Con la llegada de la pandemia de Covid-19 a México, más de 30 inmigrantes kenianos han tenido que refugiarse en casas abandonadas, edificios en ruinas y bajopuentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estas familias son muestra de la falta de supervisión y auxilio que existe por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), del sector salud y de los gobiernos locales, informa Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Y es que al riesgo de contagiarse con el virus que cimbró al mundo, se suma la situación de calle a la que se enfrentan infantes y adultos migrantes no sólo en Tamaulipas sino en todo el país. En el caso de quienes sobreviven al abandono institucional en esa entidad, lo hacen gracias a las limosnas que solicitan en estacionamientos de tiendas de autoservicio. Sin embargo, el dinero que recolectan apenas llega a cubrir su alimentación, por lo que comprar cubrebocas o gel antibacterial les sería imposible, sentencia Ramos.
Este escenario, desafortunadamente, no es exclusivo de dicho estado, advierte Ana Mercedes Saiz Valenzuela, directora de Sin Fronteras, IAP; pues ante el cierre de los albergues por la pandemia, la comunidad migrante corre el riesgo de quedar en situación de calle y, por ende, en grave desprotección, “violentando así los derechos humanos que el gobierno tiene la obligación de garantizar: su derecho a la integridad, a la salud, la vida y la dignidad”.
En los últimos años, miles de personas en situación precaria han tenido que transitar de ciudad en ciudad en busca de una forma de vida digna, pero en su andar han sido víctimas de múltiples violencias, tales como robos, secuestros, violaciones, redes de trata, detenciones arbitrarias, falta de acceso a servicios básicos y rechazo de distintos gobiernos y poblaciones.
Por ello, con el inicio de la pandemia, la discriminación en su contra se disparó y se hizo presente en actos de estigmatización y en la falta de acceso a servicios de salud básicos para evitar riesgos de contagio, evidenciando que la comunidad migrante no es considerada valiosa para la sociedad, señala Tania Reneaum Panszi, directora de Amnistía Internacional México.
Por su parte, Olivia Joanna Gall Sonabend, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia (Surxe), indica que los mexicanos siempre “nos quejamos de cómo nos tratan en Estados Unidos, diciendo que son racistas, pero, aunque tenemos razón, basta con que empiecen a llegar oleadas de centroamericanos para que nos portemos igual o peor”.
Resalta que estas actitudes se deben a que, “en el fondo”, a los migrantes se les considera inferiores, subdesarrollados o más pobres que los mexicanos, pues “se tiene el prejuicio de que existe más violencia en países del Centro y Sur de América que aquí”.
Y es que, desde antes de que surgiera la pandemia por el virus SARS-CoV-2, la comunidad migrante ya era una población vulnerable en extremo, pero con ella se hizo más evidente la falta de interés que existe hacia este sector, expresa Olivia Gall.
Este panorama constata cómo la población migrante se encuentra abandonada a su suerte: “andan en la calle y no cuentan con lo mínimo para protegerse”, principalmente, porque no forma parte de la narrativa de las políticas públicas, pues “no son capital político para los partidos”, afirma Ana Mercedes Saiz.
Las violaciones a derechos humanos de la comunidad migrante han estado latentes en México previo a la pandemia, consideran especialistas. Ejemplo de ello es la instrumentación del Protocolo de Protección para Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), también conocido como Quédate en México.
Dicho programa fue impulsado en enero de 2019 por el presidente estadunidense Donald Trump, y respaldado por su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador. Éste obliga a las personas migrantes del Centro y Sur de América a esperar en la frontera mexicana la resolución a sus peticiones de asilo en Estados Unidos, aunque el proceso pueda tardar meses o años.
A pesar de que, al inicio de su gobierno, López Obrador aseguró que brindaría apoyo a los migrantes y respetaría sus derechos, sus acciones fueron distintas cuando Trump amenazó con imponer aranceles comerciales si no se establecían mayores controles migratorios en las fronteras de México.
Así, quedó olvidada la política de puertas abiertas: se desplegaron más de 6 mil agentes de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, lo que tuvo “graves consecuencias para las personas migrantes y solicitantes de asilo”, asegura la directora de Amnistía Internacional México, pues esas acciones provocaron que el flujo y asentamiento de personas se incrementara exponencialmente en las comunidades fronterizas del Norte y Sur del país.
