Avanza el despojo a ejidatarios indígenas para construir hidroeléctrica en Chiapas. Amparos individuales y colectivos aceptados por jueces locales y federales no son suficientes para detener las obras
Es sorprendente como la incompetencia del hombre se exacerba por dinero, cuando la condición humana desarrolla las ciencias y las artes, que hacen a las sociedades grupos civilizados; que, se supone, procuran para sí y para los animales con los que “comparten” la Tierra, un mayor bienestar. En México, los actos “civilizatorios” de empresarios e inversionistas usan el sobretodo del “desarrollo”, cuando implican establecer industrias o complejos inmobiliarios en lugares paradisiacos. Como una vez fue Tajamar, hoy reducto casi devastado, de lo que hasta la década de 1970 era una región virgen. Acciones avaladas por el gobierno a través de instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre otras igual de incompetentes.
En 2015 se perpetraron, al menos, 76 casos de violaciones de derechos humanos y agresiones contra defensores de derechos humanos en 20 estados de la República. La mayoría ocurrió en Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz. La mayor parte de los casos se cometieron contra defensores de la tierra y el territorio. El 58 por ciento de los perpetradores fueron actores estatales.
Desarrollo inmobiliario estadunidense se implanta en Baja California Sur. Ya desarrolla un proyecto exclusivo en detrimento del medio ambiente y de las comunidades de pescadores de la región. Con anuencia de las autoridades, se ha apropiado de un área mayor a la autorizada y ha acaparado el agua potable.
En 2015 se registraron 109 ataques contra defensores ambientales. Entre las víctimas, 130 personas, 21 comunidades y 17 organizaciones civiles.
Acudir o visitar el supermercado para comprar víveres resulta, para un consumidor, una pérdida económica muy sutil y oculta, de la que desgraciadamente él no se percata, y si lo hace, no se atreve a reclamar por vergüenza o falta de interés para exigir la devolución de unos centavos, en algunos casos hasta la presunción peyorativa de menospreciar estas moneditas.
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