Sinaloa desplazados por la violencia

Sierra Norte de Sinaloa. “¡Mil doscientos noventa y siete! ¿Quién tiene el número 1297..?”. Decenas de mujeres cruzan sus miradas con el boleto de la rifa que les fue entregado al entrar al patio del palacio municipal en el pueblo mágico de El Fuerte, Sinaloa. Nadie levanta la mano. Con impaciencia y cierto desazón buscan en derredor a la afortunada, mientras que una asistente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se acerca a una mujer sentada en primera fila y revisa su número: “¡Ha ganado! ¡Usted tiene ese número! ¡Se ha ganado un ventilador eléctrico!”, le dice con cierta emoción y una expresión de alegría ligeramente sobreactuada.

La mujer, de rasgos indígenas, apenas se inmuta; no hay emoción. Unos pocos aplausos intentan animarla en vano. Éste no es su pueblo, y el refugio temporal que le proporcionó el DIF local en la colonia Higueras, mucho menos es su hogar.

Miércoles, 9 de mayo de 2012. Hace varios días huyó junto a otras 30 personas de la comunidad de La Cofradía en la sierra baja, al Norte de Sinaloa. Un “amigo” les avisó que tenían que huir del pueblo porque se acercaba un convoy con gente armada de “los del otro bando” y habría un enfrentamiento. El éxodo fue inmediato. Mientras los pobladores salían y abandonaban sus chozas, hombres armados tomaron posiciones a un lado del lecho arenoso de un arroyo sin agua. Los hombres del cártel de Sinaloa sabían que ése era el único camino por donde podría pasar la columna que venía de avanzada desde el municipio de Sinaloa de Leyva, proveniente de Chihuahua. En pocos minutos, La Cofradía se convirtió en punto estratégico de defensa territorial y la mayoría de sus 37 habitantes cambiaron involuntariamente su estatus de residentes a desplazados por la violencia, sumándose así a la creciente cifra de 140 mil personas desplazadas por la violencia en México desde 2007.

Viernes 28 de abril 2012. Dos convoyes con hombres del cártel de Los Beltrán Leyva, asociados con los Carrillo y Los Zetas, entran por puntos diferentes a tierras controladas por el cártel de Sinaloa.

Lo intenta desde el Norte, sale del municipio de Urique, Chihuahua, para adentrarse por la comunidad de San Simón Potrero de los Fierro, municipio de Choix, Sinaloa. Cinco vehículos camuflados como patrullas de fuerzas estatales y federales así como una Hummer estilo militar con fusil semiautomático, se cuelan de madrugada por la frontera Norte a territorio de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, en busca de Adelino Núñez Molina, quien supuestamente es el encargado de la siembra de mariguana y amapola en la región del Triángulo Dorado. Tras la ruptura de Los Beltrán Leyva con el cártel de Sinaloa por la supuesta traición del Chapo Guzmán –que habría resultado el 21 de enero de 2008 en la detención de Héctor Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo–, Núñez Molina se puso a las órdenes del cártel de Sinaloa.

A partir de aquí, las versiones de testigos y de las autoridades sobre lo que sucedió la madrugada y mañana del viernes discrepan.

En el relato de la guerra abundan los dicen y cuentan, recursos frecuentes del necesario anonimato. Así, dicen los pobladores de la zona que al ver pasar lo que en un principio parecían ser fuerzas federales no tuvieron objeción alguna. Las sospechas comenzaron cuando se fijaron en los uniformes e identificaron banderas de otro país cosidas en las mangas de los uniformados. También se percataron que bajo los uniformes escondían pantalones de mezclilla y camisetas negras. El enfrentamiento entre los “protectores” del pueblo y los gatilleros de la alianza de Los Beltrán Leyva, Carrillo y Zetas no se dejó esperar. Tras un primer asalto, varios de los hombres del convoy huyeron hacia Chihuahua con los guardianes de los sembradíos de enervantes locales pisándoles los talones. Los demás continuaron a duras penas su avanzada a territorio hostil. Los habitantes hablan de múltiples bajas, pero no existe una cantidad exacta confirmada.

Durante el asalto, pobladores se comunicaron vía telefónica con el C4 (como se conoce a la agencia central de comunicaciones y emergencias del gobierno del estado), en Culiacán, y denunciaron el enfrentamiento. Desde la Base de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMU) en Choix se despachó un contingente hacia la zona de conflicto, el cual interceptó la columna de camionetas a la altura de San Simón Potrero de los Fierro, donde los hombres de la alianza de Los Beltrán Leyva, ante la imposibilidad de dar la vuelta por lo accidentado y angosto de la brecha, optaron por abandonar los vehículos y buscar refugio en el monte.

