La Suprema Corte llega a su 186 aniversario como uno los tribunales superiores más caros del mundo. Tan sólo el sueldo, las prestaciones y compensaciones de los 11 ministros rebasan los 32 millones de pesos anuales; mientras, sus comidas han costado 9 millones de pesos entre 2009 y 2011. En ese mismo periodo, los funcionarios de la SCJN han gastado 159 millones en seguros médicos, 116 millones en viáticos y pasajes, 54 millones en compra de vehículos y gasolina, y 5 millones en servicios de telefonía celular. Según el ministro Cossío Díaz, la discusión de los sueldos y prestaciones en la Corte está superada; no obstante, actas oficiales revelan las “licencias” que los ministros se dan para derrochar el dinero público
Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuesta a los mexicanos entre 223 mil 163 y 245 mil 428 pesos mensuales, descubren los datos más recientes de esa institución. Al año, el monto total de los 11 sueldos, prestaciones y compensaciones netas suma unos 32 millones de pesos.
De acuerdo con sus reportes de transparencia en materia de remuneración mensual por puesto –de enero a septiembre de 2010–, el gasto por mes ascendió a 2 millones 696 mil 716 pesos, por lo que cada ministro habría cobrado un sueldo neto de 245 mil 428 pesos.
En octubre, noviembre y diciembre del año pasado, el monto mensual ascendió a 2 millones 454 mil 803, que equivaldría a sueldos individuales de 223 mil 163 pesos.
A los titulares de la Suprema Corte, el erario también les paga sus “gastos de alimentación”, que entre 2009 y 2011 sumarán 9 millones 476 mil pesos. Además, sufraga la compra de vehículos de lujo para su transportación, gasolina y aditivos; así como el sueldo de los 79 choferes que tienen a su disposición los 11 ministros y los altos funcionarios de la Corte. El sueldo mensual de cada chofer es de 12 mil 627 pesos.
Al menos el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia cuenta, también, con un equipo de guardias de seguridad pagado con recursos de la SCJN, consta en actas del Comité de Gobierno y Administración del máximo tribunal. En su momento, el exministro Genaro Góngora Pimentel de igual forma hizo uso de un grupo de seguridad.
—¿Son justificables los sueldos y las prestaciones que perciben los ministros?
—Están fijados por el Congreso y ya entramos en la regla de que no pueden ganar más que el presidente. Eso ya está establecido en artículos constitucionales. Yo creo que en este momento esa discusión ya no tiene mucho sentido porque, conforme a los artículos transitorios y conforme a lo que se estableció en la reforma a la Constitución, ya estamos tasados, ya estamos limitados. Ya se está estableciendo en ese mismo sentido tal como la Constitución lo prevé –dice a Contralínea el ministro José Ramón Cossío Díaz.
Sin embargo, la remuneración mensual neta de Felipe Calderón Hinojosa es de 208 mil 570 pesos, indica la Presidencia de la República en el Portal de Obligaciones de Transparencia.
“Los ministros deberían percibir el salario mínimo, igual que el presidente de la República, para que vean lo que se siente. Además de su salario, cada ministro tiene prestaciones que triplican o cuadruplican el importe de éste. Tienen gastos de representación, choferes y automóviles, en plural; les pagan el menaje, el mantenimiento de sus casas y los alimentos”, señala Juan de Dios Hernández Monge, abogado e integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas.
En la SCJN, las prestaciones y compensaciones no se limitan a los ministros en activo: benefician a los exministros o, como también se les llama, “ministros en retiro”. Las canonjías alcanzan incluso a las esposas de los que ya fallecieron, descubre el acta de sesión del Comité de Gobierno y Administración del 19 de noviembre de 2009. Signada por los ministros Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Juan Silva Meza, indica que el pago de aguinaldos para los “ministros en retiro” y las viudas fue aprobado, a pesar de que Silva Meza votó en contra del aguinaldo a favor de las viudas.
