Dos instituciones encargadas de la seguridad nacional fueron utilizadas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas durante el sexenio pasado: la Sedena y el Cisen. La primera envió soldados –disfrazados de policías– a las instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro para desalojar a los trabajadores. Entre las misiones ordenadas a la tropa destacan fingirse policías o civiles y contener los “ataques”, “sabotajes” o acciones “terroristas” de los “transgresores de la ley”. Además, supuestos agentes del organismo de inteligencia civil infiltraron el movimiento no sólo para monitorearlo, sino para generar violencia y desprestigio. De todo da cuenta un expediente entregado por los electricistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Ilegal”, el uso de las instituciones de seguridad nacional contra movimientos sociales, señala integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional

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Un expediente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abierto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), documenta la utilización de instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano para reprimir al movimiento obrero: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

De acuerdo con los documentos recabados por el SME y presentados ante el organismo internacional, tropas del Ejército Mexicano y agentes del Cisen fueron utilizados durante el sexenio de Felipe Calderón para despojarlos de su fuente de trabajo y, luego, para reprimir, desprestigiar y extinguir el movimiento.

En el documento, con el que los electricistas buscan probar en tribunales internacionales la ilegalidad de la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, se integra una copia de un expediente abierto en tribunales militares mexicanos contra un efectivo del Ejército que se negó a disfrazarse de policía para ocupar las instalaciones eléctricas. También evidencian el acoso de “infiltrados de la Secretaría de Gobernación” que buscaban no sólo recabar información de las acciones que tomarían los trabajadores, sino de sabotear y desprestigiar a la organización gremial.

 

Tropa militar disfrazada de policía

El expediente abierto en tribunales militares da cuenta de la utilización de tropas del Ejército Mexicano para expulsar de su lugar de trabajo a los integrantes del SME. En los documentos –de los cuales Contralínea posee copia– se asienta que efectivos de la 37 Zona Militar fueron disfrazados de policías e, incluso, se les dio la orden de apostarse en posición de tiro ante las manifestaciones (“ataques”) que pudieran suscitarse.

La irrupción de los militares en instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro ocurrió alrededor de las 23:00 horas del 10 de octubre de 2009. El gobierno de Felipe Calderón ejecutaba la extinción de la empresa fundada en 1903 y para ello echaba mano, oficialmente, de la Policía Federal para que tomara todas las instalaciones eléctricas de la región centro del país. Sin embargo, partes militares, pliegos de consignas y oficios –todos documentos internos de la Sedena– señalan que fueron tropas, materiales y vehículos del Ejército Mexicano los que ejecutaron la toma de las instalaciones.

El caso que se documenta en tribunales militares es el de la Subestación Eléctrica San Bartolo, ubicada en Tizayuca, Hidalgo. Hasta la fecha, la versión oficial ha señalado que fueron policías los que tomaron las instalaciones. Durante los últimos 3 años del sexenio de Felipe Calderón, las autoridades aseguraron que los efectivos castrenses sólo se utilizaron contra el crimen organizado y que no se emplearon en el cierre de la paraestatal Luz y Fuerza. Sin embargo, documentos oficiales señalan que en las instalaciones de San Bartolo se estableció un destacamento de seguridad militar e incluso una “base de operaciones”.

Para ello, los militares fueron disfrazados de policías y las unidades castrenses también fueron camufladas de policiacas. Incluso dos fotos publicadas en los diarios El Universal y Reforma el 12 de octubre de 2009 –en las que se alcanzaban a observar soldados y vehículos militares– motivaron un mensaje FCA “extraurgente” al interior del Ejército Mexicano.

En el documento –con folio 33063, fechado el 12 de octubre de 2009 y con la referencia “Restricción de movimientos”–, se aprecia una enérgica reprimenda del comandante de la Primera Región Militar al comandante de la 22 Zona Militar por las fotografías aparecidas en los medios citados:

En los periódicos “se aprecia una fotografía de un vehículo militar de 6.5 toneladas, con las siglas 0325277, perteneciente al 25 Batallón de Infantería (Toluca, Estado de México), no obstante haber comunicado telefónicamente y posteriormente en mensaje FCA 41726, del 11 de octubre de 2009, que estaban suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal uniformado que permita su identificación como militar, debiendo realizarlas con uniforme azul o civil y en vehículos que no tengan características militares […]”.