La versión oficial ofrece matices diferentes. Marco Antonio Higuera Gómez, procurador de Sinaloa, confirmó en rueda de prensa que a las dos y media de la madrugada la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Choix reportó una denuncia sobre un enfrentamiento entre delincuentes, presumiendo el fallecimiento de un número “indeterminado de personas”. “Bajo esa noticia se trasladaron un grupo mixto conformado por elementos de la Policía Federal y, concretamente, del Ejército y Policía municipal hasta ese lugar donde no confirmaron la información recibida, es decir, que resultó ser negativo. No había ningún dato que pusiera de manifiesto la existencia de un supuesto enfrentamiento”.

Higuera Gómez explicó que al regresar el grupo mixto por un camino diferente, a la altura de San Simón Potrero de los Fierros, civiles de la zona informaron “que por ese camino se movilizaron cuatro vehículos con un número de personas armadas, por lo cual se desplegaron elementos a la orilla del camino con el fin de repeler cualquier agresión armada por parte de estas personas, agrupándose entre policías preventivos y elementos militares debidamente resguardecidos [sic]”.

Observaron los vehículos de los delincuentes, los cuáles hicieron un alto “y se originó el enfrentamiento solicitándose el apoyo, además, a otros elementos de seguridad y del Ejército vía radio a la ciudad de Choix”. Un helicóptero Bell 206 de la Fuerza Aérea Mexicana ofreció apoyo aéreo durante el reconocimiento. El copiloto, al ser alcanzado por fuego enemigo falleció minutos después en camino a un hospital de Los Mochis. También murió un policía preventivo. Según fuentes oficiales, la primera escaramuza dejó cuatro delincuentes muertos con uniformes falsos.

El segundo enfrentamiento ocurrió al día siguiente, el 29 de abril, en Mimbres, municipio de Choix, con un saldo de nueve gatilleros caídos, de los cuales cinco fueron trasportados alrededor de las seis de la mañana al campo aéreo de El Fuerte, resguardado por un destacamento del Ejército Mexicano. Los combates siguieron hasta el miércoles y según la averiguación previa 41/2012 iniciada por la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa (PGJE) en el Ministerio Público del Fuero Común en Choix, el total de fallecidos fue de 21, de los cuales 19 eran civiles. También hubo cuatro heridos: dos militares y dos policías municipales. De los primeros 14 sicarios muertos identificados hasta el 15 de mayo, ocho eran de Chihuahua, dos de Veracruz, uno de Sonora y tres de Sinaloa.

La segunda columna lo hizo más al Sur, por la línea fronteriza entre los municipios de Choix y Sinaloa, a la altura media del Triángulo Dorado. Buscaban pasar por la comunidad de La Cofradía, municipio de El Fuerte.

Al final no hubo enfrentamiento: los invasores fueron alertados de que los hombres del Chapo los estaban esperando en el arroyo que atravesaba la comunidad. Decidieron emprender la retirada y buscar una vía alternativa.

De la comunidad La Cofradía es Alejandra, de 12 años. Encogida de hombros y cabizbaja, recuerda con sorprendente claridad: “Que nos saliéramos todos porque se iban a pelear ahí. Llegó uno [gatillero] ahí al arroyo y le dijo a un amigo que nos saliéramos todos, que nos iba a dar sólo 10 minutos para salirnos”. Juntó a sus tres hermanos menores y a su madre, se escondió en una cueva. Días después, a la merced de un sol tirano, caminaron unos 16 kilometros de terreno árido cicatrizado por la sequía imperante y llegaron a Chinobampo.

De ahí el DIF los trasladó en calidad de desplazados a la cabecera municipal de El Fuerte y, junto con sus 27 vecinos del pueblo, se les dio refugio en un barrio popular en una casa en obra gris, sin ventanas, baño ni cocina. Dos de los niños desplazados, uno de cuatro años y otro de ocho meses, iban con problemas de tiroides: “Se les compró catres, comida y utensilios de cocina. También se les está construyendo un fogón, y a los niños les visita un maestro”, comenta Vaney Meléndrez de Rubio, directora del DIF de El Fuerte. “Muchos llegaron sin huaraches, y no quisieron que les compráramos zapatos, sólo sandalias o huaraches”.

