La “guerra” oficial contra el narcotráfico agravó el hacinamiento, la corrupción y el autogobierno en las cárceles que integran el sistema penitenciario mexicano. Más de la mitad de los penales son gobernados por los internos y se han convertido en centros de operación y reclutamiento del crimen organizado. Otro fracaso de la estrategia contra el narcotráfico y las organizaciones criminales
Javier Paniagua Sarabia subió a su automóvil donde lo esperaba su esposa Lidia Santiago Cruz. Recién había terminado su turno, cuando el custodio del Centro de Reinserción Social Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya, a 5 kilómetros de Cuernavaca, fue interceptado por un comando armado. Lo bajaron de su Chevrolet Corsa y se lo llevaron. Horas después estaba hospitalizado, severamente golpeado y con un mensaje para su jefe Luis Navarro Castañeda, director del penal: “Que le bajara o se lo cargaría la chingada”.
Navarro había llegado como director hacía apenas unos meses, de la Cárcel Distrital de Tetecala donde desempeñaba el mismo cargo, y antes fue director de la Cárcel Distrital de Puente de Ixtla. Dos semanas después de aquel mensaje, el 29 de mayo de 2010, cerca de las 10:00 horas, camino a su oficina, un comando lo levantó cuando circulaba cerca del penal. Lo bajaron y lo subieron a un vehículo. La camioneta oficial en la que viajaba quedó a mitad de la calle, encendida y con las puertas abiertas, sobre la avenida principal que conduce a la prisión.
Tres horas después sus restos aparecieron en cuatro puntos de Cuernavaca. Su cabeza yacía en una avenida de la colonia Satélite, frente a una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, cercana a la salida a Acapulco, envuelta en una bolsa de plástico, dentro de una para regalo y papel impreso decorado con cartas de póquer. Junto una cartulina con un mensaje firmado por el Cártel del Pacífico Sur, que advertía que así terminarían todas las autoridades y jefes de custodios que apoyaran al sicario Édgar Valdez Villarreal, la Barbie.
En la colonia Buena Vista, rumbo al Distrito Federal, yacían los brazos y las piernas. En el libramiento de Cuernavaca, estaba el tronco del cuerpo, frente a un Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y a espaldas de una escuela secundaria.
Hasta hacía unos años, el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Morelos era identificado como uno de los penales más eficientes de la entidad y un “modelo”, pero con la guerra oficial contra el narcotráfico y la delincuencia organizada todo cambió. Con el cuerpo de Navarro esparcido sobre el asfalto de Cuernavaca, los cárteles dejaron claro quien manda fuera y dentro de la prisión.
Este Cereso es una de las 419 prisiones que forman parte del sistema penitenciario mexicano, y una de las que, de acuerdo con el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se maneja con un autogobierno, es decir que quien controla la administración son los internos y no la autoridad.
En su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el presidente Felipe Calderón Hinojosa prometió la modernización del sistema penitenciario basada en el trabajo y la coordinación de los tres órdenes de gobierno “para mejorar los mecanismos de readaptación y rehabilitación de los internos”. Pero en la postrimería de su administración, los resultados evidencian que no sólo no hubo avance en la materia, sino que, por el contrario, muchas prisiones se consolidaron como otra zona de operación del crimen organizado, de acuerdo con la evaluación de expertos criminalistas, abogados y representantes de las comisiones de derechos consultados por Contralínea.
Omisiones criminales
Desde 2001, la CNDH emitió una recomendación general en la que advertía de la saturación en los reclusorios, que deriva en condiciones indignas y sobre todo, que impide la readaptación. En 2004, se formuló una segunda que evidenció el incremento de la problemática.
En 2007, inició la guerra oficial contra el narcotráfico, traducida en detenciones masivas en las que se hacinaba lo mismo a integrantes de la delincuencia organizada con presos comunes, y, en el peor de los casos con personas víctimas de detenciones extrajudiciales o a quienes al cabo del tiempo la autoridad no podría comprobarles ningún delito.
Para 2008, la CNDH, en una nueva recomendación, alertó del peligroso hacinamiento, del autogobierno y los riesgos asociados, pero las autoridades fueron omisas.
