Las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, parecen haber sido sacadas del más reciente informe del influyente centro Stratfor Global Intelligence. La efectividad del uso de los militares en tareas de combate al narcotráfico no se obtiene con “simplemente poner la botas en el sueño”, señala el estudio. Reconoce que el Ejército Mexicano cada vez es más señalado de violar los derechos humanos de los civiles, llevar a cabo operativos y registros no autorizados, torturar sospechosos y ocasionar la muerte de civiles cuando los confunden con “tiradores hostiles”
La eficacia de las fuerzas armadas de México en el combate a la delincuencia organizada radica en su capacidad de despliegue rápido y su disciplina, por lo que el éxito que obtuvo en algunas tareas de seguridad pública a las que fueron asignadas hizo inevitable la evolución y expansión de su papel, indica el análisis del centro Stratfor El papel de los militares en la guerra del cártel. En contraparte, el estudio subraya que al asignar al Ejército tareas más amplias, sus recursos se dispersaron, lo que le impidió ser tan eficaz como antes. Esa realidad se hizo evidente a principios de 2008 cuando se le comisionó para desarrollar funciones de seguridad pública en ciudades tan grandes y violentas como Ciudad Juárez.
Elaborado por Stephen Meiners y Fred Burton, el estudio señala que en su visita a México, Richard Gil Kerlikowske, el director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, se limitó a afirmar que Estados Unidos se compromete a reducir el uso de drogas, apoyar la aplicación de la ley contra los narcotraficantes y a trabajar con otros países en la definición de las áreas de producción y trasvase hacia su país.
Lo que a este funcionario le faltó mencionar fue el posicionamiento de Estados Unidos sobre el papel que juega el Ejército Mexicano en la batalla contra los cárteles de la droga. Los autores del análisis subrayan que durante la estancia de Kerlikowske en México, estaba en su apogeo el debate sobre el rol que deben jugar las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico y las denuncias contra ellas por sus abusos contra los derechos civiles a lo largo del territorio.
El análisis de Stratfor describe que la decisión que tomó el mandatario mexicano cuando asumió el cargo, en diciembre de 2006, de desplegar más de “35 mil tropas federales” en las operaciones de seguridad en todo el país, “ha acaparado los titulares” de la prensa nacional e internacional. Aunque los anteriores presidentes también recurrieron a las fuerzas armadas en operaciones antinarcóticos, sólo lo hicieron en casos aislados, puntualiza.
El análisis explica que la participación de los militares con la estrategia de Calderón “alcanzó nuevas alturas”. Destaca que las operaciones encomendadas al Ejército en este momento asumen una amplia gama de tareas que se agrupan en tres categorías. La primera, consiste en desarrollar funciones que tradicionalmente han emprendido las fuerzas armadas de México, como la captura de información técnica y la vigilancia marítima y aérea, así como la intercepción. Para ejecutar esas misiones, las fuerzas armadas están bien adaptadas, pues tienen el equipo, la formación y la experiencia para realizarlas.
La segunda incluye la tradicional aplicación de la ley civil y las obligaciones judiciales. Esto incluye las detenciones, el procesamiento y condena a los acusados, así como la imposición de penas. Meiners y Burton describen que estas tareas, tradicionalmente en manos de las autoridades civiles, ahora también se ejecutan por los militares.
Las tareas más sobresalientes de esa “zona gris”, que comparten los militares y las dependencias de aplicación de la ley, incluyen: la erradicación de cultivos de droga y las incautaciones en laboratorios de metanfetaminas, la inmigración indocumentada y el control de aduanas, los allanamientos y detenciones de alto valor, así como tareas generales de seguridad pública y aplicación de la ley.
En las labores de erradicación e incautaciones, el estudio de Stratfor señala que éstas han sido una tarea compartida tanto por militares como por las dependencias de aplicación de la ley.
En cuanto a la vigilancia de la inmigración y el control de aduanas en los puntos de salida, los autores consideran que las fuerzas armadas han desempeñado “un papel clave”. En algunas de las incautaciones de drogas más notables de los últimos años, incluida la incautación de cocaína más grande del país en Manzanillo, durante noviembre de 2009, tuvo participación el Ejército.
En otros casos, las fuerzas armadas han sido relevantes para lograr la interrupción de cargamentos sospechosos que resultaron en incautaciones de armas y precursores químicos utilizados para producir metanfetaminas; asimismo, su participación en labores de inspección como medida de prevención.
En materia de allanamientos y detenciones de objetivos de alto valor, el gobierno recurrió a las fuerzas armadas “dada la reputación de corrupta que tiene la Policía Federal” y que la hace muy sensible a las operaciones de riesgo, señalan analistas de Stratfor. Destaca el estudio que la detención de altos dirigentes de los cárteles se ha llevado a cabo por la elite especial militar del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales.