“Tienen un fondo de jubilación que es creado con el erario para garantizarles, aún después de que terminan su periodo como ministros, que tengan un ingreso de más de 1 millón de pesos mensuales, cuando la gran mayoría de los trabajadores en México tienen uno o si acaso dos salarios mínimos como ingresos, es decir, de 1 mil 500 a 3 mil pesos”, dice Hernández Monge.
El abogado acusa: “Es vergonzoso y es insultante lo que perciben los ministros por un servicio que se supone es público. Estos funcionarios deberían vivir en la honrosa medianía, como decía Benito Juárez. Pero, obviamente, lejos están de ello. Ahora resulta que hasta las viudas de los ministros tienen pensiones vitalicias que representan muchas decenas de miles de pesos mensuales”.
“Nuestra Suprema Corte es significativamente más cara que algunos de los tribunales más prestigiados del mundo que tienen a su cargo tareas de control constitucional como nuestro máximo tribunal. Se podría argumentar que la Corte mexicana es más cara que las otras porque es más productiva; es decir, nuestros ministros resuelven muchos más asuntos que los otros tribunales. Sin embargo, los datos disponibles no apoyan esta hipótesis”, señalan los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas Ana Laura Magaloni Kerpel y Carlos Elizondo Mayer-Serra.
En su estudio ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?, presentado en noviembre de 2010, evidencian que, si se les compara con la Corte mexicana, el costo de la Supreme Court of the United States es apenas del 37 por ciento; el de la Supreme Court of Canada, del 15.2 por ciento; el de la alemana Bundesverfassungsgericht, del 13.4; el del Tribunal Constitucional de España, del 12.8; el de la Corte Constitucional de Colombia, del 3.3; y el del Tribunal Constitucional de Perú, del 2.9 por ciento.
Por ello, indican que “la independencia judicial no es sinónimo de buen desempeño. Tampoco la autonomía presupuestaria asegura un uso eficiente, racional y eficaz de los recursos públicos”.
“Los ministros fijan sus salarios en sus presupuestos. Ellos siempre dirán que tienen una función bastante fuerte en la República, que es aplicar el derecho al caso concreto; argumentarán que tienen cargas de trabajo significativas, pero la crítica siempre va en el sentido de que en un país pobre no se puede tener una burocracia rica”, considera el doctor Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la SCJN revela que los seguros de gastos médicos destacan entre las erogaciones más onerosas. Entre 2009 y 2011, la cifra por ese concepto alcanzará los 159 millones 379 mil 67 pesos.
Este gasto no sería del todo transparente. Sin mediar licitación pública, el 19 de noviembre de 2009, el Comité de Gobierno y Administración autorizó “la renovación automática de las pólizas de seguro institucional y colectivo de retiro para los ejercicios 2010 y 2011”, y aprobó facultar al oficial mayor para que firmara los contratos de gastos médicos mayores y voluntarios de automóviles y casa habitación propiedad de los servidores públicos para la vigencia 2010-2011.
Aunado a ello, la Suprema Corte otorga los servicios de atención médica y odontológica y realiza campañas de salud, de prevención de enfermedades y atención de urgencias en 12 cubículos de consulta, medicina general y especialidades (medicina interna, cardiología, odontopediatría, cirujano maxilofacial, radiología y ginecología), distribuidos en los edificios sede y alterno, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, la ASF agrega que la Suprema Corte paga los sueldos de un médico con nivel de director de área, 10 médicos con nivel de subdirector y un subdirector administrativo, seis enfermeras y seis administrativos, lo que constituye un gasto integral de 51 millones 404 mil pesos anuales.
Los reportes del Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones detallan, además, que las compras de medicinas y productos farmacéuticos ascienden a 1 millón 742 mil 32 pesos entre 2009 y 2011.
“Se confirma el criterio consistente en que no existe obligación de los titulares de los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubricar los comprobantes del uso dado a los viáticos, lo que corresponderá al servidor público comisionado.”
Ése es el punto 21 del orden del día que ratificaron los ministros Juan N Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Guillermo Ortiz Mayagoitia –entonces presidente de la Corte– el viernes 1 de febrero de 2008, muestra el acta de esa sesión del Comité de Gobierno y Administración.