El ingresar a penales municipales y estatales a integrantes del crimen organizado y en las razias a personas a la que nunca se les comprobó ningún delito, junto con internos del fuero común de baja peligrosidad, o incluso detenidos por sanciones administrativas, tuvo para muchos penales resultados desastrosos dadas las condiciones de deterioro del sistema penitenciario mexicano, identificado por el Observatorio Internacional de Prisiones como uno de los 10 peores a nivel mundial.
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta octubre de 2011, casi el 50 por ciento de los presos ingresados bajo delitos federales, incluida la delincuencia organizada, aún no estaba sentenciado.
Luis González Placencia, doctor en política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señala que el enfoque de la guerra oficial “no debió de ser únicamente punitivo, porque ese enfoque generó la problemática que se vive ahora. Lo primero que debió de haberse pensado es si la cárcel los iba a contener o no”.
Y es que, por los niveles de impunidad, corrupción y autogobierno, la cárcel “perdió esa condición de amenaza que se supone la haría el mecanismo para que la gente dejara de delinquir, para convertirla en un engranaje más en todo el proceso. Para quien se dedica al crimen se convirtió sólo en un riesgo de trabajo, e incluso en una oportunidad de supervivencia”, observa González Placencia.
El negocio de la sobrepoblación
Los 419 centros penitenciarios tienen una capacidad para 186 mil 176 internos, de manera que hay 45 mil 334 en hacinamiento. Proporcionalmente, son 211 centros en los que hay sobrepoblación, que en ocasiones rebasa el 200 por ciento de su capacidad.
Por entidad federativa, los reclusorios con mayor sobrepoblación es el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Sonora, Chiapas, Puebla, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Tabasco, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Nayarit, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Aguascalientes, Chihuahua, lo mismo prisiones municipales, que ceresos, e incluso algunos centros federales de readaptación social.
Cada penal es un caso particular, pues en algunos hay internos que literalmente pagan por tener una, dos, tres, o el número de celdas según la posibilidad económica que tengan –en penales como el Cereso de Puente Grande, un interno tenía cinco celdas para su uso exclusivo– y en algunas estancias, cuya capacidad máxima es de seis internos, cohabitan hasta 40. Viven y duermen de a gallo (de pie), y si acaso en el piso ya no hay cupo entonces colgados a los barrotes, asidos con hamacas, un cinturón o cualquier cuerda.
“La sobrepoblación no permite un trato adecuado para los internos, tampoco la atención personalizada, mucho menos que desempeñen talleres o actividades educativas”, señala Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
Pero la sobrepoblación “es un gran negocio”, refiere González Placencia, quien cuenta con una amplia trayectoria de estudio e investigación de los penales. “La saturación genera grandes negocios porque los espacios se venden. Cada insumo se convierte en un privilegio y éste tiene un costo, y por ello también se permite el autogobierno, ya que en muchas ocasiones quienes controlan ese negocio son grupos de internos. Las ganancias que generan todos los negocios ilegales y legales en los penales son tan altas, que hoy por hoy la cárcel es muy rentable, una verdadera economía”.
Los lucros que cada penal genera son relativos. Por ejemplo, sólo los de la venta de mariguana en el Cereso de Puente Grande, Jalisco, se estiman en 3 millones de pesos.
De allí que tales áreas son zonas en disputa entre grupos criminales en vías de erigirse como autogobierno. La estimación es que hoy, más de la mitad de los reclusorios de todo el país tienen autogobierno; es decir que quienes imponen la ley en cana (dicho en la jerga penitenciaria) son los internos, y, en muchos casos, éstos son integrantes de la delincuencia organizada.
Del hacinamiento al autogobierno
El Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, elaborado por la CNDH, identifica los penales de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, donde grupos de internos son los que ejercen el control, imponen su ley, regentean los negocios y coadministran el penal.
El Diagnóstico refiere que “se trata de un sistema de gobierno paralelo al régimen interior, que legalmente debe de prevalecer en un centro penitenciario, con una estructura organizada a partir de una jerarquía de mando, mediante la cual, además de imponer métodos informales de control, efectúan actividades ilícitas intramuros”.
