcionarios en el poder y a los políticos de todos los partidos.
“Hay un seguimiento de la propia clase política; esos datos están dentro de los secretos mejor guardados. Evidentemente no sólo buscan detectar posibles adversarios, sino hacerse de formas de chantaje político y del control de personas incómodas. El Estado vigila y se vigila a sí mismo. Vigila a todos sus hijos y no discrimina a nadie.
—Pero eso no lo contemplan las leyes.
—Ningún órgano de inteligencia de los países llamados democráticos está facultado, según las leyes, para espiar a sus ciudadanos. Se señala que se debe contar con la autorización de un juez y exponer razones fundadas para que se pueda penetrar sus comunicaciones. Pero eso es lo que está en la ley. La verdad, eso se violenta sistemática, permanente y universalmente.
Según la información recabada, la acción de las instituciones de seguridad nacional contra ciudadanos y movimientos sociales –que se irá publicando por entregas– no se limita al seguimiento o la recopilación de información. Los organismos de seguridad y defensa nacionales han buscado infiltrar a las organizaciones para incidir en la toma de decisiones y desmovilizarlas.
López y Rivas no se sorprende. Considera que en México siempre ha sido así, desde la Dirección Federal de Seguridad (antecedente del Cisen) e, incluso, desde antes, con el Servicio Secreto. Sin embargo, destaca que estas acciones violentan las leyes nacionales y los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos.
“Los servicios de inteligencia prácticamente nunca actúan dentro de la ley. La naturaleza misma de los servicios se los permite. Es conocido el modus operandi de los infiltrados que radicaliza los movimientos sociales y luego los criminaliza.”
A decir del investigador, los actuales servicios de inteligencia mexicanos aparentemente violan menos derechos humanos, pero ahora dependen casi totalmente de las agencias estadunidenses.
“Ésa es la otra característica: son proestadunidenses. Habría que preguntarle a los agentes y a los militares encargados de la seguridad nacional de México qué piensan del control de los aeropuertos que ejerce Estados Unidos; y qué de la oficina, instalada en el Distrito Federal, de las agencias de inteligencia de ese país; y qué de esos oficiales que se pasean armados por todo el territorio; y qué de la Iniciativa Mérida que no pasó por el Congreso…”.
Quien también fuera asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los diálogos que sostuvo con el gobierno mexicano en San Andrés Larráizar, Chiapas concluye: “los servicios de inteligencia mexicanos están al servicio de los grupos en el poder, y estos grupos en el poder que hoy gobiernan México han formado, parafraseando a [Carlos] Marx, gobiernos de traición nacional”.
Ilegal, todo espionaje y seguimiento no autorizado por un juez: defensores de derechos humanos
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, reconoce que cada Estado tiene la necesidad de contar con organismos que realicen labores de inteligencia para brindar seguridad a los ciudadanos. Sin embargo, señala que en México las instituciones encargadas de prestar estos servicios se dedican principalmente al espionaje político y social, pues lo que buscan es controlar a la disidencia.
“Se mantienen prácticas muy abusivas y contrarias a los derechos humanos. Por ejemplo, las intervenciones telefónicas sin la autorización de un juez, el seguimiento a personas consideradas peligrosas y la vigilancia constante sin una justificación ni autorización para hacerlo. Todo eso viola los derechos humanos”, considera.
El abogado defensor de derechos humanos Jesús Robles Maloof señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comunicaciones privadas son inviolables.
“No sólo la Constitución interviene en estos casos, también la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en la cual se establece una figura de control”, señala Robles Maloof.
El defensor explica que la ley no sólo se refiere a las escuchas telefónicas, sino a todas las intervenciones que se realizan por medios digitales y las que se desarrollan en recintos, incluso públicos.
Robles Maloof menciona que otro derecho vulnerado por las instituciones encargadas de la seguridad nacional del país es el de la asociación.
“El derecho de asociación brinda a los ciudadanos la capacidad de organizarse con un fin. La vigilancia, el acoso o la infiltración por parte de autoridades del Estado en organizaciones sociales o en movimientos populares está fuera del principio de legalidad.”
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señala que el espionaje que realizan los órganos de inteligencia del país contra ciudadanos que se organizan pacíficamente afecta la dignidad y la honra de las personas.