En 2019, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 70 mil 302 solicitudes de asilo, frente a las 29 mil 630 registradas en 2018, un aumento del 137 por ciento en sólo un año. Esto demostró que las autoridades mexicanas no estaban suficientemente preparadas para tramitar tantas solicitudes, por lo que el tiempo de espera aumentó, explica Tania Reneaum Panszi.
A pesar de este incremento, el 18 de marzo, las oficinas de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos cerraron sus instalaciones, provocando que los trámites de asilo se suspendieran. Posteriormente, Donald Trump informó que las fronteras de su país también se cerrarían “como parte de las medidas de protección contra el coronavirus”, y se deportaría a México, de forma inmediata, a las personas que trataran de cruzar hacia el país vecino.
Esta situación ocasionó que, en Matamoros, la cifra de migrantes varados aumentara de 750 a 3 mil personas en los últimos meses, indicó Aline Cárdenas Solorio, maestra en derecho internacional, durante la mesa de diálogo virtual “Migrantes: víctimas invisibles de la contingencia”.
De acuerdo con una investigación realizada por la organización internacional Human Rights First, hasta enero de 2020, Estados Unidos había retornado a México a más de 60 mil solicitantes de asilo; aproximadamente 21 mil 786 eran personas hondureñas, 15 mil 9 guatemaltecas, 7 mil 709 cubanas, 7 mil 668 salvadoreñas, 2 mil 46 venezolanas y 1 mil 414 nicaragüenses.
Al respecto, Arturo Morales García, abogado general de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conafam), expone a Contralínea que los asentamientos de migrantes se concentran, principalmente, en ciudades fronterizas, como Tijuana, Baja California; Piedras Negras, Coahuila; Ciudad Juárez, Chihuahua; o Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Asevera que esta situación es “muy preocupante porque quedaron estancados en la frontera Norte –sin poder cruzar hacia Estados Unidos–, donde además de los problemas de salud, se enfrentan a la delincuencia organizada. Por ello, esta comunidad necesita mucha ayuda”.
Al respecto, Human Rights First documentó la existencia de al menos 816 denuncias públicas sobre asesinatos, torturas, violaciones, secuestros y demás ataques violentos contra solicitantes de asilo en México, lo que evidenció que quienes esperan la resolución de su caso lo hacen “en grave peligro” y no “con todas las protecciones humanitarias apropiadas”, como lo aseguraron miembros del Departamento de Seguridad estadunidense.
En su informe México 2019, Amnistía Internacional expuso que entre las múltiples violaciones que autoridades mexicanas habían cometido contra personas centroamericanas en ese año se encontraban las devoluciones forzadas a países de origen (a pesar de la violencia y pobreza que allí se registraba) y las detenciones prolongadas en estaciones migratorias, violando las leyes mexicanas y el derecho a solicitar asilo.
La suspensión de trámites sólo puso en mayor vulnerabilidad a quienes quieren obtener un permiso o su residencia en el país norteamericano, lo que es reflejo de la discriminación que existe hacia este sector, apunta Tania Reneaum Panszi.
Cada año migran más de 265 mil personas a Estados Unidos, en su mayoría procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras; pero sólo una de cada cinco logra llegar, mientras que el 80 por ciento es detenido por autoridades mexicanas o estadunidenses, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Durante este año esa cifra se disparó y al país llegaron más de 6 millones 85 mil personas extranjeras, de las cuales 657 mil 873 carecen de permiso migratorio y sólo 13 mil 316 lo tienen por razones humanitarias, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación.
Pese a este incremento, la política de austeridad republicana –impulsada por el actual gobierno– permeó en los recursos que se dirigían a esta comunidad. En 2018 se destinaron 300 millones de pesos al Fondo de Apoyo para Migrantes (FAM), el cual desde 2015 les ayudaba a encontrar empleo, fomentaba la operación de albergues y financiaba pasajes terrestres de vuelta a sus lugares de origen. Sin embargo, para 2019 no tuvo presupuesto y, desde entonces, dejó de operar.
Del mismo modo sucedió con el programa 3×1 Migrantes que pasó de tener 498 millones de pesos en 2018, a 200 millones en 2019. Éste apoyaba las iniciativas de migrantes organizados para realizar proyectos que contribuyeran al desarrollo de sus localidades de origen. Además, la Dirección General de Servicios Consulares tuvo una disminución de presupuesto del 82 por ciento con relación a 2018.
