Falta de comprobación por 170 millones 936 mil 400 pesos, documentación presumiblemente apócrifa por 678 mil 689 pesos y “opacidad” en los mecanismos de operación y control, sustentan el dictamen negativo de la Auditoría Superior de la Federación a las finanzas del Promusag para el ejercicio fiscal 2010. La Secretaría de la Reforma Agraria no está de acuerdo. Advierte irregularidades en el informe de los auditores e, incluso, dolo: “Pareciera que esto en la revisión es un pantano de ineficiencias cuando es todo lo contrario”. A más de un mes de que el máximo órgano de fiscalización del país hizo público su informe, cuatro acciones legales siguen su curso y 117 millones de pesos aún no se justifican
La actitud entusiasta de Beatriz Herrera del Rincón, subsecretaria de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), contrasta con el dictamen negativo de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento y las finanzas del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), para el ejercicio fiscal 2010.Creado en 2003, como parte del Acuerdo Nacional para el Campo, el Promusag busca fomentar condiciones de igualdad de oportunidades y de trato a las mujeres rurales, así como responderal combate a la pobreza. Otorga apoyos económicos de hasta 180 mil pesos para que, en grupos de tres a seis integrantes, desarrollen proyectos productivos.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, elaborado por la Auditoría Superior, solicita a la SRA que aclare y compruebe el destino de 170 millones 936 mil 400 pesos, equivalente al 21.4 por ciento de la muestra que auditó: 796 millones 391 mil 600 pesos.
De éstos, 169 millones 503 mil pesos corresponden a recursos otorgados a 1 mil 100 grupos de mujeres; 1 millón 322 mil 200 pesos, a proyectos cancelados; 78 mil 200 pesos, a dineros que no fueron asignados a ningún proyecto; y 33 mil 200 pesos, a apoyos en demasía.
El máximo órgano de fiscalización del país refiere también la no confiabilidad del monto reportado como ejercido en la cuenta de la hacienda pública federal: 796 millones 394 mil 600 pesos. Éste supera por 7 millones 163 mil 300 pesos la cifra final destinada a financiar proyectos productivos que, de acuerdo con la SRA, fue de 789 millones 231 mil 300 pesos.
Señala, también, “un probable daño o perjuicio o ambos” a la hacienda pública federal, por 678 mil 689 pesos, pues cuatro de los grupos beneficiarios del Programa presentaron documentación presumiblemente apócrifa.
Finalmente, el órgano dependiente del Poder Legislativo documentó fallos en las Reglas de Operación del Promusag, que derivan en “opacidad en los procedimientos sustantivos para la operación y control” del mismo.
Entre una pila de documentos, Beatriz Herrera ?encargada de coordinar los programas sectoriales, institucionales, regionales o espaciales del sector agrario?, asegura sentirse satisfecha con los logros del Programa y los “hermosísimos” proyectos que se encuentran operando. Aunque esto “no significa que nos vamos a sentar en nuestros laureles”, acota. Sobre la pared, detrás de su escritorio, el retrato de Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo.
La funcionaria manifiesta su inconformidad con el dictamen de los auditores, en el que advierte incluso “varias inconsistencias”. Dice que, por ejemplo, no se atendió la “metodología de la fiscalización superior”, conforme la cual un dictamen es negativo “cuando los resultados de la ejecución de los programas, proyectos o políticas públicas evidencien un incumplimiento de las metas previstas, que impida lograr el objetivo del Programa”.
—De entrada no hubiera podido ser negativo nunca, porque no tenemos ese agravante –apela.
La titular de la Subsecretaría de Política Sectorial alude a una conversación que entabló con el auditor Juan Manuel Portal. “Oye auditor, en vez de decir: Vamos a tomarnos un café y celebrar cómo hemos ido acotando las cosas, pareciera que esto es un pantano de ineficiencias, cuando es todo lo contrario”.
Faltan por comprobar 117 millones
Posterior a la presentación del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 (a finales de febrero pasado), la Secretaría de la Reforma Agraria entregó al órgano encabezado por Portal Martínez información actualizada del Programa de la Mujer en el Sector Agrario.
Así, de los 170 millones 936 mil 400 pesos que faltaban por comprobar, restan 117 millones. Corresponden a 647 grupos de mujeres que no han justificado la asignación de los recursos que les otorgaron, pero cuyos proyectos “se encuentran operando”.
