Lavado de dinero, la impune faceta del crimen organizado

Ante el fracaso de la Iniciativa Mérida, a la par del tráfico de drogas, el crimen organizado impulsa progresivamente el robo y la venta de activos de alto valor económico, e incursiona con éxito en sofisticadas técnicas de lavado de dinero, como la hawala

El gobierno de México fracasó en el combate de la delincuencia organizada en el rubro de lavado de dinero, señala Martín Barrón Cruz, experto en seguridad y Fuerzas Armadas.

“Si se dedicará más a seguir el flujo de dinero y detectarlo, le pegaría a las organizaciones criminales; de otra manera, andarlos persiguiendo en calles y pueblos lo único que ha dejado son más de 200 mil homicidios”, critica.

En entrevista, el catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), explica que, por la impuniodad, los grupos del crimen organizado son exitosos en lavado de dinero sin ser expertos en economía.

“Los narcotraficantes no son economistas, pero se pueden asesorar de cómo funciona la economía y se mueve el capital a través de la banca electrónica y  las transacciones de un lugar a otro: de cuenta a cuenta en minutos, hasta que se va perdiendo; es decir, no hay capacidad de seguimiento de la ruta del dinero y es donde está la falla del gobierno”, refiere.

Explica que antes el lavado de dinero se hacía contratando, teniendo, asesorando o dando dinero a una variedad de comercios para su crecimiento y donde los participantes de la trama obtienen más ganancias que las ordinarias. Pero ahora, dice, hay transacciones de blanqueo de capitales en la Bolsa Mexicana de Valores.

Ejemplo de ello, indica, es que en 2017 se dijo que se había detenido al principal lavador del Chapo, Joaquín Guzmán. “Pero la pregunta es cuál es el nivel de estudios y si él llevaba el dinero a la Bolsa; [pero ése] es un argumento muy estúpido: él sólo transportaba el dinero, y son cosas distintas [transportar y blanquear] y aquí es donde no hay lógica”.

A más de 1 década de que Estados Unidos y México suscribieran el acuerdo para enfrentar el crimen organizado, la crisis de la Iniciativa Mérida se produce simultáneamente a un agudo repunte de violencia e inseguridad por la reestructuración del mercado de drogas y la diversificación de actividades criminales de lavado de dinero, asegura Miguel Ángel Cumplido Tercero.

En su ensayo La crisis de la Iniciativa Mérida, nuevas técnicas de blanqueo de capitales del crimen organizado –publicado en mayo de 2018 por el Instituto de Estudios Estratégicos de España–, el analista argumenta que aunque la Iniciativa Mérida fija el lavado de activos como una de sus líneas estratégicas prioritarias, “lo cierto es que los esfuerzos en esta materia han sido muy limitados en consonancia con las diferencias de agenda (política) y prioridades” de los gobiernos de Estados Unidos y México.

Para el master en inteligencia y seguridad internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, “el efecto negativo para esta iniciativa es que está regida por criterios de oportunidad política, a través de procesos electorales en Estados Unidos y México y marcan la cooperación bilateral actual en materia de seguridad entre ambas naciones”.

Iniciativa Mérida, un fracaso

Para el investigador Martín Barrón, las fallas son estructurales. Apunta como ejemplo la captura del Chapo Guzmán: como dijo el entonces procurador Raúl Cervantes, al capo mexicano no se le ha podido comprobar ni un centavo.

Su detención, dice, sólo sirvió para disparar la delincuencia organizada y que el Cártel Jalisco Nueva Generación dispute todos los territorios que eran contralados por los demás cárteles.

Martín Barrón señala que en 2017 el Grupo de Acción Financiera Internacional dijo que México tiene toda la infraestructura que se requiere para el combate al blanqueo de capitales, pero es insuficiente. Es decir, “todo lo que hacen la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda, etcétera, está muy bien en el papel, pero ponerlo en práctica es imposible; por eso no hay personas sentenciadas por lavado de dinero”.

En su ensayo, Miguel Ángel Cumplido observa que en esta materia también falla el patrocinador. Y es que, refiere, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos revisa los indicadores de la Iniciativa Mérida “nunca ha mencionado acciones relativas al blanqueo de capitales, sino que se ha referido a cooperación bilateral entre agencias gubernamentales de seguridad e inteligencia, conducente a la detención y extradición de líderes de grupos criminales”.

Agrega que la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro estadunidense concluía en 2015 que estas nuevas técnicas de blanqueo de capitales, como la hawala [en árabe, se refiere a un sistema de transferencia de fondos informal], pueden tener un impacto aún más destructivo en el comercio legítimo que los esquemas de blanqueo tradicionales.

También arguye que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico concluyó que los mercados globales ofrecen a las organizaciones criminales nuevas oportunidades para reducir riesgos al diversificar sus operaciones en actividades rentables con baja probabilidad de ser detectadas, y que están casi totalmente fuera del alcance de los métodos tradicionales de investigación del blanqueo de capitales.

La capacidad del crimen organizado para explotar el sistema de comercio internacional es amplia y de bajo riesgo de detección de lavado de dinero debido a vulnerabilidades del sistema financiero mexicano, apunta Cumplido Tercero, catedrático del Instituto de Estudios Estratégicos de España.

Agrega en su ensayo que a la complejidad del sistema financiero se le suman las limitaciones de procedimientos de verificación, los recursos limitados de autoridades para detectar comercio ilegal, y el limitado conocimiento de especialistas, académicos, legisladores, operadores de seguridad sobre las técnicas de lavado de activos. Sobre este punto, enfatiza la sofisticación del crimen, con transacciones de divisas o fondos ilícitos a flujos de efectivo de negocios legítimos.

