Los mexicanos hemos gastado en los últimos 5 años alrededor de 34 millones y medio de pesos en las andanzas de nuestros muchachos del servicio de inteligencia civil que nos protegen desde 11 lugares del mundo fuera del territorio nacional.
La ONU y organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos señalan: el Estado mexicano sigue ejecutando extrajudicialmente y haciendo uso excesivo de la fuerza. Lo de Oaxaca, la norma y no un hecho aislado
En México, el Estado desaparece personas por motivos políticos. Desde 2006 y hasta la fecha, al menos 139 luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones políticas (invariablemente de izquierda) han sido sometidos a desaparición forzada. De todos, 52 permanecen aún en calidad de desaparecidos, 28 fueron asesinados mientras se encontraban en manos de sus captores, 22 más fueron liberados luego de haber padecido tortura y siete aparecieron (y se encuentran) en prisión.
Confirmado: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), nuestro aparato de inteligencia civil, no sólo se dedica a “proteger” a la nación desde las 32 entidades que integran la República Mexicana. Émulos de sus pares de la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), a nuestros arrojados agentes secretos les alcanza para meter sus narices y penetrar un número indeterminado de países y, desde ahí, hacer lo que saben para que nadie atente contra el régimen… perdón, el Estado mexicano.
Para el cumplimiento de los servicios que presta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Estado mexicano, no hay política de austeridad que valga. Y es que estamos hablando de los servicios de inteligencia civil para preservar la “¡seguridad nacional!”: la palabra mágica con la cual todo se justifica, desde la entrega de millonarios recursos hasta la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los mismos.
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