Campesinos de los Valles centrales de Oaxaca exigen se levante la veda de agua que hay en su territorio, por tiempo indefinido. A contracorriente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende que continúe este mandato impuesto desde 1967, pese a las obras que hacen los lugareños para recuperar el acuífero.
Importante por la producción de alimentos para dotar a la ciudad del estado y distribuir en el país, el acuífero del Valle se recupera a manos de los labriegos, sin que la Conagua genere instrumentos en beneficio de la comunidad. Por el contrario, realiza una consulta que a decir de los pobladores tiene inconsistencias.
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Sumado a ello, el organismo encargado de generar políticas públicas relacionadas con el agua en el país, ha pretendido cobrar “excedentes” por el uso del líquido en regiones donde escasea y donde decenas de ellos han tenido que abandonar sus campos de cultivo para dedicarse a otra labor y sobrevivir.
“El agua es la sangre de la madre Tierra”, dice Carmelina Santiago, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Flor y Canto, organización encargada de acompañar a los indígenas zapotecos de esta región en el proceso de consulta.
En 1967 la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos estableció, mediante un decreto presidencial, la veda bajo el argumento de que era necesario evitar la extracción de agua de manera desordenada, prevenir la sobreexplotación del acuífero; procurar la conservación y controlar las extracciones de agua.
El mecanismo para la aplicación del decreto de veda son las concesiones que se obtienen mediante títulos que otorga la Conagua y estas concesiones son la “llave de acceso” a recursos y programas públicos dirigidos al campo, expone el Informe de la observación de la consulta en los Valles Centrales de Oaxaca, elaborado por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio.
Bajo este control de la Conagua, dice el documento, se ha impactado en los campesinos de la región de los valles de Ocotlán y Zimatlán debido a que no todos “han podido acceder a una concesión, además de no poder acceder a programas como Procampo y al subsidio por consumo de energía eléctrica en la tarifa CU 09, para productores del campo”.
En 2005, “la mayoría de los campesinos nos quedamos sin agua, muchos dejaron de trabajar en la agricultura, se fueron a otras partes del país o a Estados Unidos, se metieron de choferes o de conductores de mototaxis. Ahora que revertimos esa escasez de agua y la gente tiene donde trabajar en el campo, para que nuestros productos sean trasladados al estado de Oaxaca o a la ciudad, estamos impedidos por la veda”, dice Ángel Ruiz, campesino originario de Santiago Apóstol, Oaxaca.
En 2005, la Conagua solicitó a los poseedores de concesión, mediante cartas de invitación, “regularizar sus pagos por consumos de excedentes de agua, los importes fueron diferenciados y en varios casos se presentaron sumas ofensivas para la economía de los campesinos. Esta molestia se ahondó debido a que en ese año se resintió una fuerte sequía y se vieron obligados a extraer agua mediante bombeo a mayor profundidad lo que les ocasionó también un incremento en el pago del servicio eléctrico”, dice el informe.
Las comunidades se organizaron en lo que hoy se conoce como la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda), para emprender acciones y, así, enfrentar la problemática. Se iniciaron obras de captación de agua, reuniones de capacitación y acciones jurídicas, entre otras.
La Copuda presentó peticiones a la Conagua para que se revisara una posible modificación del decreto de veda de 1967, a esta petición no hubo respuesta por lo que se procedió a presentar un amparo ante el juzgado de distrito por incumplir el derecho de petición, el proceso avanza hasta la promoción de un recurso de revisión por parte de la Copuda.
Ya en 2012, la Copuda gana un amparo directo y en abril de 2013 la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente 9216/11-17-01-5, dicta sentencia a favor de los pueblos con la resolución. Ordena a la Conagua inicie un procedimiento por el cual valore la procedencia para proponer al ejecutivo federal la modificación del decreto de veda del acuífero Valles Centrales de Oaxaca, consultando a la comunidad y pueblos indígenas zapotecas del Valle de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Alvarez, en el estado.
Las comunidades involucradas en este proceso son: Asunción Ocotlán, San Martín Tilcajete, San Pedro Mártir, San Antonino Castillo Velasco, San Pedro Apóstol, Santa Ana Zegache, San Isidro Zegache, Santiago Apóstol, San Sebastián Ocotlán, La Barda Paso de Piedras, Tejas de Morelos, San Jacinto Ocotlán, San Felipe Apóstol, El Porvenir, Maguey Largo y San Matías Chilazoa.
