Maestros, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, sindicatos, campesinos, opositores a megaproyectos, normalistas… “atentan” contra la seguridad nacional, según la Agenda Nacional de Riesgos. Por ello, son víctimas de represión, acoso, espionaje, encarcelamiento y muerte.
En este sexenio, los cárteles han lavado unos 2 billones de pesos; en el sistema financiero, Hacienda ha descubierto más de 155 mil millones sucios y PGR ha asegurado sólo 1.3 mil millones.
A casi 10 años de iniciada la “guerra” contra las drogas, la violencia del crimen organizado es la principal amenaza a la seguridad nacional de México. Para los órganos de inteligencia, el desvío de recursos de programas sociales propicia el narcotráfico
La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó su más reciente Joint Operating Environment, conocido generalmente por su sigla JOE, al que en su título le agregó el año en que fija sus proyecciones: 2035.
Estudiantes, activistas, amas de casa, campesinos… Contra cualquiera se podrían enfilar las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano. El marco jurídico define ambiguamente cuáles son las actividades que amenazan a la nación; y nada dice de cuáles son los objetivos, intereses y aspiraciones nacionales.
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