⇒ Parte III: En hospitales, mayoría de las muertes maternas
Las estadísticas oficiales revelan que el 83.64 por ciento de las muertes maternas ocurren en los hospitales, en su mayoría por una mala calidad en la atención; también indican que más de la mitad de las víctimas son afiliadas al Seguro Popular. Mejorar la capacidad para atender a las mujeres embarazadas en el primer nivel de atención y modificar el modelo de atención obstétrica a partir de la formación de enfermeras obstetras y parteras profesionales son las estrategias que el gobierno federal impulsa para abatir la muerte materna desde los servicios de salud
Parte III
El 83.64 por ciento de las muertes maternas ocurren en los hospitales, de acuerdo con la Numeralia 2011. Mortalidad materna en México, elaborada por el Observatorio de Mortalidad Materna en México (espacio para la conjunción de esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales para monitorear, desde la sociedad civil, los avances para mejorar la salud materna).
Así, de los 917 decesos registrados en 2011, 530 fueron en los servicios estatales de salud; 169, en los servicios de salud de las instituciones de seguridad social; 68, en hospitales y clínicas privadas; y 123, en el hogar.
No es que “el hospital sea el que las mate”, sino que a partir de que el Seguro Popular (Comisión Nacional de Protección Social en Salud) opera, las mujeres ya llegan a las clínicas (antes no tenían a dónde acudir), asegura Rufino Luna Gordillo, director general adjunto de Salud Materna y Perinatal, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
No obstante, el funcionario reconoce que el 95 por ciento de las muertes maternas que culminan en el hospital pueden adjudicarse a la mala calidad de la atención. Esto, según el análisis de una muestra representativa de las defunciones registradas en los servicios de salud locales.
La Numeralia 2011. Mortalidad materna en México, documento elaborado a partir del registro de la Dirección General de Información en Salud, revela, asimismo, que 467 de las 917 mujeres víctimas de muerte materna en 2011 estaban afiliadas al Seguro Popular; 172, al Instituto Mexicano del Seguro Social; 21, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; nueve, a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina; y 23 a otra institución de salud. En tanto, 194 no estaban inscritas en ningún servicio de salud.
El hecho de que más de la mitad de las mujeres que fallecen durante el embarazo, parto o puerperio sean afiliadas del Seguro Popular representa para Daniela Ramírez Camacho –investigadora del área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación– “un llamado de atención muy fuerte”. Y es que es alarmante que esto ocurra, cuando el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular contempla “toda la atención durante el embarazo, diferentes tipos de emergencia obstétrica y la atención posparto”.
Por esto, y porque la promoción de la afiliación al Seguro Popular está focalizada a los menores de 5 años y a las mujeres embarazadas, “ninguna mujer con Seguro Popular debería fallecer”, sentencia la maestra en estudios latinoamericanos.
Con el objeto de abatir la mortalidad materna, las instancias encargadas de la salud en el país impulsan dos estrategias. La primera consiste en mejorar la capacidad para atender a las mujeres embarazadas en el primer nivel de atención. Esto significa capacitar a los médicos en el control prenatal adecuado y dotarlos de los medicamentos y equipamiento necesario.
Y es que “en los años pasados se le dio mucha atención a la resolución de las emergencias obstétricas y se abandonó un poco el control prenatal, cuando desde ahí puedes identificar si una mujer tiene riesgo”, acota Luna Gordillo.
La segunda, busca modificar el modelo de atención obstétrica a partir de la formación de enfermeras obstetras y parteras profesionales. A decir del médico epidemiológico, esta necesidad surge como consecuencia del déficit de médicos ginecobstetras que ejercen en el país –son alrededor del 9 mil para 2 millones y medio de embarazadas–, así como de las deficiencias en educación obstétrica que tienen los recién egresados de la carrera de medicina.
El nuevo modelo de atención obstétrica busca que los partos normales sean atendidos por enfermeras obstetras y parteras profesionales; los complicados o de alto riesgo, por ginecobstetras.
