A 1 año y 5 meses de haber asumido la Presidencia de la República, el gobierno de Enrique Peña Nieto presentará –según se tiene previsto en los próximos días– su Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo XXI. En el documento, del que Contralínea posee copia, se anuncia la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, el cual desarrollará “productos de inteligencia de carácter estratégico” que servirán para el “proceso de deliberación” del Consejo de Seguridad Nacional.

 

El desarrollo y operación de dicho Sistema estará a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y agencia de inteligencia civil del Estado mexicano.

 

En el nuevo esquema diseñado por el primer gobierno surgido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de dos sexenios de administraciones emanadas del Partido Acción Nacional (PAN), el Sistema Nacional de Inteligencia asumirá un papel central “para contener y neutralizar aquellos riesgos y amenazas que puedan vulnerar la seguridad del Estado mexicano”.

 

El Sistema concentrará “todas las inteligencias especializadas generadas por la Administración Pública Federal”, en las que –además de la del propio Cisen– se incluyen las de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –que organiza y administra al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana–, las de la Secretaría de Marina (Semar) –que organiza y administra a la Armada de México–, de Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal.

 

 

Así, el Cisen aglutinará información de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Defensa (Sedena), de la Unidad de Inteligencia Naval (Semar), de la Policía Federal Ministerial (PGR) y de las secciones de inteligencia de la Policía Federal. El documento no menciona directamente a las agencias de inteligencia a cargo de otras dependencias, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –que cuenta con la Unidad de Inteligencia Financiera– y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

Entre los ámbitos de acción del Sistema Nacional de Inteligencia se encuentran el humano, el político-militar y el económico-ambiental. Además, buscará “promover el uso de medios tecnológicos avanzados para la generación de productos de inteligencia e intercambio seguro de información entre los componentes del Sistema”.

 

Agrega que, bajo este modelo que se pondrá en marcha en los próximos días, la cooperación internacional en materia de inteligencia y seguridad nacional es un “componente esencial”, y prevé la intensificación de intercambio de información acerca de riesgos y amenazas así como la “coordinación de acciones con otras naciones para preservar la seguridad de nuestra región y la gobernabilidad del sistema internacional”.

 

El programa asegura que, con el gobierno de Peña Nieto, se trascienden las visiones tradicionales de la seguridad nacional –asociadas generalmente a actos violentos, delitos de alto impacto y amenazas convencionales de tipo político-militar–, pues ahora se considera “una serie de fenómenos y problemáticas sociales, económicas, ambientales, tecnológicas y de salud”. Por ello, la agenda nacional de riesgos que se elabora anualmente ahora tendrá carácter “multidimensional”.

 

Así, en el documento se considera a la impunidad y la corrupción como “factores de riesgo” que originan violencia y delincuencia, “especialmente a nivel local”. Además, se reintegra a la política exterior en el ámbito de la seguridad nacional para posicionar de manera estratégica los intereses de México como “potencia emergente”.

  

 

Al explicar el modelo de seguridad nacional que seguirá el gobierno de Peña Nieto, el documento señala que se han considerado las diversas dimensiones de la seguridad contemporánea: la económica, la alimentaria, la tecnológica, la ambiental, la societal y la humana.

 

El Consejo de Seguridad Nacional está integrado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam y el director general del Cisen, Eugenio Ímaz Gispert.

 

En el documento se asegura que el “nuevo” modelo de seguridad nacional “plantea el establecimiento de un diálogo permanente” con la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. El objetivo es echar andar un mecanismo de “control democrático” del Poder Legislativo sobre las políticas y acciones del Ejecutivo vinculadas con la seguridad nacional. Sin embargo, en el texto de más de 80 páginas, apenas tres renglones se destinan directamente a la relación que el Ejecutivo mantendrá con el Legislativo en materia de seguridad nacional, no obstante que la Ley de Seguridad Nacional contiene un capítulo dedicado a las atribuciones de la Comisión Bicamaral y el papel de control y evaluación que debe realizar sobre las acciones del Ejecutivo.