Una supuesta prueba de ADN a cargo del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) respaldaría el dicho oficial. Palabrería en tanto que la autoridad no brindó a Bernardo Yáñez y Guadalupe Reyes, padres de la muchacha, evidencia siquiera de la aplicación del estudio genético.
Por ello, Guadalupe y Bernardo solicitaron la exhumación de los restos óseos que ya antes habían sido sembrados, sin su autorización, en la fosa común del panteón municipal de Nextlalpan, al Oriente del Estado de México. Seis meses tardó en concretarse su petición, dada la resistencia del personal de la procuraduría local que en algún momento quiso llevar a los tribunales la decisión de emprender o no el desentierro.
Llegó el día. Plantada a las afueras del lugar del sepulcro, Guadalupe exigía certezas. Saber de una vez por todas y sin posibilidad de equívoco si los huesos encontrados en aguas negras correspondían o no al cuerpo de su hija, aquella muchachita que cursaba el primer semestre de la carrera de ingeniería.
Ella y su esposo fueron los primeros en llegar al mausoleo, seguidos de la comitiva de funcionarios locales encabezada por Irma Millán Velázquez, titular de la Fiscalía Especial en Feminicidios del Estado de México. Minutos después de las 08:00 horas del 19 de abril de 2015, una mañana de calor seco, harían presencia también representantes de organizaciones civiles, un reducido grupo de periodistas, en su mayoría corresponsales de la prensa internacional, así como integrantes del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) que participarían en el procedimiento de exhumación.
La reja de acceso al panteón de Nextlalpan ya estaba asegurada cuando arribó el tercer grupo. La presencia de una reportera local alertó a las autoridades. Hombres armados, algunos de ellos vestidos con chamarra azul con el logotipo de la procuraduría local, impedían la entrada al cementerio. La tensión brotó desde ese primer momento. A las autoridades mexiquenses les incomodó la presencia de defensores de derechos humanos y de medios de comunicación.
Los padres de Mariana en compañía de sus abogados lograron traspasar la valla oficial; también el equipo de peritos independientes. Minutos más tarde, después del cabildeo con la sociedad civil, la autoridad aprobó el ingreso de la sicóloga particular de la familia Yáñez Reyes.
Dado que la fosa común se ubica en la parte frontal derecha del panteón de Nextlalpan, los representantes de la prensa lograron algunas panorámicas del desentierro. Hubo incluso quien se trepó en una silla para librar la barda que delimita el territorio de muertos. El enojo oficial brotó de inmediato acompañado de la amenaza de cancelar la exhumación. Esto no ocurrió. No obstante, a la orden, un grupo de policías acordonó el área con el objetivo de restringir el paso de los presentes.
La tensión crecía. Adentro del cementerio, los abogados intentaban convencer a la fiscal de feminicidios de la importancia de trasladar los restos extraídos a un laboratorio con el objeto de evitar su contaminación y, así, garantizar la cadena de custodia. La fiscal, en tanto, insistía en tomar las muestras ahí mismo, aludiendo primero a una cuestión de “sanidad” y, después, ya más abiertamente, a un acuerdo previo entre autoridades federales y locales.
Con la pretensión de desempantanar la discusión que se prolongó por varias horas, las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –quienes desde la sociedad civil acompañan la lucha de los padres de Mariana por la verdad y justicia–, contactaron, vía telefónica, con Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México. Ésta cerró filas en torno a la fiscal. Aludió a la imposibilidad de hacer más ya que, según dijo, mucho se había logrado con la aprobación de la exhumación, hecho sin precedentes para el caso del Estado de México.
Después de varias llamadas, gestiones y enfados, las funcionarias cedieron ante la insistencia de la sociedad civil y el ojo vigilante de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. Así, poco antes del mediodía del 19 de abril, los restos que, se presume, corresponden a Mariana Elizabet Yáñez Reyes fueron extraídos, con el apoyo de peritos independientes, de la fosa común del panteón de Nextlalpan y trasladados al Servicio Médico Forense de Toluca para la toma de las muestras pertinentes y su posterior estudio antropológico y genético.
Bernardo y Guadalupe están a la expectativa del resultado científico del análisis de los restos mortales para, así, con la certeza como guía, definir el camino a seguir.
