Programas asistenciales con sesgo religioso y presupuesto insuficiente; presunción de desvio de recursos a campañas políticas; mal manejo del inventario del almacén, y malversación de dinero público concluyen un informe y dos auditorías practicadas al DIF en el último año de la administración de Vicente Fox, durante la cual Marta Sahagún desapareció el patronato del sistema nacional para impulsar su proyecto personal Vamos México. La contratación de personal sin perfil profesional, principal lastre del organismo.
La falta de profesionalización del personal que labora en los sistemas estatales y nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) es el principal lastre del organismo. Por ello, los funcionarios son incapaces de conducir las acciones de los programas asistenciales de forma eficiente: sus resultados son equívocos y poco transparentes, revela el Informe final de la evaluación de los resultados de los programas sujetos a reglas de operación a cargo del SNDIF para el ejercicio 2006, elaborado por el Colegio Mexiquense.
El DIF es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objetivo la promoción de la asistencia social y la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás funciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Previo a la primera dama del foxismo, la última presidenta del patronato fue Nilda Patricia Velasco, esposa del expresidente Ernesto Zedillo. Con la entrada de Felipe Calderón, Margarita Zavala se convirtió en presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF.
La auditoría que se le realizó al organismo fue financiera y de cumplimiento (revisión de la actividad institucional: proporcionar servicios de asistencia social y beneficencia pública). Salvador Sánchez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia en la legislatura LIX, solicitó la fiscalización, a través del oficio CVASF/ LIX/150/06, tras recibir una denuncia ciudadana de Liliana Núñez Núñez.
Con el análisis efectuado sobre la plantilla física general del ejercicio 2006 –emitida por la Dirección de Recursos Humanos del DIF– y con los expedientes históricos del personal de confianza –proporcionados por la Subdirección de Normatividad y Gestión Laboral (de operación y de mandos)–, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que, en 84 casos, el personal que ocupa el puesto carece del nivel de estudios y del perfil adecuado a la actividad desarrollada en la unidad administrativa a la cual se adscribe; de ellos, 69 (82.1 por ciento) ocupan puestos de mandos medios.
Además, se comprobó que 20 de los 69 casos ingresaron entre los años de 2001 y 2004, y, de ellos, ocho ocuparon plazas de jefaturas de departamento; cinco de subdireccción; cinco de dirección de área o puestos homólogos, y dos de dirección general, a pesar de que el nivel de escolaridad alcanzado por 12 de ellos fue de secundaria, estudios secretariales o pasantes de diversas licenciaturas.
La Auditoría señala que los ocho acreditados restantes cuentan con estudios de licenciatura conforme al “Catálogo de puestos de mando del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia”, y en tres de los casos el ocupante del puesto no cubría con el perfil requerido.
Contralínea solicitó conocer la posición del DIF, a través de la Dirección General de Comunicación Social, cuya titular es Paola Reynoso, sin que al cierre de esta edición se obtuviera respuesta.
Sin control
La ASF determinó que, en lo referente al control de salidas del personal, la entidad fiscalizada no ejerce una efectiva supervisión, pues carece de los registros y formatos para autorizar y justificar éstas. Se constató que las firmas que muestran las solicitudes correspondieron a las registradas en las listas de asistencia; sin embargo, no fueron exhibidos los documentos que justifiquen la ubicación del personal en lugares distintos al de la unidad administrativa a la cual se encuentran adscritos ni que sustenten las actividades desarrolladas por dicho personal en el periodo al cual correspondieron las remuneraciones por un monto de 143 mil pesos.
Agrega que, con base en las solicitudes de empleo que obran en los expedientes históricos y los cuestionarios aplicados, se determinó que 13 de los 135 casos analizados corresponden a personal que se ubica en los centros de rehabilitación y educación especial y en los sistemas estatales DIF, como Morelos y San Luis Potosí.
La ASF precisa que en el examen de la estructura orgánica autorizada al DIF para 2006, conforme al oficio SSFP/408- /412/2848/2006, la entidad fiscalizada incluyó 276 plazas consideradas como puestos homólogos a los de estructura, en los que su regularización no fue factible, porque se carece de los estudios para la valuación de los puestos que permitan precisar las tareas por desarrollar y sus correspondientes responsabilidades.
