A días de ser expulsado del Partido Acción Nacional, el expresidente Fox espera tener otro sexenio de impunidad. Sus correligionarios que ahora lo tachan de “desleal”, “rancio” y “miserable” son los mismos que hace 12 años lo llevaron al máximo cargo de representación popular en México, y que desde 2007 lo han mantenido al margen de la ley. Aún sin castigar, los excesos que cometió en la Presidencia: la remodelación de Los Pinos a favor de un amigo, los lujos de Marta Sahagún con cargo al erario, los negocios de los hijos de la otrora “pareja presidencial”. Cerrar en definitiva esos expedientes, objetivo del apoyo a Peña Nieto. El miedo a la apertura de una serie de investigaciones, incluida una indagatoria sobre las irregularidades del proceso electoral de 2006, origen de su campaña contra López Obrador
Las cuentas pendientes del expresidente Vicente Fox Quesada lo llevaron a traicionar lo que se ha considerado su máximo y quizá único logro: “sacar al Partido Revolucionario Institucional de Los Pinos”. A cambio del apoyo público que ha dado al partidazo, y de resultarle la negociación, tendría garantizado el cierre definitivo de los expedientes que lo involucran a él, a su esposa y a sus hijastros en hechos de supuesta corrupción.
Lejos de importarle las amenazas de sus correligionarios sobre su inminente expulsión del Partido Acción Nacional (PAN), el expresidente se concentra en la negociación con los priístas. Con ésta también busca anular la reapertura de la indagatoria sobre su ilegal intervencionismo –como en su momento lo calificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– en las elecciones presidenciales de 2006.
Entre los asuntos que aún le preocupan, destacan las irregularidades cometidas durante los trabajos de remodelación en la residencia oficial de Los Pinos, que asignó de manera directa a su amigo Humberto Artigas del Olmo (
Contralínea 58) y que fueron documentadas por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Función Pública); los lujos de su esposa Marta Sahagún, con cargo al erario; y las “gestorías” de sus hijastros a favor de contratistas del gobierno federal, que derivaron en negocios multimillonarios y en desfalcos al erario. Estos últimos, actualmente investigados por autoridades de Estados Unidos.
Remodelación de las cabañas
La historia de las irregularidades en los trabajos de remodelación de las cabañas 1 y 2 y la residencia Miguel Alemán, de la residencia oficial de Los Pinos, inició antes de que Vicente Fox asumiera formalmente el máximo cargo de representación popular en México, cuando el aún panista se encontró ante la necesidad de rediseñar el espacio que habitaría durante el sexenio.
Hasta el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, la remodelación de la residencia oficial era tratada como un asunto de seguridad nacional y quedaba en manos del Estado Mayor Presidencial, pues la estructura del espacio determina el nivel de seguridad del mandatario y su familia. Sin embargo, con el exejecutivo de Coca Cola las cosas cambiaron.
Como si se tratara de un asunto privado, Fox Quesada invitó de manera directa a las empresas Humberto Artigas y Asociados, SC, y MYO, SA de CV, propiedad de sus amigos, como consta en la auditoría 2015 realizada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y revelada por
Contralínea en junio de 2006.
Documentos de la Contraloría Interna en la Presidencia de la República, que hasta ahora no se conocían y de los cuales este semanario posee copia, descubren que para el 12 de diciembre de 2000 el entonces asesor del presidente, Carlos Rojas Magnon, ya se encargaba de gestionar las autorizaciones tanto en el Comité de Obras Públicas –que él mismo presidía– como con el Estado Mayor Presidencial. Al primero le solicitó contratar sin licitación al despacho de Artigas del Olmo, por un importe de 6 millones 636 mil 500 pesos. Con el paso del tiempo, el monto aumentó hasta llegar a más de 60 millones de pesos.
Cuatro meses después, los militares encargados de la seguridad del presidente avalaron que los particulares realizaran el rediseño de los inmuebles, según se desprende del oficio 8485, emitido por el Estado Mayor el 9 de abril de 2001.
En el documento, signado por el coronel David Gerardo Cortés Canela, se lee: “por instrucciones del general de brigada jefe del Estado Mayor Presidencial y en relación a las obras de remodelación de la casa anexa y las obras exteriores de la residencia oficial de Los Pinos, por motivos de seguridad, el acceso a esas oficinas debe ser restringido y únicamente será autorizado por el personal de seguridad designado por el Estado Mayor Presidencial; por lo anterior se solicita autorización para llevar a cabo la contratación de los trabajos referidos con la empresa Humberto Artigas y Asociados, en virtud de que después de haber realizado la evaluación correspondiente se considera que la citada compañía cumple con las especificaciones y los parámetros de seguridad y confiabilidad para efectuar las obras citadas”.