“Es muy complicado que el ciento por ciento de tus proyectos apoyados puedan tener la comprobación por muchas razones: muchos grupos le dan al técnico [los comprobantes] y éste nunca comprueba. A muchos se les pierden, se les mojan. La población nuestra tiene muchas dificultades: tiene que haber un nivel de comprensión”, manifiesta Beatriz Herrera.
Para Herrera es importante aclarar que esta situación no puede atribuírsele a los operadores del Promusag. La funcionaria niega, por tanto, que su equipo haya incurrido en “opacidad”, como lo indicaron algunos medios de comunicación e inclusive los propios auditores. “Me parece grave y doloso por parte de la Auditoría que haya puesto que habían 169 millones sin comprobación. Sin embargo, no especifica que es por falta de comprobación del grupo, y pareciera que somos nosotros los que no comprobamos esos millones”.
Respecto del dinero de proyectos cancelados (1 millón 322 mil pesos), asegura que éste fue reintegrado a la Tesorería de la Federación una vez que los operadores del Promusag no lograron reasignarlo. “Obviamente no íbamos a dárselo hasta que tuviéramos la no adjudicación a un grupo ya autorizado por el Comité [Técnico, encargado, entre otras labores, de seleccionar los proyectos beneficiaros, así como de definir el monto que se le entregará a cada uno]”.
También serán devueltos a la Tesorería los 33 mil pesos que se entregaron en demasía al proyecto productivo PM-DGO-190210-6727-0017. Este proyecto, a cargo de cinco mujeres, debió recibir 165 mil pesos, pero el Promusag le dio 198 mil. Hasta el día de la entrevista con este semanario, esa acción se encontraba en proceso.
Puesto que “el error fue nuestro”, el desembolso correrá a cargo de la delegación estatal responsable, específicamente del delegado, “que es el que firmó el acta de entrega”, explica la funcionaria de la SRA. Añade que “no supimos bien a bien qué pasó y cómo se coló el proyecto, porque se supone que en el sistema no debió habernos aparecido la cantidad, pero sucedió. Nada es infalible”.
En tanto, los 78 mil 200 pesos que la auditoría financiera y de cumplimiento 10-0-15100-02-0930 clasifica como recursos no asignados a ningún proyecto, no serán reintegrados a la Tesorería, pues corresponden a un “proyecto pagado que fue clasificado erróneamente como cancelado”. “Pero fue el único de una base de 8 mil”, justifica Herrera del Rincón.
En relación con la diferencia entre el monto reportado como ejercido en la cuenta de la hacienda pública –partida 4101 “Subsidios a la producción”–: 796 millones 394 mil 600 pesos, y los 789 millones 231 mil 300 pesos que, de acuerdo con la Secretaría de la Reforma, equivalen a la cifra final destinada a financiar proyectos productivos, Beatriz Herrera explica que la variación se debe “a que tuvimos otras economías del Programa y las pasamos a gastos sustantivos”.
Aún así, la Auditoría Superior insta a la SRA a que establezcan mecanismos de control, para que las cifras del presupuesto ejercido “se basen en criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y control”.
Facturas apócrifas
Los representantes de la Auditoría Superior de la Federación visitaron a nueve proveedores de bienes e insumos de 32 proyectos productivos en Oaxaca. Detectaron que cuatro de los grupos beneficiarios comprobaron con facturas presumiblemente apócrifas un total de 678 mil 689 pesos. San Agustín, 158 mil 528 pesos; Chapingo, 158 mil 528 pesos con 50 centavos; Azul Cielo, 180 mil 170 pesos; y Santa Cruz, 181 mil 462 pesos.
El hecho ameritó, además de cuatro pliegos de observaciones, el mismo número de denuncias de hechos. Se presume “un probable daño o perjuicio o ambos” a la hacienda pública federal, apunta el máximo órgano de fiscalización del país.
En el primero de los casos, el folio de la factura presentada como comprobante no se había emitido a la fecha de la visita. En los otros tres, la fecha de expedición, el importe y la descripción de las facturas no corresponden con las presentadas como comprobantes por los grupos de beneficiadas.
Beatriz Herrera manifiesta su molestia por las acciones legales ejercidas contra los grupos, aunque está segura de que no van a proceder. “Nosotros vamos a orientar al grupo y apoyarlo en la respuesta”. Orgullosa, muestra las fotografías de estos cuatro proyectos –“las cuatro joyas penales”, como las nombra– que, a pesar de todo, continúan operando. Uno de éstos es un café internet.