Por el desacato, el comandante de la Primera Región Militar ordena tres “acciones”:

“a) Se le ratifica la orden de imponer correctivo disciplinario debidamente fundado y motivado al comandante del 25 Batallón de Infantería.

“b) Realizar una investigación remitiendo el resultado antes de las 1800 del 15 de octubre de 2009 [sic].

“c) Ratificar y supervisar que la totalidad de los organismos bajo su mando estén enterados que están suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal uniformado a las instalaciones de la extinguida Compañía de Luz y Fuerza del Centro (todo movimiento a estas instalaciones), agradeciéndole realizarlas […] de civil y con uniforme azul y en vehículos que no tengan características militares [sic].”

De acuerdo con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: “Los uniformes y las divisas en el Ejército y Fuerza Aérea estarán especificados en el Reglamento respectivo y son de su uso exclusivo, por lo que no podrán ser utilizados por personas, corporaciones o dependencias que les sean ajenas. Quienes violen estas disposiciones quedarán sujetos a lo que dispone la ley penal de la materia”.

Por su parte, el Reglamento de Uniformes, Divisas y Equipo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su Manual Gráfico para el Uso de Uniformes, Divisas y Equipo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establecen un detallado y estricto sistema del uso del uniforme de los militares en funciones. En ningún caso se establece la posibilidad de disfrazar a los efectivos castrenses de policías o civiles mientras se desempeñan en sus bases de operaciones o destacamentos de seguridad.

Los efectivos del Ejército Mexicano permanecieron en las instalaciones eléctricas por varios meses, como se puede apreciar en documentos oficiales emitidos posteriormente.

En otro mensaje FCA, con folio 41357 y también de carácter extraurgente, se da cuenta del relevo de servicios en el Destacamento de Seguridad en las instalaciones eléctricas de San Bartolo, Tizayuca, efectuado el 25 de diciembre de 2009. Entonces se encontraban en el lugar un oficial y 27 elementos de tropa.

Para el 11 de marzo de 2010 –5 meses después de la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro– el mismo número de efectivos se encontraban en la subestación eléctrica de Tizayuca, Hidalgo, como se desprende del oficio 3308 de la Comandancia del Tercer Batallón de Ingenieros de Combate, en el que el entonces coronel de zapadores Diplomado de Estado Mayor, comandante del batallón, le informa al general de brigada diplomado de Estado Mayor, comandante de la 37 Zona Militar, del despliegue operativo y el estado de la fuerza.

En el documento se señala el despliegue operativo de 17 unidades, entre destacamentos, bases de operaciones, retenes y vigilancia.

En efecto, en la relación se incluye la Base de Operaciones Subestación Eléctrica San Bartolo, en la que los 27 elementos de tropa y el oficial (teniente de zapadores Eglo Jesús Noriega Vázquez) tenían como misión “proporcionar seguridad a las instalaciones”. Pero también se revela la presencia castrense en otras instalaciones de Luz y Fuerza del Centro con la misma misión.

En el Centro Nacional de Control Eléctrico, ubicado en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, se instaló un destacamento de seguridad con un oficial y 20 efectivos de tropa. Al frente se encontraba el subteniente de zapadores Natanael Barrera Velázquez.

En la Subestación Eléctrica Lechería, ubicada en Tultitlán, Estado de México, se instaló una base de operaciones, con un oficial y 27 elementos de tropa. El comandante era el teniente de zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez.

Otras instalaciones de Luz y Fuerza –como talleres y bodegas– también estuvieron ocupadas por militares, según el documento: en las instalaciones de Los Reyes, ubicadas en Texcoco, Estado de México, se desplegaron 17 elementos de tropa bajo el mando del teniente de zapadores Arturo Cruz Gaytán; y en las de San Joaquín Coapango, también ubicadas en Texcoco, se enviaron 18 efectivos encabezados por el teniente de zapadores Alberto de la Cruz Felipe.

El expediente abierto en tribunales militares también incluye la designación del teniente de zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez como comandante del Destacamento de Seguridad de la Subestación Eléctrica San Bartolo –ubicada en el municipio hidalguense de Tizayuca–, en sustitución del teniente de zapadores Gabriel Alberto Guzmán Ruiz, a partir del 16 de marzo de 2010 y “hasta nueva orden”.