“Por el trabajo que realizamos como defensores de derechos humanos sabemos que estos cuerpos de seguridad hacen un seguimiento de ciertas personas e intervienen comunicaciones telefónicas”, explica.
—¿Las intervenciones de comunicaciones legales también afectan los derechos humanos? –se le pregunta.
—Sí. Todo el espionaje vulnera los derechos. En el caso de México, durante la década de 1970, cumplió prácticamente una sola labor: controlar a la oposición política. El espionaje de la Dirección Federal de Seguridad en aquellos años fue el paso previo a la desaparición forzada y la tortura.
El defensor de derechos humanos alerta sobre las implicaciones del espionaje, pues generalmente esta acción tiene como fin otros actos aún más violentos.
“Se vigila a las personas en su vida diaria y en su trabajo, lo cual después desemboca en actos represivos. Con orden judicial o sin ella se violan los derechos humanos. El 80 por ciento de los actos de espionaje son ilegales, clandestinos, opacos”.
De 2002 a la fecha, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) “no ha recibido ninguna recomendación en materia de derechos humanos, ni discriminación y/o equidad de género”, señala en su página de internet el órgano civil encargado de las labores de inteligencia civil en el país.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que esto ha sido posible debido a que los ciudadanos no conocen las acciones del Centro, ni es posible para los ciudadanos discernir cuando sus derechos son violados por esta institución.
José Rosario Marroquín señala: “Gran parte de las labores que realiza el Centro son en el escritorio, lejos de los ciudadanos con intervenciones que muchas veces desconocemos. No sabemos con qué reglas operan”. El defensor menciona que, a veces, sólo se conocen los casos que causan escándalo.
“Prácticamente ningún ciudadano se entera que está siendo objeto de espionaje o seguimiento. Con excepción de algunos que militan en algún movimiento u organización, que son conscientes de los riesgos que tienen, la ciudadanía no está atenta a este tipo de situaciones.”
Además, menciona, que pocas veces las personas son conscientes del derecho a no ser molestadas en nuestra vida privada. “Las agresiones directas, las amenazas o los golpes nos ocupan más; por ello se puede explicar las pocas denuncias contra el Cisen en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Por su parte, Jesús Robles Maloof señala que para que se vulneren los derechos humanos debe existir un acto de autoridad. Ejemplifica con las labores policiacas en las que el ciudadano identifica plenamente al policía, su uniforme, su placa, su patrulla. “A los agentes del Cisen no los conocemos, no sabemos cómo actúan. Por tanto, no sabemos si violan nuestros derechos”.
Vidulfo Rosales explica que el monitoreo a los movimientos sociales no es la única actividad encargada a las instituciones de seguridad nacional: sus agentes inciden en las organizaciones para llevarlos a un curso favorable a los intereses gubernamentales.
“Hay casos documentados en los que agentes del Cisen se infiltran en los movimientos sociales con el fin de darles un curso diferente, de causar división al interior de ellos.”
Participación ciudadana
Robles Maloof considera que la ciudadanía debe estar más atenta a las labores de las instituciones que realizan labores de inteligencia.
“No sabíamos muchos detalles de los acuerdos del gobierno de Felipe Calderón con el gobierno de Estados Unidos para realizar labores de recolección de evidencia. Ahora sabemos que hay convenios donde se autorizaban centros de inteligencia en todo el país, cuyos contratistas eran estadunidenses. Se sospecha que quien tiene la información recolectada no sean las agencias mexicanas sino las agencias estadunidenses, lo cual sería muy grave.”
Señala que la ciudadanía “se acostumbró” a que en México las agencias de inteligencia de Estados Unidos tengan mayor información sobre el narcotráfico en el país que las mexicanas.
—¿Las labores de inteligencia que realizan instituciones extranjeras en el país violan los derechos humanos de los mexicanos?
—Quien vulnera los derechos es el gobierno mexicano. Nuestro reclamo, más que dirigido al gobierno estadunidense, es al gobierno mexicano.
Robles Maloof indica que “los espacio legislativos deben fortalecerse. En Estados Unidos el trabajo del Congreso con órganos de inteligencia es constante, al grado de que se les ha acusado de complicidad. Aquí el Poder Ejecutivo no ha tomado en serio al Congreso y, por ello, no existe la posibilidad de un control”.
