Estado mexicano, negligente con Copala

Tras seis meses de asedio armado en contra del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional asegura no ser la dependencia competente siquiera para garantizar la integridad de los legisladores y civiles que participaron en la caravana de ayuda humanitaria, del pasado 8 de junio. La administración estatal tampoco se responsabilizó. Evencio Nicolás Martínez –secretario de Gobierno ligado al grupo paramilitar Ubisort– afirmó que la zona es afectada por “pugnas internas”

Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, negó la protección de las Fuerzas Armadas a la caravana humanitaria que llegaría al Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, el pasado 8 de junio, revela una carta enviada por el general al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta.

Fechada el 3 de junio de 2010 y con número de folio 42412, la misiva se refiere a una petición hecha por el legislador perredista Alejandro Encinas, para que la Defensa Nacional (Sedena) garantizara la vida, integridad física y seguridad de los diputados federales y de los miembros de la sociedad civil que participaron en dicha caravana.

La solicitud se dio en el contexto de la paramilitarización de la zona, a manos de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Ambas organizaciones mantienen, desde el 28 de noviembre de 2009, un cerco en contra de los habitantes del Municipio Autónomo.

Los antecedentes inmediatos a esa petición de Encinas, finalmente rechazada por la Sedena, son los asesinatos de los activistas en derechos humanos Beatriz Cariño, mexicana, y Jyri Antero Jaakkola, de origen finlandés. Ellos y otras 25 personas fueron emboscados por la Ubisort el 27 de abril, cuando participaban en la primera caravana de ayuda humanitaria a favor de los indígenas triquis autónomos.

Además, el homicidio de Timoteo Alejandro Ramírez, “líder de líderes” del Municipio Autónomo, y de su esposa Tleriberta Castro, ocurrido el 20 de mayo pasado.

“Se considera que la entidad responsable de proporcionar dicho apoyo es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), motivo por el cual se solicita que la mencionada petición sea atendida por la citada dependencia, en virtud de ser un asunto de su competencia”, escribe Guillermo Galván Galván a Gómez Mont.

La respuesta se da a pesar de que, desde noviembre de 2009, se ha impedido la entrada de alimentos, atención médica y maestros a San Juan Copala. Las familias que aún viven ahí son acosadas a diario por gatilleros que portan armas de uso exclusivo del Ejército; les impiden el paso para salir de la comunidad y disparan a sus hogares.

Así, en el documento –del que Contralínea posee copia–, el general Galván Galván se deslinda de “garantizar la vida, la libertad y seguridad” de los diputados federales, integrantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo, que pretendieron llegar a la zona junto con organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

Oaxaca minimiza atentados

Evencio Nicolás Martínez Ramírez, secretario de gobierno de Oaxaca, tampoco garantizó la seguridad de los integrantes de la llamada Caravana de Solidaridad Bety Cariño y Jyri Jaakkola. En una misiva, aseguró que San Juan Copala “no vive bajo un cerco paramilitar, sino bajo las tensiones propias de sus pugnas internas”.

Por instrucciones del gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, el funcionario oaxaqueño respondió a las solicitudes de apoyo del coordinador del PRD en la Cámara y minimizó el conflicto en el que viven los pobladores de la zona, que ha costado la vida a más de 30 personas y que ha desplazado a otras 500.

Martínez Ramírez arguye: “…Como históricamente está documentado, desde hace más de 50 años existe un conflicto permanente y latente entre las organizaciones sociales y políticas que ahí existen y trabajan, como son las denominadas MULT, Ubisort y el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente, escisión del MULT; conflictos que a últimas fechas, no obstante los esfuerzos que ha realizado el gobierno del estado para encausar su solución, se han agudizado y persisten en la actualidad, como lo reconocen y manifiestan los propios protagonistas”.

El encargado de la política interna en Oaxaca niega que exista un estado de sitio, pues “aún cuando carezcan de algunos servicios prevalece el libre tránsito de personas y vehículos, practican su comercio ordinario con poblaciones cercanas y distantes, incluso los pobladores beneficiarios disfrutan de los programas sociales tanto federales como estatales, normalmente”.

Lo que calla Evencio Martínez Ramírez es su cercana relación con Rufino Juárez Hernández. Este último es el líder de la Ubisort –organización armada con fusiles de uso exclusivo del Ejército, afiliada al Partido Revolucionario Institucional– y discípulo del actual secretario de Gobierno de Ulises Ruiz.

El 16 de mayo pasado, Contralínea documentó que, desde hace medio año, San Juan Copala es asediada por paramilitares. “Las indiscriminadas ráfagas de AK-47 contra el principal centro político y ceremonial de la cultura triqui se mantienen a todas horas. Las emboscadas contra los pobladores que se atreven a salir de sus casas suceden casi a diario. Más de 30 muertos y centenas de heridos ha dejado el sitio a una población que resiste una guerra. La orden de los grupos armados es no dejar salir ni entrar a nadie: que los triquis que optaron por la autonomía se rindan por balas y por ausencia de alimentos y medicinas. Antes de la llegada de los paramilitares, el Ejército y las policías abandonaron sus cuarteles”.

Horas previas

Las respuestas de los funcionarios del gobierno federal y del gobierno estatal contrastan con el clima de violencia que padece la zona. El viernes 4 de junio fueron apostadas enormes rocas en la carretera hacia San Juan Copala, justo en el paraje de La Sabana, donde fue atacada la primera caravana humanitaria en abril pasado.

El sábado 5 de junio, “un grupo paramilitar tirotea la comunidad de San Juan Copala desde cinco diferentes puntos”, se informó a través del sitio de internet del Municipio Autónomo.

Melitón Rodríguez Martínez fue víctima de la agresión: resultó herido de cuatro impactos de bala en una pierna. Hasta el cierre de esta edición, el joven de 20 años no había recibido ninguna atención médica. Un día antes de que saliera la segunda caravana, la comunidad fue baleada nuevamente.

Durante 192 días y 192 noches –contados del 28 de noviembre de 2009 al 8 de junio de 2010–, el Municipio Autónomo de San Juan Copala ha sido agredido por grupos armados ilegales. Según la administración federal que encabeza Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, México es un país democrático donde se respeta el estado de derecho.

CONTRALÍNEA 186 / 13 DE JUNIO DE 2010