Intolerancia y autoritarismo

Felipe Calderón inicia su último año en el poder Ejecutivo amenazando a, al menos, 23 mil mexicanos. El periodo electoral –que culminará con la elección de un nuevo presidente de la República en julio de 2012– se le empieza a dificultar al inquilino de Los Pinos. La respuesta de la Presidencia a la solicitud presentada ante la Corte Penal Internacional para que el panista sea juzgado por crímenes de guerra y de lesa humanidad exhibe a un gobierno autoritario e intolerante, consideran abogados, académicos, políticos y defensores de derechos humanos. Los especialistas en derecho señalan, además, que no hay elementos jurídicos para que proceda la “amenaza” de la administración federal de actuar legalmente en contra de los denunciantes

Intimidación, un “mal signo”

Para la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la respuesta del gobierno calderonista fue intolerante y autoritaria.

El derecho de los ciudadanos y el de Calderón

Amenaza sin sustento

Proceder legalmente contra quienes “calumnian”: Presidencia*

Residencia Oficial de Los Pinos, 27 de noviembre de 2011. El Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional.

México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.

Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.

En estas acciones, las fuerzas Federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.

En los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el Gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes.

Debe decirse, sin embargo, que ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al margen de la ley, estos casos han sido verdaderamente excepcionales. La regla observada por los agentes Federales del orden público, ha sido la de poner a disposición de la autoridad competente a los detenidos en los términos establecidos por la Constitución Mexicana. En su desempeño, la observancia de la ley ha sido claramente la regla y no la excepción. Es decir, tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el Gobierno Federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber.

Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un Gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo.

La estrategia del Gobierno Federal tiene tres componentes básicos: 1) Enfrentar y someter a los criminales; 2) reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley, a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios públicos, y 3) reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención.

En particular, las recientes Reformas a la Constitución en materia de Derechos Humanos, Penal, y de Amparo, y que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías de Derechos Humanos que se haya realizado en México en décadas, son prueba fehaciente del compromiso del Gobierno de la República con los Derechos Humanos.

Estas reformas demuestran además, que el esfuerzo del Gobierno no se limita a enfrentar y combatir a la criminalidad, sino que ha emprendido una profunda reforma legal e institucional para mejorar substancialmente a los órganos encargados de la Seguridad y la Procuración y Administración de Justicia en todo el país. Esta reforma se lleva a cabo a través de nuevas leyes y la transformación de Instituciones como la Policía Federal o la Procuraduría General de la República, así como a través del impulso permanente a las entidades federativas para que realicen la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales.

Adicionalmente, esta Administración Federal sostiene una política activa de prevención del delito, a través del mayor esfuerzo de política social que se tenga registro y que ha permitido alcanzar la cobertura universal de salud, así como la realización de la mayor obra de infraestructura de salud y educativa, a través de la construcción de hospitales, clínicas, universidades y bachilleratos públicos y gratuitos en un número sin precedentes en la historia del país.

Se complementa la política preventiva también con el mayor establecimiento de Centros Nueva Vida para prevención de adicciones, el rescate de espacios públicos, y la implementación del Programa Escuela Segura. Es decir, el Gobierno Federal trabaja para reconstruir el tejido social y generar condiciones sociales que hagan menos propicia la incorporación de jóvenes a la violencia o a las adicciones.

Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales. (sic)

*Comunicado oficial CGCS-196

No hay ataque sistemático contra la población: Secretaría de Gobernación*

1. El Gobierno Federal niega que en México exista un conflicto armado no internacional de carácter permanente. Es convicción del Gobierno de la República que no se actualizan los supuestos establecidos en el Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación sobre la situación en México, ya que la política de seguridad implementada de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario, todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y a proteger a todas y todos sus ciudadanos.

2. Las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad pública a petición y en coordinación con las Entidades Federativas y sus municipios, de manera temporal y sin sustituir a las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, realizando una valiosa labor en la detención de importantes líderes de organizaciones criminales, y desmantelando sus estructuras logísticas, financieras y administrativas.

3. En México como nunca antes, se ha implementado, de manera sistemática y creciente, una política pública tendiente a fortalecer el Estado de derecho y a promover y respetar los derechos humanos. Prueba de ello, son las reformas al sistema de justicia penal y su proceso implementación, las nuevas leyes de refugiados y de migración, así como las recientes reformas constitucionales en materia de juicio de amparo y de derechos humanos. Esta última, establece el deber de todas las autoridades del Estado de prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a derechos humanos.