En el oficio 3534 se leen las actividades que debería realizar el nuevo comandante en la subestación eléctrica: “[…] deberá apegarse en todo momento a las consignas establecidas, partes vitales de la instalación resguardada, planes de seguridad y de defensa, entre otros, así como la siguiente misión:

“Proporcionar seguridad física a las instalaciones de la Subestación Eléctrica y garantizar la seguridad del personal que labora en la misma, así como evitar actos de sabotaje y terrorismo por parte de transgresores de la ley, exhortándolo a poner toda su astucia y profesionalismo en la seguridad de la citada instalación vital [sic].”

El mismo documento contiene la fatiga (servicio que se cumple en un turno establecido) del personal oficial y tropa destacados en la Subestación Eléctrica San Bartolo. En efecto, como comandante aparece Mendoza Pérez; y como comandante segundo, el sargento segundo de zapadores Juan González Santillán. La lista se completa con 18 soldados más.

Pero el expediente también cuenta con el pliego de consignas a las que tenía que sujetarse el comandante. Entre ellas:

“2. Este servicio tienen por objeto dar seguridad física a la Subestación Eléctrica San Bartolo, considerando su instalación como base de operaciones y vigilancia, debiendo asegurar la conservación del orden en las inmediaciones de la misma.

“[…] 4. No permitirá la presencia de vendedores ambulantes a inmediaciones de su servicio y mucho menos su acceso al interior de la misma.

“5. A partir de las 21:00 horas y hasta el término de las horas de oscuridad marcará el alto a cualquier persona extraña, vehículo militar o civil que se aproxime al puesto de seguridad.

“[…] 9. En caso de ser atacada la base de operaciones, instruirá al personal que se encuentre apostado se proteja utilizando los accidentes del terreno y parapetos, a fin de no ser blanco redituable a los atacantes, debiendo de tener conocimiento del sector de tiro que le corresponda [sic].

“10. Cuando una persona desconocida se encuentre a inmediaciones del puesto y porte o haga uso de cámaras fotográficas, procederá a averiguar de inmediato su propósito y si procede a su detención momentánea, dando parte a la 37 Zona Militar, Tercer Batallón de Infantería y al jefe de Vigilancia para recibir las indicaciones correspondientes [sic].”

Martín Esparza Flores, secretario general del SME, considera que los expedientes a los que tuvieron acceso prueban que la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue “una decisión autoritaria: es ilegal usar a las Fuerzas Armadas en época de paz y contra un sindicato; además, fueron obligados a disfrazarse de policías; ¿y la normativa nacional e internacional sobre el uso de los uniformes militares?”.

Y es que los efectivos del Ejército ocuparon las instalaciones eléctricas sin que hubiera motín alguno y sin que el sindicato hubiera desacatado una notificación de abandonar sus centros de trabajo.

“Además entraron con lujo de violencia, pues rompieron cristales y a los trabajadores les quitaron sus credenciales. Muchos de ellos fueron prácticamente secuestrados durante días, porque a varios los obligaron a permanecer ahí trabajando de manera forzada”, agrega Esparza Flores.

Lo que considera la ilegal utilización de las instituciones del Estado mexicano contra el SME es la punta de lanza en el expediente que el 24 de mayo pasado se comenzó a integrar en la CIDH.

“Nos recibió personalmente en Washington el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza. Le explicamos. Él conoce perfectamente el caso. Estamos aportando más elementos. Pero uno de los más importantes, tal vez el más contundente, es la falta del debido proceso y el abuso de las Fuerzas Armadas”, señala el líder sindical.

Los elementos de la Sedena no fueron los únicos funcionarios de instituciones de seguridad nacional utilizados contra una organización legal de trabajadores, el SME. También elementos del Cisen fueron infiltrados en las instalaciones y actividades del sindicato. Su misión no sólo era recabar información de la lucha legal y social que desarrollaba la organización gremial, sino provocar hechos de violencia e incidir en las decisiones que tomaban los trabajadores movilizados.

