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La carrera armamentista del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa –iniciada tras su declaración de “guerra” contra el narcotráfico– ha costado al erario, al menos, 4 mil 1 millones 190 mil pesos, revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con esos recursos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha comprado equipo militar, terrestre, aéreo, refacciones y contratado obra pública y servicios de mantenimiento relacionados con ese equipo. Las transacciones se realizaron entre el tercer trimestre de 2007 y el primer trimestre de 2011 por medio del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.
Tan sólo de enero a marzo de este año, dicho fondo registró egresos por 171 millones 229 mil 745 pesos, descubre el “Anexo XVI” de los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Según el documento de Hacienda, el dinero se destinó a la adquisición de equipos bélicos.
“Quienes se benefician son las grandes corporaciones, llámense fabricantes de armas, empresas inmobiliarias, bancos, porque los mafiosos sí tienen dinero en sus casas, pero la mayoría de los recursos no está ahí. Por ello, estos grupos [de beneficiarios] no quieren que cambie la situación [de violencia]. Desafortunadamente, los grandes corporativos son los que controlan, incluso, los congresos.”
Las compras de armamento para contrarrestar la “presión mediática” nacional e internacional –que apunta que los cárteles de la droga tienen mayor capacidad de fuego que las autoridades– no son la única vía para equipar a los militares: la Sedena también produce armas largas y cortas y recibe equipo de campaña de Estados Unidos en el contexto de la Iniciativa Mérida.
Tan sólo en 2011, la Cámara de Diputados aprobó la asignación de 65 millones 701 mil 62 pesos para su propia producción, refiere la dependencia por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El doctor en derecho Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que los narcotraficantes no poseen mejores armas. “El Ejército Mexicano, como cualquier ejército del mundo, cuenta con una significativa capacidad de fuego. Tiene equipo de todo tipo, de marcas israelíes, estadunidenses, checoslovacas, rusas. Además, la Defensa trabaja en un fusil experimental de asalto”.
Agrega que “hay una diferencia sustantiva entre el potencial de fuego: mientras el delincuente tiene que confiar en lo que lleva en su cajuela o en su cinto, el Ejército cuenta con aparatos logísticos que lo pueden surtir tanto de armamento como de municiones constantemente. Hay dos herramientas sustanciales para un ejército en un campo de batalla, la estrategia, es decir la planificación de la campaña, y la logística, esto es que la tropa cuente con todas las herramientas y suministros necesarios para su labor: desde alimentación, salud, comunicaciones, hasta materiales de guerra. Si hablan de potencial de fuego, a menos que digan que La Familia, Los Zetas o los Beltrán Leyva son un ejército, esto es una falacia”.
En 2011, el gasto de la Sedena en armamento podría alcanzar 8 mil 691 millones de pesos. Y es que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada –en su papel de fiduciario– resguarda 4 mil 690 millones en el Fideicomiso, disponibles para las “contingencias” de la milicia en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico.
De acuerdo con los manuales de la Secretaría, las nuevas órdenes de compra de armas y equipo bélico las dará el subsecretario de la Defensa, general de División Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Pese a los montos implicados, ninguna se licitará: todos los contratos del Fideicomiso se “justifican” como de seguridad nacional con carácter “contingente o urgente”.
Ante estas características, la Auditoría Superior de la Federación señala opacidad en el manejo del dinero público. En su revisión a la Cuenta Pública 2009, por tercera ocasión indica que no se garantiza cantidad, calidad ni precio en las compras y en los servicios que la Sedena contrata por la vía fiduciaria.
No obstante, la Secretaría de la Defensa –a través de su Dirección General de Comunicación Social– refiere a Contralínea que, justamente por su carácter de urgentes, los contratos del Fideicomiso, sean para compras o servicios, no se pueden retrasar con procesos burocráticos, como las licitaciones públicas.