El episodio de exhumación es significativo no sólo porque, como lo manifestó Dilcya García, sería el primero en su tipo en practicarse en la entidad, sino porque refleja con claridad la dinámica del desencuentro, que en el contexto mexicano se ha vuelto común, entre autoridades y víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, estas últimas acompañadas por organizaciones de la sociedad civil. Ese constante golpeteo porque la autoridad cumpla a cabalidad y con trasparencia su deber.
En el tema de la Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo de emergencia concebido en 2007 para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ocurre algo similar. De abril de 2008 a la fecha, la sociedad civil ha promovido 13 solicitudes de Alerta para 10 entidades del país (Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán y Baja California); pero ésta jamás ha sido declarada, facultad que compete al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob).
De la información proporcionada por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que encabeza Martha Lucía Mícher Camarena, y por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Segob, se desprende que de 2008 a 2015 se han destinado entre 32 y 34 millones de pesos de las arcas públicas para la operación de la AVG.
Cabe apuntar que las cifras reportadas por la Comisión de Igualdad y por la Conavim distan entre sí. La diferencia radica en que mientras la primera reporta 2 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2012 y 2013 (1 millón cada año), la segunda manifiesta que en este periodo no se etiquetaron recursos para el programa en cuestión.
Sintomático de la inoperancia del mecanismo, se advierte un subejercicio presupuestario desde 2008, año en que éste fue del ciento por ciento de los recursos destinados al mecanismo. Asimismo, en respuesta a la solicitud de información pública 0000400156615, la Conavim refiere que de los 7 millones de pesos que recibió para este fin en 2011 y 2014, sólo erogó el 49 por ciento, es decir, 3 millones 406 mil 978.77 pesos.
En 2011, la instancia de la Segob ejerció tan sólo la mitad de los 2 millones de pesos con que contó; los empleó para la elaboración de un estudio sobre su rectoría en la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y sobre el procedimiento de la declaratoria de Alerta. En 2014, respecto de los 5 millones etiquetados en el tema, erogó únicamente 2 millones 406 mil 978.22 pesos en una investigación sobre los niveles, tendencias y contexto de los distintos tipos de violencia contra las mujeres en el Estado de México y Chiapas; en viáticos y pasajes; así como en gastos para la atención de la Alerta de Guanajuato.
Para el ejercicio fiscal en curso, bajo el rubro de “acciones de coadyuvancia para las alertas de género”, la Conavim recibió un total de 8 millones de pesos, de los cuales ha gastado apenas 179 mil 949.71 pesos para el pago de viáticos y pasajes de los expertos que participan en la investigación de las diversas solicitudes de Alerta.
La gestión de los 17 millones de pesos otorgados hasta 2010 (15 millones en 2008 y 2 millones entre 2009 y 2010) corrió a cargo de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob. A partir de 2011, la administración de los dineros públicos recayó en la Conavim.
Malú Mícher comenta que ni el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ni el de Enrique Peña Nieto han brindado al Poder Legislativo un informe desglosado que refleje en qué se ha empleado el dinero de la Alerta de Violencia de Género.
El encono entre la sociedad civil y las autoridades encargadas de declarar la Alerta de Violencia de Género ha llegado a los tribunales.
Luego de la negativa institucional de emprender siquiera la investigación para determinar la procedencia o no de la Alerta para el Estado de México, Nuevo León y Chiapas, las organizaciones peticionarias impugnaron mediante recurso de amparo la decisión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (SNPASEVM), integrado sólo por representantes gubernamentales, que resolvió la improcedencia del mecanismo para estos territorios.
En los tres casos, los peticionarios (la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el OCFN, en el Estado de México; Arthemisas por la Equidad, en Nuevo León; y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas y el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas, respectivamente) ganaron la batalla legal. El Poder Judicial ordenó al SNPASEVM emprender la investigación en cada entidad. El fallo, sin embargo, no ha sido acatado. Hasta el momento no se han emitido los resultados de las investigaciones mandatadas.
En el cuerpo de su respuesta a la solicitud de información realizada por Contralínea para conocer el presupuesto destinado y ejercido por concepto de la AVG, la Conavim, presidida por Alejandra Negrete Morayta, revela que los informes correspondientes a las investigaciones del Estado de México y Chiapas están en etapa de integración y se encuentran próximos a su conclusión.
Para el caso de Nuevo León, la Conavim informa que el 17 de abril pasado se instaló el grupo interinstitucional y multidisciplinario que realizará la investigación de la solicitud de Alerta.