Los electricistas han reunido un expediente de 320 fotografías con los rostros de quienes han identificado como espías y saboteadores. A algunos de ellos los han increpado y han obtenido declaraciones –grabadas en audio o video– donde los policías encubiertos reconocen pertenecer a alguna institución gubernamental. Los trabajadores siempre entregaron a los espías a las corporaciones policiacas de la ciudad y, en un caso, a funcionarios del gobierno federal.

“Yo personalmente le entregué al exsecretario de Gobernación, Francisco Blake Mora [fallecido el 11 de noviembre de 2011, cuando se accidentó el helicóptero en que viajaba] un disco de 250 fotografías de personas involucradas o infiltradas en nuestro movimiento. Y le informamos de aquellos que detectamos y que pusimos a disposición de las autoridades.”

—¿Y las autoridades hicieron las investigaciones correspondientes? ¿Se sancionó a alguien por esos hechos? –se le pregunta a Martín Esparza.

—En ningún momento. Todos los casos que presentamos en Gobernación y en los ministerios públicos nunca caminaron. Siempre nos enfrentamos a funcionarios y jueces de consigna que se alinearon a la política gubernamental de destruir el movimiento.

—¿Los infiltrados lograron incidir en las acciones y las decisiones que tomó el sindicato?

—Muchas veces. En varias protestas en las que hubo violencia, quienes agredían eran ellos. Tenemos fotografías de los hechos. Y hasta enfrentamos las denuncias correspondientes. Detectamos que ellos eran los que rompían cristales de algunas patrullas y vehículos.

Destacan tres casos de elementos del Cisen descubiertos en distintas ocasiones. De ellos, los trabajadores cuentan con copias de las respectivas credenciales de elector que portaban en ese momento y las grabaciones de los diálogos que sostuvieron.

Uno de ellos habría participado en el inicio de la gresca entre policías e integrantes del SME el 11 de abril de 2011. A decir de Martín Esparza, se montó una provocación cuando los trabajadores se encontraban frente a los policías. Por esos hechos sigue preso el trabajador Jorge Ulises Uribe Gaona. No sería el único caso en hechos de violencia en que los supuestos infiltrados incitaban a la violencia.

Otro supuesto integrante del Cisen se encontraba en una de las acciones más emblemáticas de la lucha del SME: la huelga de hambre iniciada a finales de noviembre de 2009. Uno de los huelguistas no era trabajador de Luz y Fuerza. “Era de los que decía que la dirigencia ya había vendido el movimiento y que la única solución se conseguiría por la vía armada; y cuando comenzamos a averiguar más de él y revisamos su mochila, resulta que tenía fotos de los mismos de la huelga de hambre; y sus credenciales eran falsas”, dice Martín Esparza.

Un supuesto agente de inteligencia más habría sido sorprendido en una asamblea celebrada en la sede de Antonio Caso del SME. Este policía fue entregado directamente a las autoridades federales que lo reclamaron.

“No podíamos conocer a todos los compañeros trabajadores y jubilados. Somos miles. Entonces sí tuvimos que tomar determinaciones, como que no podíamos permitir el ingreso a las instalaciones ni que participaran en las marchas si no presentaban su credencial. Es que, además, varios de esos infiltrados estaban apuntados hasta en los grupos de trabajo. Llegaban con sus gorras y sus playeras del SME, pero no eran trabajadores”, explica Esparza.

Para el dirigente obrero el uso de militares y agentes encubiertos contra los movimientos sociales es ilegal. “Se trata de un acto autoritario, porque todos tenemos el derecho a la protesta; pero también es un asunto de malversación de fondos, porque se están derrochando recursos en actividades que están fuera de la ley”.

A decir de la diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, es “ilegal” el uso de las instituciones de seguridad del Estado mexicano contra movimientos sociales abiertos, legales y legítimos. “Simplemente no está dentro de las facultades que señala la ley”.

Contralínea solicitó entrevista con el director de Comunicación Social de la Sedena, general brigadier Martín Terrones Calvario, acerca de la utilización de soldados, disfrazados de policías en la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

 

 

 

Infografía:

[Versión estática]

 

  Autores: Zósimo Camacho y Rogelio Velázquez

 

• Introducción: Opacidad y violación a los derechos humanos en nombre de la “seguridad nacional”

• Organismos de seguridad nacional, fuera de control social

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Fuente: Contralínea 350 / septiembre 2013