[fullwidth style=”parallax” fullwidth=”yes” background_color=”” background_image=”https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2016/08/seguridad-nacional-plx.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”1px” border_color=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”300″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=””]
En la Agenda Nacional de Riesgos –que custodia el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)– el gobierno federal no incluye como amenazas para la seguridad nacional temas como la crisis económica, la pobreza, la dependencia alimentaria, la deuda externa, el desempleo, las reformas estructurales o la desigualdad social, considerados por expertos como “amenazas potenciales de desestabilización social”.
Lo que el documento sí considera como factores de riesgo son los grupos de trabajadores, campesinos, maestros, estudiantes, comerciantes, migrantes y movimientos sociales que “atentan” contra el “sistema económico, político y social que el país ha adoptado y que provocan ingobernabilidad, violencia y conflictos agudos focalizados”, como se advierte en las versiones de 2013, 2014 y 2015, a las que Contralínea tuvo acceso.
Por ello, frente a temas como la violencia crimen organizado y las protestas sociales contra las reformas estructurales, lejos está de cumplirse el propósito del presidente Enrique Peña Nieto, previsto en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, de contar con un “México en Paz, en el que la libertad, la vida, el bienestar y el patrimonio de todos los ciudadanos sean garantizados por la plena vigencia del estado de derecho”.
Y es que México no tiene un proyecto de seguridad nacional ni, mucho menos, una definición del interés nacional, explica el investigador Guillermo Garduño Valero. Como consecuencia, dice, no puede crearse una voluntad nacional, que significa hacia dónde dirigirse, cómo orientarse y bajo qué tipo de acciones es posible llegar para poder defenderse, incluso para proyectar al país de una manera mucho más fuerte frente al exterior.
De tal manera que se excluyen de la Agenda Nacional de Riesgos las temáticas de pobreza, deuda externa, dependencia alimentaria, por no considerarlas importantes para el ámbito internacional.
Experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, y doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que un proyecto de seguridad nacional tiene que ver con dos elementos importantes que se tienen que sustentar: los intereses nacionales tanto permanentes como coyunturales, que son absorbidos por otro elemento mayor, que es la seguridad internacional.
El proyecto económico constituye un riesgo clave para la viabilidad del país, consideran los expertos consultados por Contralínea, y advierten del peligro que ello significa. Al tiempo, plantean alternativas para evitar que el país continúe su marcha hacia una crisis social generalizada y de mayor vulnerabilidad frente al exterior.
Martín Barrón Cruz, maestro en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctor en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, considera que se debe cambiar el concepto de seguridad nacional por el de seguridad humana, donde se incluyen la parte económica, la parte social, la pobreza, etcétera, para tener un panorama real de cómo atacar esos problemas.
El gran problema, indica, es que quienes deciden lo que es la seguridad nacional no entienden qué es la seguridad humana. Explica que el primer punto es el desarrollo humano, que evalúa y determina la calidad de vida de las personas –en el nivel económico, político y social– y considera a la pobreza, la desigualdad, la marginación como factores que impiden el desarrollo armónico de los grupos sociales y de sus instituciones; y el segundo es la seguridad global, que consiste en todo tipo de amenazas que pueden afectar a las personas en cualquier parte del mundo.
El doctor Emilio Vizarretea Rosales advierte que “el proyecto económico se ha convertido en detonador de conflictos sociales a raíz de serios problemas de redistribución del ingreso”. Agrega que “el deterioro económico, el desempleo y la pobreza, constituyen una potencial amenaza a la seguridad nacional, porque abren la posibilidad de un brusco cambio de fuerzas que conlleve a la desestabilización política y social y a una mayor vulnerabilidad frente al exterior”.
El doctor en teoría crítica por el Instituto de Estudios Críticos subraya: “En México se observa un fenómeno de desgaste económico con serias influencias en los distintos grupos sociales. Resulta preocupante el deterioro en niveles de vida y expectativas de la clase media, pero sobre todo la polarización de los sectores sociales, especialmente empresarial y obrero, frente a la realidad nacional y las acciones del gobierno.”
Vizarretea Rosales advierte que “la pobreza sin duda es un riesgo que se vincula con el desarrollo del país y al que se suma el narcotráfico y otros temas que se han soslayado, poniendo incluso en una situación inestable al propio presidente de la República, al no tener un mecanismo de acciones inmediatas sobre nuevas amenazas”.