Se hace notar que cuando las unidades de este grupo detienen a los sospechosos, se les entrega rápidamente a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, reconoce que, en algunos casos, el personal militar ha sido acusado de retener a sospechosos durante más tiempo de lo necesario para extraerles información que no comparten con otras dependencias.
En cuanto a las tareas generales de seguridad pública y de aplicación de la ley, las tropas han sido asignadas a acciones de patrullaje para la seguridad y a levantar retenes y puestos de control en carreteras. En algunas ciudades, los militares han asumido toda la seguridad pública y la responsabilidad de aplicar la ley, lo que también implica el desarme de la policía local bajo la sospecha de que “la policía busca vincularse con la delincuencia organizada”.
Al actuar dentro de la llamada “zona gris”, la aplicación de la ley se militariza porque las fuerzas armadas nombran a oficiales militares en altos cargos policiacos o para que se desempeñen como consultores de seguridad pública. Muchos de ellos “renuncian a su comisión un día antes de su nombramiento”, reconoce el estudio.
Precisamente esa tendencia es la que suscita la mayor parte de las preocupaciones y quejas respecto del papel que desempeñan los militares, destaca el trabajo de Meiners y Burton. Observa que el gobierno federal ha sido consciente de esas preocupaciones desde el principio de su estrategia “y ha tratado de minimizar las críticas, incluyendo la participación de la Policía Federal tanto como es posible”.
Sin embargo, subraya que las Fuerzas armadas son las que han proporcionado el grueso de la mano de obra y la coordinación que las agencias federales –obstaculizadas por la corrupción “desenfrenada y un tumultuoso proceso de reforma” – no han sido capaces de reunir.
A pesar de que el Ejército Mexicano no fue diseñado para asumir tareas de control o seguridad de áreas urbanas, fue exitoso al mejorar la seguridad de ciudades pequeñas cuando se desplegó en 2007. A comienzos de 2008, al hacer lo mismo en Ciudad Juárez, “se hizo evidente que tenía demasiadas cosas en su plato” y el entorno en aquella ciudad se deterioró desastrosamente en la segunda mitad de ese año. Entonces, la presencia militar se mostró incapaz de controlar a la delincuencia del narcotráfico y esa situación persiste a pesar de la concentración sin precedentes de las fuerzas armadas en esa ciudad.
Además de esa “falla” en la misión de los militares mexicanos, el estudio observa que las quejas por violaciones a los derechos civiles de los ciudadanos, cometidas por ese cuerpo castrense, van en aumento. El documento señala en particular aquellos casos en que los soldados han sido acusados de llevar a cabo operativos y registros no autorizados, malos tratos y tortura de sospechosos, y que han ocasionado la muerte de civiles cuando los confunden con tiradores hostiles.
Este proceder ha llevado a los “exasperados residentes” de muchas ciudades, particularmente en el oeste y el norte de México, a organizar marchas contra la presencia militar. Aunque el estudio del centro Stratfor señala que las tropas “sin duda tienen la culpa de algunos delitos”, hace ver que las fuerzas armadas también actúan con problemas.
Entre ellos, destaca que algunos miembros de los cárteles utilizan ropa de tipo militar y viajan en vehículos semejantes a los del Ejército para cometer sus delitos o esconderse de sus perseguidores. Describe, además, que algunos miembros funcionan con tácticas que enseñan los institutos castrenses, y ello “dificulta” a los residentes, frente a una redada, la posibilidad de identificar entre los militares legítimos y los miembros de los cárteles.
Este examen concluye que los cárteles de la droga mexicanos están conscientes de la amenaza que para ellos representan los militares; por esa razón, están ansiosos de aprovechar esa vulnerabilidad “mediante el pago a los residentes para protestar contra la presencia militar”, así como beneficiarse de los informes públicos sobre los abusos militares.
Por esa razón, Meiners y Burton proponen que el Congreso mexicano y la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúen debatiendo sobre la conveniencia o no de utilizar a las fuerzas armadas en diversas tareas en el marco de la “guerra” contra los cárteles. “Con todos sus defectos y fallas, el Ejército sigue siendo la herramienta de seguridad más confiable y disponible para el gobierno mexicano”. Predice que los problemas para las fuerzas armadas continuarán con las reformas de la Policía Federal, lo que significa que los militares seguirán siendo la opción “más fiable y versátil para el futuro previsible”.
