El Presupuesto de Egresos de la Federación, anunciado como un instrumento de planeación del gasto público con un “alto sentido social y alcance de interés colectivo”, no garantiza el acceso a la salud, la rendición de cuentas y la transparencia en temas como medicamentos, gasto de bolsillo, infraestructura, salud sexual y reproductiva y VIH/Sida. Un año más en que el derecho a la salud es relegado y la mayoría de la población se encuentra totalmente desprotegida
Al foro “Por la universalización y atención integral de la salud”, celebrado el 29 de septiembre en la Cámara de Diputados, asistieron integrantes de la Comisión de Salud, 10 organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos. Los presentes llegaron a la conclusión de que no se cumplía con el derecho a la salud en México y no se detectaba una verdadera mejora en la atención a la población más marginada. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que participó en el foro, señaló que, a seis años del inicio del Seguro Popular, persisten los añejos problemas y han surgido nuevos. “Los más pobres –mencionó– siguen excluidos o mal atendidos”. Daniela Díaz, investigadora del Área de Presupuesto y Políticas Públicas de la asociación civil, relata que, en esa ocasión, diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista se comprometieron a promover la transparencia, la rendición de cuentas y una evaluación completa del Sistema de Protección Social en Salud. Además, a incluir los acuerdos para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE) en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PEF). La maestra en estudios latinoamericanos dice que ninguno de los puntos acordados fue cumplido. Investigadores de Fundar advirtieron en su proyecto, Las 10 faltantes, los 10 puntos que no contempló la propuesta del Ejecutivo federal para el ejercicio fiscal 2011. De esas omisiones, cinco estaban relacionadas con el Ramo 12 Salud: medicamentos, gasto de bolsillo, infraestructura, salud sexual y reproductiva y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)/ síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida). Las observaciones, que tienen que ver con el acceso a los servicios médicos de la población sin ningún tipo de seguridad social, no fueron consideradas en la aprobación del que sería un instrumento de planeación del gasto público con “alto sentido social y alcance de interés colectivo”. Entre ellas, el garantizar un aumento continuo de la inversión pública para la salud de la población sin seguridad social y que los criterios de asignación presupuestaria respondan a variables como nivel de pobreza, necesidades de infraestructura y acceso a medicamentos. Además, el priorizar la transferencia de recursos hacia proyectos de inversión en los municipios y estados con mayor marginación, el ampliar y etiquetar recursos en programas prioritarios como la atención del VIH/Sida y el ampliar información en la adquisición de medicamentos. Para 2011, se prevé un paquete económico de casi 3 billones 439 mil millones de pesos. El Ramo 12 Salud recibió el 3 por ciento del total del Presupuesto. Luego del aumento aprobado por el Congreso de la Unión, por más de 9 mil 200 millones de pesos, el sector recibirá 105 mil 600 millones de pesos Luis Videgaray Caso, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, aseguró que, con el PEF 2011, se pretende la “ampliación” de presupuestos con un “alto sentido social” En entrevista con Contralínea, el diputado Gerardo Heladio Verver y Vargas, secretario de de la Comisión de Salud, comenta que se pudo incidir en no más del 1 por ciento del presupuesto. El sector salud, dice, fue de los más beneficiados. Para Díaz, por el contrario, no hay modificaciones en la estructura que hagan del presupuesto una herramienta para el desarrollo del país y el acceso real a los servicios de salud. “La discusión se redujo a que el presupuesto no fuera a la baja, pero no hay una reflexión sobre las políticas públicas”.