Desde que se instauró el programa Solidaridad –y luego el Programa Progresa y ahora la Cruzada Nacional Contra el Hambre– se ha impulsado una política limitada que no ha logrado disminuir los índices de pobreza y se están volviendo caldos de cultivo para la delincuencia en términos de seguridad pública.
“Hay un escenario delicado, una especie de vasos comunicantes entre estos factores de riesgo que son graves.”
Señala que, en ese contexto, es muy fácil que se incremente la violencia, la inestabilidad, el desempleo y, por lo tanto, la pobreza. “Estas variables en un escenario de seguridad nos ponen en una situación de estado de indefensión social, política, jurídica”.
Para el investigador, la forma en cómo se establece una agenda de riesgo tiene que ver con el grado de prospectiva, que define hacia dónde se quiere llegar en un gobierno. “Y ésta es una de las fallas, pues no se puede seguir actuando en temas tan complejos con políticas gubernamentales sexenales cuando lo que se necesita son políticas de Estado de largo plazo”, indica.
Considera que varios de los temas que “preocupan” al actual gobierno son “importados”, como el terrorismo. Vizarretea Rosales dice que “por lo que puede apreciarse, la Agenda de riesgos se globalizó, pero nuestros problemas locales se mantuvieron”.
Se explica: “Tenemos en el sótano problemas graves como la pobreza, el subdesarrollo y otros que van emergiendo de la evolución de acontecimientos políticos y sociales como la corrupción y la impunidad, que tienen un enorme peso porque atentan contra el estado de derecho, la salvaguarda de la independencia, la estabilidad y el desarrollo del país.
“Tenemos una especie de revolución silenciosa que está calando entre empresarios, la iglesia, los comerciantes, estudiantes, trabajadores y grupos sociales que se sienten atacados por el Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y, obviamente, por lo más grave y generalizado: la corrupción y la impunidad.”
Si surgiera otro problema mayor al de la caída de los precios del petróleo, como la caída de nuestros productos básicos, desataría un conflicto de consumo popular imposible de ser soportado por el subsidio gubernamental, ya que las reservas internacionales, como política de Estado, están comprometidas. Ni siquiera se pueden utilizar para inversión de desarrollo. No están disponibles. Los tenemos en libros y ni siquiera en el Banco de México, explica.
“Incluso podríamos estar en una situación de indefensión ante la posibilidad de que se paralizara el sistema financiero”, subraya.
Por eso, dice, uno de los aspectos nodales a modificar en México es la discrecionalidad con la que el Ejecutivo opera en materia de seguridad nacional.
—¿El modelo económico constituye un riesgo a la seguridad nacional?
—La única política de Estado que existe desde hace 30 años es la política macroeconómica, que se ha acentuado en función del modelo globalizador y del tipo de intercambio generado por las grandes potencias y empresas que tienen que ver con productos estratégicos vinculados al petróleo, a la defensa y a la tecnología.
“Es decir, México tiene severas limitaciones en términos de poder de decisión. Tan es así, que tenemos afectados los recursos que se esperaban que provinieran del petróleo y que sostendrían políticas públicas, lo cual es lamentable porque coincide con un proceso de reformas estratégicas cada vez más lejos de ver sus resultados en el corto plazo.”
Vizarretea explica que es grave que la Agenda Nacional de Riesgos no tenga una visión clara y precisa de las consecuencias de confrontar a una organización, un grupo social, jubilados, pensionados. Se debería de tener claro cuál sería el impacto y el beneficio en términos de costos, no sólo para los ingresos y egresos de una empresa, sino de todo el país.
“El grado de deterioro de la relación económica en la acumulación de capital en muy pocas manos, frente al grado de deterioro del inmenso número de la población, nos sigue mostrando que no hemos avanzado mucho, no sólo desde el muro de Berlín, sino desde la Segunda Guerra Mundial, en que el proceso de crisis capitalista sigue deteriorando a quien menos tiene.”
Señala que mientras en México no se tenga una taza de desempleo menor al 5 por ciento y un crecimiento del producto interno bruto suficiente que permita “cierta soberanía económica, en particular, alimentaria y de recursos estratégicos en general, obviamente que nuestro problema de modernización no nos va a alcanzar”.
—¿La crisis económica y social que vive el país pone en riesgo la gobernabilidad?