Con una aportación inicial de 44 millones 928 mil pesos, el 13 de junio de 2007 se constituyó el Fideicomiso. En ese mismo ejercicio le fueron transferidos otros 1 mil 190 millones 332 mil. De junio a diciembre de ese año, sus gastos ascendieron a 85 millones 414 mil pesos.
En 2008, se le depositaron 781 millones 994 mil mientras que se gastaron 1 mil 105 millones 746 mil pesos, indican los reportes de la Secretaría de Hacienda. Un año después, los egresos ascendieron a 1 mil 536 millones 187 mil; y ya para 2010, sumaron 1 mil 102 millones 611 mil pesos.
Datos de la Sedena refieren que las adquisiciones de armamento y equipo se concentran en municiones (la mayoría, compradas a las empresas Defense Technologies y Eurosports), granadas (Colt Defensa), carabinas (FN Herstal) y vehículos (Humvee y Town and Country).
El doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte, explica que “no existe ninguna experiencia internacional en la cual únicamente centrándose en la parte reactiva policial, y sobre todo con la participación del Ejercito únicamente, se pueda reducir de manera importante el problema [del narcotráfico]. Por más cobertura e incluso por más número de elementos que se tengan por parte de las corporaciones militares, la estrategia es insuficiente. Así ha sido en el caso de Ciudad Juárez, donde a pesar de que se han enviado cientos o miles de militares y policías federales, la seguridad no está aumentando, mientras la violencia sí”.
Al igual que el presupuesto ya ejercido, los más de 4 mil 600 millones del Fideicomiso favorecerán la industria bélica mundial. A cambio de la multimillonaria suma, México –otrora nación pacifista que cuenta más de 40 mil civiles asesinados en lo que va de este sexenio– recibirá más armas para su “guerra”.
Las proveedoras de la Secretaría de la Defensa, que encabeza el general Guillermo Galván, son las estadunidenses Eurosports, Llc; Colt Defense Llc; Alliant Tech Systems, Inc; Bushmaster Firearms International, Llc; Combined Systems, Inc; Federal Laboratories and Armor Holdings, Inc; Hill Country Wholesale, Inc; Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg & Sons, Inc; Smith & Wesson; Winchester Division Olin, Corp.
Otras corporaciones que surten de armas a este país son las belgas Browning, SA; Fabrique Nationale Herstal, SA; las alemanas Carl Walther, Gmbh; Heckler & Koch, Gmbh; las checas Ceska Zbrojovka, AS; Sellier & Bellot Trade, AS; Kroko, AS; las españolas Comlanber, SA; Nobel Sport España, SA; Uee Cartucheria Deportiva, SA; las italianas Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta, SPA; Rizzini, SRL.
Además, la brasileña Forjas Taurus, SA; la uruguaya Glock America, SA; la turca Hatsan Arms Company; la israelita Israel Weapon Industries, Ltd; la canadiense Mancom Manufacturing, Inc. Así como tres empresas radicadas en México: Cascade Cartridge Internacional, SA de CV; Industrias Tecnos, SA de CV; y Productos Mendoza, SA de CV.
El investigador José María Ramos considera que México sí vive una carrera armamentista. “Hemos podido identificar que en esta administración se ha incrementado el número de armamento, especialmente para el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Aquí la pregunta es si eso ha sido eficaz, si eso ha generado mejores resultados, porque los indicadores están a la vista”.
El académico de El Colegio de la Frontera Norte refiere que, aunque se diga que el armamento se utiliza para detener a los grupos delictivos, una parte de los más de 40 mil civiles asesinados en lo que va de este sexenio se ha producido por esas armas. Por ello, Ramos considera necesario saber cuántos inocentes han muerto con ese armamento que se está comprando masivamente.
Las autoridades federales intentan justificar la adquisición del material bélico con la capacidad de fuego que se le atribuye a la delincuencia. Sin embargo, el investigador considera que el problema de esta “guerra” es que solamente se fortalece la parte policial, reactiva, y se dejan de lado la investigación, la ciencia, la coordinación interinstitucional y la estrategia conjunta; elementos que, en el mediano y largo plazo, dan mejores resultados.