Seguro Popular, descontrol en medicamentos
Otorgar atención y medicamentos para los padecimientos del Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud y para las enfermedades definidas como catastróficas es el objetivo del Seguro Popular. Dentro del “Anexo 7, erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas”, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, el Seguro Popular recibirá casi 1 mil 871 millones de pesos. En 2008 y 2009, se incluyeron en el PEF lineamientos específicos para la adquisición de medicamentos. En su estudio El Seguro Popular y el uso de recursos para la compra de medicamentos: retos para la transparencia, Gina Chacón, investigadora del Área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, aclara que “los informes de compra realizados por los estados muestran serios problemas en sus datos”. Entre las observaciones realizadas por la también maestra en estudios políticos y sociales, destaca el que los reportes no provean información acerca de la transferencia que recibieron los estados y la adquisición de medicamentos a precios altos, arriba del 20 por ciento de referencia. La investigadora en políticas de salud en México señala que las cifras reportadas por los estados impiden identificar prácticas de compra que favorezcan la máxima utilización de recursos para la adquisición de fármacos. Asimismo, advierte discrecionalidad y falta de información que relacione proveedores, clave, número y total de venta de fármacos. Por ello, considera, es urgente y necesario establecer lineamientos en el PEF 2011 que obliguen a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y a los estados a ampliar y publicar información sobre las transferencias y la compra de medicamentos a costos mayores. Así como exigir la adquisición utilizando el listado de los precios de referencia. “El buen uso de los recursos públicos etiquetados –expresa– para la compra de medicamentos es fundamental, ya que sirve para garantizar a la población la provisión de fármacos y ayuda a eliminar el gasto de bolsillo.” El gasto de bolsillo se refiere a los gastos directos que las familias deben realizar para solventar los distintos requerimientos de la atención de la salud. Quienes se enfrentan a costos directos para acceder a la salud pertenecen, en su mayoría, a la población abierta o carente de seguridad social. Respecto del financiamiento total de la salud, el gasto de bolsillo representaba 50.3 por ciento en 2008. Que éste predomine, apunta Mariana Pérez, también investigadora del Área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, implica menores niveles de participación de recursos públicos y tiene un impacto negativo en el ejercicio pleno del derecho a la salud. “A su vez, esto impacta en menor inversión para garantizar la disponibilidad de infraestructura, recursos humanos, insumos y servicios médicos”. En su estudio Gasto de bolsillo: acciones para eliminar un obstáculo en el ejercicio del derecho a la salud, explica que éste puede considerarse como el resultado de otros problemas que han caracterizado al financiamiento de la salud. En especial, dice la también coordinadora del Índice Latinoamericano de Transparencia, el bajo nivel de inversión en la materia, la distribución desproporcionada de recursos entre instituciones y los gastos que empobrecen a las familias. Por gastos catastróficos, más de 273 mil hogares empobrecieron en 2004. Incluso, con un modelo como el Seguro Popular, señala, sigue existiendo un bajo nivel de inversión en salud. En 2009, ésta representó apenas 2.6 por ciento del producto interno bruto. Uruguay, Chile y Honduras invirtieron hasta 6 por ciento. Entretanto, el gasto per cápita para la población abierta es inferior al asignado a la población con seguridad social. A nivel nacional, el presupuesto por cada persona asegurada al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fue de 4 mil 500 y 4 mil 700 pesos, respectivamente. En contraste, para quienes no están asegurados, se destinaron casi 2 mil 900 pesos. De 2004 a 2008, estados con alto grado de marginación, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Puebla, recibieron en promedio 1 mil 500 pesos en ingresos per cápita, cantidad menor a la media nacional de 2 mil 600 pesos. A fin de evaluar el gasto de bolsillo y el fenómeno de la no demanda de atención, opina la especialista, es necesario mejorar la metodología y aspectos por indagar en la encuesta de satisfacción de usuarios del Seguro Popular. La especialista en análisis y seguimiento del gasto público propone que el PEF 2011 señale que la encuesta de satisfacción de usuarios deberá incluir preguntas sobre pago por cuotas de recuperación, gasto directo en medicamentos, pruebas de laboratorio y gabinete y transporte. “Considerando que el Seguro Popular representa un factor que profundiza el de por sí fragmentando sistema de salud, los diputados deberán asegurar el aumento continuo de la inversión de recursos públicos para salud de población abierta”, subraya Pérez. Para resolver los desequilibrios financieros, sugiere, los criterios de asignación presupuestaria deben responder a las variables de porcentaje de población abierta, nivel de marginación, necesidades de infraestructura y acceso a medicamentos.