María de los Ángeles Santiago, campesina originaria de San Antonino Castillo, comenta que los agricultores de la región llevan un trabajo de captación de agua con el fin de recuperar el acuífero, desde 2010, y con el antecedente de trabajo que ya tenían sus compañeros en la Copuda, desde 2005.
Sin embargo, lamenta que las autoridades de la Conagua no estén llevando de manera viable la consulta para levantar la veda. “Desgraciadamente en todo este caminar de la consulta han habido muchos errores de Conagua, no cumplen los acuerdos que marcan en el protocolo, no se han llevado los términos, no giraban las convocatorias a tiempo, se pedía que no hubiese apoyos de parte del gobierno cuando nosotros realizábamos las reuniones y
desgraciadamente todo eso ocurrió”.
Expone que desde las comunidades se realizaron reglamentos internos, originados desde las forma de vivir en cada uno de los pueblos y que “cómo nosotros van a seguir haciendo obras de captación del agua, de cómo seguir con el trabajo sigue y darle mantenimiento”.
“Al hacer una obra de extracción tenemos que hacer una obra de infiltración, con la finalidad de no sobreexplotar el acuífero, poner sanciones desde nuestras comunidades y nuestras autoridades, ya sea a través del tequio [faena o trabajo colectivo prestado por los vecinos de una misma comunidad], mano de obra para que la gente que por un descuido haya desperdiciado el agua coopere con un tequio de limpia o una cuota en todo caso”, dice.
La coordinadora del Centro de Derechos Humanos Flor y Canto, Carmelina Santiago, agrega que en las 16 comunidades involucradas, actualmente se revisan, estructuran y fortalecen los estatutos y los reglamentos comunitarios, en donde hay ejido o tierra en común.
Entre las propuestas que se llevan ante la Conagua es que cada año, en los primeros meses del año, los campesinos y las autoridades se coordinen para el desazolve de todas y cada una de las obras de captación. “Este modo de trabajar se ha presentado ante la Conagua, pero la dependencia no ha valorado este proyecto porque dicen que las obras no tienen un impacto en el acuífero”, acusa la defensora zapoteca.
El Informe de la observación de la consulta en los Valles Centrales de Oaxaca indica que durante la fase informativa, “no se generaron las condiciones convenientes para que las comunidades pudieran hacer una valoración adecuada de la información en el tema de las concesiones, debido que a la par se continuaron con las gestiones de concesiones aunque muchas veces se pidió que se suspendieran en cuanto se desarrollaba la consulta, esto se agrava ya que en las asambleas personal de la Conagua invitaba de manera individual a que se acercaran con ellos para revisar sus casos, lo cual limita a las comunidades en su decisión y provoca divisiones innecesarias en las posiciones a favor o en contra de las concesiones.
“Otro factor que violentó el principio de consulta libre es el de los programas públicos, en algunas asambleas se programaron reuniones de información o entrega de programas y en otras las y los participantes expresaron que al incluir los temas de apoyo al campo, se inducía a gestionar las concesiones, pues es un requisito para acceder a ellos y en algunas más decidieron no incorporar ese tema en el orden del día”, apunta.
En la región de los Valles Centrales habitan más de 255 mil personas que no tienen garantizados al menos uno de sus derechos para el desarrollo social: educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, porque sus ingresos son menores a 1 mil 921 pesos mensuales, “insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades”, dice el documento Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca, elaborado por el gobierno del estado
Entre las comunidades que integran la Copuda e intentan levantar la veda de la región, se encuentran los más pobres del estado. Ejemplo de ellos, Asunción Ocotlán, municipio que mantiene el 90 por ciento de población en situación de pobreza multidimensional, porcentaje alto al igual que otros municipios de los Valles Centrales. Esta situación coloca al municipio en el quinto lugar de pobreza de todo el estado, indica el análisis.
El mismo análisis muestra a San Pedro Mártir, otra de las comunidades que integran la Copuda, entre los cuales la inseguridad alimentaria se impone. El informe indica que el 86 por ciento de la población tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir que el ingreso que obtuvieron no les alcanzó para adquirir los alimentos necesarios. Muestra que el 57 por ciento de los hogares “estuvieron en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, por no tener acceso a la alimentación”.
Érika Ramírez
Contralínea 566 / del 20 al 24 de Noviembre de 2017
https://youtu.be/A4ntpLzPJCA
https://youtu.be/UNWebrZ3S6o
https://youtu.be/W1WcotOfSG0
https://youtu.be/1LGNMySySzY
Tras la crítica a la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador y…
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