José María Ramos dice que tener mejores armas no reduce la violencia ni somete al crimen organizado; tampoco hace que los ciudadanos se sientan seguros. “Por el contrario, los ciudadanos en este contexto se sienten mucho más inseguros”.
El oficio 0001351 de la Sedena –fechado el 22 de marzo de este año y elaborado como respuesta a una solicitud ciudadana de información– revela que el Distrito Federal es la entidad que más invirtió en armas, al haber dado un anticipo por 220 millones 547 mil 673 pesos, que equivale al 30.8 por ciento del gasto conjunto.
Mientras, el anticipo de Chihuahua, considerado uno de los estados más conflictivos del país, ascendió a 25 millones 57 mil 886 pesos. La entidad que menos dinero destinó a ese concepto fue Tlaxcala: 786 mil 485 pesos.
Además de las adquisiciones por estados, el año pasado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron 106 armas a la Sedena: el primero, 40, y la segunda, 66.
Para Samuel González Ruiz, doctor en filosofía del derecho y académico en la Facultad de Derecho de la UNAM, “el mayor error que cometió este país fue dotar de armas de alto poder a policías municipales no capacitados ni certificados”.
El extitular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR dice que “eso explica parte del incremento de la violencia. Si yo soy un delincuente y me voy a encontrar con policías municipales que tienen AK-47, ¿qué voy a hacer de manera inmediata? Subir el nivel de armamento, porque ésa es mi reacción natural. Si yo sé que me voy a encontrar con un enemigo que tiene un arma de un poder uno, yo voy a tratar de tener un nivel dos; y si él sube a dos, ¿qué voy a hacer? Subirle a tres o cuatro”.
González Ruiz observa otro riesgo intrínseco en lo que califica como “uno de los errores fundamentales de la estrategia”: los policías municipales que “trabajan” para los delincuentes pueden estar transfiriendo las armas a los grupos criminales.
Además de ello, la Secretaría de la Defensa reporta que entre 2007 y 2009 sus integrantes perdieron por extravío o robo 7 mil 929 armas: en 2007, 3 mil 536; en 2008, 2 mil 321, y en 2009, 2 mil 72.
Ante los escenarios de violencia, Dante López observa que el ciudadano piensa en armarse como ya está ocurriendo. “Ése es el camino. Y esta ruta no tiene regreso. Lo que está ocurriendo entre las bandas o los grupos antagónicos al final de cuentas es que se está generando un camino de la venganza. Yo cada vez soy más violento y te exhibo en video y el otro le contesta cada vez de manera más violenta”.
No obstante esos riesgos, la agenda política del actual gobierno continúa privilegiando la estrategia de la represión, incluso con presupuestos fuera del que aprueba anualmente el Congreso.
En el caso de la Sedena –principal institución encargada de “combatir” al narcotráfico–, la Cámara de Diputados ya ha cuestionado las transferencias millonarias a favor del Fideicomiso.
En sus reportes La política de gasto público en la cuenta de la hacienda pública federal correspondiente al ejercicio fiscal 2007 y 2008, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala los incrementos millonarios en el presupuesto de la Sedena.
En el análisis 2007, refiere que “la Secretaría de la Defensa Nacional erogó un monto 5.7 por ciento mayor al aprobado, que se explica por aportaciones no programadas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, adquisiciones diversas, y mantenimiento, rehabilitación y remodelación de instalaciones”.
La ampliación neta no programada en el Presupuesto de Egresos 2007 ascendió a 1 mil 956 millones 500 mil pesos, y fue atribuida a “las aportaciones no programadas al Fideicomiso; adquisiciones superiores de materiales de construcción, combustibles, prendas de protección y víveres, y diferencias tarifarias en servicios básicos, así como la compra de equipo de transporte terrestre, aéreo y de comunicaciones en el marco del Sistema Integral de Vigilancia Aérea; la rehabilitación de las bases aéreas militares II de Oaxaca y V de Jalisco, y la remodelación de 12 centros regionales de mando”.