Desde entonces la Coordinación Nacional de Apoyo al Migrante ha carecido de recursos y ahora que “necesitamos máscaras y gel, no tenemos todo a la mano. Nos falta equipo y material, pero estamos trabajando para conseguirlo con donaciones, apoyos y cooperaciones de organizaciones civiles”, comenta Arturo Morales García, abogado general de Conafam.
En este contexto, un punto que destacan las organizaciones consultadas es que el presidente López Obrador menosprecia públicamente su trabajo y ha prohibido su financiación, afectando principalmente a refugios para mujeres víctimas de violencia de género, organizaciones de derechos humanos y albergues para personas migrantes.
El gobierno quitó los fondos y apoyos en favor de la comunidad migrante: “nos quitaron todos los programas y recursos, justo cuando quedamos rebasados por la cantidad de migrantes que recibimos y no tenemos fondos económicos para atender a tantas personas”, explica Morales García.
Por su parte Raymundo Ramos prevé que en caso de que la pandemia dure por más tiempo, la población migrante resultará más afectada, pues el recorte a estos programas generan “un diagnóstico muy terrible y sombrío, ya que no habrá recursos suficientes que puedan ayudar a combatir la epidemia y al mismo tiempo proteger a la población migrante. Tampoco habrá albergues o refugios a donde puedan resguardarse del virus”.
Por ello, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo resalta que es necesario aumentar el presupuesto que se destina a la comunidad, así como el personal médico dedicado a atenderla; también “es urgente reforzar fronteras, aeropuertos, terminales de autobuses y carreteras con todo el equipo de protección posible. Los migrantes no se detienen; la enfermedad y la inseguridad no los detiene. Ellos seguirán migrando y será necesario proteger su derecho a la salud, a la seguridad y a ser tratados como seres humanos”.
Sobre este mismo tema, Arturo Morales García opina que con el apoyo de la Cámara de Diputados se generarían los recursos necesarios para que cada estado pudiera atender a los migrantes que albergan, pues ellos mandan más de 36 mil millones de pesos al año en remesas y es justo que el gobierno federal apoye otorgando de nuevo el Fondo de Apoyo a Migrantes, “que lo revivan y nos den las cantidades necesarias para poder apoyar al fenómeno migratorio”.
“Es claro que hay un abandono sistemático por parte del Estado mexicano y nos preocupa que las personas no tengan un lugar a donde ir; no hay capacidad en los albergues ni en otros refugios. Es importante que los distintos órdenes de gobierno se hagan cargo de la atención integral para esta población”, señala la directora de Sin Fronteras, Ana Mercedes Saiz Valenzuela.
En 2019, Amnistía Internacional acudió a Matamoros, donde constató la existencia de asentamientos irregulares en estaciones migratorias: “nos ha preocupado mucho este tipo de lugares, donde las personas esperan procedimientos administrativos por más de seis o siete meses y quienes están allí no tienen acceso a higiene, sana distancia ni a la salud”, destaca Reneaum Panszi.
Las estaciones migratorias y estancias provisionales del INM son lugares de alojamiento para personas que son arrestadas por encontrarse ilegalmente en el país; fungen como sitios de arresto y sanción. Aunque en la Ley de Migración se reconoce la obligación del Estado mexicano de garantizar a los migrantes el ejercicio de sus derechos, independientemente de su situación legal, en la práctica no sucede así.
Éstas “continúan siendo muy similares a los centros de reclusión y, en consecuencia, se sigue criminalizando indirectamente a las personas extranjeras que ingresan, sin documentos oficiales, al país”, reconoció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe especial Situación de las Estaciones Migratorias en México, hacia un nuevo modelo alternativo a la detención, publicado en 2019.
Daniela Reyes Rodríguez, coordinadora del área de Asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), explicó que la situación actual de los migrantes es muy preocupante, ya que el gobierno no tiene la capacidad de atender a tantas personas dentro de estas estancias, lo que origina situaciones de insalubridad y hacinamiento, al ser imposible la sana distancia.
Expuso que la Guardia Nacional usa la detención migratoria como regla y no como excepción, al excederse en el uso de la fuerza. Asimismo, durante la mesa de diálogo “Migrantes: víctimas invisibles de la contingencia” mencionó la importancia de liberar a las personas que siguen detenidas dentro las estaciones, pues de esta manera se protegería su derecho a acceder a programas sociales y a servicios de salud, al igual que los mexicanos.