Cobertura en salud, insuficiente
El gobierno federal se propone que, en 2011, todos los mexicanos estén afiliados a alguna institución de salud. De esta forma, 49 millones de mexicanos estarán asegurados gracias al Seguro Popular, el próximo año. No obstante, señala Briseida Lavielle, investigadora del Área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, ello no garantiza el acceso a los servicios de salud, pues el Estado mexicano está lejos de haber resuelto la insuficiencia de unidades médicas que garanticen una atención integral y de calidad. Gerardo Heladio Verver y Vargas explica que con la llegada del Seguro Popular, la demanda de servicios ha sido mayor y había hospitales que, aunque equipados, no operaban por falta de presupuesto. Para el ejercicio fiscal 2011, equipamiento y obra pública para concluir unidades médicas en entidades federativas y gasto de operación recibirán 4 mil 149 millones de pesos. La investigadora del proyecto Salud, Ciudadanía y Derechos Humanos, Briseida Lavielle, expone, en su artículo Presupuesto para unidades médicas: una condición para garantizar el derecho a la salud, que la carencia de clínicas y hospitales sigue siendo un problema de primer orden. México cuenta solamente con 0.63 camas por cada 1 mil habitantes sin seguridad social, cifra inferior al estándar de una cama sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Esa precariedad, describe, se agudiza en regiones marginadas, como la Montaña de Guerrero, que apenas tiene 0.1 camas para 1 mil habitantes. La tasa de consultorios es también insuficiente: 0.5 por cada 1 mil habitantes. Los municipios de muy alta marginación apenas disponen de 0.35 consultorios para 1 mil habitantes sin seguridad social. La propia Comisión Nacional de Protección Social en Salud justificó, en 2009, que las deficiencias en la afiliación al Seguro Popular se debían a la falta de infraestructura. Lavielle cuestiona esa afirmación: “A pesar de la urgente necesidad de inversión pública para revertir la precariedad de la infraestructura, los resultados de las acciones públicas se encuentran muy lejos de garantizar el acceso y disponibilidad de los servicios sanitarios para la población, entre otras razones porque no se han destinado los recursos necesarios para avanzar lo más expeditamente posible en la construcción de unidades médicas”. El Plan Maestro de Infraestructura, previsto en la Ley General de Salud, tiene registradas hasta ahora 8 mil 502 obras que son necesarias para satisfacer la demanda de servicios de salud. De ellas, están todavía en planeación 5 mil 441 obras para las que el Estado deberá destinar recursos para su construcción, remodelación o sustitución. Para resolver las deficiencias de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas en los estados de mayor marginalidad, se creó el Fondo de Previsión Presupuestal dentro del Fideicomiso de Protección Social en Salud. De 2004 a 2009, se transfirieron al fondo casi 8 mil 500 millones de pesos; sin embargo, en ese periodo solamente egresaron casi 1 mil 900 millones de pesos. “Lo que significa –explica la también economista– que el 78 por ciento (6 mil 597 millones de pesos) no fue invertido en infraestructura en lugares de alta marginación. De haber invertido esos recursos, se hubieran podido construir y equipar 3 mil nuevos centros de salud”. En su revisión a la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que el Fondo de Previsión Presupuestal no estaba cumpliendo con las metas y objetivos para los cuales fue constituido, impactando en la población de zonas de alta y muy alta marginación. Lavielle considera que con el fin de mejorar la disponibilidad de unidades médicas, para satisfacer la demanda en servicios de salud, es fundamental que los legisladores incluyan disposiciones en el PEF 2011 a fin de que la Secretaría de Salud (Ssa) priorice la transferencia de recursos hacia proyectos de inversión en los municipios y estados más marginados. En su opinión, el paquete económico debería tener disposiciones que obliguen a la Ssa a difundir las acciones emprendidas para garantizar el ejercicio del fondo, los criterios para definir las obras a financiar y los desembolsos, los proyectos de obras e inversiones por realizarse y los egresos acumulados. El PEF, dice, tendría que establecer que los indicadores de monitoreo y evaluación midan el impacto de los proyectos de obra en el Plan Maestro de Infraestructura.