Durante una reunión reciente con integrantes del OCNF, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, se pronunciaría en el mismo sentido. Según refiere María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva de la alianza constituida por 36 organizaciones de derechos humanos y de mujeres, el funcionario les aseguró que el combate a los feminicidios es prioridad del gobierno federal, por lo que en el trascurso de este mes harán públicos los informes pendientes, seguidos de las respectivas declaratorias de AVG.
No obstante, el subsecretario de Derechos Humanos les planteó, sin mayor detalle, que las alertas se declararían por municipio y no por entidad, lo que, a decir de Estrada Mendoza, diluye la responsabilidad de los gobiernos estatales y de la federación en el tema.
En la reunión con las integrantes del OCNF, quienes, a su vez, son las peticionarias de la Alerta para el Estado de México, Campa Cifrián se habría comprometido, igualmente, a convocar a un encuentro entre gobernadores para establecer un plan de acción conjunto de combate a los feminicidios.
El referido interés gubernamental contrasta con lo ocurrido en la recta final del segundo periodo de sesiones ordinarias de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
En diciembre de 2014, Martha Lucía Mícher Camarena, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentó ante el pleno de representantes una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). El proyecto en el que contribuyeron especialistas y organizaciones de la sociedad civil aborda temas diversos como las órdenes de protección, los refugios, los centros de justicia y la AVG. En el último caso prevé un proceso de reestructuración al ampliar, por ejemplo, el plazo para la integración de la investigación y al crear el Comité de Expertas, mismo que, según se argumenta, contribuiría a profesionalizar y otorgar imparcialidad al mecanismo.
El dictamen de reforma fue aprobado por la Comisión de Igualdad, pero a mediados de abril pasado, cuando estaba a punto de ser sometido a la discusión del conjunto de legisladores, Mícher Camarena lo retiró por “prudencia política” –según comenta–, luego de que las diputadas del Partido Revolucionario Institucional se lo solicitaran con la justificación de que la Segob no lo había estudiado a profundidad.
El 25 de noviembre de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Reglamento de la LGAMVLV que, de acuerdo con la versión oficial, apuntaban al “fortalecimiento” de la AVG, cuyo objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra, así como eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.
Desde entonces, cinco solicitudes han sido promovidas: para Guanajuato, Morelos, Colima, Michoacán y Baja California. Igual que ocurría con el antiguo reglamento, ninguna de éstas ha terminado en declaratoria.
La Conavim informa, vía respuesta a solicitud de información pública, que en estos cinco casos ya se han publicado los informes dispuestos en el nuevo reglamento. Dichos documentos elaborados por un Grupo de Trabajo –conformado por un representante del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), uno de la Conavim, uno del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres de la entidad de que se trate, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y cuatro de instituciones académicas o de investigación especializadas en violencia contra las mujeres– lograrían, a partir del análisis y estudio del contexto de violencia contra las mujeres en el territorio en alusión, la interpretación científica de los hechos y emite propuestas de acciones preventivas, de seguridad y de justicia.
Las solicitudes de Guanajuato y Morelos, promovidas por el Centro Las Libres de Información en Salud Sexual y por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, respectivamente, se encuentran en una etapa más avanzada del procedimiento puesto que fueron las primeras en ingresar bajo las nuevas reglas.
En ambos casos, el Ejecutivo local aceptó las conclusiones del informe a cargo del Grupo de Trabajo y contó con un plazo de 6 meses para operar las propuestas contenidas en éste. Ahora, según refiere la Conavim, los informes que los gobernadores elaboraron para dar cuenta de las acciones emprendidas en este periodo “se encuentran bajo análisis para emitir el dictamen respectivo del cumplimiento o incumplimiento de las propuestas y conclusiones”.
En caso de que el dictamen resulte negativo, es decir, que el Grupo de Trabajo determine que las propuestas de su informe no han sido satisfechas, lo que procedería es la declaratoria de AVG emitida por la Segob, por conducto de la Conavim.
Uno de los principales obstáculos del antiguo reglamento, elaborado por el gobierno de Felipe Calderón, es que el fallo de la declaratoria recaía en el SNPASEVM, integrado sólo por funcionarios: los titulares de 10 dependencias de la administración pública federal y de los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas. Ello propiciaba la politización y partidización del mecanismo. Ahora, quien decide es el Grupo de Trabajo, en el que participan tres autoridades y un representante de la CNDH, pero también cuatro de instituciones académicas o de investigación especializadas en violencia contra las mujeres (dos nacionales y dos locales).
