La dependencia en materia científica y tecnológica no sólo vulnera la soberanía mexicana, sino que resulta un pésimo negocio. En 2006 se pagaron más de 7 mil millones de dólares por uso de patentes y sólo se recibieron, por el mismo concepto, 700 millones. Mientras el presupuesto destinado en 2009 es de los más bajo en las últimas dos décadas, trasnacionales son las principales beneficiarias de los estímulos fiscales, por 4 mil 500 MDP
En México, el gasto federal en ciencia y tecnología no rebasa el 0.34 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), lo que provoca un acentuado rezago en investigación básica y desarrollo tecnológico; enormes asimetrías entre entidades federativas, instituciones y sectores sociales, y un retroceso en la competitividad del país, dice Rosaura Ruiz Gutiérrez, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
Agrega que la inversión anual en la materia no sólo es “muy baja”, sino que va en descenso. De 2003 a 2007, el gasto pasó de 0.43 por ciento a 0.33 por ciento. Se sigue una política en sentido inverso de lo que el país requiere para su desarrollo: más recursos para el incremento en el número de investigadores, en la producción científica y en el registro de patentes.
Para 2009, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 43 mil 528 millones 700 mil pesos; dicho monto supera sólo en 71 millones de pesos al proyecto enviado por el Ejecutivo, que solicitaba recursos para ciencia y tecnología por 43 mil 457 millones de pesos.
En el marco de la mesa de debate “La ciencia en México; cuatro visiones, un mismo compromiso”, Juan Ramón de la Fuente, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo: “El problema fundamental es que no tenemos esa política pública. No hemos sido capaces de construirla. Mientras no la construyamos, mucho me temo que seguirán los vaivenes y los altibajos en la ciencia en el país”.
De acuerdo con datos de la AMC, el presupuesto solicitado por el gobierno de Felipe Calderón en 2009 significaba un incremento de 6.1 por ciento en términos reales respecto del presupuesto aprobado en 2008, y solamente 1.3 por ciento mayor en términos del presupuesto ejercido al cierre de 2008.
La propuesta del Ejecutivo resultaba equivalente a 0.33 por ciento del PIB, a 1.53 por ciento del gasto público total y a 2.05 por ciento del gasto programable del sector público federal. La Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura recomienda que se dedique al menos el 1 por ciento del PIB en el rubro de ciencia y tecnología.
El incremento en el presupuesto en la materia se explica por la creación de cuatro programas que otorgarán subsidios directos a organismos y empresas del sector privado: Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas recibirá 1 mil 200 millones de pesos; Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras, 700 millones de pesos; Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, 600 millones de pesos, y Fomento Regional para el Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación, 500 millones de pesos.
En 2008, sólo el 9.7 por ciento de la industria se consideraba de alta tecnología; el país que registra mayor nivel es Corea, con 53 por ciento.
Juan Pedro Laclette, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), dice que el problema de la inversión en la materia es conocido: no supera el 0.3 o 0.4 por ciento del PIB, que, complementado con el 0.1 por ciento que aporta la iniciativa privada, da como resultado un mediocre 0.45 por ciento anualmente.
Sin embargo, explica, los recursos no son el único problema. Es necesario trabajar en la definición de objetivos para el trabajo científico, más allá de los objetivos de los individuos que tienen su proyecto de investigación. Se deben plantear metas por sector, secretaría, región, estado; cada entidad tiene una problemática por resolver.
Agrega que existe una descoordinación en el trabajo; cuesta mucho sumar esfuerzos y crear redes de trabajo. Además, hace falta “la gobernanza” del sistema, es decir, no están en concordancia los tres niveles de gobierno.
Rosaura Ruiz Gutiérrez considera que México es uno de los países con mayores índices de dependencia tecnológica, con 29.5 por ciento. “La soberanía nacional no es únicamente un problema de orgullo; la falta de independencia tecnológica contribuye al atraso”.
Agrega que el país tiene un coeficiente de inventiva de 0.05 (solicitudes de patentes por cada 10 mil habitantes); la nación que registra el más alto indicador es Japón, con 28.84. En México no se produce tecnología y eso cuesta mucho dinero. En 2006 se pagaron aproximadamente 7 mil millones de dólares en uso de patentes, en cambio, sólo se recibieron 700 millones de dólares, es decir, se gasta 10 veces más de lo que se recibe.