Tres meses después, la Dirección General de Auditoría Gubernamental inició una investigación sobre los posibles actos de corrupción e irregularidades administrativas respecto de los trabajos ordenados por el entonces presidente Vicente Fox. La primera anomalía detectada fue la asignación directa del contrato.
Al ser requeridos por la Secretaría de Contraloría, Mario Barjau Graniel, apoderado legal de Humberto Artigas y Asociados, y Rosalía Morales Arámbula, representante de MYO, declararon a los auditores Tomás Limón Lepe y Luis Ernesto Castillo Guzmán que en diciembre de 2000 Fox Quesada los invitó personalmente a convertirse en proveedores y contratistas de obra de la Presidencia.
Al finalizar la revisión, la Contraloría Interna señaló haber descubierto contubernio entre los particulares y los servidores públicos, que implicó daños patrimoniales al erario por unos 45 millones de pesos. También, los delitos de desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos injustificados, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y a las leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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Los interrogatorios
Como se dio a conocer en
Contralínea 58, a las 15:30 horas del 21 de junio de 2001, Barjau Graniel respondió nueve preguntas elaboradas por los auditores de la Secretaría de Contraloría, entre las que destacan la tercera y cuarta:
—Describa cómo se hizo proveedor del gobierno federal, específicamente de la Presidencia de la República, y desde qué fecha.
—Por invitación del Poder Ejecutivo, a partir de diciembre de 2000.
—Describa quién lo invitó a participar como contratista de obra y el trámite realizado al respecto.
—Por conducto del licenciado Vicente Fox Quesada.
En el caso de la empresa MYO, las respuestas dadas por Rosalía Morales Arámbula a esas preguntas son similares:
—Describa cómo se hizo proveedora del gobierno federal, específicamente de la Presidencia de la República, y desde qué fecha.
—Fue una invitación directa del presidente, el licenciado Vicente Fox, desde diciembre de 2000.
—Describa quién lo invitó a participar como proveedor y el trámite realizado al respecto.
—La invitación la hizo directamente el licenciado Vicente Fox.
El “contubernio”
A menos de un mes de asumir el cargo, Rojas Magnon ya operaba las contrataciones. En noviembre de 2000, el futuro asesor del mandatario presentó al director general de Administración de Presidencia de la República, Carlos Altamirano Toledo, la propuesta elaborada por el arquitecto Artigas del Olmo para remodelar la residencia oficial de Los Pinos.
La comunicación por escrito dice: “Estimado Carlos: te acompaño borrador sujeto a discusión, propuesto por el arquitecto Humberto Artigas para la adquisición del equipo inmobiliario tanto de la casa que habitará en diciembre el licenciado Vicente Fox dentro de Los Pinos, como de las oficinas que se estarán creando en la que es hoy la residencia Miguel Alemán”.
De acuerdo con otro oficio firmado por Rojas Magnon, el 17 de noviembre de 2000 se instruyó a Carlos Altamirano: “dada la urgencia que se tiene para equipar y amueblar la casa que habitará a partir del 1 de diciembre próximo el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a usted que se presente ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Presidencia de la República la solicitud de autorización para adquirir bajo mi responsabilidad, a través del proceso de adjudicación directa, lo siguiente: adquisición de mobiliario y equipo por 8.6 millones de pesos; enseres y utensilios de cocina por 600 mil pesos, y blancos por 200 mil pesos”.
En el acta de la sesión extraordinaria 008/00 del Comité de Adquisiciones realizada a las 13 horas del 14 de diciembre de 2000 se aprobó el suministro, sin licitación, de enseres, utensilios de cocina y blancos; además, la adjudicación directa “para evitar costos adicionales importantes y toda vez que, dada la premura para suministrar los bienes adquiridos, no es posible llevar a cabo la licitación” correspondiente a las partidas presupuestales 5101, 5102, 5103, por 1 millón 734 mil 338 pesos.
Los lujos de Marta
Otro capítulo que Fox no puede cerrar es el de los lujos que su esposa Marta Sahagún Jiménez pagó con dinero público. Y es que luego de contraer matrimonio, la exvocera de la Presidencia renovó su guardarropa en las boutiques más suntuosas del país con cargo al erario de la nación. Entre 2002 y 2003, ejerció al menos 280 mil 520 pesos por concepto de vestuario y accesorios de la partida presupuestal 3825, “gastos inherentes a la investidura presidencial” (
Contralínea, agosto de 2005).