En 2008, indica el Centro de Estudios, la ampliación fuera de presupuesto fue por 2 mil 261 millones 400 mil pesos. La Sedena justificó el gasto extra como “aportaciones al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; construcción de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones complementarias de seis viveros forestales militares; adquisición de armamento, uniformes, equipo médico, de comunicación y víveres; renovación de vehículos terrestres; aumento en las tarifas de servicios básicos, de informática, y de conducción de señales analógicas, asesorías y gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles”.
Samuel González Ruiz pregunta: “¿El costo que estamos pagando es muy alto para los resultados obtenidos?”. De inmediato responde: “Sí. Porque no han visto [las autoridades] que la estrategia tiene que ser dada de manera integral. De manera integral quiere decir todo, visto desde una perspectiva global. El proceso que estamos siguiendo en el país no puede dar resultados mientras no generes estrategias desde el punto de vista social y de la parte financiera. Las 53 sentencias en esta materia [lavado de dinero] son poquísimas, y si las vas a ver, ¿quieres que te diga de qué se tratan? Solamente de tráfico de dinero en efectivo en los aeropuertos, es decir que están pegando todas [las estrategias] a la cadena más baja de la estructura y con eso no vas a desbaratar las organizaciones [criminales]”.
Daño patrimonial por 44 MDP en Sedena
La Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría incurrido en un daño al erario por 44.4 millones de pesos relacionado con el contrato para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los recursos fueron erogados por el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar entre 2008 y 2009.Las supuestas irregularidades están relacionadas con el contrato FAM 2050/I/2008 para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, que involucró recursos públicos por 184 millones 236 mil 700 pesos, revela la ASF.
De su Informe de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, se desprende que el costo original del contrato ascendió a 147 millones 985 mil 400 pesos; pero, posteriormente, tuvo sobrecostos que superaron los 36 millones de pesos, pagados con recursos del Fideicomiso.
Las anomalías detectadas por la ASF habrían costado al erario, además de los 36 millones 251 mil 300 pesos por sobreprecios, 8 millones 187 mil 700 pesos por penalizaciones no cobradas a la empresa rusa Volans, con la cual se dio la relación contractual.
Como lo informó la columna Oficio de Papel el pasado 14 de febrero, las autoridades militares enfrentaron también una investigación del Órgano Interno de Control porque los helicópteros jamás fueron enviados a las instalaciones rusas de la empresa Volans.
La ASF indica que el contrato se firmó el 22 de septiembre de 2008 y tuvo como objeto la adquisición de servicios de reparación mayor de cinco helicópteros por un importe de 147 millones 985 mil 400 pesos (del cual, en el ejercicio 2009, se erogó un importe de 121 millones 353 mil 400 pesos).
En la cláusula octava, agrega, se estipuló que los servicios se realizarían en una planta reparadora ubicada en Rusia y que los helicópteros tendrían que ser entregados con el servicio aplicado en un tiempo que no excedería del 10 de julio de 2009.
No obstante, indica, “la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana con el oficio ADQ-262/840 del 9 de enero de 2009 determinó técnicamente que, por cuestiones de seguridad nacional y debido a diversa problemática que se ha presentado para el cumplimiento de contratos de servicio para este tipo de material de vuelo en talleres certificados fuera del país, no era conveniente que la reparación de los helicópteros se realizara en las instalaciones de Rusia, por lo cual consideró que se estableciera comunicación con el proveedor a fin de que la reparación se realizara en México para prevenir un probable incumplimiento por causas de fuerza mayor”.
El cambio de planes en la Sedena costó 36 millones 251 mil pesos más a las finanzas públicas. Según la empresa Volans, el sobrecosto se derivó de la subcontratación de una planta reparadora en Ucrania, pues su planta rusa no podía realizar los trabajos en México.
