Igual que en la política, en la administración pública es común la práctica de que los funcionarios en desgracia, o que simplemente tienen que dejar su encargo, pasan de inmediato al olvido, y con ellos, todos los negocios y empresas privadas que fueron privilegiados durante su gestión. Esto sucede en cada cambio de gobierno, y más aún cuando el gobierno que sustituye pertenece a otro partido político.
Aunque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsó la Ley de Víctimas y se ha separado de los estragos de la violencia generada durante el sexenio pasado, las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, han estrechado filas para enfrentar una nueva etapa del conflicto armado que sostienen contra las bandas de narcotraficantes y otros grupos de la delincuencia organizada.
Durante décadas, los presidentes mexicanos han hecho caso omiso de la necesidad de unificar a las Fuerzas Armadas en una sola estructura y en una sola entidad administrativa. Aunque eso no erradicaría por completo las rivalidades entre mandos y objetivos militares, sí reduciría su campo de posibilidad. Unificar a las Fuerzas permitiría sentar las bases de una política de defensa, equilibrar los recursos de los ejércitos de tierra, mar y aire, diseñar la fuerza militar que el país necesita y definir una política militar acorde a los objetivos nacionales.
Sin experiencia en asuntos de inteligencia, Eugenio Ímaz Gispert asumirá la titularidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Mañana 27 de noviembre, su futuro jefe, Osorio Chong, lo presentará con el actual director del Cisen, Jaime Domingo López Buitrón. En manos del círculo de amigos de Peña Nieto quedarán las supersecretarías de Gobernación y Hacienda; la primera controlará el espionaje y la inteligencia civil a través del Centro y de la Plataforma México
En estos momentos, está en definición una terna de generales de división de los que el próximo presidente de la República podrá escoger como el general secretario de la Defensa Nacional. De esa decisión depende el rumbo que tome esta Secretaría y la recuperación de su institucionalidad militar, afectada ahora por los casos de violación a los derechos humanos, la detención de generales y las evidencias de fracaso en la política gubernamental de militarizar la lucha contra las drogas.
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En una carta, más de 150 organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales hicieron un llamado a los gobiernos del mundo para detener el
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