El autogobierno se traduce en un negocio prolífico del cual en muchos casos se comparte la sociedad con custodios o incluso personal administrativo de los penales. Es una fuente de ingresos que emana desde el cobro por el pase de lista a los internos, la autorización y renta de áreas conyugales, la administración de las tienditas, el suministro de drogas, el contrabando de todo tipo de mercancías, entre otros.
Extorsiones y derecho de piso, el gran negocio
De acuerdo con datos proporcionados por la CNDH y las principales comisiones estatales de derechos humanos del país, la extorsión, el cobro de impuestos o de derecho de piso se ha generalizado en los penales, en algunos casos con alta incidencia, otra fuente de ingresos para los grupos criminales.
Tal situación ha generado el amotinamiento de internos de varios penales, que han buscado llamar la atención de las autoridades para que pongan fin a las extorsiones.
Uno de esos motines es el que, el 23 de junio de 2011, protagonizaron los internos del Cereso de Las Cruces, en Acapulco, Guerrero. Duró casi dos horas. Los internos reclamaban los altos cobros de extorsión e “impuestos” por parte de los padrinos del módulo de máxima seguridad.
Uno de éstos, armado con una pistola calibre 38 súper intentó tomar a un custodio como rehén. En la trifulca salieron a relucir las armas de fuego, las puntas y las navajas. Pasaba de las 12:00 horas, y en aquel día de visita las familias departían guisos caseros que sacaban de envases con alteros de tortillas.
Tras los primeros gritos y la corretiza entre internos y custodios, llegaron al penal 350 militares, de la policía estatal, de la federal y hasta marinos. Pronto el lugar se convirtió en un búnker. Ni así pudieron evitar las bajas: una docena de heridos, tres muertos, uno de ellos decapitado. La cabeza rodó en el piso del módulo de máxima seguridad, área que todos llaman el “cerecito”, ante la confusión y el miedo de las esposas y sus hijos que aquel día llegaron a visitar al padre, al esposo, al hermano.
Luis González Placencia, titular de la CDHDF, alerta que la extorsión se ha convertido en el principal motivo de queja en todos los reclusorios del Distrito Federal. Un negocio que se antoja muy rentable dada la densidad de la población que hay.
Los internos que llevan a cabo ese autogobierno son los beneficiarios de los negocios (lícitos e ilícitos) que se desarrollan no sólo dentro del penal, sino también afuera. “Es del conocimiento público la existencia de diversas actividades delictivas en las que participan estos grupos de internos, los cuales corrompen a las autoridades con el fin de obtener toda clase de facilidades para organizar o seguir cometiendo delitos graves como secuestro, robo calificado, homicidio y narcotráfico”, señala el Diagnóstico.
Un ejemplo es el caso del Cereso Número 2 de Gómez Palacio, Durango, donde la directora Margarita Rojas Rodríguez –originaria de la ciudad de Lerdo– permitía que los internos salieran por las noches a bordo de vehículos oficiales, con armas también oficiales, para hacer ejecuciones, entre éstas las matanzas en bares y en la Quinta Italia Inn, en Torreón, Coahuila.
Rojas por cierto, en su breve estancia como directora del penal, permitió la excarcelación de 300 internos al argumentar “buena conducta”, sin dar cuentas de éstos.
O el caso del Cereso de Cieneguillas, Zacatecas, donde el director Eduardo Romero y 20 custodios a su cargo recibían pagos de integrantes de la delincuencia organizada para dar privilegios a algunos internos.
En muchos penales los autogobiernos operan con mesas directivas perfectamente estructuradas, como en los penales de Oaxaca, Ixcotel y Tehuantepec, donde la mesa directiva manejaba el negocio de las drogas, alcohol, celulares, aparatos eléctricos y electrónicos. Cobraba “impuestos” a los internos y controlaba hasta la comercialización de discos pirata en la capital.