María, una mujer que apenas levanta la cabeza y que no está acostumbrada a compartir un espacio tan pequeño con tanta gente, no para de llorar: “¡Me quiero morir! ¡Me quiero ir a casa!”, solloza. Señoras voluntarias, residentes del pueblo mágico la consuelan y le ofrecen un plato de comida que trajeron. A un metro, una anciana de piel curtida y mirada férrea, le da de comer trozos de plátano al bebé con problemas de tiroides. Por las noches, María se separa del grupo y se acuesta, buscando refugio, sobre el frío cemento del cuarto de baño. En el mismo cuarto unos siete niños juegan con una gallina correteándola por encima de los catres recién comprados. No queda claro si es mascota o futura comida. De forma previsora, las mujeres van escondiendo pizcas de comida: “Pa’ cuando no haya”, explican.

El señor José Eleazar Rubio Ayala, presidente municipal de El Fuerte, Sinaloa, presume la capacidad de asimilación turística: “Tenemos 23 hoteles y 488 habitaciones”. Y de la tranquilidad del pueblo: “En El Fuerte [cabecera municipal] estamos pregonando la tranquilidad en comparación con otros municipios que ahorita tienen muchos problemas de delincuencia e inseguridad”.

Sin embargo, a su discurso se contraponen los 75 desplazados de la zona serrana por la reciente ola de violencia ligada al narcotráfico, quienes ni siquiera tienen un refugio digno dónde sobrevivir.

Ese mismo 9 de abril, secuestraron en Sonora a Gregorio Peña Chávez, el Popo, de 50 años, y a su hermano Héctor Peña Chávez, el Churi, de 55. Una autoridad de Chinobampo confirma que el Popo era conocido en la comunidad La Cofradía como “el dueño”, que se encargaba de contratar para la siembra…

Tanto el turismo como la migración forzada por la violencia son fenómenos medibles. Si en un periodo determinado el turismo en una zona aumenta significativamente, empresarios y gobierno se reúnen para analizar los datos y estadísticas cuidadosamente recopilados y estudian la posibilidad de construir hoteles y ofrecer mejores centros de diversión y esparcimiento. Cuando los que emigran son los desplazados por la violencia en Sinaloa, hasta ahora, la reacción al problema es muy diferente.

El 14 de mayo de 2012, el gobernador sinaloense, Mario López Valdez, declaró desconocer la cantidad de familias desplazadas por la violencia. “No hay una sumatoria ahorita”, contestó a pregunta expresa. También admitió que la violencia en la zona de la sierra no es algo nuevo: “Sí, ya sabíamos de qué se trataba, y esto no ha sido de 2011 para acá; ha estado siempre, lo que pasa que eso antes no se enfrentaba, se recrudeció y creció y hoy nos toca enfrentarlo” (sic).

El 18 de mayo 2012, cuatro días después de que el gobernador visitara la sierra y a petición del mandatario, la Secretaría de Desarrollo Social difundió un Padrón de Familias Desplazadas de la Zona Serrana”. La cifra: 1 mil 203 familias desplazadas por la sequía e inseguridad en la norteña entidad.

El padrón no discierne entre las familias que tuvieron que abandonar sus hogares a causa de la sequía o por la amenaza del crimen organizado. Para esta estadística, de los 18 municipios en Sinaloa sólo se tuvieron en cuenta los siete que “caen” predominantemente en la sierra. Mientras tanto, Mazatlán, al Sur del estado, ha recibido más de 2 mil familias desplazadas provenientes de la zona serrana de Concordia, San Ignacio, y del estado de Durango. El alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, en entrevista con un reportero de un periódico regional, admitió: “No estamos preparados para las consecuencias de la violencia; no tenemos un plan, no existe”.

Aunque a muchos de estos desplazados se les da un refugio temporal conforme a las categorías de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al desplazado no puede considerársele refugiado, ya que no pide asilo ni se acoge a las convenciones internacionales en la materia, las que podrían garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

Según un informe del Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC, por su sigla en inglés), la cantidad de personas desplazadas en todo México entre 2007 y finales de 2011 a causa de la violencia generada por el narcotráfico es de 140 mil habitantes. México junto con Colombia, Guatemala y Perú son los países con más desplazados en el continente americano.

Saliendo del pueblo de Chinobampo, La Cofradía queda a pocos kilómetros de terracería polvorienta, cuyas orillas exhiben unas cuantas vírgenes de Guadalupe pintadas sobre rocas y un altar a Jesús Malverde, con estatuas de la Santa Muerte y veladoras.

La bienvenida a la comunidad la da un letrero escrito a mano con tinta negra sobre un fondo blanco y alambres oxidados que lo sujetan a dos postes de madera: “Comunidad La Cofradía, 37 habitantes”.