A decir del directivo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en México ya hay avances en este sentido. Se trata de una clínica ubicada en Atlacomulco, Estado de México, en donde las enfermeras obstetras son quienes atienden los partos, con la posibilidad, en caso de complicación, de trasladar a la paciente a un hospital que se encuentra a una cuadra del lugar. En tanto, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, opera desde hace unos 2 años una escuela encargada de formar parteras profesionales.
Rufino Luna Gordillo envía un mensaje a las parejas mexicanas. Las conmina a planear y a atender sus embarazos, pues de esto depende la vida de la mujer y la salud del bebé. “Hay que pensar seriamente que el embarazo no es cualquier cosa; es una cuestión que puede matar a una mujer y que, por tanto, tiene que ser atendido por un médico”.
En el IMSS, más quejas
Karla, de 24 años de edad, murió en la semana 36 de embarazo por causas prevenibles. Su caso fue emblemático: derivó en el reconocimiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de su “responsabilidad objetiva institucional por falta de recurso material y humano en las unidades médicas involucradas”.
Luego de 7 meses de un embarazo sin complicaciones, brotaron los signos de alarma. Era 7 de mayo de 2011. Los pies de la joven mujer presentaban hinchazón, ardor y moretones. Ahí comenzó el drama.
Antes de la hemorragia transvaginal que la llevaría a la evitable muerte, transcurrieron ocho visitas a los servicios de salud: cuatro a la Unidad Médica Familiar del IMSS, dos al Centro de Salud y dos a clínicas particulares. Los médicos, con excepción del último, coincidieron en que no era asunto grave; si acaso, una leve infección en las vías urinarias. Le recomendaron reposo y suspender la ingesta de sal; le prescribieron medicamento antimicrobiano y paracetamol.
Karla pereció días después en la ambulancia que la trasladaría a una clínica ubicada en la ciudad de Veracruz. Antes había ingresado al Hospital General del IMSS de Lerdo de Tejada, con hemorragia transvaginal, dolor abdominal y vómito. A pesar del sangrado abundante, el personal de salud de esta dependencia le negó la atención pues, según ellos, aún no estaba en labor de parto. Luego la justificación cambió: el personal en turno le informó que de lunes a viernes no contaban con médico ginecobstetra.
Las acciones legales emprendidas por la familia de esta mujer culminaron en una indemnización económica por reparación del daño. No obstante, jamás se supo si el IMSS realizó las acciones de mejora ante su falta de recursos para atender las emergencias obstétricas; tampoco, si realizó un seguimiento administrativo para determinar una posible negligencia en la atención por parte de los prestadores de los servicios de salud.
La historia de Karla fue extraída de Omisión e indiferencia. Derechos reproductivos en México, informe elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El documento refiere que el recurso más inmediato que tienen los familiares ante un caso de muerte materna es el escrito de queja, que permite reportar las deficiencias en la atención médica por parte de las instituciones del sistema nacional de salud, quienes, por ley, tienen la facultad de determinar su propio procedimiento de recepción de las inconformidades.
Sin embargo, apunta que la “falta de un mismo procedimiento institucional que regule el mecanismo de acceso a la justicia en materia de salud crea incertidumbre para las y los usuarios de servicios respecto del procedimiento que deben seguir ante las instituciones y etapas posteriores”.
Consultado sobre las negligencias médicas que estarían en el origen de la mortalidad materna, Rufino Luna Gordillo, director general adjunto de Salud Materna y Perinatal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dice que la mala atención brindada por algunos prestadores de los servicios de salud en torno a la atención del embarazo encuadra más con una situación de impericia que de negligencia.
Explica que la primera alude a la falta de capacitación del personal, mientras que la segunda se da cuando éste realiza alguna acción con el conocimiento del daño que puede ocasionar.
Respecto de las quejas por mortalidad materna que ingresan a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el funcionario asegura que la mayoría son para el Instituto Mexicano del Seguro Social, no porque el servicio que presta sea el peor, sino porque son las personas más “empoderadas” quienes más se quejan.
—La gente que se atiende por la Secretaría de Salud todavía no tiene ese empoderamiento, pero quien es atendido por el IMSS sabe que tiene un derecho y que tiene que ser atendido con calidad y calidez.
⇒ Parte III: En hospitales, mayoría de las muertes maternas
Fuente: Contralínea 333 / mayo 2013