—La gobernabilidad es fundamental porque tiene que ver sobre la manera en que los distintos actores políticos trabajan en función del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, pero también en la forma en que responde ante factores de riesgo, que son los que le dan el peso coyuntural a la Agenda Nacional de Riesgos.
“El grado de gobernabilidad tiene que ver con el Estado de derecho, su cumplimiento y las relaciones que se dan entre los tres poderes, los tres niveles de gobierno y su vinculación con la sociedad. La gobernabilidad es fundamental porque permite, a partir de una serie de indicadores, valorar el grado de conformidad o de inconformidad social.”
Vizarretea dice que la gobernabilidad es un “tema macro”, que se va desplegando: “en qué entidades hay conflictos, cuáles se podrían presentar en el ámbito del gobierno federal y el tipo de tratamiento, los acuerdos y mecanismos para resolverlos, porque ya no se pueden tomar decisiones unilaterales, sino en función y con fundamento en los acuerdos del pacto federal”.
—¿Hay gobernabilidad en México?
—Hay gobernabilidad en cierto sentido. Hace 20 años emergió el EZLN [Ejército Zapatista de Liberación Nacional] y se colocó en un posicionamiento de control territorial de cuatro municipios en Chiapas. Se dice que hay una pérdida territorial, de ejercicio soberano en el estricto sentido y esto implica que haya una pérdida de gobernabilidad en esos municipios, puesto que los procedimientos normales de renovación de sus autoridades pasan a una circunstancia de usos y costumbres que no prevalecía.
—¿Y esto qué significa?
—Que desaparece la idea original del Estado de derecho en esos cuatro municipios y se está afectando la soberanía, la integridad territorial, porque difícilmente tienen acceso fuerzas federales, policiacas u otros entes que no tengan que ver con quienes los controlan.
“Eso significa que en algunas entidades, regiones o zonas de riesgo, en algunos municipios o comunidades los poderes fácticos tienen el control. La autoridad es rebasada por un poder fáctico, sea criminal o no, está socavando la toma de decisiones, y la gobernabilidad sería inexistente.”
Pero también, señala Vizarretea, “en el caso genérico no se puede establecer una pérdida de gobernabilidad, porque implicaría que no se pudieran tomar decisiones de gobierno, de la sociedad; eso no existe, aunque no se pudieran utilizar por ejemplo aeropuertos, vías de comunicación. Lo que se ha puesto en duda es que esa gobernabilidad pierde fuerza cuando hay un bloqueo carretero, una toma de edificios.
“Algunos analistas señalan una especie de gobernabilidad democrática donde se brinde una tolerancia, otros la consideran excesiva; pero en términos estrictos se estaría perdiendo la gobernabilidad cuando hubiese una imposición de un ente que no es autoridad.”
—¿Se puede hablar de gobernabilidad cuando se reprime a los maestros?
—No. Es una medida autoritaria. Si una autoridad no tiene la capacidad para convencer, disuadir o llegar a un acuerdo con alguna organización o personaje que estuviera afectando realmente el desarrollo cotidiano, nos encontramos en una situación en donde la autoridad tiene que intervenir de manera autoritaria. Cuando no lo hace, por temor, complicidad, incapacidad, negligencia u omisión, tiene sus costos y sus responsabilidades. Tanto la omisión como el exceso en el uso de la tolerancia tienden a socavar a la propia autoridad y con el tiempo a generar ingobernabilidad.
Autor del libro Poder y seguridad nacional (Cesnav, 2013), Vizarretea Rosales destaca que el proceso de reformas estructurales, al que le apostó el gobierno de Peña Nieto, tiene variables que no controlaron y que tienen que ver con el exterior como los precios del petróleo, cuyo efecto en cascada ha impactado el desarrollo nacional.
En materia fiscal, dice, se quiso generar una especie de subsanación por la vía de mayor recaudación de impuestos, pero afectó a causantes cautivos y generó malestar social de los empresarios y trabajadores.
—Frente a esta realidad, ¿cuál es la salida si se suma la crisis de los partidos políticos?