Refiere que en 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo una alta preocupación en relación al lavado de dinero y delitos financieros en México por el empleo de nuevas técnicas mediante la realización de operaciones en mercado negro y gris, y comerciales con empresas legítimas mediante la prestación de servicios empresariales y transferencia de dinero y valores (por ejemplo, la hawala).

Añade que durante 2017, el sistema mexicano de lucha contra el lavado de activos fue analizado por el GAFI y en su informe puso de manifiesto las vulnerabilidades del sistema: persecución del blanqueo de capitales insuficientemente integrales, ni prioritarias, como para lograr una adecuada asignación de recursos en el ámbito federal, estatal y local.

Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera pone a disposición información relevante y accesible de forma sistemática, el volumen de inteligencia financiera comunicada a la Procuraduría General de la República (PGR) es limitado cuantitativamente, lo que da lugar a un bajo número de investigaciones de naturaleza financiera.

El analista señala en su ensauyo que hasta hace poco tiempo la PGR no consideraba la investigación del lavado de activos una de sus prioridades, por lo que el lavado de activos no es investigado, ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva. “Consecuentemente, la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado de activos es muy baja”.

Además, indica el ensayo, se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos de lavado de activos y el nivel de corrupción que afecta a  autoridades policiales y de seguridad, instituciones públicas y privadas colaboradoras, y socava la capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves.

Al respecto, el Informe de labores 2017 de la PGR indica –en el rubro de Combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita– que del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017 se determinaron 93 casos de lavado de dinero y la consignación de 41 personas.

El documento señala que se iniciaron 176 carpetas de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales 19 fueron por lavado de dinero y dieron lugar a la detención de 26 personas.

También, que se aseguraron cuentas bancarias por 525 millones 753 mil 177 pesos, 4 millones 327 mil 658 dólares, 400 mil 388 euros, 1 millón 127 mil 781 dólares canadienses, 281 mil 887 libras esterlinas y 13 mil 700 pesos colombianos. Y se decomisaron 1 millón 291 mil 201 dólares, 6 millones 210 mil pesos, 28 mil 500 euros, así como 28 inmuebles con valor de 5 mil 81 millones 339 mil pesos.

Y entre los “casos relevantes” del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el informe de la PGR señala la captura del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quien “antes, durante y después de su ejercicio público presuntamente recibió recursos del Cártel del Golfo”.

Hawala y el cartel de Sinaloa

La diversificación de actividades del crimen organizado “adquiere una faceta predatoria de la economía” para sustraer activos del mercado formal y distribuirlos en el mercado negro, lo que le permite controlar actividades económicas de blanqueo de capitales, afirma Miguel Ángel Cumplido Tercero, doctor en inteligencia y operaciones de seguridad internacional.

En su ensayo, refiere que “esta dinámica permite a grupos del crimen organizado convertirse en un actor más del mercado económico, influyendo cada vez más sobre el resto de empresas y sus operaciones. Así como la generación de estructuras y esquemas empresariales dirigidos a operar en el mercado económico formal prestando servicios y blanqueando dinero”.

Explica que las nuevas técnicas (como la hawala) suponen el incremento de la exposición a este riesgo para empresas y operadores económicos, que “actúan en este entorno de seguridad altamente degradado”.

Agrega que “el crimen organizado modifica e incorpora procedimientos de lavado de dinero como la hawala, en el que no se realiza movimiento físico de dinero en efectivo, sino electrónico o telemático, tarjetas prepago, moneda digital, cajeros automáticos”.

Ejemplo de este tipo de operaciones criminales, explica el análisis, es el desmantelamiento en 2014 de una estructura criminal que blanqueó al menos 4.5 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales a través de la hawala, mediante la cual empleaban corredores (hawaladars) que recibían dinero de un cliente que buscaba transferir fondos a una persona en otra ciudad o país.

Traficantes y vendedores de estupefacientes operaban en Canadá, generaban por la venta y distribución de drogas y los corredores autorizaban la entrega de la venta a otros corredores ubicados en Estados Unidos. En este país, replicaban estas acciones para que, finalmente, el Cártel de Sinaloa recibiera el dinero en México.

Cumplido Tercero destaca que los corredores no utilizaban documentos escritos para registrar sus operaciones de blanqueo de capitales: no había ninguna característica jurídicamente vinculante con este tipo de actividades.

“Los servicios informales de transferencia empleados se basaban en la confianza personal entre los distintos corredores que integraban la red y las conexiones comerciales (lícitas e ilícitas) establecidas desde hacía mucho tiempo entre los distintos hawaladars”.

El Cártel de Sinaloa, en calidad de beneficiario final, sólo debía presentar un código de identificación para recibir el beneficio de la operación, sin necesidad de realizar complejas operaciones logísticas de traslado de efectivo entre el punto final de la venta de estupefacientes en Canadá y el punto de origen de la operación en México; minimizando con ello los riesgos de seguridad al que se veían expuestos con los sistemas tradicionales.

Pero lo llamativo  del caso –dice el ensayo– es que la ejecución de este esquema estaba basado en la existencia de actividades lícitas comerciales y de intermediación por parte de  corredores que aprovecha la apariencia de legitimidad de estas relaciones e involucraban a empresas terceras que desconocían estas maquinaciones fraudulentas.

Para Cumplido Tercero, estos esquemas configuran nuevos desafíos que plantea el uso de internet o de efectivo electrónico que no tienen precedentes históricos, pues estos sistemas permiten al crimen organizado legitimar ingresos a través de la permuta de dinero virtual por dinero lícito.

José Réyez

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