Un año después, la SCJN reconoce haber destinado 39 millones 970 mil 423 pesos al pago de pasajes y viáticos nacionales y extranjeros: 14 millones 412 mil 664 pesos para viáticos nacionales; 2 millones 155 mil 575 para viáticos extranjeros; 14 millones 464 mil 672 para pasajes locales, y 2 millones 655 mil 890 para viajes al exterior.
En 2010, la cifra total por esos conceptos ascendió a 42 millones 685 mil 596 pesos; mientras que en 2011 se tiene programado gastar 33 millones 678 mil 801 pesos. En total, los viáticos y pasajes sumarán 116 millones 334 mil 820 pesos en el trienio, que no serán supervisados como indica el criterio.
El 7 de diciembre de 2010, los ministros Silva Meza, Margarita Luna Ramos y Ortiz Mayagoitia retiraron de la discusión “el proyecto de acuerdo general de administración por el que se regulan los gastos de viaje en actividades oficiales de este alto tribunal”.
Para el doctor Pedro Salazar Ugarte, investigador del IIJ, “hace falta transparentar mucho el uso de los recursos, y racionalizarlos de mejor manera no sólo en la Suprema Corte, sino en el Poder Judicial en su conjunto. Hay ahí un asunto pendiente que es muy importante, que debe atenderse con seriedad, porque además de los excesos en el gasto, los desplantes económicos excesivos generan un desgaste en la legitimidad del máximo tribunal. En la Corte, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el Poder Judicial en su conjunto, hay un despliegue excesivo de recursos”.
Otros rubros que aún no se transparentan son los de las contrataciones por adjudicación directa y las ampliaciones de montos en los contratos previamente signados. El acta del Comité de Gobierno y Administración de la sesión del 7 de diciembre de 2010 ilustra dos casos de este tipo.
En su punto 10 de carácter extraordinario, el acta apunta: “Se toma conocimiento de las ofertas presentadas por AXA Seguros, SA de CV, para la cobertura de los bienes patrimoniales (inmuebles y contenidos) y los vehiculares para la vigencia de las 12:00 horas del 31 de diciembre de 2010 a las 12:00 horas del 31 de diciembre de 2011, así como de los importes de las primas correspondientes.
“Se autoriza concluir el proceso de contratación conjunta con el Tribunal del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, por asignación directa, de las pólizas (…) con AXA Seguros, en los términos y condiciones propuestos por la compañía aseguradora y con base en el dictamen técnico económico presentado por la Dirección General de Tesorería.”
De acuerdo con el Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, la SCJN tiene presupuestado un gasto para 2011 en el rubro de seguros todo riesgo de 9 millones 600 mil pesos.
La misma acta del 7 de diciembre descubre que, al discutir el punto 9 de carácter extraordinario, el Comité autorizó a la Dirección General de Informática el pago de la consultoría especializada en programación tipo SAP por 25 días de trabajo a dos consultores, por un monto de 80 mil dólares más el impuesto al valor agregado, dentro del contrato que se tiene vigente con la empresa SAP México, SA de CV.
Para la partida presupuestal 330401, “Otras asesorías para la operación de programas”, la Corte tiene programado un gasto de 10 millones 523 mil 600 pesos en este año.
Entre 2009 y 2011, la adquisición de vehículos; la compra de gasolina, combustible y lubricantes; el pago de seguros vehiculares, y la renta de estacionamiento implican al erario un gasto total de 54 millones 642 mil pesos: 25 millones 69 mil 827, en 2011; 19 millones 912 mil 68, en 2010; y 9 millones 660 mil 127, en 2009. En ese mismo periodo, los servicios de telefonía celular suman 5 millones 428 mil pesos.
La escasa rendición de cuentas que persiste en el máximo tribunal se debe a que “venimos de un contexto sumamente autoritario, de una cultura de la opacidad muy fuerte, de una Corte que era un poder inaccesible para los controles de otros poderes. Además, al ser la última instancia, es un poder que se controla a sí mismo. Es ahí donde hay una serie de efectos muy sensibles”, considera el doctor Salazar Ugarte.