AFASPE, instrumentos no incluidos
Los AFASPE son firmados por el gobierno federal, las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. Están conformados por los 31 programas estatales de salud, entre los que se encuentran los vinculados a la salud sexual y reproductiva. El diputado Luis Videgaray Caso expresó su reconocimiento a las integrantes de la Comisión de Equidad y Género, quienes lograron que en el dictamen se incluyeran 1 mil 700 millones de pesos más para programas destinados a la igualdad entre hombres y mujeres, “destacando un incremento sustancial para programas de salud reproductiva”. Con ello, dice Verver y Vargas, “se legitimiza la defensa de los derechos con perspectiva de género”. Según el “Anexo 10 erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, al ramo 12 Salud se le asignaron casi 3 mil 764 millones de pesos. La mayoría de ese total se destinó a la Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud: 1 mil 549 millones de pesos. Sin embargo, Daniela Díaz, del área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, aclara que no hay nada en el PEF que garantice que en todo el país habrá abasto de métodos anticonceptivos o campañas vinculadas a salud sexual y reproductiva y planificación familiar. “Lo que hay, es un monto que es una acción muy particular como para fortalecer este tipo de servicio. Con la estructura del presupuesto, estos programas quedan muy debilitados”, menciona. En su estudio AFASPE: presupuesto para programas de salud sexual y reproductiva, la también maestra en estudios latinoamericanos describe que la importancia de los acuerdos radica en que presentan información sumamente detallada que permite dar seguimiento a diversos programas locales, como la alineación del presupuesto, las fuentes de financiamiento, la calendarización de metas, indicadores de proceso y de impacto final, y programación de supervisión y evaluación. Además, incluye la obligación de informar a las secretarías de Salud y Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio del gasto. Puesto que son acuerdos voluntarios entre el gobierno federal y los estados, “se encuentran en un marco sumamente frágil en términos de obligaciones normativas, ya que su firma y ejecución se encuentran vinculados a la voluntad política de la administración federal y a los ejecutivos locales”. Por la relevancia de su naturaleza, subraya la investigadora, es indispensable que sean incluidos en el PEF 2011. Sin embargo, esa sugerencia no fue considerada en la discusión del paquete económico. El 15 de noviembre, la diputada Teresa Incháustegui Romero, del grupo parlamentario del PRD, expuso que respecto de los recursos canalizados a través del Sistema Nacional de Protección a la Salud, “poco se sabe sobre su distribución, ejecución e impacto en el acceso a la salud”. Explicó que con la finalidad de fortalecer la rectoría desde el ámbito federal se crearon los AFASPE, que, de acuerdo con la diputada, se firman según la voluntad política de cada responsable. Por ello, sugirió incluir esas herramientas en el decreto como parte de los criterios de transferencia de recursos. De esa manera, la operación del Sistema de Protección Social de Salud estaría sujeta a que la Ssa informara semestralmente sobre el número de localidades y de familias beneficiarias; datos sobre la población sin seguridad social; porcentaje de cobertura, y los montos de las cuotas y aportaciones. El Ejecutivo federal estaría obligado a suscribir la firma de los AFASPE con las 32 entidades federativas y el Distrito Federal. Según la propuesta de Incháustegui Romero, la Federación haría llegar el primer recurso a cada ámbito local durante el primer trimestre del año. Además, las entidades federativas tendrían que informar sobre la aplicación de los recursos federales transferidos a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Por mayoría de votación, la propuesta de la legisladora fue desecha y reservada.