—El problema no es solamente de los partidos y sus dirigencias. No estamos visualizando una alternativa; no hay otra salida; lo que encontramos son señalamientos que más parecen efectos de publicidad que realmente una propuesta alterna de desarrollo. Decir que si vendemos el avión que usa el presidente o que se debiera de actuar con honestidad, son propuestas publicitarias válidas e importantes, pero si no vienen acompañadas de un plan, realmente no tienen sentido, y quizás nutren el coraje social. En las dirigencias partidarias no hay planes alternativos, un programa atractivo.
“En ese sentido, es menester que el Estado tenga bien delineados sus objetivos nacionales y que estén encaminados a lograr el bienestar y seguridad de sus ciudadanos. La Agenda Nacional de Riesgos, con una elaboración metodológica precisa y de carácter nacionalista, podría ser un avance en la materia.”
El doctor Vizarretea Rosales advierte que la penetración de la delincuencia organizada en el Ejército, la Armada, la Policía Federal y en los gobiernos federal y locales, así como en los procesos electorales y entre la población colocan al país en un estado de indefensión social, política y jurídica.
“La manera en que la narcodelincuencia se incrustó tanto en las áreas del gobierno como en el tejido social, podría contaminar en términos sociales a una población cercana a los 10 millones”, enfatiza.
—¿Estamos frente a un narco-Estado?
—Sí, no solamente es un tema de un grupo aislado ni del gobierno ni de la sociedad. La delincuencia organizada entró en una faceta en donde se involucró con la sociedad y con autoridades locales y federales. Están los registros, los señalamientos, las prácticas.
Considera que la entrada de las Fuerzas Armadas a los asuntos de seguridad pública generó su contaminación y corrupción.
Por ello, el especialista sostiene que México no es un Estado fallido ni Estado débil; pero “sí el señalamiento de narco-Estado cobra una dimensión efectiva. Una parte del Estado se está inclinando hacia intereses perversos, delincuenciales, que están socavando literalmente la fuerza social. Esto ha generado inconformidades, ya que los grados de violencia van escalando y generarían el día de mañana un pleito entre tres fuerzas: los narcos, la sociedad y las fuerzas gubernamentales”.
Vizarretea señala como un hecho la penetración del crimen organizado en los procesos electorales.
“Hay que decirlo con mucha responsabilidad pero con firmeza: no es un tema de candidatos, de partidos, de campañas de lodo; es un tema de seguridad nacional, porque está afectando la estabilidad y la participación de la democracia de los ciudadanos en México.”
Para el académico, la violencia, la inestabilidad y la pobreza son variables que en un escenario de inseguridad nos ponen en indefensión social, política, jurídica, lo cual significa que los programas dedicados a resolver estos asuntos no han tenido el resultado deseado.
“No quiero decir que estamos a un paso de la revolución social, de la invasión externa o de la presencia de cascos azules, pero el grado de blindaje social y jurídico que antes se tenía en los procesos electorales está socavado.”
Y vivir en un narco-Estado, una narcopolítica, implica que cada vez que haya un proceso electoral se valore el peso que van a tener los que controlan plazas o los que son fuertes si intervienen con plata y plomo.
Para el doctor Guillermo Garduño, el gobierno mexicano todo lo ve desde el ámbito de los organismos internacionales, que formulan políticas como un ordenamiento frente a la pereza mental del mismo régimen. “Estamos hablando que una sociedad que se está polarizando y la quieren modernizar con una serie de sistemas donde el derecho al trabajo se vuelve totalmente efímero”.
Cuestiona “¿quién hizo el Plan Nacional de Desarrollo?”, y responde: “Pues los chicos del Tec [Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM], quienes el día que comen un taco de barbacoa se indigestan: están alejados del pueblo. Mientras estos júnior con esos criterios sigan gobernando, pues seguirán hablando de las mismas referencias del imperio y gobernando con una mentalidad romana. No veo ningún político que piense de una manera donde la modernidad vaya de la mano de la participación y el consenso social”.
El especialista observa que es necesario entender que la seguridad nacional ya no es la seguridad del presidente de la República ni del sistema burocrático donde todos son cómplices. Las explosiones sociales que hay no son casuales: son consecuencia de haber excluido las demandas sociales del sector educativo y de la población.
—¿Qué opina de Eugenio Ímaz al frente del Cisen y de quienes elaboran la Agenda Nacional de Riesgos?