En el Cereso de Acapulco, la directiva de internos, vinculada de acuerdo con la Policía Federal a la delincuencia organizada, controlaba el contrabando de drogas, armas, aparatos eléctricos, videojuegos. Ofertaban mariguana, heroína y cocaína, lo mismo cerveza que whisky importado; la diversión en el penal incluía peleas de gallos, videojuegos, sexoservicios de prostitutas y un ambiente decorado con pavorreales.
En el Distrito Federal, entidad que concentra el mayor porcentaje de población penitenciaria, 17.73 por ciento de todo el país, con 44 mil presos, son los grupos ilegales de poder, más que la autoridad, los que mantienen bajo control los penales, en los 10 reclusorios existe el autogobierno.
“El gobierno se mantiene al interior de las instituciones por la existencia de estos grupos de poder que son los que ‘ayudan’ a que las cosas estén mas o menos ordenadas. Cuando ocurren las riñas es porque el autogobierno comienza a autodestruirse. Es una gran complicación porque lo que ha sucedido en los últimos años es que los centros penitenciarios se volvieron zonas sin ley. Las normas se construyen a partir de lo que estos grupos de poder definen como lo que se vale y lo que no se puede hacer ahí dentro”, explica el titular de la CDHDF, Luis González Placencia.
Tales grupos, en colaboración con el personal penitenciario y del sector judicial operan las redes de prostitución y trata de mujeres al interior de los penales.
Las disputas
La laxitud del sistema penitenciario mexicano y la corrupción rampante hicieron de los reclusorios una extensión de las zonas en disputa entre organizaciones antagónicas. De esta manera, el dominio de penales de Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo es disputado por el Cártel del Golfo y Los Zetas, no sólo por sus diferencias como grupos adversarios sino por el control de los negocios en los penales.
Algunas de las más férreas disputas se han vivido por el mando de los penales de Tamaulipas, donde ambos cárteles aún tienen una fuerte presencia y operación. A los siete centros penitenciarios –de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Altamira, Victoria, Mante y Miguel Alemán– han hecho extensiva su desavenencia.
Las más recientes fueron precisamente las riñas en los penales de Tamaulipas –en enero pasado–, que dejaron 31 muertos y 13 heridos en el Cereso de Altamira, y 20 muertos y 12 heridos en el de Matamoros.
Lo mismo ocurre en penales de Nuevo León, particularmente en los ceresos Topo Chico, en Monterrey), y Cadereyta, en Nuevo León.
En el Sur el foco rojo es el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (Crecet). La proliferación de drogas y alcohol se vio incrementada a partir de 2008, cuando se recluyó allí a docenas de gente de La Compañía, la dupla que formaban entonces Los Zetas y el Cártel del Golfo. Desde el Crecet controlaban los mismos negocios. Las primeras fricciones entre ambas organizaciones se hicieron sentir: 23 grescas, en 2009.
Los penales de Baja California son zonas de disputa entre el Cártel de Tijuana y el de Juárez; los de Chihuahua, entre el Cártel del Juárez y el de Sinaloa. Y así, uno en uno podría hablarse de que cada cárcel municipal y estatal es un área en disputa según el cártel o la organización criminal que predomine. La iniciativa Open Society Justice (de la Open Society Fundation), dedicada a la asesoría legal para el debido proceso y la aplicación de la justicia, en voz de su representante en México, Javier Carrasco, identifica como focos rojos lo penales de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y el Estado de México.
El representante de la CNDH alerta que el nivel de violencia en los reclusorios se ha recrudecido derivado del poderío que los internos tienen de los penales y de la disputa por el autogobierno. De manera que “sólo la clasificación adecuada de los internos evitará las riñas”, señala Guillermo Andrés Aguirre, sociólogo por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica, Oñati, España.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (adoptadas por el Primer Congreso de la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra, en 1955) obligan a la autoridad a elaborar una clasificación precisa mediante exámenes del perfil de cada interno para determinar también su tratamiento, sin embargo en las prisiones de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal no se lleva a cabo ninguna clasificación o se realiza de manera deficiente, de acuerdo con el Diagnóstico.
