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El caduco sistema político y electoral debe ser renovado

Salinas de Gortari creó el Instituto Federal Electoral en 1990 y, en 1993, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego del patético fraude de 1988 para intentar limpiar la cara al sistema electoral mexicano y modernizar la operación del fraude electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional (PRIAN) y en contra de los intereses de nuestro pueblo, y para consumar el bipartidismo que impulsa Washington para México. La dictadura de las grandes corporaciones a través de solamente un partido ya no funcionaba, el PRI-gobierno estaba agotado, así que se ejecutó el modelo clásico de la “democracia estadunidense” con dos partidos alternándose en el poder, para servir a un solo amo: el gran capital.

¿Gobierno de hombres o gobierno de leyes?

Con motivo de la petición sustentada en un catálogo jurídico-político-democrático y republicano de cuestionamientos al reciente proceso electoral, centrado en la elección presidencial, se han manifestado quienes suponen que ese proceso es ya un expediente cerrado, cuando falta aún su dictamen-resolución de validez. La segunda fuerza electoral (Partido de la Revolución Democrática-Partido del Trabajo-Movimiento Ciudadano) y en menor medida, la tercera de ellas (el Partido Acción Nacional), con fundamentados argumentos y pruebas de que la asistencia a las urnas estuvo viciada de ilegalidad (antes, durante y después del día de las votaciones), han solicitado invalidar y, por tanto, anular ese resultado para convocar a nuevas elecciones presidenciales.

Violencia y cambio político: la respuesta institucional pendiente

La violencia que estados de la República Mexicana hoy sufren revela la existencia de condiciones de ingobernabilidad, la cual ha tenido como una de sus causas el clima político en el que se ha expuesto al país. La correlación entre la violencia y la incertidumbre política no es determinista, pero la necesaria resolución del proceso electoral es hoy una prioridad para el conjunto de la sociedad. México requiere de un marco de certidumbre que permita un proceso de transición institucional que garantice una suerte de normalidad política.

Presidente interino y nuevas elecciones

De por sí arrastrando las desgracias del mal gobierno foxista-calderonista –quienes frustraron la transición a más y mejor democratización de los poderes e instituciones del Estado federal, para “resolver con más democracia los problemas de la democracia” (Alfred E Smith, discurso consignado en el ensayo de Frank Freidel Política popular: el gobierno del pueblo en acción)–, la nación enfrenta la posibilidad de una violencia política como respuesta al resultado de estas elecciones presidenciales, repletas de mil y una maniobras tramposas para vencer a la oposición: Partido de la Revolución Democrática (PRD)-Partido del Trabajo-Movimiento Ciudadano, y al alicaído partido “oficial” Acción Nacional (PAN), que representa 30 millones de ciudadanos que votaron por ellos y quienes se han inconformado, con el movimiento juvenil-estudiantil, por la pírrica victoria de Peña-Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Verde Ecologista de México.

No hay democracia sin principios

Quienes afirman que la elección del 1 de julio se puede anular han descubierto el agua tibia. Desde su creación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación cuenta con facultades legales y constitucionales para anular las elecciones.

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