—Que ha sido cómplice de los hidalguenses; ya sabemos dónde están ubicados; a ese puesto no se llega nada más de la noche a la mañana sin ningún antecedente en seguridad nacional. Forman parte de un sistema que carece de una doctrina de seguridad nacional que precisamente discutiera el contenido de estos temas y factores de riesgo relevantes. Es un aparato burocrático, una maquinaria que sigue conservando los mismos rasgos del siglo XX, absolutamente inútiles para el siglo XXI.
—Entonces, ¿para qué hacer una Agenda Nacional de Riesgos, que además es secreta?
—Porque necesitan el documento para esos organismos; pero cuando vas hacer planeación estratégica, lo primero que tienes que hacer es que la gente conozca los planes, tiene que vivir de ellos, porque los actores son los que nos van a dar ideas de qué necesidades de seguridad y bienestar requieren.
“Sencillamente, la ejecución de la Agenda Nacional de Riesgos por el gobierno es como llegar y decirle a los albañiles: ‘tenemos los planos guardados; el arquitecto ahí les va a ir diciendo de vez en cuando; mientras tanto, trabajen duro’… ¿Y qué? ¿Para qué? Si algo deben tener los autores de este documento de planeación, es que todos deben conocerlo, tienen que saber qué metas y qué objetivos se pretenden lograr, para saber entonces cómo orientar las acciones y las políticas que vayan dirigidas principalmente a la sociedad. Estamos hablando de un mundo sin cabeza.”
El especialista considera que no se justifica el secretismo con que se maneja el documento. “Se trata de un asunto público, público entonces debe ser su contenido. La Agenda Nacional de Riesgos deben verla hasta los niños, a los que se les debería de enseñar el país que queremos; tenemos que hacer este tipo de acciones y no vencer, sino de convencer; porque lo único que se está haciendo son monólogos donde cada quien habla su lenguaje y nunca se van a poner de acuerdo porque ni siquiera tienen punto de cruce”.
Explica que la seguridad no debe fincarse en la represión o el número de policías. “Eso es una estupidez; mientras haya más policías y se multipliquen se va a multiplicar la delincuencia a costa de la misma sociedad. Yo no veo a nadie que se identifique y reconozca a un policía como un servidor público confiable, no hablemos de los representantes de la sociedad que sería el ministerio público”.
—¿Las reformas estructurales son un riesgo para la seguridad nacional?
—Debe saberse cómo orientar una reforma estructural y decir bajo qué condiciones nos llevará a qué tipo de país. Hoy tenemos la crisis profunda de la reforma educativa que no fue consultada con los actores que desarrollan el proceso educativo. Todo ha sido un proyecto hecho, diseñado, concebido desde un ámbito burocrático. La reforma de la justicia, con respecto al sistema de carácter acusatorio, es una caricatura de la justicia, porque todos quedaron totalmente al margen del conocimiento del nuevo procedimiento. No se trataba de darles cursitos, sino de inducirlos hacia una nueva práctica con todas sus agravantes; tampoco se les dio importancia a los nuevos tipos de jueces, secretarios y auxiliares de los juzgados que son una porquería. Se crea un sistema de justicia donde supuestamente deben de tener mediación, no tenemos mediadores, y en consecuencia, no hay autoridad; la autoridad significa el reconocimiento de los autores y que esto sirva para aplicar la sentencia o tomar una determinación. La reforma energética, que iba a renovar definitivamente todo el proceso de nuestros recursos no renovables, es un hecho incontrolable: Pemex [Petróleos Mexicanos] fue destruida, ésa es la única realidad; está en bancarrota, se la devoraron los sindicatos, las corruptelas, las dirigencias, los regímenes presentes y pasados, en esa dirección no está cambiando absolutamente nada. En síntesis, cada una de las reformas estructurales se hicieron para responder a un interés de las corporaciones internacionales pero no para resolver las demandas de la nación, porque en México hablar de políticas públicas es la obediencia a mandatos; no es sencillamente un escenario donde hay que negociar, donde primero hay que recoger la opinión de la sociedad y llegar a acuerdos específicos de cómo aplicar las cosas.
Para el especialista, lo que ha ocurrido es que los últimos gobiernos siguen pensando como en el siglo XX, cuando las decisiones fundamentales del país las tomaban las cúpulas, las élites, decisiones que, en el momento de quererlas procesar o llevar al ámbito de la sociedad, chocan con la realidad.