En 2006, el Sistema Nacional de Investigadores tenía registrados 13 mil 855 investigadores en las 32 entidades federativas, el 42 por ciento se concentraba en el Distrito Federal; el 6 por ciento, en el Estado de México; 5.4 por ciento, en Michoacán y Morelos, respectivamente; 4.9 por ciento, en Jalisco; 3.8 por ciento, en Puebla; 3.1 por ciento, en Nuevo León; 3 por ciento, en Baja California; 2.9 por ciento, en Guanajuato; y el resto, en los demás estados.
Entre 1998 y 2005, la balanza de pagos registró un incremento en los egresos, superior al 200 por ciento en el rubro de tecnología. En 1998 se pagaron 453 millones 500 mil dólares, en 2005 aumentó a 2 mil 93 millones de dólares; en tanto, los ingresos fueron por 138 millones de dólares y 180 millones de dólares respectivamente, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En 1998, había 141 patentes de nacionales registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 3 mil 78 de extranjeros; en 2006, había 132 y 9 mil 500, respectivamente.
La Secretaría de Educación y el Conacyt cuentan con cinco programas que formalmente buscan elevar la calidad de la educación y fomentar la conformación de grupos de académicos y desarrollo tecnológico. Éstos son: Fortalecimiento del Posgrado Nacional; Fondo Sectorial para el Apoyo a la Ciencia Básica; Fondo Sectorial para las Investigaciones sobre Educación; estímulos fiscales a las empresas que invierten en investigación y desarrollo; Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y Cooperación Científica y Tecnológica Internacional.
En 2007, las empresas más beneficiadas con el programa de estímulos fiscales fueron: Controladora General Motors de México, que recibió 549 millones 99 mil pesos; Chrysler de México, 196 millones 558 mil pesos; LC Terminal Portuaria de Contenedores, 183 millones 322 mil pesos; Volkswagen de México, 128 millones 953 mil pesos.
Además, Mabe de México obtuvo 92 millones 267 mil pesos; Investigación de Tecnología Avanzada, 67 millones 345 mil pesos; Nemak, 63 millones 742 mil pesos; Compañía Mexicana de Aviación, 57 millones 520 mil pesos; Sigma Alimentos Noreste, 53 millones 165 mil pesos, y Productos Roche, 53 millones 165 mil pesos. El monto entregado a estas 10 empresas representa el 32.1 por ciento del total de los recursos del programa, que ascienden a 4 mil 500 millones de pesos.
Considera que el proceso de construcción de la democracia mexicana “estará en entredicho mientras no se atiendan, con una política de Estado comprometida incluyente y visionaria, estos aspectos determinantes para la fortaleza y prosperidad de una nación. Y no se darán sin una economía moderna basada en el conocimiento, y no una que dependa de la venta de productos sin valor agregado, como el petróleo, y de las remesas de los migrantes expulsados por la miseria”.
A decir de la presidenta de la AMC, se deben establecer entidades en las que el saber científico se aplique a la resolución de problemas concretos y se propicie la producción de conocimiento de punta, en los que se produzca efectivamente tecnología nacional y se empiece a impulsar la innovación en México.
Agrega que, a nivel internacional, la comunidad científica mexicana es reconocida por su capacidad de contribuir al diseño de políticas mundiales en los temas de mayor relevancia. Se le demanda, incluso, en países con un rezago mayor al de México; sin embargo, el país carece de políticas de Estado adecuadas a su realidad para favorecer la transmisión, la generación y la transferencia de conocimiento, y sufre por ello importantes rezagos en la materia.
Ruiz Gutiérrez considera que el desarrollo de México no corresponde a su nivel en la economía mundial –en la que ocupa el sitio 11–, pues se ubica en el lugar 52 del índice global de competitividad, en el que descendió 10 escaños de 2001 a 2007.
Explica que para lograr un crecimiento real en la producción científica, que pueda impactar en el avance a la resolución de los problemas del país y cumplir las leyes en la materia, se deben estar invirtiendo, por lo menos, 15 mil millones de pesos anuales, de 2009 a 2012.