Los gastos extras se justificaron de la siguiente forma: por la cancelación del contrato original con la planta reparadora ubicada en Rusia y la ubicación del personal técnico en México durante ocho meses, Volans facturó otros 756 mil 800 dólares, equivalentes a 10 millones 564 mil 900 pesos a un tipo de cambio de 13.96 pesos por 1 dólar del 31 de diciembre de 2009.
Por la transportación aérea de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos); por la transportación marítima de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 240 mil dólares (3 millones 350 mil 400 pesos); por el envío de la herramienta especializada y equipo rentado que se utilizaría para la reparación de los helicópteros de México-Ucrania-México, 400 mil dólares (5 millones 584 mil pesos); y por la compra de material y fabricación en México de equipo y contenedores para la transportación segura de los componentes que fueran enviados a reparación a Ucrania, así como el personal mexicano contratado, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos).
De acuerdo con la ASF, la Sedena no cuenta con evidencia de las investigaciones de mercado que demostraran que no existían ofertas de proveedores nacionales o de países con los que se tenga un tratado de libre comercio respecto de los servicios en cuanto a cantidad, calidad y precio. Al respecto, la Secretaría señaló a los auditores “que no se realizó la investigación de mercado que se alude en la observación, en razón de que no se trató de una licitación pública, sino de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas”.
Para la Auditoría Superior, esto habría contravenido el artículo 43, fracción V, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El máximo órgano fiscalizador también señala que se incumplió con la fecha de entrega de tres helicópteros establecida en el contrato (10 de noviembre 2009). La Dirección General de Administración (DGA), detalla, conocía del atraso en la entrega de los servicios desde el 11 de noviembre de 2009, por lo cual tenía la obligación de cobrar penas convencionales (1 por ciento por cada día de atraso). “Sin embargo, al ordenar que se realizara el pago final de esos tres helicópteros no se previó que se retuviera la pena convencional al proveedor por la entrega extemporánea que le correspondía”.
Mientras que la ASF determinó que las penas convencionales ascienden a 636 mil dólares (8 millones 187 mil 700 pesos); la Sedena sólo aplicó sanciones por 422 mil dólares (5 millones 174 mil 800 pesos). Ninguno de los dos montos fue recuperado porque el proveedor solicitó su cancelación el 27 de mayo de 2010; y aunque habían transcurrido seis meses de la fecha de entrega pactada, “dicha penalización se encuentra en análisis por el área jurídica de la DGA”, dice la Sedena.
La Auditoría Superior notificó al Órgano Interno de Control las anomalías. Expediente que, según indicaron fuentes de la Secretaría de la Función Pública a la columna Oficio de Papel, ya habría sido cerrado sin fincar las responsabilidades correspondientes.
El mercado negro de las armas
La operación emprendida por el gobierno de Estados Unidos para traficar de forma ilegal armas a México, llamada Rápido y Furioso, descubrió el doble discurso del principal promotor de la “guerra” contra el narcotráfico. Además, reveló el rampante tráfico de armas que se comete en la frontera más vigilada del mundo.
Para el doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte, “desafortunadamente en los últimos años se ha agudizado el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México”.
A pesar de la gravedad del problema, que ya ha creado un mercado negro de armas, Ramos observa que el gobierno estadunidense y, sobre todo, algunas autoridades centrales, con su aval o no, “vienen implementando ese tipo de operativos para supuestamente instrumentar mecanismos de inteligencia y tratar de desarticular a los distintos grupos delictivos de drogas y tráfico de armas”.
Sin embargo, dice, “la pregunta concreta es si este tipo de mecanismos eran los mejores o si, sobre todo, podrían garantizar resultados precisos en lo que se proponían que, básicamente, era tratar de identificar a grupos delictivos asociados a este tipo de problemas. Desde mi perspectiva, es una política errónea porque lo más importante era haber desarrollado una tarea de inteligencia y de investigación eficaz. Sin embargo, se trató por otro mecanismo que fue totalmente ineficaz y que coadyuvó a que el problema de las armas se incrementara”.
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