“Lo vemos en una ley que en un momento determinado puede quedar sin aplicación desde el momento mismo de que fue formulada. Igual ocurre respecto a los mecanismos de seguridad ajenos a la sociedad, y en consecuencia lo único que se hace es un gobierno cada día más corrupto, más inepto, más torpe en sus acciones, y cada vez más cómplice de las consecuencias en todos los niveles.”
—¿Y qué decir de la corrupción e impunidad?
—El problema de la corrupción básicamente se deriva de un interés más de las corporaciones internacionales que no quieren invertir en un lugar donde pueden obtener ganancias a través de corruptelas, cantidades enormes por autorizaciones y trámites. La corrupción y la impunidad van de la mano, y esto definitivamente se complica si se pretendiera castigar a dos elementos que van de la mano. Lo que estamos contemplando es algo que está pasando en el mundo y que de repente comienza a ver focos de resistencia frente a planes, proyectos, ideas que supuestamente surgen desde los niveles más altos, pero que en el momento de su aplicación con todo y su aprobación, y sus recursos para respaldarlos, no funcionan.
Garduño Valera recalca que “el mundo definitivamente ha cambiado: la hegemonía estadunidense actualmente se pone en duda constante mundial; hay una preferencia particular y énfasis sobre todo por el ámbito de las corporaciones y los organismos internacionales que determinan las políticas públicas de los países”.
A decir del especialista, la voluntad nacional ha quedado supeditada, por un lado, al ámbito a una cantidad enorme de partidos que huyen definitivamente de la realidad, ninguno de ellos es mayoritario y hay un creciente abstencionismo, y por otro lado, que los proyectos que intentan promover están alejados de la sociedad.
“Dentro de un esquema de carácter global tampoco existe ni siquiera la voluntad ni la percepción por parte de las estructuras gubernamentales o del régimen actual, para incorporar las demandas sociales y darles una salida, no solo en el programa de seguridad nacional, sino en mecanismos de participación social, que es el elemento más importante.”
El investigador Barrón Cruz explica que hay siete factores básicos que se deben de tomar en consideración para la seguridad nacional que se basa en la seguridad humana, considerados por la Organización de las Naciones Unidas, y que nada tiene que ver con el concepto tradicional de seguridad nacional.
“Primero, la economía. Tener un ingreso digno a partir de contar con seguridad en el empleo y un ingreso seguro. Segundo, la alimentación, el acceso tanto físico como económico a los alimentos básicos. Tercero, salud, combatir los factores que provocan enfermedades infecciosas, contagiosas y parasitarias. Cuarto, justicia, prever los factores que aumentan el riesgo y vulnerabilidad de un grupo social determinado, es decir, los homicidios, los delitos contra la salud, la violencia y cuál es su impacto sobre los grupos vulnerables, ancianos, mujeres, niños. Quinto, seguridad comunitaria, la preservación cultural de valores de un grupo social. Sexto, seguridad ambiental, generar condiciones de un ambiente ecológico adecuado para el desarrollo humano y séptimo, la política, la situación de los derechos humanos y la democracia sobre un Estado.”
—¿Por qué no están incluidos en la Agenda Nacional de Riesgos?
—En la Agenda Nacional de Riesgos están contemplados sólo ciertos fenómenos que de alguna manera pueden dañar cierto tipo de instalaciones y actividades que van a generar problemas a la seguridad nacional, es decir, es una visión estrecha de lo que es la seguridad nacional. Por ejemplo, si cruzamos la Agenda con el contenido de la Ley contra la Delincuencia Organizada, resulta curioso que el narcotráfico y el terrorismo están considerados como problemas de delincuencia organizada, pero también como un problema de seguridad nacional. Entonces tendríamos que emplear otras categorías para los 11 delitos que están marcados en la ley como lavado de dinero, robo de hidrocarburos, etcétera. Si comparamos la Ley contra la Delincuencia Organizada con la seguridad nacional, se darían cuenta que en dicha ley hay una visión más de corte penal que de orden económico, social y político que no está en la Agenda Nacional de Riesgos.
“La Ley de Seguridad Nacional dice que todo lo va a determinar el titular del Ejecutivo federal; habla de la protección de la nación frente a amenazas y riesgos, la preservación de la soberanía e independencia; el mantenimiento del orden constitucional; la preservación de la democracia; el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.”