Olivia Gall, también investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, coincide en que las estaciones migratorias no tienen las condiciones mínimas para retener migrantes: “como se les han reducido los financiamientos y apoyos en este régimen, ahora tienen condiciones de higiene muy malas; las personas se encuentran en hacinamiento y desprotegidas en muchos sentidos. Ésta es una forma más en la que se puede propagar el Coronavirus y si eso ocurre no será culpa de los migrantes; ellos sólo buscan una mejor vida para ellos y sus familias”.
Ante ello, varias organizaciones no gubernamentales, como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, Causa en Común y CMDPDH, exigieron al Instituto Nacional de Migración cesar las detenciones, liberar a todas las personas que se encontraran detenidas, proteger a los migrantes que quedaran en situación de calle, ofrecer servicios médicos y regularizar trámites de solicitantes de refugio.
A estas demandas se sumó la CNDH y el 16 de marzo emitió una recomendación en la que instaba al INM a no permitir el hacinamiento en las estaciones y estancias migratorias para evitar el contagio entre migrantes y trabajadores, pues hasta ese momento se registraban 3 mil 759 personas, según la información publicada por el Instituto.
Fue hasta el 29 de mayo cuando el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que ya sólo tenía alojadas a 234 personas y que, hasta ese día, había retornado a 4 mil 935 migrantes a sus países de origen: 2 mil 461 personas a Honduras, 406 a El Salvador y 67 a Nicaragua, a través de transporte aéreo; mientras que 2 mil 1 los regresaron a Guatemala, vía terrestre.
Sin embargo, esto se realizó violentando los derechos humanos de la comunidad migrante, comentan los especialistas, ya que se documentó –a través de medios de comunicación locales– que autoridades del INM habían abandonado a los migrantes en la frontera con Guatemala, aun sabiendo que este país había cerrado sus fronteras para todos los extranjeros, desde el 16 de marzo.
A esto se agregó la posible violación del principio de no devolución, pues de acuerdo con el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, emitido por las Naciones Unidas, ningún Estado puede, por expulsión o devolución, poner a algún refugiado en territorios donde su vida o libertad peligre, ya sea por su raza, nacionalidad, religión, condición social u opiniones políticas, según lo indicó Human Rights First.
Tania Reneaum asegura que los tres niveles de gobierno son responsables de atender a dicha comunidad, tanto en materia de salud, como en trámites migratorios, por lo que deberían garantizar su saneamiento y no violentar sus derechos, “deberían garantizar el acceso básico a la higiene para evitar la propagación y el contagio del virus”.
Es por todo esto que hace falta una visión integral de protección para esta comunidad, que el Estado cumpla su función de salvaguardar la salud, seguridad y los derechos básicos de las personas que están bajo su territorio, opinan los especialistas consultados por Contralínea.
“Las autoridades deben hacer una labor de convencimiento con los migrantes y explicarles que las fronteras y los trámites estarán suspendidos por más tiempo; hacerles ver que hay una pandemia que les impide estar en las calles o casas abandonadas. No podemos cerrar los ojos a la realidad y abandonarlos. No sólo el gobierno federal es responsable, también lo son los gobiernos municipales y estatales”, aclara Raymundo Ramos.
Añade que también la sociedad mexicana tendría que ser más sensible y solidaria con la comunidad migrante: “no hay que tenerles miedo ni ser egoístas, sino ayudarles en la medida de lo posible. Muchas personas viven muy bien y no les cuesta nada compartir algo de lo que tienen con los migrantes”.
Por otra parte, la directora de Sin Fronteras, Ana Mercedes Saiz, exhorta a considerar la emergencia desde un punto de vista inclusivo y, “por el bien de todos, aplicar políticas de protección que nos beneficiarán lo más rápido posible. Con la aplicación Contigo Sin Fronteras podrán ayudar a los migrantes a encontrar el albergue más cercano”.
Por último, Tania Reneaum, directora de Amnistía México, reafirma que en estos momentos de crisis es importante no fomentar estigmas ni prejuicios, sino entender que la pandemia no tiene que ver con nacionalidades y que las personas migrantes tienen todo el derecho de ser atendidas y protegidas por el Estado mexicano.
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