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En las cámaras, 250 grupos de cabilderos al servicio de trasnacionales

Grandes empresas y trasnacionales invierten millonarios recursos en más de 250 personeros que pululan en los pasillos, restaurantes y hasta en los sótanos de las cámaras legislativas para convencer a diputados y senadores de promover iniciativas, reformar artículos constitucionales o detener aquellas modificaciones a la ley que no estén a su favor. Trabajan sin estar apegados a un código de ética; tampoco están obligados a la rendición de cuentas. Su principal herramienta es la manipulación. Mientras, hasta 26 iniciativas de ley para regular el lobbying se encuentran en la congeladora del Poder Legislativo federal

Bergoglio: el continuismo de la ultraderecha

A pesar del beneplácito del Poder Ejecutivo federal por la designación del papa, especialistas no ven con optimismo al nuevo pontífice argentino. Coinciden en que su nacionalidad no refleja algún cambio significativo en la jerarquía eclesiástica, en la cual se percibe un continuismo. “Se puede profesar la fe con respeto a las instituciones”, señala diputada

Ciento cincuenta mil misas, fuera de la iglesia

Los avisos para la celebración de actos religiosos fuera de los templos se incrementaron exponencialmente durante el sexenio pasado. Tan sólo de septiembre de 2010 a agosto de 2011 se registraron más de 70 mil; a inicios de éste apenas sobrepasaban los 5 mil. Sin embargo, “no se afecta la laicidad del Estado”, explica experto

Aumenta más de 2 mil porciento presencia de la Iglesia en medios

Durante el mandato de Felipe Calderón los permisos para la transmisión de actos religiosos en los medios de comunicación pasaron de poco más de 5 mil a más de 113 mil. “El fortalecimiento de la Iglesia se da desde la época de Salinas”, comenta especialista

La salud no es un negocio

En España, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que paralice, en la región autónoma de Madrid, el cobro de 1 euro por receta médica dispensada. Una tasa recién impuesta por el gobierno regional del Partido Popular en Madrid para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, dicen.

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