Además, con la revisión efectuada sobre 223 expedientes históricos se determinó que carecen de documentos. Lo anterior se origina porque no existen los mecanismos de supervisión que permitan actualizar la información contenida en ellos y por lo tanto se desconoce si los funcionarios contratados por el DIF cumplieron con los requisitos previos a la misma.
De acuerdo con el Procedimiento para Reclutar y Seleccionar Personal, se debe presentar acta de nacimiento, acta de matrimonio, cédula profesional, título profesional, currículo vital, Clave Única de Registro de Población, comprobante de estudios.
Viáticos
Respecto a los viáticos y pasajes sufragados con recursos del erario, la Auditoría examinó 4 millones 914 mil pesos. La documentación analizada presentó irregularidades: los informes de los comisionados acerca de 208 comisiones nacionales e internacionales que les fueron conferidas carecen de la descripción de las actividades desarrolladas, lo cual impide precisar si éstos cumplieron con el objetivo plateando.
Además, en 158 de los 208 casos, la comprobación de los viáticos (facturas, boletos de avión y de transportes terrestres) y pasajes recibidos por el personal comisionado se realizó por estos últimos, en lapsos de entre seis y 119 días naturales posteriores a la misma, debido a que no se tienen establecidos límites para la comprobación de viáticos por parte de la entidad fiscalizada.
La ASF señaló que la deficiencia anterior se agrava por el hecho de que los recursos asignados para el desarrollo de las comisiones se manejan mediante fondos especiales a cargo de cada unidad administrativa, lo que impide precisar el ejercicio real del presupuesto con cargo en las partidas correspondientes a viáticos y pasajes.
Asimismo, en lo que se refiere al requisitado de la documentación que demuestra los gastos incurridos durante las comisiones, se constató la existencia de facturas formuladas a nombre del comisionado o con el nombre incompleto de la entidad y otras que carecen de requisitos fiscales.
Supuesto desvío
En relación con la denuncia ciudadana presentada por Liliana Núñez, donde se presume sustracción de bienes almacenados en el DIF y su desvío a actividades proselitistas, la ASF verificó que la denuncia presentada corresponde a irregularidades del ejercicio fiscal 2005, situación por la cual la Auditoría se encuentra impedida para abordarlo.
De acuerdo con información proporcionada por Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en la revisión de la cuenta pública 2005, la ASF no realizó ninguna auditoría al DIF.
Sin embargo, la Auditoría solicitó que el Órgano Interno de Control realizara las investigaciones y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo para fincar responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron el adecuado manejo de los bienes en el almacén, lo que permitió su sustracción y posible desviación a actividades ajenas a las de la entidad fiscalizada.
El informe
Tras analizar los indicadores del desempeño presentados por el DIF, la ASF determinó que no se alcanzaron las metas establecidas en materia de infantes incluidos en el programa De la Calle a la Vida, que pretende reintegrar a la sociedad a personas con discapacidad o en desamparo, ni de protección de los derechos de los menores y mujeres.
El criterio metodológico empleado por el organismo para determinar cuándo se alcanzaba la meta es considerado la principal razón que motivó el incumplimiento.
El 16 de marzo de 2007, el Colegio Mexiquense presentó el Informe final de la evaluación de los resultados de los programas sujetos a reglas de operación a cargo del SNDIF para el ejercicio 2006, donde concluyó que los programas de Atención a Familias y Población Vulnerable incumplen con las metas anuales reales e indicadores para planificar y ejecutar sus acciones, estipuladas en las reglas de operación.
El Colegió señala que tal situación hace inviable atender y prevenir con eficacia las problemáticas sociales de los grupos y personas vulnerables a los que se pretende ofrecer una solución a sus necesidades. Además, las áreas responsables tienen el reto de profesionalizar sus servicios y revalorar las líneas de acción y estrategias diseñadas en cada programa.
El informe señala que sin una capacitación adecuada en materia de desarrollo e integración de su información, mediante cursos básicos de cómputo, seguirán mostrando resultados equívocos y poco transparentes, lo que degenera la visión y diseño de los programas.
Más para Guanajuato
Los centros de asistencia infantil comunitaria (CAIC), creados con el objetivo de proporcionar protección y formación integral a niños de dos hasta seis años en estado de vulnerabilidad social, recibieron un presupuesto, en 2006, de 1 millón 437 mil 472 pesos. El informe destaca que el porcentaje asignado a Guerrero y Oaxaca, entidades con mayor nivel de pobreza, apenas alcanzó 2.37 por ciento del total asignado, mientras que en Guanajuato y Puebla se concentró el 45 por ciento.
