A pocas horas de dar inicio la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan en Colima, México, comuneros de filiación priísta y vinculados al depuesto Comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, mantienen bloqueado el acceso a la comunidad nahua con apoyo de la patrulla de la Policía Estatal 1401.

Lugareños informan que hay acoso y hostigamiento a quienes pretenden pasar por ahí, “lo que otrora sería un delito de secuestro, bloqueo a las vías de comunicación, delincuencia organizada, entre otros delitos”, dice a través de un comunicado la Misión de Observación.

En Zacualpan se ha pretendido instalar una mina sin consulta ni consenso de la comunidad indígena que ahí habita. A través de una Asamblea Comunal convocada, verificada, notariada y reconocida por las autoridades competentes los habitantes han rechazado  la presencia de la industria extractiva. No obstante, un grupo afiliado al Partido Revolucionario Institucional pretende apoyar a la minera e imponer su voluntad con toda impunidad y apoyo de la policía del estado. 

“Pareciera que la vía de la confrontación, la división, la falta del Estado de Derecho y la manipulación de un pequeño grupo que se siente impune a sus acciones ilegales, es el mecanismo que perdura en este conflicto. Insistentemente se ha advertido por diversos medios y actores sociales y políticos del país, e incluso a nivel internacional, que el conflicto, de no atenderse y aplicar el Estado de Derecho, la violencia puede llegar a consecuencias graves para la población indígena, para el gobierno federal, estatal, municipal y otros funcionarios de diversas dependencias de gobierno”, indica Bios Iguana.

La Misión solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del estado así como al Presidente Municipal de Comala, garantías de seguridad para lograr la observación.

Participarán al menos 13 organismos nacionales e internacionales entre ellas: Greenpeace, Fund for Global Human Rights, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Environmental Defender Law Center (EDLC), representantes de Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua), América Latina y Peace Action (Acción por la Paz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero; la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema); el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede Morelos, así como la Red de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”.

Al grupo se unirán, en calidad de invitados, el antropólogo Gilberto López y Rivas; el investigador Gian Carlo Delgado; la cineasta Dana Rotberg Goldsmith, y la periodista Rosa Rojas García. Los observadores tienen la intención de entrevistarse con autoridades de la Procuraduría Agraria, la Semarnat, diputados locales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.