A finales de marzo de 2014 fue admitida la solicitud de declaratoria de Alerta para Guanajuato. De 2013 a marzo de 2014, 85 mujeres habrían sido asesinadas en la entidad por razones de género.
Ésta es la tercera ocasión que la sociedad civil solicita la activación del mecanismo para Guanajuato. Las otras dos, procesadas bajo las reglas del antiguo reglamento, fueron denegadas por el SNPASEVM, igual que ocurrió con las del Estado de México, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas.
Verónica Cruz Sánchez, fundadora y directora del Centro Las Libres, habla de esta experiencia. Refiere que, aunque en los hechos las modificaciones al Reglamento resultaron benéficas en tanto que se conformó un Grupo de Trabajo con la participación de académicas especialistas y que se emitieron recomendaciones al gobierno de Guanajuato que “lo movieron del lugar de inacción al de acción”, los representantes de la Conavim y el Inmujeres que participaron en el proceso representaron un obstáculo para el mismo dada su ignorancia en el tema de violencia de género y, por tanto, su incapacidad de aportar en el rubro de las soluciones.
A la fecha, aún no se hace de conocimiento público el dictamen que valorará si el gobierno de Guanajuato satisfizo en el plazo de 6 meses las 13 recomendaciones que le dirigió el Grupo de Trabajo. No obstante, la sociedad civil tiene su propio balance, que se deriva de su permanente monitoreo.
A decir de Cruz Sánchez, la administración de Miguel Márquez, gobernador de la entidad, cumplió en un 50 o 60 por ciento el conjunto de recomendaciones. Dicho en sus palabras: “Lo que hizo fue apenas empezar a trabajar en ruta de lo que tienen que hacer para efectivamente prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.
Así, y con estricto apego a lo que establece el Reglamento vigente, el siguiente paso consistiría en la inminente emisión de la declaratoria de AVG por parte de la Segob, lo que, según refiere la directora del Centro Las Libres, implicaría que el Estado mexicano y el de Guanajuato hagan “todo por eliminar el problema”. Activar el mecanismo sería, además, oportuno, pues mientras éste permanezca como instrumento decorativo, será imposible valorar su verdadero alcance y, así, determinar si requiere o no de ajustes.
De esta experiencia, Cruz Sánchez concluye que sí hubo avances. Señala que la solicitud procesada bajo el reglamento vigente desnudó al Estado mexicano en su conjunto –no sólo a Guanajuato–, puesto que propició el reconocimiento oficial de la existencia “de un extremo de violencia contra las mujeres que es el feminicidio; esto como consecuencia de la inexistencia, a nivel nacional, de una política en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, lo que implica leyes, presupuesto, política pública, programas, proyectos”.
Otro aporte es que permitió a la sociedad civil el acceso a la estadística oficial sobre los crímenes violentos contra mujeres perpetrados en la entidad, información a la que había intentado acceder sin éxito el Centro Las Libres desde su creación, hace 15 años.
En aras de mejorar el actual procedimiento del mecanismo de declaratoria de AVG, Verónica Cruz propone cuatro modificaciones derivadas de su experiencia como peticionaria de la solicitud para el caso de Guanajuato: que se amplíe el plazo de 30 días con que cuenta el Grupo de Trabajo para elaborar su informe; que las organizaciones de la sociedad civil peticionarias participen en todas las etapas del proceso; que, en tanto las académicas especialistas del Grupo de Trabajo no reciban un pago por sus servicios, su participación sea sólo deliberativa; y que se transparenten los recursos destinados al mecanismo de AVG pues “nadie sabe en qué se gastan”.
Para la realización de este trabajo, se solicitó entrevista desde el 15 de mayo con Alejandra Negrete Morayta –titular de la Conavim–, a través de la Dirección General de Comunicación Social de la Segob. El enlace se hizo con la funcionaria Karla Olmos vía telefónica y escrita, con quien se mantuvo comunicación hasta el cierre de edición, sin que se concretara la entrevista.
Flor Goche, @flor_contra
[PORTADA]
[SOCIEDAD]
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