Para el investigador Daniel Márquez, “todo el aparato del que se rodean ^
[los ministros] no es correcto: choferes, carros, préstamos para quién sabe qué tantas cosas. Nosotros desearíamos que el esquema de previsión social que ellos tienen fuera extensivo a toda la nación; que todos tuviéramos acceso a préstamos blandos para casas, para vehículos”.
Agrega: “Me parece maravilloso que tengan buenos sueldos, buenas prestaciones, pero ojalá esas condiciones se reflejen en buenas decisiones jurisdiccionales, donde se tutele el interés en juego de los particulares con la necesidad del Estado mexicano de contar con instituciones sólidas, capaces de preservar, en lo que vale, la institucionalidad del país”.
El 7 de agosto de 2008, los ministros Silva Meza, Franco González Salas y Ortiz Mayagoitia “tomaron conocimiento” del estudio sobre la solicitud de otorgamiento excepcional de uniformes adecuados a seis personas para desempeñar la actividad de edecán. “En virtud de lo anterior, se autoriza la compra de los uniformes respectivos”, indica el acta que rubricaron ese día.
La erogación que implicó la adquisición de uniformes para las seis edecanes se inscribió en la partida 2701, “Vestuario, uniformes y blancos”, uno de los escasos rubros que observó la Auditoría Superior de la Federación en su revisión a la Cuenta Pública 2009 de la Corte.
Según el máximo órgano de fiscalización, en ese ejercicio se registró el pago por 8 millones 304 mil 900 pesos a Suburbia, S de RL de CV, por la adquisición de 1 mil 967 tarjetas electrónicas canjeables por ropa y calzado para ser destinados al personal operativo de la SCJN por la prestación de vestuario.
Asimismo, indica la Auditoría Superior, en esta partida se registró la entrega en efectivo al personal foráneo por 1 millón 630 mil pesos. “Se comprobó que la SCJN no consideró como ingresos acumulables para los trabajadores el beneficio del otorgamiento de la citada prestación; sobre el particular, la Dirección General de Personal informó que la SCJN, en su carácter de patrón y como responsable solidario, absorbió el impuesto sobre la renta y lo enteró por conducto de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad.
“Al respecto, después de la reunión de preconfronta, el secretario ejecutivo de la Contraloría informó a la Auditoría Superior que la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial inició la investigación CI 80/2010, referente a los hechos que pudieran configurar una infracción administrativa relacionada con el tratamiento dado al ingreso acumulable por la prestación denominada vestuario.”
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es transparente ni en su gasto ni en ninguna otra cosa –señala el abogado Hernández Monge–. A pesar de que ahora son filmadas las sesiones del Pleno de la Corte, hay una gran cantidad de omisiones: no se explica a la sociedad cuáles son los razonamientos que llevan las autoridades para determinar una u otra cosa.” (Con información de Mayela Sánchez)
Bonos de riesgo en la Corte
Los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baráibar Constantino fueron beneficiados con el llamado bono de riesgo, inventado en el gobierno de Felipe Calderón en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico.
El acta de la sesión del 4 de diciembre de 2008 del Comité de Gobierno y Administración revela que los ministros Juan Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Guillermo Ortiz Mayagoitia autorizaron otorgar a ambos funcionarios la “compensación por grado de riesgo en el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos, autorizados por el órgano de gobierno”.
La justificación: los magistrados formaron parte de “la comisión asignada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar posibles violaciones graves de garantías con motivo de los hechos acaecidos en Oaxaca de Juárez y zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007”.
El bono de riesgo es una de las prestaciones que se asignan de manera frecuente en la Suprema Corte, descubre el acta de sesión del 12 de marzo de 2009, del mismo Comité.
Al discutir el primer punto extraordinario, los ministros Silva Meza, Margarita Luna Ramos y Ortiz Mayagoitia autorizaron cubrir las siguientes prestaciones: “asignaciones adicionales” y “compensación por grado de riesgo en el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos”, así como la compensación por diferencia salarial a favor de 10 personas que no identifican.
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