El Colegio Mexiquense determinó que la distribución presupuestaria no parece obedecer a los niveles de pobreza.
Además, en la mayoría de los estados, la aportación federal para cada uno de los DIF es muy reducida, y de no ser complementada por el apoyo estatal, su ejercicio por sí solo estaría muy lejos de satisfacer la necesidad de los CAIC tan sólo en lo referente a material y mobiliario.
En las elecciones de 2006, Guanajuato fue la cuarta entidad en otorgarle el mayor número de votos a Felipe Calderón, 1 millón 154 mil 852. Además fue el estado donde se definió el triunfo del actual presidente de la república.
El informe señala que el Programa de Atención a la Infancia y Adolescencia, que tiene como finalidad brindar el servicio a hijos de madres trabajadoras carentes de prestaciones sociales como del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la Secretaría de Educación Pública, incumple las reglas de operación.
Asimismo, indica que en lugar de privilegiar el apoyo a la calidad de los servicios (infraestructura, capacitación, equipamiento, material didáctico, sistematización de los procesos) se debe centrar en el número de beneficiarios que atiende.
El Colegio observó que el Programa de Promoción y Difusión de los Derechos de la Niñez carece de recursos federales asignados en el presupuesto, lo que dificulta considerablemente su implantación para dar respuesta a los compromisos internacionales sobre el fomento a la cultura de respeto, tolerancia y protección de los derechos de los niños y adolescentes.
El informe precisa que al instaurarse los manuales Prevención de riesgos sociales en adolescentes y Prevención de riesgos sociales en adolescentes dirigidos a padres de familia, como documentos oficiales de trabajo, cambiaría la efectividad del programa de Prevención y Atención Integral de Embarazo en Adolescentes, en tanto que “los contenidos y la dinámica de este material representan un riesgo para la población adolescente al desinformarlos con base en juicios de valor, imaginarios sociales y equívocos de aspectos biomédicos”.
Agrega que representa una incongruencia con respecto de los objetivos de la institución el capacitar a 11 DIF estatales con un manual que no fue generado por especialistas y que muestra un marcado sesgo religioso. Resulta incomprensible que se destinen recursos públicos para la impresión, distribución, capacitación y seguimiento de un material que, tal parece, no fue revisado por las autoridades competentes.
Personal del Colegio Mexiquense entrevistó a funcionarios, quienes concluyeron que el manual era de fácil comprensión; no obstante, las respuestas evidenciaron la falta de argumentos técnicos que ofrecieran datos contundentes.
El documento precisa que el Manual de prevención de riesgos sociales en adolescentes, perteneciente al Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, emplea de manera frecuente juicios de valor y explicaciones muy superficiales que denotan una gran irresponsabilidad del DIF en su tarea de intervenir a favor de los grupos sociales en riesgo de desarrollar alguna adicción. Se recomienda la cancelación del proyecto, porque implicaría un desperdicio de recursos públicos invertidos en desinformar y victimizar a quienes pretenden ayudar a prevenir los peligros sicosociales.
El informe concluyó que el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, al cual le asignaron 1 millón 810 mil 25 pesos para el ejercicio fiscal 2006, destinó todo su presupuesto a capacitación del personal operativo, promoción y difusión, compra de material didáctico y visitas de asesoría y seguimiento a los DIF estatales; pero sólo comprobaron 70 por ciento del ejercicio de este gasto.
Sin ánimo de dolo
El Colegio Mexiquense observó que, respecto al Programa de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Desamparo, la rotación que existe de personal, sobre todo a nivel municipal, provoca la falta de capacidad y experiencia para otorgar la atención requerida y, “sin ánimo de dolo”, cometen errores que perjudican a los niños y adolescentes ahí atendidos. Por ejemplo, equivocar los criterios de selección, tener rangos de edad muy amplios, no hacer diferenciación de sexo y no disponer de instalaciones adecuadas y personal calificado para atender problemáticas ligadas a la vulnerabilidad del menor.
Agrega que el programa carece de metas anuales e indicadores que permitan planificar y ejecutar las acciones puntuales para atender y prevenir cada una de las problemáticas sociales asignadas.