Atención a VIH/Sida, rezagada
En el PEF 2011, la Prevención y Atención del VIH/Sida y otras ITS (infecciones de transmisión sexual) está integrada al “Anexo 10 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, con una gasto previsto de 94 millones 340 mil pesos. El estudio Presupuesto para la prevención y atención del VIH en México: menos dinero para más personas infectadas, de Felipe Varela, advierte que al analizar el programa presupuestario de Prevención y Atención del VIH/Sida y otras ITS, hay serias inconsistencias que no permiten prevenir y atender eficaz y eficientemente el VIH en la población. Entre ellas, enumera el investigador del Área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, el que la asignación presupuestaria muestre una tendencia a la baja desde el ejercicio fiscal 2008, mientras que el número de casos aumenta. Ese año, el presupuesto aprobado fue de 242 millones 80 mil pesos, para 2010 se redujo hasta 143 millones 50 mil pesos. Que el presupuesto del programa se divida entre acciones de prevención y atención, observa el también colaborador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, diluye los recursos, lo que termina traduciéndose en una ineficiente política pública para dar respuesta a la problemática. Al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida se le otorgaron casi 186 millones de pesos hace dos años, y en el ejercicio fiscal 2010 sólo recibió 100 millones. En tanto que a hospitales e institutos apenas se les orientaron 44 millones de pesos, 20 millones menos que en 2009. “La reducción –dice– adquiere tintes dramáticos al compararse el número de personas que la Secretaría de Salud estima atender en los ejercicios fiscales correspondientes”. Se estima que hay 38 mil personas con VIH/Sida sin seguridad social en el país, 14 mil 100 más que en 2008. La relación presupuesto-persona es de tan sólo 0.003; hace dos años era de 0.101. El hecho es delicado, sostiene el especialista, pues con menores recursos se reduce la eficacia de las acciones de prevención, lo que implica nuevos casos y el detrimento en la atención médica: “Ante un creciente número de casos y menor presupuesto, la calidad de los servicios de salud puede deteriorarse y poner en peligro de las vida de las personas que viven con el virus”. Antes de su aprobación, Varela advirtió que era necesario que el paquete económico para 2011 incrementara el presupuesto destinado a la prevención de la transmisión del VIH y a la atención ambulatoria y hospitalaria de las personas que viven con el virus. Así como que se etiquetaran de manera estricta los recursos para que fueran ejercicios en la reducción de nuevos casos de infección y en el descenso de muertes. PEF, sin visión de desarrollo ni transparencia 
Durante la discusión de la aprobación del PEF 2011, Videgaray Caso describió que el presupuesto obligaba a los tres órdenes de gobierno a un gasto más transparente y a una mayor rendición de cuentas. “Los mexicanos conoceremos, por primera vez en nuestra historia, en qué se están gastando los gobiernos estatales los recursos de salud”, expresó el legislador de la fracción priista. En el PEF 2011, apunta Daniela Díaz, no hubo ninguna propuesta de modificación en cuanto a rendición de cuentas, transparencia y buen ejercicio del gasto: “No hay nada que permita evaluar que ese gran monto de dinero efectivamente disminuye la brecha de desigualdad para el acceso a salud”. Agrega que en el paquete económico no se ven los recursos desagregados por cada programa y entidad federativa, sólo las grandes bolsas del Seguro Popular, el Programa de Desarrollo Oportunidades, el Seguro Médico para una Nueva Generación y el Gasto Administrativo. “Ello es un eje para entender la falta de voluntad política para transparentar el Sistema de Protección en Salud en el ejercicio de sus recursos”. La falta de voluntad política para establecer mecanismos que den mayor visibilidad y control sobre el presupuesto se la atribuye a la descentralización del gasto y la atención en salud para población sin seguridad social. Ese criterio político, dice, antecede al fin último que es garantizar el derecho a la salud. Rocío Moreno, coordinadora del Área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, comenta que el común de las faltantes son los problemas en términos de transparencia presupuestaria. “El problema no es cuánto dinero hace falta, sino la falta de información y claridad de la gestión de la política pública. Es un asunto estructural y de visión”. Con un PEF reducido en información y con problemas de transparencia, dice la economista, es difícil saber qué está pasando y hacer una valoración mucho más puntual de hacia dónde se está orientando la política pública. Refiere que ocho de cada 10 pesos son destinados a los estados y se desconoce cómo son utilizados por la falta de controles y de una rendición efectiva de cuentas. “Si se gasta bien, si es eficiente, si se logra el impacto que buscamos, son preguntas que no se responden”. Opina que, con información oportuna, útil y exhaustiva, los legisladores podrían reorientar la política pública hacia líneas prioritarias. En su lugar, dice, “se siguen destinando grandes cantidades de recursos a programas que no forzosamente tienen la capacidad de ejecutarlos o que no los necesitan. Se siguen reasignando recursos con los ojos tapados”. Tratándose de la atención a población sin seguridad social, menciona, la falta de transparencia se vuelve un problema porque se ignora si es eficiente y si se está garantizando el derecho a la salud. “Hay mucha discrecionalidad. La cantidad de afiliados al Seguro Popular –enuncia– no significa que exista un acceso efectivo a los servicios de salud. Para conocer si se está logrando, es necesaria la información”. Sugiere que debe construirse un círculo virtuoso en donde gobierno y ciudadanía puedan seguir la evaluación de los programas. “De esta manera, se mejorará la gestión y se generarán mecanismos de contrapeso mucho más eficientes para que los recursos sean orientados a áreas prioritarias”. Para Daniela Díaz, en el ámbito de la salud no se ve un cambio mayor a lo que fue 2009 y 2010. Expone que seguirán los mismos problemas porque el gasto público se ve de manera muy restrictiva y no como un mecanismo de desarrollo.