El académico señala que se debería empezar por hacerse algunos cuestionamientos básicos: “¿Qué es lo que estamos buscando, la seguridad y el bienestar de la población o la seguridad y el bienestar de los funcionarios del gobierno? Porque confundimos que el gobernante es el Estado y, en ese sentido, ¿por qué estamos protegiendo a los funcionarios? ¿En qué momento van a proteger a la sociedad?”
Agrega: “En un curso del Cisen sobre seguridad nacional pregunté por qué no se incluían las epidemias y me dijeron que yo estaba mal. En respuesta les puse el primer informe de gobierno de Calderón de 2007 y resulta que uno de los principales problemas de seguridad nacional era el gusano barrenador. Entonces se me quedan viendo como diciendo ‘qué es eso’. Y les respondí: ‘Aquí está en el informe presidencial’.
“Todo mundo me atacó porque yo no venía de los órganos de inteligencia del Estado. Me dijeron que la Agenda de Riesgos era secreta, confidencial. Pero igual yo les decía: A ver, si hay una epidemia dime qué tengo qué hacer. Lo que pasó con el H1N1, no sabían qué hacer, porque no sólo causó una gran conmoción social y económica, sino que puso en evidencia la carencia institucional para poder enfrentar esta clase de amenazas.
Barrón considera que el secretismo con que se maneja la Agenda Nacional de Riesgos se debe a que cuida sólo ciertos intereses y porque los problemas del país sólo se ven desde el punto de vista represivo.
“Si observamos los delitos de la Ley de Seguridad Nacional, pues tienen que ver más con una cuestión de delincuencia, de delitos que atentan contra los funcionarios de la administración pública federal o con ciertas áreas del gobierno, pero no con el bienestar y protección de la población. También es obvio que la cuestión económica cómo la resuelves, porque todo el mundo habla de seguridad pero yo les digo, hay una seguridad que la población se la pide al gobierno y el gobierno lo que hace es emitir un ordenamiento con cuestiones cada vez más penales aun cuando restringa los derechos humanos.”
—¿Qué se puede hacer?
—Se requiere empezar a cambiar una serie de circunstancias en nuestro país, pero yo no veo que haya voluntad política para intentar cambiarlas. Primero, la voluntad política; y después, proyectos realmente concretos que tengan un cambio social y económico en el país, eso va a estar muy difícil. En México tenemos una disparidad económica, social, cultural. No puede ser que un país con 120 millones de habitantes tenga al 70 por ciento con distintos niveles de pobreza y sólo el 1 por ciento de esos 120 millones obtenga toda la riqueza del país, es absurdo. Pero difícil de resolver porque no sólo hay intereses de la clase económicamente poderosa e intereses externos, sino de la clase política del país, porque es una manera de seguir manteniéndose en el poder.
Reserva el Cisen por 12 años de las Agendas de Riesgos 2014 y 2015
En respuesta a la solicitud de la versión pública de las Agendas Nacionales de Riesgos 2014 y 2015, hecha por Contralínea (folio 0410000028715), el Cisen reservó por 12 años ambos documentos. La resolución fue confirmada por unanimidad por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
En su exposición, la presidenta del Inai y comisionada ponente, Ximena Puente de la Mora, argumentó que su propuesta de mantener la reserva se basó en “la información relativa a la Agenda Nacional de Riesgos (ANR) de 2000 y de 2012. Del análisis de las mismas, fue posible advertir que si bien cada una de ellas se elabora conforme a diversos criterios específicos, acorde a la realidad política y social del país, éstas reflejan dos líneas generales de acción: i) Seguridad y ii) Gobernabilidad” (sic).
Explicó que la estructura de la Agenda de 2000, de 142 fojas, comprende los temas de “índice e introducción; gobernabilidad y modernización política; narcotráfico; seguridad pública; grupos subversivos; modernización económica; movimientos y actores sociales; y asuntos internacionales”, de acuerdo con información del Cisen que consultó.
Argumentó que “si bien las Agendas Nacionales de Riesgos analizadas en los recursos de revisión son de años anteriores a los solicitados por esta revista (2014 y 2015), es importante recalcar que de estas Agendas se puede observar de manera genérica el contenido de información que se insertan en las mismas”.
Es decir, en su respuesta de 38 páginas, la presidenta del Inai reconoce que no tuvo acceso a las agendas institucionales de riesgos 2014 y 2015, sino sólo a las correspondientes a 2000 y 2012, en las que se basó para analizar la petición de este semanario y la respuesta del Cisen.