Hay demasiado personal sindicalizado, el cual, en la mayoría de los casos, no cuenta con la formación necesaria para atender las problemáticas que los programas atienden, además de mostrar un constante ausentismo y actitudes burocráticas en algunas instancias.
Falta transparencia
En el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable se detectó que su principal dificultad era la ejecución del proyecto por parte de los DIF estatales. Se registran fallas al conformar y reportar los planes estratégicos al organismo nacional, además el resto de la información obligatoria que no integran, como los padrones de beneficiarios y sus comprobaciones.
El área central asigna las aportaciones a los centros estatales para las contrataciones de los equipos sin tener la certeza de lo que realizan en materia de desarrollo comunitario, pues no hay indicadores ni información sistematizada al respecto.
En el caso del DIF de San Luis Potosí, éste sólo operó el programa hasta el primer trimestre de 2006, porque consideró que aún con “buena voluntad” no lograría las metas planteadas, dado que no tenía experiencia en materia de desarrollo comunitario y, mucho menos, la capacidad para implantarlo.
Además, señala el informe, en 2005 el organismo estatal opinó que con las labores del Programa Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente no se lograba un mínimo de bienestar entre la población: no se alcanzaban a establecer proyectos autosustentables y la mayoría de los beneficiarios recurría al proyecto con una visión asistencialista.
El Colegio Mexiquense concluyó que desde la perspectiva del equipo evaluador, el programa debe integrar la información con base en la clave de la localidad del Consejo Nacional de Población, ya que el DIF nacional desconoce cuáles son las poblaciones de alta y muy alta marginación.
Poco personal.
El informe precisa que el Programa Atención a la Violencia Intrafamiliar y Maltrato al Menor carece de personal, pues cuenta con cinco trabajadoras sociales para atender las denuncias, realizar las visitas domiciliarias, estudios de valoración social y económica; sólo hay tres sicólogas para brindar la asistencia, asesoría y terapia necesaria para el menor y su familia en los casos que así se requiera.
Además, se tiene una sola supervisora que realiza las tareas de control y verificación del trabajo realizado, control de calidad y satisfacción del cliente; no se cuenta con recursos suficientes (viáticos y vehículos de transporte) para realizar las tareas de campo requeridas.
Irregularidades en el DIF: Órgano Interno de Control.
En 2007, el Órgano Interno de Control (OIC) realizó una auditoría al ejercicio presupuestal del mismo año del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF). Detectó deficiencias en el levantamiento de bienes de activo fijo durante el ejercicio 2005; fallas en la verificación física del personal que labora en la Casa Hogar para Varones, así como en el almacén general. En aquel momento el DIF realizaba la conciliación del resultado del inventario físico de sus bienes muebles contra las cifras que muestran los registros contables.
Además, el OIC señaló debilidades en el seguimiento de las operaciones realizadas para el cumplimiento de los 10 programas asignados a la Dirección General de Protección a la Infancia; recursos no ejercidos de 2003 a 2005, reintegrados extemporáneamente a la Tesorería de la Federación, y comprobación del recurso radicado al DIF en 2005 con facturas expedidas en 2006, de los programas a cargo de la citada dirección.
En la auditoría realizada por el OIC se observaron fallas en la comprobación de los recursos transferidos a los programas para la Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes, Prevención de Riesgos Psicosociales, y de Prevención; Atención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial Infantil.
Además, deficiencias en el ejercicio y comprobación de los recursos otorgados para el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos 2005-2006. No se presentaron las justificaciones de las altas y bajas de los beneficiarios de las becas asignadas en el Programa de Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Urbano Marginal.
El OIC encontró inconsistencias en la compra de 5 mil arrayanes para la Casa Hogar para Varones, por 32 mil 500 pesos, durante el ejercicio 2006. Asimismo, se compró ropa para menores sin contar con la base de las tallas de la población.
En la auditoría, el Órgano Interno de Control observó que el porcentaje del presupuesto de obras públicas y servicios excedió el 20 por ciento del presupuesto autorizado al DIF; inconsistencias en expedientes de nuevo ingreso de personal al organismo, así como la existencia de dos áreas que prestan servicios de informática y de tecnologías de la información que contravienen la normatividad en materia de austeridad. (YT).
El Manual de prevención de riesgos sociales en adolescentes emplea juicios de valor y explicaciones superficiales, lo que denota irresponsabilidad del DIF: Colegio Mexiquense.
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