A partir de que las oleadas de integrantes de cárteles que tomaron el mando de prisiones municipales y estatales, las reyertas se tornaron extremadamente violentas. Por ejemplo, el motín en el Cereso de La Mesa, en Tijuana, en septiembre de 2008, que dejó un saldo de 19 muertos y más de 30 heridos.
En 2009, se registraron cinco motines, el más violento fue el del Cereso de Ciudad Juárez, con 20 muertos. En 2010, destacó el caso del de Mazatlán, con 29 muertos. En 2011, por el nivel de violencia, destacaron 45 riñas que sumaron 132 muertos, en penales de Tamaulipas, Durango, Chihuahua y Nuevo León.
Este año arrancó con la muerte de 31 internos en Altamira, en la confrontación entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, el 4 de enero; el 29 de en el Cereso Número 1 de Chihuahua, 12 internos de alta peligrosidad identificados como de La Línea (brazo armado del Cártel de Juárez), asesinaron a cinco integrantes de la pandilla rival e hirieron a seis más.
La gresca es el saldo más reciente de la disputa entre los sicarios del Cártel de Juárez y los del de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
Por la ausencia de una clasificación de los internos, en el Cereso de Juárez, que de acuerdo con palabras del alcalde Héctor Murguía, “sólo Dios” podría garantizar la seguridad, el pan de cada día son las afrentas entre los Aztecas y los Mexicles, sicarios del Cártel de Sinaloa. Una de las trifulcas más sangrientas fue la de junio de 2011, cuando en un tiroteo al interior del Cereso, 17 personas murieron y 72 más resultaron heridas.
Cifras espectaculares, magra efectividad
El gobierno de Calderón anuncia como los logros de su “guerra” y política en materia de seguridad pública, el incremento en el número de detenciones y encarcelamiento.
Numerosos spots televisivos y radiofónicos cacarean el encarcelamiento y en algunos casos la extradición de “los criminales más buscados”; la población penitenciaria se incrementó de 182 mil 530 internos a 231 mil 510, al respecto, sólo el 58 por ciento de la población penitenciaria a nivel nacional está sentenciada, el resto son procesados, y este porcentaje incluye a los reos ingresados bajo cargos de delincuencia organizada.
La visión gubernamental dista de la de los criminalistas, que consideran que la efectividad del sistema penitenciario no depende del número de delincuentes que sea posible mantener privados de la libertad, sino del número que logre readaptarse.
Incluso con las altas cifras de detenciones los reportes de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales refieren que el grado de criminalidad y violencia en México, lejos de disminuir, registra un aumento exponencial y sobre todo descontrol, amén de lo que en términos presupuestales se advierte como gastos infructuosos, dado que el presupuesto que el gobierno de Calderón destinó en materia de seguridad es 35 por ciento más alto que el de su antecesor.
“Para mostrar cifras espectaculares de la ?guerra’ contra el narcotráfico y tratar de justificarla, se hicieron detenciones arbitrarias, encarcelamiento y la fabricación de culpables mediante la tortura. Con todo ello se generó una mayor saturación del sistema penitenciario que incrementó la corrupción”, señala Adrián Ramírez, titular del Observatorio Mexicano de Prisiones (parte del Observatorio Internacional de Prisiones).
Como jefe de Estado, Calderón heredará a su sucesor un sistema penitenciario en alerta máxima, “Con tal de mostrar los supuestos resultados de la ?guerra’ se ha violado flagrantemente el principio de presunción de inocencia, y ahora cualquier persona puede ser acosada, señalada e indicada por delincuencia organizada”, explica Ramírez también presidente de la Limeddh.
Para Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador de la CNDH, el sistema penitenciario “no ofrece posibilidad alguna de readaptación ni rehabilitación”.
Herencia negra
La fallida estrategia de la guerra oficial contra el narcotráfico, es para abogados criminalistas el tiro de gracia a cualquier viso de readaptación dentro del sistema penitenciario mexicano.
Los reclusorios hoy solamente son “bodegas humanas y una potencial fuerza de trabajo para el crimen organizado”, explica Javier Carrasco Solis, titular del Proyecto Presunción de Inocencia en México, de la Open Society Justice Initiative.