La prioridad del Ejecutivo federal
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Comparativo por unidad responsable del gobierno federal 2010A- 2011P, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el presupuesto aprobado para el sector salud en 2010 fue de 89 mil millones 900 mil pesos. Para el ejercicio fiscal 2011, el Ejecutivo propuso destinar al Ramo 12 Salud 96 mil millones 800 mil pesos. La variación entre lo ejercido este año y lo que se ejercería el próximo, según la sugerencia del Ejecutivo, sería de sólo 3.5 por ciento. Paradójicamente, la Dirección General de Comunicación Social recibió 82 millones de pesos en 2010, mientras que, en 2011, el gobierno federal prevé gastar 121 millones de pesos en publicidad oficial. A diferencia del ramo salud, el Ejecutivo sugirió aumentar los recursos en 41 por ciento. “No hay un tope máximo de recursos que se deba gastar en publicidad –expone Rocío Moreno, coordinadora del Área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar–. Lo que tenemos es un caso desmedido utilizado con otros fines que no tienen que ver con la rendición de cuentas ni con la promoción de programas sociales”. El estudio Gasto del gobierno en publicidad oficial, de Justine Dupuy, coordinadora del Área de Difusión de Fundar, apunta que el gasto en Comunicación Social y Publicidad del gobierno de Felipe Calderón alcanzó casi 5 mil millones de pesos en 2009. Fue 145 por ciento mayor a lo presupuestado, 49 por ciento más de lo gastado un año anterior y superior al presupuesto asignado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La asignación para publicidad oficial disminuyó en el Presupuesto de Egresos 2010 a poco más de 1 mil 612 millones de pesos. No obstante, la investigadora advierte que la práctica de reasignar y sobreejercer recursos, observada en los últimos tres años, dibuja la posibilidad de un gasto ejercido mayor al original: “Muy probablemente se repetirá la tendencia del gasto excesivo que hubo en años de crisis económica, lo cual contradice el discurso de austeridad gubernamental”. El panorama, considera, es agravado por la opacidad y una rendición de cuentas disfuncional. La investigadora observa grandes divergencias en lo que reportan las dependencias del gobierno en materia de comunicación social y publicidad. Los datos de los informes de la Cuenta Pública Federal son distintos a los publicados por la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, los que a su vez no coinciden con un informe acerca del gasto en publicidad entregado por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión. La diferencia entre la Cuenta Pública Federal y lo reportado por la Presidencia asciende a 669 millones 405 mil pesos. Según las mejores prácticas internacionales, refiere Dupuy, los objetivos de la publicidad oficial deben ser la difusión de las políticas, programas, servicios y leyes que afecten la vida de los ciudadanos, en lugar de sólo promover los logros de la administración. Además de la promoción del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de deberes, la incidencia en el comportamiento social y la información sobre cualquier hecho de relevancia pública. En su opinión, es urgente la creación de una ley que regule el uso de la publicidad oficial a fin de exigir eficiencia, buen uso y rendición de cuentas de los fondos públicos destinados a publicidad oficial.
