El mundo vive hoy una “crisis inducida”: se trata de desmantelar Estados a través de la violencia no estatal. Para ello se usan trasnacionales privadas y entre éstas destacan las “ilegales” y exitosas traficantes de drogas. Para el ruso Daniel Estulin, avanza con éxito el programa de dominación ejercido por la élite mundial. En México, el Cisen está subordinado a la CIA y la DEA, señala
La ruinosa situación a la que han llegado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca ser justificada como consecuencia directa de factores como la devaluación del peso frente al dólar y la acumulación de sus pasivos laborales, evitando por todos los medios tocar asuntos medulares como la corrupción, opacidad y la inducida “quiebra técnica” puesta en marcha desde hace más de 1 década para dar cumplimiento a lo establecido en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que buscaba la privatización de las empresas estratégicas del sector energético.
Para el cumplimiento de los servicios que presta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Estado mexicano, no hay política de austeridad que valga. Y es que estamos hablando de los servicios de inteligencia civil para preservar la “¡seguridad nacional!”: la palabra mágica con la cual todo se justifica, desde la entrega de millonarios recursos hasta la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los mismos.
La democracia liberal representativa está en la más severa crisis de su historia. Hasta allá la ha llevado el propio modelo económico que la creó: el capitalismo, ahora radicalizado en la que los Estados sólo son carceleros y protectores de los verdaderos amos: las trasnacionales. Informe de Latinbarómetro señala que los latinoamericanos son los más insatisfechos con su “democracia”. México, el peor
México cuenta con 387 cárceles municipales, estatales y federales a lo largo del territorio nacional, con “espacios disponibles” totales para 203 mil 254 reos. Sin embargo, la población penitenciaria asciende a 255 mil 638 presos. Es decir, albergan a 52 mil 384 reclusos más de los que deberían. Se trata de una sobrepoblación global del 25.8 por ciento.
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