El presupuesto federal plantea reducciones en ramos presupuestales estratégicos para el desarrollo nacional. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación registra una disminución de inversión en ciencia y tecnología de 1 mil 584 millones de pesos; la Secretaría de Energía, 782 millones de pesos, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 213 millones de pesos.
En tanto, en el Programa Especial de Ciencia, Innovación 2008-2012 del Conacyt se estipula que en el sector energético es necesario financiar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, formación de recursos humanos especializados, alianzas estratégicas, así como la formación de nuevos grupos de investigación y desarrollo de tecnologías de punta en áreas como desarrollo sustentable, métodos alternativos de energía renovable y no renovable, extracción de hidrocarburos, tecnologías de punta y temas emergentes.
Además, considera necesario modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, para que se permita disponer de mayores recursos para la inversión y apoyo a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el sector.
En el rubro agropecuario, el documento sólo señala que se requiere apoyar proyectos de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de innovación, que contribuyan a generar el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades y oportunidades de la materia.
En cuanto al medio ambiente, se indica que conforme avanza el conocimiento sobre la naturaleza de problemas ambientales, como el cambio climático, se despejan algunas incógnitas, otras emergen. Entender la naturaleza global del problema no es suficiente; esto requiere de muchos estudios más e investigaciones sobre temas como la biodiversidad, su protección y el cuidado de los ecosistemas. Es necesario efectuar análisis de riesgos mediante información y estándares actualizados para así mejorar la utilización de los recursos públicos.
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el gobierno federal considera necesario proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y tecnología para el descubrimiento de nuevas ideas, así como garantizar una adecuada propiedad intelectual, dado el valor elevado de las ideas nuevas en un entorno propicio.
Pero la administración calderonista estima que un elemento clave es el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento con recursos privados que permitan la creación de nuevas empresas, así como permitir la adquisición, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías.
Juan Pedro Laclette explica que existe un consejo general científico y tecnológico, que encabeza el presidente y participan siete secretarios de Estado, además del Conacyt, pero éste se ha reunido en no más de cinco ocasiones desde su creación, es decir, el mecanismo rector no está operando.
En 2002 se aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología, donde se estipula la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, integrado por el presidente de la república, los titulares de las Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública, y Salud; el director general del Conacyt, el coordinador general del FCCT, el presidente de la AMC, y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
La ley señala que el Consejo deberá, entre sus facultades, establecer políticas nacionales para el avance científico y la innovación tecnológica que apoyen el desarrollo nacional; aprobar el programa especial de ciencia y tecnología; definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología; emitir anualmente un informe general acerca del estado que guarda la ciencia y la tecnología en México.
Contralínea solicitó entrevista con el titular de Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, a través del director de información de la dependencia, Héctor Sotomayor, sin que a la cierre de edición diera respuesta.
La academia propone que para llegar al 1 por ciento del PIB es fundamental reorientar la política de desarrollo científico y tecnológico con una visión de Estado que trascienda las coyunturas sexenales, atendiendo a las prioridades nacionales. Se plantea una estrategia que impulse una política de ciencia, tecnología e innovación con visión de Estado, sustentada en el federalismo, la participación, la colaboración, la corresponsabilidad, el respeto a la legalidad, y el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, consolidar los esfuerzos, los programas y acciones realizadas por las entidades y dependencias del sector público federal en ciencia y tecnología, incorporando mecanismos que aseguren la mayor racionalidad y eficiencia de las inversiones nacionales (públicas y privadas) en esta materia; incrementar los recursos correspondientes al ramo 38.
En el ramo 38 se propone la creación de tres nuevos programas: incorporación de jóvenes investigadores a las instituciones de educación superior, a los centros de investigación y al sector productivo; un fondo destinado a la infraestructura necesaria para el óptimo desarrollo de las actividades científicas y a los avances tecnológicos que se están realizando en instituciones de nivel superior, y un fondo para impulsar el desarrollo de parques científico-tecnológicos en todo el país.
La academia también propone fortalecer la investigación científica, la formación de recursos humanos de alto nivel, el desarrollo tecnológico y la innovación en temas de alta prioridad nacional; impulsar la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, y la federalización gradual del gasto público en el rubro. Actualmente, el gobierno federal aporta el 97.5 por ciento, en tanto que las autoridades estatales contribuyen con el 2.5 por ciento.
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