México es un Estado democrático con estructuras completamente autoritarias y antidemocráticas que favorecen el ejercicio de la impunidad. En ese contexto, es fundamental reformar el sistema de toma de decisiones cívico-militares que subsiste para que la transición a la democracia sea completa en la reforma del Estado, señala el investigador Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
Benítez observa que por esa contradicción interna, México y Cuba son los únicos países de América Latina en los que no existe posibilidad de que un civil pueda ser secretario de la Defensa Nacional.
Explica que los militares y civiles en México tienen códigos de lenguaje y conceptuales muy diferentes. En el Ejército, lo que entienden por respeto a los derechos humanos no es lo mismo que consideran los civiles; ésa es la posible causa por la que las fuerzas armadas sólo procesan un 20 por ciento de las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y de ese porcentaje, agrega, apenas un 1 por ciento ingresa a debate.
Refiere un caso en Ciudad Juárez como ejemplo de esa visión de los derechos humanos. Una señora fue detenida por dos horas en un retén militar cuando iba a recoger a su hija de dos años a la guardería; la empleada, que no podía dejar a la niña en la calle, decidió quedarse con ella hasta que llegó la madre. Por tomar esa decisión, la empleada perdió su trabajo de la tarde. Ella y la madre de la niña interpusieron un juicio contra el Ejército por la violación a su derecho humano a trabajar.
El Ejército dijo que su acción era una orden de servicio y no procesó la demanda. “No estoy hablando de homicidios o ejecuciones, sino de la cotidianidad de la convivencia entre militares y la población, y cómo se manifiestan estas diferencias conceptuales”, expresa el académico.
Por otra parte, destaca que el nivel educativo promedio de las ferzas armadas de México es de primaria, por lo que Benítez Manaut pregunta: “¿Qué entiende un soldado cuando le dicen que respete los derechos humanos? “La respuesta es: nada”, porque se trata de soldados que provienen del ámbito rural, como el 70 por ciento de sus compañeros de armas.
Explica que son soldados que vieron a su padre maltratar a su madre a lo largo de 15 años de sus vidas; que lo vieron vender a la hermana y un entorno de constante violencia familiar. Por eso, “cuando le dicen que respete los derechos humanos, éstos le son ajenos”; es un problema cultural, justifica.
En cuanto a la deserción, que constituye un grave problema para el Ejército, el investigador afirma que detrás de esa decisión no está su deseo de integrar las filas del narcotráfico, “apenas lo hace el 0.0001 por ciento de los desertores”. Opina que los jóvenes ingresan al Ejército para tener un excedente de dinero que les permita irse a Estados Unidos como trabajadores, como lo muestran las encuestas realizadas por la Universidad de la Defensa y que confirman que, entre los migrantes, hay muchos militares.
“Entran al Ejército porque ahí les dan comida, bebida, cama y uniforme. Durante seis meses logran ahorrar algo. Con 30 mil pesos cruzan el país”, concluye.
La afirmación de Benítez Manaut parece confirmarse con la breve conversación que mantuvo Contralínea con el subprocurador de Justicia Militar, Alejandro Ramos Flores. En el marco del simposio “Fuerzas armadas, justicia y respeto a los derechos humanos; hacia una reforma legislativa del fuero militar” (3 de marzo de 2010), el subprocurador aceptó que la mayor parte de los juicios militares que se realizan es en torno a las deserciones.
Los autores y sus intereses
Fred Burton es el vicepresidente de Stratfor para Contraterrorismo y Seguridad Corporativa y uno de los expertos mundiales en seguridad, terrorismo y organizaciones terroristas. Fue agente especial del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos y se le identifica como la persona que “orquestó” el arresto de Ramzi Yousef, el líder del primer atentado con bomba contra el World Trade Center.
También fue enviado por Washington para asistir en la investigación del asesinato del primer ministro israelí Yotzhak Rabin, ocurrido en noviembre de 1995. En 2007, fue designado por el gobernador Rick Perry al Consejo de Seguridad Fronteriza de Texas, que participó en las investigaciones de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Stephen Meiners es un analista de Stratfor (con sede en Austin, Texas), especializado en temas de seguridad de América Latina. En su investigación México y la guerra de los cárteles en 2008, resaltó la “aparente paradoja” para la administración de Felipe Calderón: mientras su gobierno parecía tener un claro éxito en dañar a los grupos delictivos asociados con el narcotráfico, la situación de seguridad del país continuaba deteriorándose en lo que parecía ser “una tasa imparable”.
El trabajo de Meiners, publicado el 11 de diciembre de 2008, hizo notar que, una semana antes, el número total de homicidios relacionados con las drogas había sobrepasado las 5 mil víctimas, por lo que manifestó que “esto pone a México en el camino de duplicar su récord anual de 2007, cuando hubo 2 mil 700 muertos”. (NE)
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