Algunos de las compras las realizó en las tiendas Loewe, Frattina y Macario Jiménez. Entre los artículos que adquirió se encontró una chaqueta por 20 mil 104 pesos (factura Loewe número 750). La Presidencia de la República justificó la erogación como “vestuario general para actos oficiales de la gira a Monterrey y la comida con la Fundación Mexicana para la Salud, AC”.
Con dinero público también compró un bolso Helen Napa por 6 mil 449 pesos; una cartera larga Napa por 3 mil 379 pesos, y un portacosméticos grande por 1 mil 600 pesos (factura 357, emitida por la misma tienda el 30 de septiembre de 2002).
El 18 de febrero de 2003 compró un vestido en Frattina de 14 mil 260 pesos; el 19, otro vestido por 8 mil 855 pesos; el 20, un traje por 7 mil 935 pesos y una blusa por 5 mil 347 pesos; el 21, un saco por 14 mil 605 pesos; el 22, una falda Frattina por 8 mil 855 pesos; el 24, un traje por 15 mil 870 pesos; el 25, una blusa por 4 mil 312 pesos y un par de zapatos por 3 mil 565 pesos; el 27, un traje por 11 mil 143 pesos y una falda por 3 mil 139, y el 28, un vestido por 2 mil 593 pesos.
Así, en 10 días Marta Sahagún derrochó 100 mil 408 pesos en 12 prendas. En estos casos, la Presidencia señaló que se trató de “vestuario general para actos oficiales efectuados en Monterrey, Querétaro, Yucatán, además de la cena con el primer ministro de Canadá y la inauguración de la Asamblea Anual ProFinanzas y Micro Empresas, AC, durante el bimestre febrero-marzo”.
Las “gestorías” de los hijastros
La otrora “pareja presidencial” también tiene entre sus cuentas pendientes las indagatorias relacionadas con los hijos de Marta Sahagún, en especial las que involucran a Manuel Bribiesca. Las gestorías y negocios de este último serían fiscalizadas por el Federal Bureau of Investigation, de Estados Unidos, que incluso habría logrado conseguir una orden de aprehensión en su contra (Proceso 1854).
Los hijastros del expresidente habrían facilitado los negocios de la empresa Oceanografía en la paraestatal Petróleos Mexicanos (
Contralínea 89), además de haber sido beneficiarios de la venta de cartera del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a través de la empresa Fénix Administradora de Activos (
Contralínea 75).
El último caso implicaría, además, quebrantos por miles de millones de pesos al erario, según un juicio comercial y una demanda civil interpuestos en contra de Fénix Administración de Activos por el IPAB, por supuestas irregularidades en el manejo de descuentos y cobranza de la cartera de BanCrecer (ahora Banorte) durante el proceso de “saneamiento”.
La empresa vinculada con los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún asumió una relación contractual con el IPAB para los servicios de preparación, cobranza y administración de la cartera de BanCrecer, el 7 de marzo de 2000; no obstante, desde el 3 de noviembre de 1999 recibió instrucciones acerca del proceso de saneamiento, consta en los Estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y dictamen de los auditores. Su gestión concluyó en mayo de 2004 (Fortuna. Negocios y Finanzas, mayo de 2008).
En ese periodo, Fénix realizó 302 procesos para enajenar, por licitación pública, miles de bienes muebles e inmuebles. Estas operaciones ascendieron a 7 mil 992 millones 300 mil pesos, indica un informe entregado por el exsecretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, al Senado el 28 de junio de 2005.
Seis subastas, ocurridas en 2001 y a inicios de 2003, sumaron pérdidas por al menos 10 mil 772 millones 126 mil 280 pesos.
Ante la previsible derrota de la candidata presidencial del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, el expresidente Fox se acercó al candidato del Partido Revolucionario Institucional. Con Peña Nieto, habría pactado que no se reabra ninguno de los casos que lo involucran a él y a sus familiares del primer círculo.
Fox, “cínico” y “desleal”
Por el apoyo al candidato del Partido Revolucionario Institucional, el primer presidente de la República emanado de Acción Nacional será expulsado de ese instituto político. Sus correligionarios llaman ahora a Vicente Fox Quesada con los calificativos que antes le proferían sus adversarios: “miserable”, “rancio”, “hipócrita”, “cínico”, “ingrato”, “convenenciero”, “miope”, “irresponsable”, “injusto”, “megalómano”, “torpe”, “desleal”, “mercenario”, “traidor”.
El vocero del Partido Acción Nacional, Javier Lozano Alarcón, incluso afirmó: “en realidad todo parece indicar que se vendió por un plato de lentejas”. El exsecretario del Trabajo lo llamó “vulgar porrista de Peña Nieto”.
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Fuente: Contralínea 291
