Contralinea

Contrarreforma educativa, país en riesgo

Es nuestra forma de utilizar las palabras democracia y gobierno democrático la que produce mayor confusión. A menos que se definan claramente esas palabras y se llegue a un acuerdo sobre las definiciones, la gente vivirá en una inextricable confusión de ideas, para beneficio de los demagogos y los déspotas

Amenazas de represión contra el magisterio democrático

En Morelos, donde gobierna la izquierda domesticada, Enrique Peña Nieto mandó a los legisladores la indicación de que aprueben pronto la tercera ley que reglamenta su reforma al Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expresó su plena confianza en que, “pronto y en breve”, el Congreso de la Unión expida la Ley General del Servicio Público, que forma parte del paquete que elaboró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para neoliberalizar la educación en nuestro país.

Al maestro con cariño

La brutal represión ejercida por la militarizada Policía Federal en contra de los maestros de Guerrero, el 5 de abril pasado, no es más que otra expresión extrema de la proclividad de un Poder Ejecutivo que se siente iluminado, elegido para llevar a cabo misiones elevadas que considera unilateralmente como sus “razones de Estado” y utilizar los aparatos represivos para tratar de alcanzar sus fines; que por encima de la responsabilidad constitucional del político democrático, del estado de derecho, está dispuesto a emplear insensiblemente la fuerza del poder por encima de las necesidades y el bienestar de la población; que está inclinado a sofocar por medio de la violencia a los que no aceptan sumisamente alinearse a sus dictados y el orden que pretende remodelar, según su exclusiva perspectiva principesca; que antes de servirse de la razón, de analizar y valorar las heterogéneas posturas de la sociedad, de negociar, de alcanzar consensos, prefiere descalificar, intimidar, aislar, reprimir, encarcelar y derrotar, en el momento que considere oportuno, a los descontentos de sus medidas, sin darles la oportunidad a los afectados de defender sus intereses; éstos, impotentes, al carecer de los mecanismos jurídicos e institucionales que les permitan hacerse escuchar y resolver los conflictos pacíficamente, se ven obligados a recurrir legítimamente a cualquier método.