Desde el inicio de la violencia generalizada que se vive en México –cuando Felipe Calderón decidió sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para asumir una Presidencia que no ganó–, los militares mexicanos han recibido 174 recomendaciones por violar derechos humanos.
Los órganos de seguridad nacional del Estado mexicano dispondrán de más de 89 mil millones de pesos en 2016. Los militares –Sedena y Semar– incrementan presupuestos en 900 millones
Desde hace 3 años que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República han sido constantes y variados los homenajes, festejos y reconocimientos que el gobierno ha hecho a las Fuerzas Armadas, como si fuera necesario tener que congraciarse con ellas por cumplir con su obligación de defender a la patria. Tampoco son pocas las ocasiones en que los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, se han quejado públicamente de las críticas sociales y de las organizaciones oficiales e independientes que exigen a militares y marinos respetar los derechos humanos de la población.
Desde antes del famoso caso del Iphone que el FBI no puede desbloquear, ya existía un antecedente de la presión contra una empresa para que se haga harakiri tecnológico y deje de ofrecer privacidad a sus usuarios. Se trata Telegram.
El presupuesto que el gobierno de Enrique Peña Nieto destinará a la seguridad nacional en 2016 rebasa los 89 mil millones de pesos. Nada mal para las dependencias encargadas de “proteger” a la nación en un país económica y socialmente quebrado. Se trata de una cantidad que, por ejemplo, casi triplica el monto asignado a la institución de educación superior más grande de la república. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –con sus 343 mil alumnos, 39 mil académicos y 27 mil trabajadores– recibirá apenas 35 mil millones de recursos federales a lo largo del año.
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