—Ahora la denuncia va en contra de los grupos, ¿qué necesidad había? ¿Por qué mejor primero no nos lo pedían a nosotros? ¿Para qué exponen a esas pobres mujeres a un viacrucis, a que se les pare ahí, enfrente, un MP [agente del Ministerio Público]?
En dos de las 20 recomendaciones emitidas, el Informe de la Auditoría Superior se pronuncia porque se ejerciten acciones legales contra los grupos de beneficiarias que incumplan con la comprobación de recursos en tiempo y forma. No obstante, Beatriz Herrera manifiesta, tajante: “Si se trata de meter mujeres a la cárcel, que lo olvide la Auditoría”.
Y agrega: “Hay mucho pícaro, mucho bandido en este país al que le debe caer esa caballería; no a las mujeres del Promusag”.
Y es que, a decir la funcionaria, el 99 por ciento de los desvíos, de las irregularidades, no son responsabilidad del grupo de mujeres, sino de otros actores como los técnicos habilitados (personas facultadas por la Secretaría de la Reforma Agraria para asistir a los grupos o terceros).
En 2010, por ejemplo, sólo se pudo fincar responsabilidad al 3 por ciento de los grupos, a quienes en vez de “mandarlos a penal” se les solicitó el reintegro de los recursos. En tanto, 952 técnicos habilitados fueron dados de baja.
Para que la Secretaría de la Reforma Agraria decida pasar un caso a jurídico, y éste a su vez dar parte al Ministerio Público, se evalúan muchas circunstancias, explica Beatriz Herrera. Una de éstas, la principal, es que los proyectos se encuentren operando.
Con el objetivo de blindar a los grupos de beneficiarias y a los recursos que reciben, la Secretaría de la Reforma trabaja en dos acciones: fortalecer, a través de diversos organismos certificadores, la capacitación de los técnicos, principalmente, en temas como la perspectiva de género; y empoderar a las mujeres para que sean ellas quienes, por ejemplo, denuncien a las personas que pretenden engañarlas o despojarlas.
“Opacidad” en mecanismos de operación y control
El dictamen negativo de la Auditoría Superior de la Federación al Promusag, considera también su desempeño. Al respecto reporta que las Reglas de Operación de 2010 “presentan opacidad en los procedimientos sustantivos para la operación y control del Programa”.
Esas reglas no describen el procedimiento mediante el cual las delegaciones estatales notificarán a la Dirección General de Coordinación el avance y la comprobación de los recursos por parte de los grupos beneficiados. Tampoco aportan los mecanismos para prevenir, atender y solventar, oportunamente, las irregularidades de los proyectos.
Por eso, el órgano dependiente de la Cámara de Diputados recomienda a la SRA establecer programas de supervisión calendarizados y diseñar un sistema informático que le permita contar con información actualizada de los proyectos radicados en las delegaciones estatales.
Para la subsecretaria de Política Sectorial, Beatriz Herrera, las observaciones son erradas. El sistema de operación del Promusag es “súper eficiente”, asegura. Cada folio esta sistematizado, “tiene una historia”.
Además, desde 2010 operan dos de las acciones de mejora “más significativas del Promusag”, que ha permitido “redireccionar 130 millones de pesos” y elevar la tasa de sobrevivencia de los proyectos productivos. Se trata de la supervisión previa del 25 por ciento de los proyectos y de la supervisión al ciento por ciento de cada uno de los que fueron aprobados.
Cuestionada respecto del sistema electrónico que les sugieren los auditores para hacer efectiva y ágil la comunicación con las delegaciones locales, Beatriz Herrera señala “que ni siquiera lo tiene la Auditoría Superior y quiere que lo tenga el Promusag”. Su equipo agrega, con base en la cotización que solicitó a un proveedor de sistemas, que los recursos con los que actualmente cuenta el Programa no son suficientes para instalar y operar ese requerimiento.
“Yo entiendo que los auditores traen una dinámica muy diferente. Una cosa es ser operador de un programa social; otra, ser un auditor, y otra es traer alguna idea de que las cosas están mal, y yo creo que a lo mejor también eso te predispone”, comenta la funcionaria.