“La ponente tuvo a la vista la Agenda Nacional de Riesgos 2012; sin embargo, de la estructura de dicha documental, no se pudo realizar una compulsa en los mismos términos que la anterior (2000), toda vez que su conformación es completamente distinta. Como ejemplo, su estructura no comprende un índice. Cabe señalar que de la lectura de ambas documentales, se pudo observar que su contenido comprende variables que se encuentran vigentes, específicamente respecto de las líneas de acción y actores.”
En su respuesta al expediente RDA 5254/15, el Cisen argumentó que la difusión de la Agenda, aún en versión pública, “vulneraría irreparablemente la habilidad de las instancias del gobierno para hacer frente a esas situaciones en su estado de desarrollo actual”.
Agregó que “al ser documentos prospectivos, la previsión se hace por periodos, por lo que los posibles daños no desaparecen de forma instantánea, sino que permanecen incluso durante años, por lo que la revelación de una Agenda de años pasados, conserva el potencial para anular la efectividad de las estrategias gubernamentales ahí señaladas”.
Para la autoridad, las supuestas consecuencias de revelar las Agendas solicitadas son:
Pérdida de oportunidades para actuar, pues al revelar el contenido de las agendas, es fácil deducir futuras acciones de contención o neutralización de amenazas, lo que otorgaría valiosas oportunidades de anticipación a aquellos actores cuyas conductas constituyen el sustrato de las amenazas a la seguridad nacional.
Aislamiento internacional, ya que por efecto de la ineficiencia para contener o neutralizar amenazas internacionales, la comunidad internacional buscará otros medios –al margen de la cooperación institucional con México–, para enfrentarlas, y
Derroche de recursos humanos, materiales y financieros, pues una vez conocido el contenido de las agendas, el esquema de coordinación, prioridad y direccionamiento de activos federales, estatales y locales, quedaría rebasado automáticamente.
Por lo tanto, concluyó: “Resulta imposible entregar una versión pública de las Agendas Nacionales de Riesgos 2014 y 2015, toda vez que las causas que dieron origen a su clasificación cobran vigencia en el contexto actual, e incluso muchas situaciones previstas están justamente desarrollándose”.
Aunado a lo anterior, abundó el Cisen, su difusión causaría:
“Daño a la eficiencia para enfrentar riesgos de seguridad nacional”: (…) “proporcionaría el surgimiento de amenazas distintas a las comprendidas por la Agenda Institucional de Riesgos, orientando el comportamiento de personas y grupos hacia formas nuevas de organización, encubrimiento y financiamiento a efecto de que el gobierno federal pierda capacidad de anticipación para detectarlos y contenerlos”.
“Daño a la defensa exterior”: (…) “otorgaría ventajas aquellas entidades extranjeras interesadas en dañar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano y la defensa exterior de la federación”.
“Daño a la seguridad interior: (…) revelaría información toral en la planeación de toda clase de operaciones del Estado frente a las amenazas percibidas; constituiría un serio obstáculo a la realización y éxito de operaciones de inteligencia y contrainteligencia, resultaría eficacia [sic] a las estrategias establecidas para combatir la comisión de delitos contra la seguridad de la nación o vínculos con las diversas modalidades estratégicas o de importancia fundamental para el bienestar de la población en cuanto al suministro de servicios públicos o sanitarios.”
“Daño presente: se haría de conocimiento público información de inteligencia que detalla de manera prospectiva las posibles amenazas a temas relacionados con la seguridad pública y seguridad nacional.”
“Daño probable: (…) podría alertar agentes que actúan contra de los intereses del Estado mexicano, sobre las actividades que han sido detectadas y sobre las cuales podrían tomarse acciones para combatirlas.”
“Daño específico: pondría en riesgo las acciones destinadas a proteger la seguridad interior de la Federación.”
Por lo que resolvió: “La reserva íntegra de las Agendas Nacionales de Riesgos 2014 y 2015 por 12 años, con fundamento en el artículo 13, fracción I de la LFTAIPG, misma que ha sido confirmada por el Comité de Información del Cisen mediante resolución CI/155/15”.
José Réyez/segunda parte
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD]
1 parte: Seguridad Nacional: México, al borde del colapso
Contralínea 501 / del 15 al 20 de Agosto 2016
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