“Quien ingresó al penal por robarse una Caribe Cooler para curarse una cruda encuentra oferta de trabajo con la delincuencia organizada y se enrola en delitos de alto impacto”, explica Luis González Placencia.
Ante la corrupción rampante, coinciden los entrevistados, los penales se convirtieron en “centros de reclutamiento” de la delincuencia organizada. En tales condiciones, en palabras del tercer visitador general de la CNDH, “las cárceles son verdaderos laboratorios que pueden generar inteligencia para la delincuencia, y de allí deriva en un monto de cosas que impactan a todos porque desde los penales se delinque, el ejemplo son las extorsiones telefónicas, que la mayoría proceden de los penales”.
El poderío que las organizaciones criminales han tomado al interior de las prisiones se evidencia también con las renuncias masivas de custodios, como el caso del Penal de Gómez Palacio, Durango, cuando en agosto de 2009, después de una riña entre cárteles antagónicos, que dejó 20 muertos y 22 heridos, 13 custodios renunciaron. O los 40 que en octubre de 2010, dimitieron al Cereso de Aquiles Cerdán, en Chihuahua.
Pero no se trata solamente de un problema que atañe a la población penitenciaria. Lo que ocurre en los penales no se queda en los penales, permea a toda la sociedad. Luis González Placencia ejemplifica que todavía la mayoría de las extorsiones vía telefónica se hacen desde una prisión.
“Lo que acontece al interior de los centros penitenciarios afecta la seguridad pública, pues grupos de internos que cuentan con el apoyo de personas del exterior continúan delinquiendo, por lo que son parte activa del fenómeno delictivo en México. El sistema penitenciario es la parte en donde más se recrudece la violencia institucional de todo el sistema penal”.
Los cárteles de la droga ahora reclutan a sus cuadros en las prisiones para encargos especiales, como ejecuciones, cobro de cuentas o cuotas, reclutan a internos que están en vías de obtener su libertad. Tal práctica la han hecho extensiva incluso en penales de Estados Unidos, conforme ha documentado el Departamento de Justicia de ese país. Cárteles como La Familia ahora asignan tareas que sus integrantes efectúan en México, desde penales de Estados Unidos.
Sistema penitenciario, en situación “crítica”: García Ramírez
A propósito de la situación actual del sistema penitenciario mexicano, el doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Sergio García Ramírez señala: “La situación que guardan actualmente los reclusorios en México, de acuerdo con toda la información pública de la que disponemos, no es de ninguna manera una situación satisfactoria. Sabemos que hay una sobrepoblación en muchos reclusorios, que han ocurrido numerosos incidentes en muchas ocasiones sumamente graves, consistentes en suicidios, motines, evasiones, múltiples hechos de sangre incluso delincuencia propiciada o generada desde el interior de estos reclusorios.
Estamos al tanto por la información pública de la que se dispone de que ha habido muchos actos de corrupción que están pendientes de ser esclarecidos. Todo esto nos da un panorama muy preocupante, yo diría que inclusive crítico a propósito de las prisiones y en general en nuestro país”.
García Ramírez, quien se ha desempeñado como juez y como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere que en 2008, se aprobó la reforma constitucional que se anunció como “un nuevo modelo de reinserción social y un sistema de vigilancia judicial de la ejecución de penas”. No obstante, señala, “todo ello que fue una muy buena intensión, lamentablemente no parece haber todavía aterrizado en los hechos. No se ve ningún asomo de la existencia generalizada de ese nuevo modelo de inserción social, ni se ha montado todavía el aparato nacional completo para supervisión judicial de las condiciones en las que se desarrolla la ejecución de penas”.
“En síntesis –evalúa el jurista– el panorama es muy preocupante y acreditaría soluciones inmediatas por parte de las autoridades correspondientes. Si nos atenemos a los informes que han rendido las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y la de Derechos Humanos del Distrito Federal, y a otros informes que abarcan esta materia, desde la perspectiva de los derechos humanos, yo diría que la situación penitenciaria es muy deficiente. La calificación que se desprende de esa información no es positiva, no podría serlo si siguen ocurriendo esos hechos”.