A un lado del arroyo está la casa vacía de José María Echeverría, un anciano de 82 años. Una tetera negra con polvo descansa sobre un fogón cubierto por un frágil techo de madera. Una estufa de leña relativamente nueva, con un logotipo de “Vivir mejor”, compite con el molino de maíz por el protagonismo de la escena. El abandono queda patente. Los perros no tienen agua y los surcos entre sus costillas hacen buen eco de aquel “pa’ cuando no haya”.

Al otro lado del arroyo está la escuela, un cuarto de aproximadamente 6 por 4 metros, hecho de block y techo a dos aguas. En su interior hay cinco mesas, cuatro son dobles para acomodar a dos alumnos por mesa y una para el maestro. Una estantería en la esquina sostiene todo el material didáctico. En el pupitre naranja todavía hay unas pequeñas piedras que probablemente se usan para ayudar a aprender a contar, y sobre la mesa del maestro descansa un legajo con una cacatúa amarilla dibujada y la palabra “chistes” escrita en la parte superior. Las paredes están sin acabar de pintar.

El alcalde de El Fuerte expone que desde el inicio de la violencia en la zona, el pasado 28 de abril, los maestros no han regresado a dar clases en las comunidades de La Chicura, Potrero de los Soto, Saca de Agua, Zapote, Bacapaco y La Cofradía: “Aparte del Municipio de El Fuerte y Choix, hay escuelas que están sin clases porque los maestros no han querido ir (por la inseguridad). Tienen que pasar porque los niños no se pueden quedar sin clases. Están buscando una medida para que los maestros regresen”. También enfatiza que a todas esas comunidades se les acaba de llevar el tendido eléctrico.

Aunque el gobierno federal instaló paneles solares en casi todas las casas de La Cofradía, el alcalde de El Fuerte invirtió en cerca de 15 kilómetros de tendido eléctrico sólo para esta comunidad. Indica: “Hasta allá les llevamos luz; les acabo de hacer un aula también”. Pero por el medidor de don Echeverría, con sello de la Comisión Federal de Electricidad, no pasa electricidad. La Cofradía: 37 habitantes, un aula nueva, 15 kilómetros de postes de concreto y cableado eléctrico y una antena de comunicaciones. Ninguno de los desplazados tenía teléfono celular.

Durante aquel viernes de combates, a unas tres horas de los enfrentamientos en el Triángulo Dorado, en la ciudad de Choix, en el municipio del mismo nombre, el Hospital Integral municipal recibió a un soldado que falleció durante su traslado y a un policía que ya había muerto. Por la violencia, fueron cerrados los centros de salud rural de Yecorato y Potrero de Cancio, aunque este último reanudó operaciones el lunes 7 de mayo. El médico Jesús Antonio Gaxiola, director del Hospital Integral de Choix, confirma: “Las brigadas móviles siguen trabajando en casi todos los municipios. La Secretaría de Salud Pública de Sinaloa tiene ocho centros de salud rural dispersos en la zona con un núcleo básico de un doctor y una enfermera”. En el hospital se atiende a diario entre 25 a 30 personas que sumadas a los que vienen por vacunas y atención familiar son unas 50. Agrega, preocupado, que “a raíz de los eventos violentos, es la primera vez que tienen que cerrar una clínica”.

El reporte del IMDC enfatiza: “En el año pasado [2011] las autoridades federales no reconocieron, evaluaron ni documentaron las necesidades de las personas desplazadas; en vez de ello, concentraron sus esfuerzos en la lucha contra los cárteles de la droga”.

A nivel nacional el número real de desplazados por la violencia del narcotráfico podría ser incalculable. Al no haber estadísticas claras y ante la dificultad cada vez mayor de emigrar a Estados Unidos o Canadá –mediante la solicitud de asilo–, quienes cuentan con los medios, tramitan visas de inversionista o de turista y luego se quedan, mientras que los menos afortunados cruzan la frontera de mojados.

Muchas de las solicitudes de asilo son rechazadas por considerarse a los cárteles de la droga un peligro general y no individual, y porque México es un país democrático, con sus propias redes que deben garantizar la seguridad de la sociedad. Mientras que Alejandra de 12 años abandonaba su hogar y huía con su familia a una cueva, Javier Hernán Galindo Cabrera, otro niño de 12 años de Mesa de Rivera, Choix, yacía muerto cerca de la frontera de Chihuahua, tras los enfrentamientos de aquel viernes por la mañana. En la lista oficial de muertos, el subprocurador regional de Justicia en los Mochis agregó, al margen de su nombre entre paréntesis: “Es correcta la información, era un niño sicario”.

Fuente: Contralínea 286