El 25 de marzo pasado arribó al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, el buquetanque Texistepec, una de cuatro embarcaciones adquiridas por Petróleos Mexicanos (Pemex) a la coreana SPP Shipbuilding Group, para su subsidiaria Refinación. Ésta es una de las 12 embarcaciones que la petrolera mexicana compró al cierre del sexenio de Felipe Calderón, de manera triangulada y sin licitación de por medio en los mercados internacionales.
Felipe Calderón llegó a la Presidencia de la República mediante el fraude, y se mantuvo en ella con ayuda del Ejército Mexicano, del clero y de empresarios poderosos.
Mientras el Estado laico ha sido atropellado por las visitas de Enrique Peña Nieto a los papas Benedicto XVI y Francisco (una Iglesia como el águila austriaca, de dos cabezas), con lo que ratifica el catolicismo donde se educó hasta culminar en la universidad del Opus Dei, donde obtuvo su licenciatura en derecho natural (como Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho…, libre, precisamente, del derecho constitucional); aparte de insistir en borrar la separación de Estado e Iglesia, Peña Nieto también ha ido poniendo las condiciones por medio del Pacto por México para llevar a cabo la contraexpropiación petrolera, que pasará por encima de la memoria histórica de la nación –que no es simple pasado–, que en 1938 Lázaro Cárdenas instituyó contra la privatización que imperaba sobre esos mermados recursos naturales –patrimonio de los mexicanos–, mismos que ahora Carlos Romero Deschamps, Emilio Lozoya Austin y Peña Nieto –el “líder”, el director y el presidente– quieren devolver a los empresarios y al capitalismo salvaje del neoliberalismo económico.
La crisis de los derechos humanos en México se ha generado a partir de la ausencia del estado de derecho en varias regiones del país. La política de militarización y guerra iniciada en la pasada administración se ha extendido en la actual y se ha radicalizado ante la falta de compromisos claros por reforzar un sistema respetuoso de los derechos humanos. La elevada actividad, ausente de controles en el uso de la fuerza pública por parte de policías y militares, ha seguido generando abusos contra los derechos humanos.
La reforma de telecomunicaciones es un engendro curioso. Es presentada por Enrique Peña Nieto como “una iniciativa que se diseñó, se dialogó y se acordó en democracia”, en la que “todas las voces cuentan [porque] son importantes para la construcción de los acuerdos en [un] clima de normalidad democrática”. Que busca “crear una nueva estructura institucional a favor de la competencia”, la “cobertura universal, la inclusión social, buenos precios, calidad en el servicio y en los contenidos”. En la que “el Estado establezca y haga valer su rectoría” sobre los grupos de poder y “la entrega o el retiro de concesiones no responderá a criterios políticos sino a criterios técnicos”, porque lo más importante es “atender las demandas más sentidas de los mexicanos de impulsar reformas transformadoras de nuestra realidad para servir a todo México”.
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