Finalmente, Vidulfo Rosales comenta que la seguridad nacional y los derechos humanos no son conceptos excluyentes. Por ello, se deben fortalecer las leyes de control de estos organismos para que actúen con estricto apego a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. “Debe quedar claro que los actos de control ciudadano que restringen los derechos humanos no tienen cabida en sociedades democráticas. Para reducir los índices de inseguridad y para brindar paz y tranquilidad existen otros mecanismos; por ejemplo, atacar la corrupción del poder político, de los cuerpos de seguridad; garantizar la vivienda, la alimentación, el empleo. La paz social no se va a conseguir con actos que restrinjan las garantías y los derechos fundamentales”.
Unidad de Inteligencia Naval: 32.6 MDP al final del sexenio… 232 MDP en 2013
De acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Marina a la solicitud de información 00013 00044412, presentada por Contralínea a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Unidad de Inteligencia Naval fue creada en 2009 con el siguiente objetivo:
“Proporcionar al alto mando de la Secretaría de Marina-Armada de México la inteligencia naval objetiva, útil, oportuna y confiable mediante la administración del Sistema de Inteligencia Naval a fin de aportar elementos de juicio para la concepción, preparación y conducción de las operaciones navales, coadyuvando con el esfuerzo nacional de inteligencia y la preservación de la seguridad nacional.”
En el documento se informa que el presupuesto total para la Unidad durante 2009 ascendió a 6 millones de pesos; para 2010, a 4 millones 620 mil; para 2011, a 11 millones, y para 2012, a 11 millones de pesos. De acuerdo con el documento Programa de inversión de adquisiciones, dado a conocer por la Secretaría de Marina el 22 de julio pasado, la Unidad pretende ejercer un presupuesto de 232 millones para adquirir equipo “vital” para obtener información y producir inteligencia.
Las “unidades administrativas” que realizan actividades de inteligencia en México
Seguridad nacional
Militares
• Estado Mayor del Ejército Mexicano (Sección Segunda, Secretaría de la Defensa Nacional)
• Estado Mayor General de la Armada de México (Unidad de Inteligencia Naval, Secretaría de Marina)
• Estado Mayor Presidencial (Presidencia de la República)
Civiles
• Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Secretaría de Gobernación)
Seguridad pública (policiaca y civil)
• Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal (Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Gobernación)
• Centro de Planeación para el Control de Drogas (Procuraduría General de la República)
• Unidad Contra la Delincuencia Organizada (ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Procuraduría General de la República)
• Unidad de Inteligencia Financiera (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
Fuente: Respuesta del Cisen a la solicitud de información 0410000010607, presentada por Contralínea
Antagonismos a la seguridad nacional
Amenazas: Fenómenos intencionales generado por el poder de otro Estado, o por agentes no estatales contemplados en el artículo 5 de la Ley, cuya característica es una voluntad hostil y deliberada que pone en peligro de vulneración particularmente grave a los intereses permanentes tutelados por la seguridad nacional, en parte o en todo el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado
Riesgos: Antagonismos a la seguridad nacional que no tienen el carácter de amenaza conforme a la Ley, pero cuya condición interna o externa generada por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales, de origen humano o epidemias, pudiera poner en entredicho el desarrollo nacional
Amenazas
• Delincuencia organizada
• Narcotráfico
• Grupos armados
• Terrorismo
• Vulnerabilidades en fronteras
Riesgos
• Conflictos políticos y sociales
• Pérdida de cohesión social
• Dinámicas migratorias
• Pandemias y epidemias
• Medio ambiente y calentamiento global
• Desequilibrios en el desarrollo nacional
Fuente: Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012
Amenazas a la seguridad nacional
I. Actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano;
III. Actos que impidan a las autoridades a actuar contra la delincuencia organizada;
IV. Actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;
VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
Fuente: Ley de Seguridad Nacional, artículo 5
Infografía:
[Haz clic para ver la Infografía estática]
Autores: Zósimo Camacho y Rogelio Velázquez
Introducción: Opacidad y violación a los derechos humanos en nombre de la “seguridad nacional”
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Fuente: Contralínea 349 / 25 de agosto de 2013
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