4. El Estado Mexicano mantiene una política de apertura al escrutinio internacional y a la cooperación con organismos internacionales de derechos humanos universales y regionales.

En seguimiento a esta política, se mantiene una relación de estrecha cooperación y diálogo con la Corte Penal Internacional. En este sentido, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa ante el Senado de la República, para generar una Ley de Cooperación con dicho tribunal internacional. Misma que se encuentra en dictamen en la Cámara de Diputados.

5. El Estado mexicano a través de los diferentes órganos de procuración de justicia, realiza diligentemente todas las acciones necesarias para investigar, procesar, y en su caso sancionar a los responsables de cualquier conducta delictiva y/o violatoria de derechos humanos. Al respecto, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las nacionales y por ende, actúa única y exclusivamente cuando un Estado no cuenta con la capacidad o con la disposición para actuar respecto de hechos que podrían llegar a constituir crímenes internacionales. En México no existe una falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole.

6. Por otro lado, para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional, se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en el país. Por un lado, el Estado mexicano no está en guerra, y por otro, no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido. (sic)

*Boletín 433 emitido por la Secretaría de Gobernación el 25 de noviembre de 2011

Denunciantes presentan de manera equivocada la realidad nacional: SRE

En relación con la intención de un grupo de personas de presentar una solicitud para que el Fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre la situación en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores señala lo siguiente:

1. El Gobierno Federal rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional. Las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad son desplegadas con pleno apego al Estado de Derecho, con el fin de detener la actividad de las organizaciones criminales, llevar a sus miembros ante la justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan. De no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la Administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales.

2. Es convicción del Gobierno de México que sólo mediante el cumplimiento de la ley se podrá acceder a la justicia y se alcanzará el clima de seguridad que los ciudadanos reclaman. En coordinación con los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión, se ha desplegado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones de seguridad y de justicia federales, estatales y municipales, así como para cerrar espacios de impunidad a la criminalidad, para que los delincuentes sean sometidos a la justicia y sancionados por cada uno de sus crímenes.

3. El compromiso del Gobierno Federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable. A iniciativa de la presente administración, en los últimos 5 años se ha logrado la mayor ampliación de derechos fundamentales en México. La reforma constitucional de mayor trascendencia es la que da rango constitucional a todos los tratados internacionales ratificados por México en materia de Derechos Humanos. En ella también se establece la obligación de todos los órdenes de Gobierno de prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a estas garantías fundamentales; además de que fortalece la autonomía y facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A lo anterior, se suman las nuevas leyes de migración, de refugiados y las reformas en materia de justicia penal, y la constitucional en materia de Amparo. Todas ellas, promovidas por el Gobierno Federal, representan avances cualitativos en derechos humanos y mayor certeza jurídica frente a la autoridad.

4. México es parte de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. El Gobierno de México asume a cabalidad su responsabilidad de promover y procurar una comunidad internacional segura, democrática y donde se haga valer tanto el Estado de Derecho como los Derechos Humanos. Por ello, ha mantenido una política de cooperación y apertura total con los órganos de Derechos Humanos, ha extendido invitaciones a todos ellos, y se llevan a cabo numerosos programas de cooperación con las autoridades nacionales. Esta cooperación fortalece las estructuras nacionales para la vigencia y pleno cumplimiento de esos derechos.

5. Hacer un llamado a que el Fiscal de la Corte Penal Internacional analice la situación de México es presentar de manera equivocada la realidad nacional. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. Se justifica la acción de la Corte exclusivamente cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes detallados en el Estatuto de Roma. Ninguno de estos dos supuestos aplica al caso.

En nuestro país la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las fuerzas armadas. El Estado Mexicano actúa conforme a Derecho en el combate a las todas las organizaciones criminales que, dada la diversificación de los delitos que cometen y el alto poder de fuego de sus integrantes, ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de las familias.

6. En México se vive un Estado de derecho en el que se combate el crimen y la impunidad, sin distingos. El Estado Mexicano actúa contra las organizaciones criminales, así como contra aquellos servidores públicos que han dado la espalda a sus deberes constitucionales y legales en perjuicio de la sociedad. Es prioridad para el gobierno la atención de las víctimas u ofendidos de tales delitos, y muestra de esto es la reciente creación de Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos.

El Gobierno Federal mantiene su compromiso indeclinable con los gobiernos locales y con la sociedad mexicana de profundizar un frente común en contra de las organizaciones criminales, con el firme propósito de construir un México cada vez más seguro para las futuras generaciones. (sic)

*Comunicado 372 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido el 11 de octubre de 2011